El uso político del informe del Relator Especial García-Sayán

El informe del Relator de la ONU, Diego García-Sayán, sobre el sistema judicial boliviano fue dado a conocer esta semana y donde unos ven “observaciones y omisiones”, otros ven “conclusiones y recomendaciones”, mostrando nuevamente que este tema se incluye en el argumentario de la lucha política polarizada nacional, en la que los medios también hacen parte.

En lo que se ha conocido del informe, poco se ha ahondado en él y mucho se ha hablado de aspectos próximos de la política actual, como la situación de la expresidenta Jeanine Áñez. Se trata de un informe bastante exhaustivo que va más allá de la coyuntura político partidista de hoy y desvela el degradado estado del sistema judicial boliviano, con problemas estructurales profundos de larga data y que, evidentemente, los últimos gobiernos no han podido o no han sabido dar solución.

Buscando en el informe un filo crítico, en algunos medios se han hecho lecturas del mismo o se han buscado fuentes que rescaten del documento elementos negativos sobre la salud del sistema judicial y mejor si, de paso, se relaciona ese hecho con el gobierno de turno o el anterior de Evo Morales y su incapacidad de resolver la situación.

Así, se ha puesto énfasis en que el informe hace “observaciones” (palabra que no utiliza) que indican que persisten la injerencia política, la corrupción y la impunidad. Así también se extrae que el informe habla de las dificultades en el acceso a la justicia y las carencias en el sistema de una carrera judicial, de presupuesto y personal, entre otros.

Respecto al punto de injerencia política, por ejemplo, se ha buscado dar a entender que el informe habla preferentemente de la situación actual, aunque en realidad muestra que viene de muchos años. Especifica casos que datan de 1998 (Gonzalo Sánchez de Lozada), de 2011 y de 2014 (Evo Morales), además de hacer cierto énfasis en 2020 (Jeanine Áñez) en que el Relator “expresó preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”. En suma, el informe muestra un continuo que no se ha resuelto y que, en algún momento, se ha acentuado.

Por otra parte, también en tono de crítica, en ese caso hacia el mismo informe, se han mostrado aspectos que el documento no contempla o no toma en cuenta. Se habla de “omisiones” y una ellas sería que, el informe, no menciona el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, como si su situación de presa preventiva vulnerara sus derechos. Áñez no estaba en la agenda del comisionado cuando estuvo en Bolivia; sin embargo, ella se declaró en huelga de hambre y hubo mucha presión mediática y de la oposición y, finalmente, García-Sayán se reunió con su hija Carolina. Y sí, el Relator sí habla de ella y dice que en su caso “el protocolo se está aplicando”, tal como lo señala la norma en lo que respecta a derechos humanos.

En los medios se dice que, en el informe, mientras sí se mencionan las matanzas de Sacaba, Senkata y Zona Sur, no se contemplan los hechos acontecidos en Montero (donde hubo dos muertes), Vila Vila (ataque a caravana donde se denunció que hubo rehenes y agresiones sexuales) y Playa Verde (donde hubo cinco heridos); y tampoco se hace mención, critican, de los casos acontecidos durante el gobierno de Evo Morales. Parecería, así, que dicho informe no está completo, no ha mostrado o tomado en cuenta aspectos y hechos que serían importantes y, por lo tanto, en la coyuntura de polarización política boliviana, no sería parcial.

Por su parte, el gobierno ha dicho que el informe del Relator de la ONU es absolutamente imparcial y que con sus “conclusiones y recomendaciones” se constituyen en un gran aporte hacia la consecución de una necesaria reforma judicial en Bolivia. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se realizará un nuevo intento de buscar consensos para lograr la anunciada reforma.

En ese sentido, Lima escribió un twitt donde señala: “Nos adherimos al planteamiento del relator García-Sayán en su informe. El consenso, el diálogo, el acuerdo, entre todos los bolivianos son la base estructural para una política pública de largo alcance como es la transformación de la justicia”.

