La gente de Villar del Río, en la profunda Castilla española, no durmió o pasó la noche soñando con qué pediría a Mister Marshall que, al día siguiente, pasaría por el pueblo… En Bolivia, gente de la política y las instituciones ligadas a partidos políticos más que al sistema judicial, además de víctimas de todo este conjunto de relaciones de poder, llevan unos días reuniéndose o esperando impacientemente su turno o gestionando insistentemente tener una cita con el “Relator de la ONU”, como si de él dependiera su futuro.

Esta semana llegó a Bolivia, Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados para observar la situación boliviana, en relación al tema que le compete. Se quedará hasta el 22 de febrero y emitirá un informe, según se dijo, adelantándolo hasta mediados de este año.

El ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que el gobierno boliviano, en octubre de 2021, pidió la presencia del Relator ya que su informe “puede contribuir a mejorar el sistema judicial con recomendaciones concretas; la independencia del Poder Judicial, abogados y funcionarios judiciales, con propuestas importantes; así como ayudar a identificar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar los esfuerzos por lograr dicha independencia”.

Con un sistema judicial en condición patológica, por los innumerables casos de corrupción, y un marco político de polarización acrecentado desde la crisis democrática de 2019, que se está buscando resolver en espacios judiciales, la presencia del Relator resulta, por lo que se ve, relevante en Bolivia.

No todos los países dan el mismo valor a la presencia de un Relator de la ONU, según a qué área atienda. En febrero de 2013, por ejemplo, quien escribe publicó en España un artículo titulado “Al Relator nadie del gobierno estatal le escucha” que decía: “Mutuma Ruteere tiene un cargo que dice mucho y decirlo, de hecho, toma un tiempo: ‘Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia’. Será por eso que ningún ministro o ministra del Estado español aceptó reunirse con él, pese a la solicitud hecha, a que estuvo en el territorio durante una semana y a que hay, señala, situaciones urgentes e inaceptables que España debería atender”.

En Bolivia hoy ocurre lo contrario. El mismo ministro Lima señaló que “no todos los gobiernos se abren a la posibilidad de realizar este tipo de visitas para el análisis de sus sistemas de administración de justicia”.

Con todo, tal es la expectativa generada por su llegada que recuerda, en cierta medida y otras particularidades, a la película de Luis García Berlanga “Bienvenido, Mister Marshall” en la que el pueblo de Villar del Río espera la llegada de una comisión de diplomáticos estadounidenses con la ilusión de recibir una serie de beneficios y regalos.

 

El Relator de la ONU Diego García-Sayán durante la reunión con el canciller Rogelio Mayta (Foto: ABI)

 

Agenda llena

Es así que la agenda de García-Sayán está llena. Comenzó el martes con una reunión con el canciller boliviano, Rogelio Mayta; luego visitó al vicepresidente David Choquehuanca que estuvo acompañado por el Ministro de Justicia.

Por la tarde se reunió con el llamado Grupo de Juristas Independientes, encabezado por el abogado y ex parlamentario Juan del Granado cuyas posturas son muy críticas al actual gobierno; y luego con integrantes del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que fue muy activo en las movilizaciones que propiciaron la caída del gobierno de Evo Morales. Ambos grupos denunciaron la falta de independencia de la justicia en relación al poder político.

El Relator también pidió reunirse, este miércoles, con Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y con Freddy Mamani, presidente de Diputados. Según la agencia gubernamental de noticias, ABI, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Rubén Gutiérrez, también se reunió con el Relator, a quien se le transmitió el trabajo legislativo que se desarrolla para mejorar la administración de la justicia en Bolivia y, asegura, que García-Sayán expresó su predisposición para contribuir con los esfuerzos que desarrolla el Estado boliviano para mejorar el sistema judicial.

En tanto, representantes de los partidos de oposición Creemos y Comunidad Ciudadana se quejaron de no haber sido notificados para asistir también a la reunión. Ambos partidos hicieron una petición formal y estaban a la espera de una respuesta de día y hora.

Parecería que, en general, es la oposición quien hace más ruido para lograr ser escuchada por el Relator, lo que ha llamado la atención del partido de gobierno que recuerda que García-Sayán fue objetado por el gobierno de Jeanine Añez y hoy pide reunirse con él. “Hoy los opositores tratan de ‘aprovechar’ la llegada del representante para mostrarse como ‘angelitos’, cuando en realidad fueron quienes promovieron la crisis de 2019”, señala el diario estatal Ahora el Pueblo en palabras atribuidas al diputado Juan José Jáuregui.

