Introducción.

El surgimiento inesperado de la pandemia del Coronavirus, ha trastornado y alterado el conjunto de la vida y las sociedades en todo el mundo, hasta el punto de detener y transformar la rutina en todos los ámbitos. Tal es el efecto provocado, que la sola adopción de medidas para mitigarla y combatirla ya implica restricciones (impuestas y auto-aplicadas), así como la pérdida de diverso tipo de libertades y derechos de los que se gozaba previamente.

En el caso de Bolivia, semejante amenaza se empalma con la crisis electoral y democrática devenida del fraude de 2019, que ya había provocado un terremoto en todas las esferas de la sociedad. Es decir, este nuevo e inesperado factor tiende a agudizar antiguas carencias y profundos problemas que el país arrastra históricamente.

La pandemia sanitaria del Covid 19 estalla en Bolivia justo cuando el país empezaba a superar la crisis post electoral de 2019, se encaminaba a convocar nuevas elecciones nacionales y (eventualmente) realizar una transición pacífica y reconciliadora. Se trata de un momento histórico muy crítico, que además coincide con una sui géneris coyuntura electoral originada en la crisis política y democrática que devino del anticonstitucional desconocimiento del referéndum del 21F de 2016. No hay que olvidar que dicho desconocimiento de la voluntad soberana quiso refrendar su ilegalidad e imponerse por medio del fraude electoral de 2019, pero terminó derivando en la renuncia y posterior huida del entonces gobernante Evo Morales, ante la movilización y resistencia nacional pacífica que paralizó el país.

Se trata pues de una coyuntura que al margen de provocar enormes trastornos (económicos, sociales, políticos y sanitarios), también ha tenido profunda incidencia en los derechos humanos y la propia democracia.

Al efecto, tratándose de un episodio especialmente importante para Bolivia, cuyo destino histórico y derrotero político aún no han terminado de configurarse plenamente; este trabajo buscará poner en evidencia y develar el sistemático estado de conculcación de los derechos humanos que se produjo; así como su manipulación y el aberrante intento por redefinir sus alcances y forma de comprensión, para ponerlos al servicio de la política y los intereses de poder. El ejercicio abarca ambos regímenes que se sucedieron en el gobierno, desde el surgimiento de la pandemia en el año 2019. Aquel proceso de cambio, cuyo mandato abrigaba la esperanza de que los derechos, la democracia y las libertades avanzarían y se profundizarían, no solo quedó en el olvido y fueron traicionados, sino que fácticamente fue revertido al punto de agudizar su conculcación.

Contextualización indispensable.

Si observamos los valores de progresividad, interdependencia e indivisibilidad que la propia Constitución reconoce como atributos fundamentales de los derechos humanos, entonces es lógico concluir que su avance y progreso se traducirá como indicador verificable del grado de bienestar y la evolución de la sociedad en su profundización, ejercicio y aplicación, incluyendo las libertades y la propia democracia.

Cuanto mayor es el avance, progreso y conquista de los derechos humanos; tanto mayor es el bienestar social, el progreso de las libertades y el perfeccionamiento del Estado (entendido como más democrático y cercano a la sociedad), puesto que éstos constituyen los valores que los pueblos se han planteado históricamente como sus objetivos supremos.

No es extraño por tanto que los gobiernos despóticos y autoritarios (cualquiera fuese su inclinación ideológica o política), siempre verán a los derechos humanos como un estorbo a sus intereses, y hasta como un factor conspirativo y desestabilizador del poder acumulado. Lo que sucede es que cuando se imponen regímenes autoritarios y despóticos, la relación Estado-sociedad se pervierte y desequilibra. El gobierno circunstancial tiende a concentrar y usurpar todo el poder delegado, lo que se traduce como mayor autoritarismo y dictadura, y el cercenamiento de la democracia, los derechos y las libertades de la sociedad. Para lograr imponerse, este tipo de regímenes deben acudir al uso de la fuerza, la represión y el manejo abusivo y autoritario del poder. Es decir, asumen un perfil opuesto al tipo de sociedad democrática imaginada, donde los derechos humanos, las libertades y la propia democracia alcanzan estados históricos superiores.

