ELECCIONES: LA DISPUTA POR EL SENTIDO COMÚN Y EL IMAGINARIO NACIONAL

Arturo D. Villanueva Imaña

Publicado el: 26 octubre, 2020 18 min.    + -   

La deconstrucción del imaginario y el falseamiento de los hechos.-

“El ladrón piensa que todos son de su condición”, y para sustentar ese despropósito se ve en la necesidad de inventar un relato y una trama que aparezca como cierta frente al sentido común de la gente. El problema reside en que dicha actitud, al margen de no contener ningún principio ético, tampoco responde a los hechos ni a la verdad y, por tanto, más pronto que tarde se evidencia y comprueba el engaño.

En la realidad la supremacía relativa de la ideología y el discurso, efectivamente puede incidir e influenciar en el curso de los acontecimientos, contribuyendo a su transformación (quizás por ello, algunas corrientes políticas y de pensamiento fundan su desempeño en este tipo de incidencia); sin embargo, al final (en última instancia que es lo que cuenta), es claro que lo que determina el curso final de la historia y los acontecimientos, son los hechos y la manera cómo se ha actuado sobre la realidad. Es decir, que aun habiendo una relación dialéctica de interacción, no es la ideología ni el discurso lo que determina el curso de los acontecimientos y la historia, sino a la inversa: son los hechos los factores determinantes. Ahora veamos lo que sucedió.

Los resultados de las elecciones de este año 2020 en Bolivia han sorprendido a todos, dentro y fuera del país. Tanto es así que el propio partido ganador (el MAS), que en días previos a las elecciones inclusive había mostrado predisposición de ir a una segunda vuelta, volvió a sorprenderse por los inusitados resultados, lo mismo que sucedió en aquella primera elección cuando ganó más o menos con el mismo porcentaje. Quedaron estupefactos.
Como consecuencia de tan inusitado como totalmente imprevisible resultado de la voluntad soberana del pueblo que se había volcado masiva y libremente a las urnas, inmediatamente surgieron las más dispares reacciones mezcladas entre el asombro, la incredulidad, el rechazo instintivo, la confusión, la tímida celebración, y por supuesto el desasosiego y el estupor. Y es que los resultados reales conocidos no tienen nada que ver con los pronósticos previos de ninguna de las encuestas realizadas previamente, y tampoco con las proyecciones estimadas.

Así, con base en el desconcierto inicial, se originaron diverso tipo de interpretaciones y cuestionamientos. El primero de todos fue: hubo fraude, volvieron a engañarnos (¡!). Sin embargo, en este caso, la interpretación carecía (y aun lo hace) de ninguna prueba consistente, y sobre todo tan contundente que pueda explicar razonablemente una diferencia tan significativa que implicaría la manipulación y tráfico nada menos que de millones de votos alterados. Es decir, un engaño de proporciones tan escandalosas que ningún conglomerado social podría admitir en sano juicio, sabiendo perfectamente cuál fue el comportamiento, la masiva participación y las condiciones básicas mínimas (quizás no las ideales, pero si las indispensables) de libertad, transparencia, imparcialidad y supervisión independiente, con las que se produjeron las elecciones nacionales, a pesar inclusive de la pandemia y el riesgo (por ejemplo), de un notable ausentismo que eventualmente pudo haber sido argumento para traficar votos.

La hipótesis del fraude tiene el grave antecedente del año pasado en elecciones similares pero diferentes, que ahora paradójica y astutamente pretende ser negada y descalificada, nada menos que para sustentar aquella grosera idea de que lo que se produjo fue un golpe de Estado. Y lo que verdaderamente está en juego, no es únicamente una interpretación y una forma de ver las cosas. Lo cierto es que existen demasiados y enormes intereses en juego, pero sobre todo la imperiosa necesidad de que con la versión del “golpe de Estado”, también se borre y se abra paso a la impunidad sobre innumerable cantidad de actos delictivos y hasta crímenes de lesa humanidad que bien podrían pasar como acusaciones sin fundamento, o sencillamente “sed de venganza”, como de hecho ya se ha repetido hasta el cansancio para liberarse de culpa de tantos y tan graves delitos cometidos en el ejercicio del poder.

En aquel descarado fraude de 2019 (que por cierto no se limitó a las varias irregularidades establecidas y comprobadas en el mismo acto electoral y su cómputo); el procedimiento e instalación de todo un sistema, fue previa y sistemáticamente instalado. Baste mencionar desde el nombramiento y la composición absolutamente parcializada de todo el OEP (nacional y departamentales); pasando por la aprobación y puesta en vigencia de normas y procedimientos con el único afán de favorecer al candidato y partido oficialista; el encadenamiento de diversas instituciones relacionadas con el sistema de registro civil, electoral y hasta judicial (AGETIC, padrón electoral, registro civil, etc.) para controlar, centralizar y manejar el sistema en forma externa; el despido y alejamiento de personal clave en el sistema de cómputo, informático y técnico del TSE y OEPs departamentales; hasta inclusive la contratación directa de empresas y equipos cuyo desempeño ya se ha demostrado que fue manipulado y claramente forzado a delinquir fraudulentamente.

