El producto interno bruto (PIB) es una medida por excelencia del crecimiento económico, la creación de riqueza nueva, del tamaño de la torta; es un concepto que tiene tres formas de presentación o de concretización: el PIB por actividad económica –producción agropecuaria, minería, industria manufacturera, etc.-; el PIB por el gasto, la demanda de esa producción –gasto del consumo final de los hogares, del gobierno, inversión, exportaciones e importaciones-; y el PIB por ingreso, la capacidad de compra generada por esa producción –salarios, impuestos y ganancias-, esto es el valor agregado. Más allá de las limitaciones conceptuales que puede tener y, por extensión, sus formas de medición, es un indicador que tiene un masivo uso a nivel internacional.

Es un craso error considerar que la totalidad del PIB está en manos del sector público, pues existe una amplia participación del sector privado en la generación de valor agregado en la economía, como ejemplos podemos citar la gran participación en la minería, en  la producción de la soya, en la  industria manufacturera, en transportes, todo esto en el lado de la producción productiva; y en la no-productiva los servicios financieros, el comercio, etc. Dentro de la estructura del PIB por actividad económica los Servicios de la Administración Pública –que así se denominan a la participación del Estado en el PIB- estuvieron históricamente cercanos al 9%, aún en la época más dura del neoliberalismo, y el año 2020 subió al 11.7%, explicado por una disminución del PIB. Esto es preciso indicarlo porque no es correcto confundir a la sociedad con imprecisiones como lo hace el Sr. Antonio Saravia.

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Consideraremos ahora las razones por las que el PIB boliviano para el 2022 estaría cercano a 5.1% de crecimiento proyectado. El comportamiento de la economía mundial está dominada por elementos contradictorios, por un lado, una desaceleración de la oferta y, por otro lado, la restitución de la demanda y sus presiones inflacionarias. En ese sentido, dada la amenaza de una inflación debido a una desalineación entre la oferta y la demanda, los precios de las materias primas tendrán una tendencia a subir y/o mantener sus niveles, lo que podría favorecer a nuestras exportaciones, pero, mientras Bolivia mantenga una inflación razonable, todo estará bien. Como ejemplos podemos indicar que según Goldman Sachs tiene proyectado para el precio del petróleo Brent para 2022, un precio por barril de 96 dólares que es explicado por el comportamiento de las variantes de ómicron, los problemas en los suministros y los déficits del bombeo por parte de la OPEP; a su vez, para el precio del oro en el 2022 se proyecta una onza de oro de 1.970 dólares a fin de año, situación que a pesar de los obstáculos de una inflación moderada y un incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el oro en este escenario aún se corregiría al alza producto de su subvaloración.

La demanda agregada considerada en el PIB por el gasto está conformada por la demanda interna y externa; en la demanda interna tenemos, por un lado, el consumo final de los hogares y, por la otra, la inversión pública  La demanda interna históricamente estuvo encima del 65% de la oferta total y tiene que ver con los incrementos en el salario mínimo nacional y se encuentra reforzada por la redistribución del ingreso a través de las transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad, Subsidio Universal Prenatal por la Vida, Bono de Discapacitados), la subvención a los hidrocarburos, alimentos, servicios básicos (Tarifa Dignidad) y otros programas de interés social; el otro elemento de la demanda interna es la inversión – o formación bruta de capital fijo- del país que tuvo dos etapas de 2006 hasta 2021 donde se hacía énfasis en la construcción de infraestructura y, ahora, desde 2022 se privilegia la inversión productiva.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) está renovado con el enfoque de la industrialización por sustitución de importaciones, que significa una industrialización, no sólo de la parte económica que tiene que ver con el Estado sino con todos los sectores de la economía. Su funcionamiento está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Económico Social y del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022,  basado en una sincronía entre el Estado y la actividad privada, a través de la inversión pública que ahora tiene más énfasis en la actividad de la producción que en la de la infraestructura.

Pero más allá del PGE 2022, se cuentan con diferentes medidas para el sector privado de la economía como ser el SIBolivia, la importación de bienes de capital con IVA cero, la reprogramación y/o refinanciamiento de créditos, entre otros, que inciden directamente en el incremento de la producción; y, por otro lado, con medidas que inciden en la demanda agregada que tienen el objetivo de constituirse en incentivos de la producción.

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