Ahora bien, lo que sucede en Bolivia es que no solo se ha producido un retroceso en el grado de progreso y avance de dichas conquistas, sino que inclusive se pretende convertir a los derechos humanos en una herramienta de defensa del Estado y no de la sociedad como corresponde. Es decir, se pretende alterar y desvirtuar la relación Estado-sociedad de un modo que, en vez de mantener y profundizar la condición de garante del cumplimiento, aplicación y ejercicio de derechos (que constituye su competencia y obligación fundamental), el Estado busca revertirla en su favor, de modo que las instituciones competentes y los defensores, pasen a convertirse en defensores del Estado. En otras palabras, se invierte aquel principio regulador por el cual la sociedad y las personas no vulneran derechos humanos y, consiguientemente, mal pueden afectar supuestos “derechos” del Estado y sus servidores públicos. Quienes son mandatarios de la sociedad (es decir que deben obedecer el mandato ciudadano), tienden a convertirse en sus mandones, pretendiendo imponer sus propios designios e intereses.

Este es el caso de Bolivia, donde es posible observar estas distorsiones que implican no solamente una comprensión francamente equivocada sobre los alcances de los derechos humanos y las competencias que le corresponden al Estado, sino que además tienden a instrumentalizarlas y redefinirlas discursiva y conceptualmente, como un mecanismo al servicio del poder.

Tal es la importancia y el eventual meollo de intereses que se afecta, que la comprensión, interpretación y contenido discursivo de los derechos humanos se convierte en una especie de espacio de disputa internacional y político ideológica.

Solo a título de mención enunciativa hay que señalar que se trata de un ámbito de influencia política e incidencia internacional, porque allí se juega finalmente el posicionamiento y la imagen (más o menos democrática y respetuosa de los derechos humanos), que los países, sus gobiernos y sus sociedades tienden a posicionar como “oficial” o verdadera 1/.

Desbaratamiento institucional e intento de reconceptualización de los derechos humanos.

¿Los derechos humanos tienen color político y adscripción ideológica?. La pregunta podría parecer hasta absurda, pero en absoluto deja de tener sentido, habida cuenta de la constante presión y los sucesivos intentos de avasallamiento y cooptación que se han ejercido en Bolivia sobre la institucionalidad (especialmente del Defensor del Pueblo), y sobre las organizaciones defensoras de derechos de la sociedad civil durante más de una década 2/.

El papel de desinstitucionalización, absorción y supeditación de los derechos humanos que el MAS ensayó desde el gobierno, no ha sido otro que intentar convertirlo en cómplice y “justificador” de las acciones del gobierno.

Sin contar con el actual interinato dócil y a todas luces ilegal que se ejerce fuera de plazo desde el mes de enero de 2019 3/, el Defensor del Pueblo ha tenido únicamente 4 titulares. Sin embargo, desde que el MAS se hizo gobierno siempre quiso que dicha institución actuara y respondiera de acuerdo a los lineamientos y criterios gubernamentales, bajo el argumento de que “el pueblo estaba en el gobierno” y por tanto tenía la obligación de defenderlo.

Este razonamiento invierte y desvirtúa completamente el sentido y la razón de ser de la defensa y de la propia comprensión de los derechos humanos, porque en vez de entender al Estado (y sus servidores públicos) como garantes y custodios responsables de respetar, promover y proteger los derechos humanos; los convierte en víctimas, con lo que trastoca todos los principios básicos de relacionamiento sociedad-Estado.

Ahora bien, tal fue la presión, el acoso y hasta el intento de avasallamiento sobre la institucionalidad de los derechos humanos, que al final terminó lográndolo. Tanto así, que inclusive a pesar de haberse instalado un interinato a inicios del año 2019; es decir hace casi 3 años, el gobierno se niega y resiste a proceder con el nombramiento de un titular institucionalizado, por la sencilla razón de que Nadia Cruz, la ilegal interina, es una férrea defensora, no del pueblo, sino del gobierno y sus abusos.