Con el pedido de consenso y diálogo, el Ministro trae agua a su molino o se respalda en esta necesidad planteada por el Relator especial, ya que el gobierno está encontrando murallas en la oposición parlamentaria que le impiden llevar a cabo algunas medidas: como la elección, hoy bloqueada, de la o el Defensor del Pueblo y la prevista elección del o la Contralora.

El documento llamado “Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados” será presentado este junio en Ginebra, durante el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Ministro de Justicia, Iván Lima. (Foto: ABI)

 

¿Qué dice el informe?

El informe comienza con un resumen ejecutivo donde resalta que Diego García-Sayán “felicitó la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia a su visita y la franqueza de los diálogos sostenidos” durante su estadía oficial en Bolivia del 15 al 22 de febrero de 2022.

También resalta que “la sociedad boliviana, en sus distintas expresiones, prestó una cooperación invalorable durante la visita con sus análisis, propuestas y sugerencias”. Hay que recordar que la llegada de García-Sayán generó una especie de romería de solicitudes de entrevistas con el Relator de parte de organizaciones y personas particulares o públicas, quienes al no lograr un espacio en su agenda también optaron por enviarle cartas, o hacerlas públicas, con sus críticas y versiones sobre el sistema judicial boliviano o solicitudes de atención a algún caso específico.

Ver: artículo Bienvenido Mister Marshall-Relator a Bolivia

El tono del informe está reflejado en el resumen de dos páginas, donde no hace observaciones en su sentido de advertir o reparar, sino que relata o describe las situaciones observadas o analizadas en el sistema judicial boliviano. En sus conclusiones y recomendaciones finales habla del “deber hacer”, “insta a”, “recomienda” y en algunos casos “exhorta”.

 

Corrupción e impunidad

El cuerpo del informe del Relator es abundante respecto a una serie de puntos de relevancia. En cuanto a la administración de justicia señala que “en la jurisdicción ordinaria está enfrentando un gran rezago procesal” que llega al 57% debido a “códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como a la corrupción”. Así, en 2021, la Contraloría General calculó que una causa en el órgano judicial puede tomar hasta 10 años en resolverse, siendo la principal causa el número insuficiente de juzgados.

Frente a ese panorama, no existen datos sobre la conciliación regulada por la Ley 708. El Relator recogió como buena la idea de restablecer los juzgados de paz (que no abordan casos penales) a fin de descongestionar el sistema judicial.

En tanto que las víctimas y familiares, indica el informe, señalaron obstáculos para acceder a la justicia, como la necesidad de aportar ellos las pruebas, realizar pagos y no tener acceso a la información.

El Relator indicó que “la corrupción fue referida como un problema serio”, lo que genera una profunda desconfianza en la justicia boliviana. Señaló que escuchó testimonios de personas extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias; asimismo se refirió al caso de Richard Choque (asesino y violador múltiple) y Felipe Froilán Molina (asesino de Marcelo Quiroga Santa Cruz) y señaló su protesta porque hayan sido liberados cuando tenían sentencia de 30 años sin derecho a indulto.

“La impunidad frente al delito es una indicación de las dificultades de acceso real a la justicia”, señaló el Relator y luego se refirió al aumento de casos de feminicidio impunes en Bolivia, por lo que recordó que la Defensoría del Pueblo presentó en 2019 la propuesta de crear 31 juzgados sobre violencia contra la mujer.

Al referirse a “la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos”, dedica varios puntos para hablar sobre lo ocurrido durante el último trimestre de 2019 (en el gobierno de Jeanine Áñez), cuando al menos 37 personas fallecieron, y “lamentó profundamente que (las víctimas y sus familias) hayan pasado más de dos años esperando justicia”.

 

Elección de magistrados y recomendaciones

Respecto a la elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009, el Relator señaló que ésta “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.

Por ello, recomienda a todos los sectores relevantes a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección de magistrados, donde sería crucial el criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho.

Dijo que hay una profunda desconfianza en la administración de justicia, agravada en la crisis de 2019-2020. Al mismo tiempo, los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión, debido a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción.