En la lista de espera y en constante reclamo de su visita en la cárcel, estaba Jeanine Áñez, que este miércoles cumple ocho días en huelga de hambre y 11 meses en prisión preventiva. Algunos medios, como El Deber, han dado por confirmada una cita. Ella dijo que en el encuentro le entregaría “17 pruebas públicas de injerencia” del poder ejecutivo en el judicial.

 

Cartas y escritos

Quienes, en una postura de oposición política, no han logrado una reunión, el martes se apostaron en las oficinas de la ONU en la ciudad La Paz para gritar sus demandas relacionadas con la justicia, es el caso de familiares de policías, de militares y de representantes cívicos de Potosí que fueron detenidos por su participación, en alguna medida, en el conjunto de hechos que tienen que ver con el llamado golpe de estado de 2019.

Desechando una posibilidad de encuentro, hay quienes han optado por dirigir una carta a García-Sayán. Es el caso de Guadalupe Cárdenas, dirigente de esposas de policías que hoy tienen procesos judiciales a raíz del motín policial de noviembre de 2019, que contribuyó a la caída de Evo Morales. Es el caso, también, del policía Franklin Mamani Guarachi, apodado “matador” por ser además boxeador, quien escribió al Relator diciéndose ser “preso político”. Él es acusado de torturar a algunas personas del millar y medio de detenidos durante el régimen de Áñez.

Inclusive el diario Página Siete, conocido por tener postura marcadamente opositora al gobierno actual, en su editorial le ha escrito una carta al Relator en la que afirma que “la justicia boliviana no es independiente” y sale en defensa de Áñez quien, afirma, debería tener un juicio de responsabilidades y estaría viviendo un calvario. Por otro lado, el editorial del diario La Razón, que menciona también al Relator, recuerda que a Añez se la juzga como Senadora, en su accionar previo a su gobierno, además de que tiene en espera otras cuatro acusaciones referidas a las masacres de Sacaba y Senkata, donde hubo 38 personas muertas y 800 heridas y que sí corresponden a su gestión.

 

Víctimas de tortura durante el gobierno de Jeanine Añez protestan crucificándose en la Fiscalía. (Foto: Josué Antonio Castañea/ABI)

 

Guerra de posiciones

En la película de Berlanga, los diplomáticos estadounidenses y los sueños de pueblerinos de ser de alguna manera beneficiados por el Plan Marshall pasan a toda velocidad por el centro de Villar del Río, dejando allí polvo, deudas y sueños rotos. En el caso boliviano es diferente, el Relator ha llegado a quedarse unos días para escuchar opiniones, relatos, explicaciones y recibir pedidos relacionados al deficiente sistema judicial. ¿Qué es lo que él dará a cambio? ¿Qué es lo que de él espera esta gente y representantes de las instituciones bolivianas?

En la polarización política que vive el país, en un ambiente político en el que muchas de las salidas halladas tienen que ver con respuestas judiciales, parecería que lo que se busca es una victoria, ganar una batalla en esta guerra de posiciones enfrentadas.

Lo que pueda decir, finalmente, García-Sayán ¿cambiará en algo la realidad o las posturas? Todo indica que no, que quienes resulten con el beneficio de la confirmación de su posición se aferrarán a ella, como prueba irrefutable de razón, y quienes no lo logren seguramente restarán todo poder de vinculación del informe, así como de credibilidad e independencia de quien lo emitió. Aquí quien mediopierde siempre será el Relator.

Hay ejemplos de esa necesidad de confirmación de posiciones inamovibles: en lo referido a si hubo o no fraude electoral en octubre de 2019 cada quien sólo acepta los informes que confirman o rechazan dicho fraude, con lo que ambas son verdades contradictorias que no encuentran un punto en común.

También está el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) que concluyó que “en la crisis política boliviana de 2019, durante el gobierno de Áñez, se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ‘ejecuciones sumarias’, ‘masacres’, ‘racismo’, ‘tortura’ y ‘agresiones sexuales”, entre otros; sin embargo, para una parte de quienes viven activamente la vida política boliviana, para la actual oposición, es un informe sin valor alguno.

Mientras tanto, no se sabe si el Relator recibirá información sobre la crisis de corrupción que vive el sistema judicial boliviano, donde cada paso del proceso, desde la investigación de un hecho, pasando por el juicio y llegando a la sanción, está, por lo visto, sujeto a condicionamientos ilegales de tipo económico, raciales y también de género.

Por cierto, el Relator tiene entre sus postulados ver la justicia “con visión de género”; por lo pronto, hasta ahora se ha reunido principalmente con hombres.

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