Debe recordarse que el Defensor del Pueblo en Bolivia se había convertido en un baluarte de la defensa de los derechos humanos desde que en 1998 se nombró a su primera autoridad; sin embargo, asediada por el sistemático intento de cooptación y supeditación, finalmente terminó siendo absorbida por el aparato estatal, cuando la Asamblea Legislativa por fin pudo nombrar un titular afín a sus intereses en el año 2016 4/.

Para corroborar estos extremos, baste mencionar las declaraciones efectuadas por los propios primeros mandatarios en ocasión de posesionar (en los años 2010 y 2016) a los titulares del Defensor del Pueblo que fueron elegidos por la mayoría legislativa oficialista, durante los periodos de gestión gubernamental que les tocó ejercer.

En mayo del 2010 cuando se producía la posesión de Rolando Villena, el expresidente Evo Morales le pidió que el nuevo Defensor del Pueblo defienda al gobierno. Como se puede establecer en la nota que sigue al pie 5/, el primer mandatario sostuvo que “el pueblo está en el gobierno y va a defender al pueblo que está en el Palacio”. Que el Defensor “deberá defender al pueblo y al Estado frente a las conspiraciones, y que sin un Estado fuerte no se puede garantizar el respeto a los derechos humanos”. En la ocasión el vicepresidente también instó al Defensor a “proteger al Estado”.

Para el año 2016, 5 años más tarde, dicho criterio no solo se había mantenido (delatando las inclinaciones cada vez más autoritarias, excluyentes y autocráticas del régimen), sino que al haber logrado imponer un titular decididamente afín a las directrices del poder Ejecutivo, inclusive atribuía a los derechos humanos una adscripción ideológica y política. De esa manera éstos perdían todo sentido de independencia, imparcialidad y universalidad.
Al efecto, el silogismo elaborado parece convenientemente convincente: como el pueblo es gobierno, es a este último que hay que defender del acoso, la conspiración y los ataques provocados por aquella parte de la sociedad (y el mismo pueblo) que se los entiende como enemigos indeseables.

Como es posible comprender, no se trata solamente de un desliz conceptual o discursivo, sino que entraña una forma de ver la realidad y actuar sobre ella. Es un componente esencial de la polarización y la comprensión de una sociedad dividida en la que solo pueden imponerse algunos (no todos), y solo aquellos que se adscribas al ideario y/o el color político ideológico sustentado. No hay espacio para la diferencia, la diversidad, la alteridad (tan propios e inherentes a un Estado Plurinacional); mucho menos para la interculturalidad o la complementariedad de opuestos.

Para comprobarlo, véase en el link de pie de página 6/, algunos extractos textuales del discurso del expresidente Evo Morales en el año 2016, cuando se produjo la posesión de David Tezanos Pinto como Defensor del Pueblo, quién posteriormente se vio obligado a renunciar a inicios del año 2019 por una serie de acusaciones y graves desaciertos acumulados durante su corta gestión.

El criterio y las palabras del ex primer mandatario son elocuentes, y permiten concluir que el desmontaje y cooptación de los derechos humanos por parte del Estado (incluidas instituciones y hasta sus operadores), es equivalente a la pérdida de una de las herramientas fundamentales para equilibrar el abuso, los excesos y las tentaciones autocráticas de poder que el gobierno desplegó en todos los órganos del Estado.

No se trata exclusivamente de un intento de reconceptualización, o inclusive instrumentalización de los derechos humanos en favor del poder; se trata de una tácita negación de los mismos para ponerlos al servicio de determinados intereses (que en este caso son políticos). Vistos desde esa perspectiva, los derechos humanos se convierten en una prerrogativa discrecional y dejan de ser (es decir se conculcan), como obligación, mandato y responsabilidad del Estado y sus mandatarios.

La pandemia como pretexto y coartada.

El periodo electoral de campaña para las elecciones nacionales del año 2020 se realizó en plena pandemia del coronavirus 7/. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la pandemia en Bolivia tuvo el indeseable efecto de agudizar y poner en evidencia las gravísimas como innumerables violaciones y carencias que la población y el propio sistema de salud viene arrastrando por muchos años. Sin embargo, aquello que pudo haber tenido la virtud de destapar los problemas y generar las políticas y medidas indispensables para su atención y pronta solución, en cambio solo despertó la ocasión para servir como instrumento y coartada de mezquinos intereses de poder.