Ante un presupuesto tan reducido del sistema judicial, que no llega al 0,5% del total nacional, el Relator señala la necesidad de un incremento para “abordar una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el órgano judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país”.

 

Infinidad de problemas

En el contenido del informe se relatan además aspectos bastante duros y que tienen que ver con carencias. Aquí se los presenta de manera resumida y parcial. En el punto de “Asuntos estructurales”, por ejemplo, señala: “La cobertura del órgano judicial sigue estando limitada principalmente al área urbana (65%). Los 865 juzgados y tribunales se encuentran únicamente en 164 de los 339 municipios del país, es decir, el 48 % (…) en 2020 cada juez conocía un promedio de 530 causas”, además existen 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria (para 11,67 millones de personas), de los cuales el 47% no eran jueces de carrera y estaban desempeñando funciones de modo transitorio, lo que “conspira contra una conducta independiente de jueces y juezas”.

En lo que respecta a la jurisdicción agroambiental, agrega que, en 2020, existían cupos para 63 agroambientales; no obstante, solo 51 plazas estaban ocupadas. Se trata además de una jurisdicción poco o mal utilizada, donde existe poca información inclusive entre la abogacía.

Por otra parte, indica que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública llega únicamente a 99 municipios de los 339, aunque según la Defensora del Pueblo, el país cuenta con apenas 51 defensores públicos (existe un defensor por cada cinco fiscales, con un nivel salarial sustancialmente más bajo y menores posibilidades de acceso a capacitación).

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima tiene presencia en 43 municipios de los 339. El Relator Especial señala que además existe “falta de incentivos, como un salario adecuado, ha producido una alta rotación que debilita la institución”.

Añade que la Contraloría General del Estado identificó problemas en la estructura del órgano judicial que afectan su desempeño, que existe “una bicefalia administrativa que explicaría en parte la ineficiencia existente en la ejecución presupuestal” y “una falta de claridad en la representación y la jefatura en el órgano judicial”. Por otra parte, también “hay confusión en cuanto a las competencias de cada jurisdicción. Por ejemplo, la justicia ordinaria recibe casos que deberían presentarse a la jurisdicción agroambiental”. Igualmente, agrega que “en desacuerdo con la Constitución, la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley núm. 073) ha limitado el ámbito material de la jurisdicción indígena originario campesina”.

Respecto del Tribunal Constitucional Plurinacional, indica que “enfrenta una carga de trabajo elevada por el abuso de la figura de inconstitucionalidad para actuar sobre problemas en procesos judiciales”, donde “el 94 % de causas recibidas corresponden a acciones de defensa dentro de procesos judiciales, el 3,7 % a acciones de inconstitucionalidad, y el 1 % a conflictos de competencia. De las acciones de defensa recibidas, el 51 % se refieren a acciones de libertad”.

Todo ello conlleva a que sea “grave” la situación de las personas privadas de libertad, “tanto por la tasa de hacinamiento (del 349,8 %) como por la alta proporción en detención preventiva, es decir, sin sentencia condenatoria”.

Resalta que “se han hecho intentos en los últimos años de abordar la problemática judicial” y señala que en 2016 se llevó a cabo la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien donde se emitieron recomendaciones para dar seguimiento al fortalecimiento de la administración de justicia; en 2017 se promulgó la Ley 898 de la Comisión de Seguimiento a la cumbre de 2016, con el mandato de implementar las conclusiones mediante una comisión interinstitucional; sin embargo, agrega que “el balance sobre dicha Comisión no es alentador”, es escasa la información de que se dispone sobre su trabajo, parece carecer de un plan para dar seguimiento a lo acordado y carece de representación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil.

Finalmente, el Relator hace una serie de recomendaciones dirigidas fundamentalmente al gobierno, pero también a “todos los actores políticos” para reconstruir la confianza en las instituciones y la justicia y respetar la independencia del sistema judicial.

Señala que para una justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución es crucial que estas características sean una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales. Para lo que es conveniente y urgente vertebrar un gran acuerdo nacional.