Tanto es así, que la disputa electoral convirtió a la pandemia en un instrumento maleable a conveniencia, con tal de atacar y descalificar a los oponentes circunstanciales y ganar algunos votos. Los partidos políticos tradicionales utilizaron el Covid 19 para hacer increíbles ofrecimientos, y para el gobierno transitorio se convirtió en una oportunidad para efectuar grandes negociados de corrupción.

En el caso del MAS, la pandemia le sirvió para convertir su obligación de luchar contra ella, en actos de campaña electoral y propaganda, así como en motivo para atacar al gobierno transitorio por su manifiesta inoperancia y corrupción galopante, convirtiéndolo en culpable y responsable de todos los graves problemas acumulados. Peor aún, porque en su desmesurado afán por recuperar el poder (siendo que el país se encontraba en plena cuarentena rígida), terminó ayudando a que se pierdan vidas de bolivianos, porque movilizaciones de por medio, ordenó impedir y bloquear el paso y acceso al oxígeno (elemento vital), que se había convertido en un recurso escaso e inalcanzable. Es decir, sin respetar siquiera los más elementales principios humanitarios de socorro y respeto por la vida 8/.

La pugna política y las rencillas partidarias entre adversarios circunstanciales (unos en calidad de opositores y otros en función de gobierno), prevalecieron sobre los derechos a la salud, la protección de la vida y las graves carencias de la emergencia que soportaba el pueblo. De esa forma, sólo contribuyeron al desorden, las contraórdenes, el desacato, la falta de coordinación y hasta la repetitiva intervención institucional y el cambio arbitrario de autoridades y responsables de salud, que atentaron contra el servicio médico y de auxilio que de por sí ya se encontraba en crisis. Tal es el manoseo y la falta de un plan claro para atender y combatir la pandemia, que prefirieron utilizarla como motivo de campaña y/o propaganda, en vez de asegurar medidas para curar a los contagiados, prevenir y evitar su incremento, y proteger a toda la población. Parecería que la idea (o la política a emplear) no es prevenir y proteger, sino lamentar la muerte y la pérdida de vidas.

Según se puede colegir de los hechos, ninguno de los actores político partidarios ni el gobierno estuvieron a la altura del desafío. Todo lo contrario, prefirieron hacer prevalecer su interés por acceder, conservar y/o recuperar el poder, dependiendo de si se trata de la partidocracia tradicional, la oposición masista o el propio gobierno transitorio.

Aquello que en otras condiciones pudo pasar desapercibido como un acto de campaña; en realidad y por las innumerables pérdidas de vidas, la angustiosa inermidad de la población, e inclusive por la errática adopción de medidas que no cumplen con su cometido; ha provocado una violación sistemática de derechos, que en este caso se traducen en dolor y pérdida de vidas en su extremo más dramático.

El cotidiano registro y estadísticas que se reportan sobre el comportamiento de la pandemia en el país, en vez de alentar esperanza y mostrar el avance y eficacia de las medidas sanitarias adoptadas, se ha convertido en un indeseable espejo donde miramos cómo empeora y se agrava la situación. Basta revisar la dramática situación en cada una de las sucesivas olas de contagio que la población ha tenido que sortear y sufrir. Ello termina amenazando y diluyendo las expectativas de recuperar aquella “normalidad” perdida, que al menos representaba esperanza de vida y no de muerte 9/.

En ese marco, tal es el desprecio y la total falta de sensibilidad frente a la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de un pueblo que se encuentra agobiado por la crisis, que no reparan en contribuir a la agudización de su sistemática conculcación, cuando prefieren priorizar y anteponer su disputa por el poder y sus mezquinos intereses.

Una demostración de que la pandemia fue instrumentalizada políticamente, es que si se hubiese hecho énfasis en los derechos humanos, con seguridad se habrían logrado mejorar los estándares de cumplimiento, aplicación y ejercicio que se tenían previamente a su aparición. En los hechos, lo que ha sucedido es todo lo contrario, los derechos humanos han sido pisoteados y los estándares de cumplimiento han caído inobjetablemente. No hay avance en el ejercicio de derechos, y menos aquella profundización comprometida y esperada a raíz del denominado “proceso de cambio”.

Para ejemplificar la situación, baste mencionar las tres aristas más evidentes de un mismo comportamiento pernicioso. En el caso del gobierno transitorio de Jeanine Añez ha sido tan dramático el poco interés por la salud, la vida y los derechos humanos, que la pandemia (al margen de ser utilizada como motivo de campaña), se convirtió en un medio para el enriquecimiento, los negociados y la agudización de la corrupción.

En el caso del actual gobierno del MAS, hay una preocupación tan desmesurada por descalificar, culpabilizar y atacar al gobierno transitorio y a toda expresión opositora al gobierno (inclusive disidente o solamente crítica), que la atención de la pandemia y los derechos humanos han sido desvirtuados y sólo sirven como instrumentos propagandísticos y de campaña, haciendo prevalecer el interés por reactivar la economía, por encima de la salud y la vida de la población. Tanto así, que la alarma y el franco reclamo nacional (en vista de la cantidad de muertos, contagiados, colapso de centros sanitarios, falta de atención, crisis sanitaria, etc.), en vez de dar lugar a la priorización de acciones y medidas de atención y socorro, les sirve como factor de contención y descalificación a la creciente desesperación y estado de angustia que se sufre dentro de la intimidad de los hogares.

En el caso de los demás partidos políticos y los candidatos en disputa por el poder, el asunto no es menos grave porque no han tenido el menor reparo por dar continuidad a sus campañas proselitistas; y lo que es peor, promover y convocar a aglomeraciones, caravanas y diverso tipo de concentraciones que indudablemente repercutieron en el incremento de contagios y la crisis del sistema de contención de la enfermedad. Actualmente la indiferencia es tal, que prefieren priorizar la disputa confrontacional y discursiva contra el gobierno (golpe de Estado/fraude electoral), como si ese fuese el asunto central de preocupación nacional.

Ahora bien, una prueba clara de que la pandemia del Coronavirus ha agravado y agudizado el estado y la violación de los derechos humanos, es que si ya antes con la crítica y muy precaria situación del sistema de atención de salud pública existían graves y dramáticas situaciones 10/, ahora sólo basta imaginar lo que sucede cuando la demanda se desborda y la desesperación por restablecer la salud y evitar la muerte se agudizan.

Cada caso recuperado ya no es un logro encomiable sino una proeza dadas las condiciones imperantes, porque siendo los médicos y el personal sanitario que cotidianamente tienen que exponer su vida para tratar de atender en condiciones tan precarias, resulta que paralelamente, también están siendo sujetos de violación de sus derechos.

Vale la pena llamar la atención sobre este asunto que tiende a ser tergiversado. Se trata de la intención gubernamental por hacer creer que los paros y movilizaciones de los médicos deberían ser motivo de sanción. Que reclamar por las miserables condiciones de trabajo que afectan a su desempeño laboral, a la atención de pacientes, e inclusive a su propia salud y vida, constituirían una inadmisible y flagrante vulneración a los derechos del pueblo(?!). Es decir, que además de intentar instalar un sentimiento de repudio ciudadano para que se confronte contra los médicos, éstos deberían ser reprimidos y penalizados por semejante atrevimiento, siendo que ello adicionalmente atenta contra el derecho a la protesta y la libertad de expresión que están reconocidas constitucionalmente. Esta lógica (que atenta flagrantemente contra derechos elementales), tiene el propósito de deshacerse de sus propias competencias, obligaciones y responsabilidades como Estado, para atribuirla a los médicos, sabiendo perfectamente que solo el Estado (y no la sociedad civil) es el único responsable de la vulneración de derechos.

De esa forma, mientras el país (y especialmente los sectores populares más desamparados) se debaten en la trágica disyuntiva de morir por contagio, o hacerlo por no contar con los medios indispensables para combatir la enfermedad (porque la precariedad se agudiza por la avalancha infecciosa), en cambio la disputa por el poder llegó al extremo de convertir a la pandemia en un instrumento y coartada con fines subalternos y mezquinos.
Por ejemplo, si se realiza un rápido análisis comparativo respecto de la forma de gobernar de ambos regímenes que supuestamente son diferentes y antagónicos; encontraremos que los dos reproducen similares medidas; así como de una inadmisible manipulación mediática y política.

En el caso de la manipulación política y mediática por ejemplo, no puede pasar desapercibida la asimetría evidente que existe entre las medidas gubernamentales que se adoptan y los resultados efectivos logrados.

Si se comparan las medidas relacionadas con el combate a la pandemia de ambos gobiernos, se puede establecer que no existe ninguna diferencia. Las mismas se han caracterizado por la entrega de bonos, alimentos, equipos de protección a hospitales, y algunas donaciones asistencialistas a la población en el caso del gobierno transitorio de Jeanine Añez; o de la firma de convenios, recepción caótica de vacunas y entrega de donaciones extranjeras, en el caso del gobierno de Luis Arce Catacora.

Estas medidas manifiestan una abrumadora asimetría entre la propaganda y la parafernalia de los rituales de entrega (cuyos recursos erogados podrían tener mejor destino), respecto la efectividad real de las medidas asumidas para paliar la situación. La asimetría se hace patente por el desmesurado uso propagandístico y político de esas medidas, cuyos efectos (meramente paliativos) no tienen ninguna relación a los resultados esperados y prometidos. La abrumadora propaganda mediática no solo da cuenta de la proliferación de actos y ceremonias rimbombantes donde lo menos que importa son los resultados y logros alcanzados, cuanto la propagandización de la imagen presidencial.

El desafío de la deconstrucción de lo aparente.

Para concluir y como se ha podido advertir a lo largo del ensayo, el permanente asedio y la tácita conculcación de derechos ha sido el signo característico del periodo, que la pandemia ha tendido a agudizar. Se trata de un momento de agudización del rezago y la regresión de los derechos humanos, en el que se ha sumado inclusive el intento de reconceptualizar y redefinir el alcance, contenido y proyección de los mismos.

No sólo se ha podido comprobar la intención de construir un tipo de discurso acerca de cómo deberían ser comprendidos, sino que se ha advertido la perversa y aviesa intención de que los derechos humanos pasen al servicio del poder y sean un instrumento justificativo y de respaldo a un régimen antidemocrático y autoritario que pretende imponer (de ser necesario por la fuerza y la violencia), su verdad o modo de comprenderlos.

Bajo ese concepto, no importan ni interesan la verdad, la justicia, las libertades, el estado de derecho, ni la democracia, porque al entender a los derechos humanos como un mecanismo para defender al poder y el gobierno, entonces la sociedad pasa a una condición de sometimiento e inermidad.

Por otra parte, (como se ha establecido en el caso del gobierno de transición), también están aquellos regímenes que sin siquiera tener la pretensión o interés de revisar o redefinir los derechos humanos, sencillamente optan por hacer abuso e imponer por la fuerza y la violencia su poder y autoridad, en desmedro de las libertades, la democracia y los derechos humanos. El autoritarismo no busca enmascararse y se impone la razón de la fuerza, sin mediatizaciones.

En ese escenario, para efectos prácticos que es lo que importa para recuperar y garantizar un ejercicio efectivo y no maniatado o sometido de los derechos humanos, no hay necesidad de establecer cuál situación es más grave; lo que importa es contribuir a que dichos excesos se reviertan. Por tanto, una vez develadas y puestas en evidencia los principales modos y fuerzas que atentan contra los derechos humanos, el desafío consiste en recuperar aquellos valores de independencia, transparencia, imparcialidad en la defensa, promoción y lucha por los derechos humanos, porque es la mejor vía para que prevalezcan por encima de intereses, corrientes, mezquindades, presiones o cualquier tipo de distorsión.

En perspectiva y dada la forma cómo los intereses políticos que se hicieron cargo del gobierno nacional ejercitaron el manejo de los derechos humanos, es claro que la lucha por su pleno ejercicio, cumplimiento y aplicación, ya no se reduce únicamente a una tarea de defensa y exigibilidad, sino que también debería estar orientada a que no se manipulen, ni se permita la sustitución y sobreposición conceptual y de los principios, que siempre terminarán distorsionando, vaciando de contenido y evadiendo su obligación de cumplimiento en favor del pueblo.

Cochabamba, Bolivia; Noviembre 2021.
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1/ Como se podrá advertir, en este marco se entiende mejor la disputa (interpretativa, conceptual e histórica) que existe por ejemplo respecto de si hubo “fraude electoral” o un “golpe de Estado” en octubre de 2019 en Bolivia. También cuenta como claro ejemplo de las visiones e intereses en juego, el intento por construir un determinado relato discursivo e histórico que surge del despliegue e inclusive intromisión oficiosa de sendas comisiones internacionales de derechos humanos (una proveniente de la CIDH y otra de la Argentina), que se hicieron presentes en Bolivia justo después de las elecciones fraudulentas de 2019 para investigar los violentos y luctuosos hechos sucedidos, aunque desde una perspectiva claramente parcial y parcializada. Su versión fue impugnada y rechazada por aquella parte de la sociedad que se sintió excluida del establecimiento completo, veraz y transparente de los hechos investigados.

2/ A modo de ejemplo, baste mencionar un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) del año 2017 y un editorial referido a un informe de Amnistía Internacional del año 2018 que da cuenta de la problemática en dos casos diferentes. Ver: : https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/bolivia-irrupcion-violenta-y-allanamiento-de-la-sede-de-la-apdhb-y ; https://correodelsur.com/opinion/20180301_el-informe-de-amnistia-internacional.html

3/ Sentencia Constitucional 0218/2004 establece que un interinato tiene tiempo máximo de 90 días.

4/ Es muy importante destacar y subrayar que, si el persistente intento gubernamental por cooptar y supeditar al Defensor del Pueblo bajo su influencia no cejó a lo largo de los años; en el caso de la gestión de Rolando Villena (2010 – 2016), que constituye la gestión y el periodo más álgido y abiertamente grosero de presión e intento de sometimiento, dicho propósito se frustró en vista del tipo de desempeño, la independencia e imparcialidad que dicho titular imprimió a sus iniciativas, muy a pesar de las insistentes y muy fuertes presiones ejercidas sobre su trabajo, tal como se puede corroborar en las innumerables notas de información periodística acerca de las acciones defensoriales emprendidas.

5/ https://www.elmundo.es/america/2010/05/14/noticias/1273794519.html

6/ https://comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/discursos/Discurso%20Presidencial%2015-05-16.pdf

7/ En el mes de diciembre de 2019 se denuncia y detectan los primeros casos identificados en Wuhan China. Para el mes de marzo de 2020, tal es la rapidez de expansión y agresividad del virus que (luego de haber decretado emergencia sanitaria dos meses antes), la OMS decide declarar la pandemia mundial.

8/ Ver notas siguientes sobre bloqueos de carreteras (Agosto de 2020) que provocaron muertes por falta de oxígeno medicinal. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200814/bloqueos-carreteras-bolivia-muertes-oxigeno-medicinal-8075042 ; https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-gobierno-boliviano-traslada-oxigeno-via-aerea-a-causa-de-los-bloqueos/20000013-4312269 ; https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53710475

9/ Para contar con una fuente comparativa, actualizada, confiable e interactiva de datos en el tiempo sobre la evolución de la pandemia en el país y con respecto a lo que sucede en otras naciones del mundo Ver: https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/bolivia/

10/ Es el caso del colapso en la atención de enfermos, la falta de medicamentos, la crisis recurrente en la capacidad para atender pacientes, la falta de especialistas, el equipamiento obsoleto, el déficit y la total insuficiencia presupuestaria, la desproporción abismal entre población demandante y medios disponibles, la saturación de centros de atención, etc.

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