En el fraude del 2019 entonces, la maquinaria fue instalada con cálculo y anticipación. Es decir, tuvo un carácter sistémico y no circunscrito a la improvisación o al mero acto electoral, con el fin de asegurar la reproducción del poder autocrático y de la camarilla codiciosa del entorno, misma que se dio a la tarea de asegurar todo mínimo resquicio.

Ahora bien, con el antecedente del referéndum del 21F de 2016, que inocultablemente había constituido un revés al intento por ellos mismo promovido, porque perdieron precisamente en las urnas y nunca quisieron reconocerlo; para el 2019 ya se habían evidenciado claros indicios de que, en caso de no lograr ganar las elecciones con la ventaja necesaria, se perfilaba y pronosticaba una segunda vuelta en la que todo hacía ver que perderían el gobierno que tanto ansiaban. Por eso, para dichas elecciones de 2019 ya no podían dejar nada librado al criterio soberano del pueblo. La idea del fraude cobraba así carta de ciudadanía.

Por eso, pretender asociar ambos eventos electorales como si se tratase de hechos conexos y no independientes ni diferentes, sea con el avieso propósito de justificar la versión del “golpe de Estado”, o sea para aventurar la idea de un “nuevo fraude” (sin contar ni presentar pruebas fehacientes) y con el oscuro propósito de alterar el orden, la confrontación y la violencia entre bolivianos; no solo son actos completamente maliciosos, carecen del más elemental respeto por la democracia y la decisión soberana del pueblo (de las que paradójicamente se jactan de ser sus representantes y defensores); y lo que es peor, delatan tenebrosos intereses subalternos antinacionales, como retrógrados y hasta fascistas en ambos extremos.

Volvamos a las elecciones de 2019. Tal fue la desesperación que embargó a la cúpula prorroguista y autocrática, que a pesar de contar y haberse dado un trabajo sistemático anticipado para montar la maquinaria del fraude, inesperadamente decidieron intervenir el sistema de cómputo para que los resultados electorales correspondiesen al tamaño de su angurria y egolatría. La razón es muy simple y reveladora de que nunca confiaron verdaderamente en el respaldo popular. Todo lo contrario, también estaban convencidos que sin Evo Morales el MAS se derrumbaría irremediablemente. Por ello, frente al dilema de ganar las elecciones, pero perder el gobierno y el poder en una segunda vuelta, decidieron apostar el todo por el todo, intervenir el sistema y paralizar el TREP para alterar los resultados que se proyectaban. No les bastó la ventaja, ni la probabilidad de ganar las elecciones; querían más…
Gravísimo error, porque con ello solo confirmaron las inocultables sospechas de fraude que la población ya había evidenciado durante todo el periodo electoral y previamente. Esa fue su debacle, y con el inocultable sentimiento de culpa ante su flagrancia, no se les ocurrió mejor salida que ocultarse (poniéndose a buen recaudo mientras ordenaban dar la cara y convulsionar el país a la gente de base), y luego escapar.

Dichos hechos y decisiones solo se explican por un desaforado impulso de retener el poder a cualquier costo, tal como el gobierno del MAS se encargó de subrayar durante toda su larga gestión. Como contraparte inevitable (inclusive sin siquiera proponérselo o imaginarse), ya sembraron un cúmulo de sospechas y dudas fundadas en la población, que instintivamente se resistió a creer y reconocer los resultados electorales de este año 2020, aún sin tener ninguna prueba.

Lo peor del asunto es que esta misma incertidumbre y sospecha (infundada hasta que no se demuestre lo contrario), es muy bien aprovechada por intereses y fuerzas oscuras, reaccionarias y autoritarias, que (a sabiendas que la decisión soberana mayoritaria no respalda a la partidocracia tradicional y vuelve a ratificar que no quiere el retorno del conservadurismo neoliberal y, menos, el autoritario y militarista), buscan desestabilizar nuevamente la democracia, convocar a la confrontación y la violencia, desconocer resultados electorales (que entraña desconocer la voluntad soberana de una mayoría), y también convulsionar el país.

En este caso, también se puede advertir un subalterno intento por restaurar a la fuerza intereses ultraconservadores y militaristas. Como consecuencia, aquella caprichosa intención masista de reproducirse en el poder a toda costa, termina provocando un efecto indeseado como perverso de alentar y promover intereses claramente reaccionarios, y cuyo embate debe ser afrontado por un pueblo que solo aspira a resolver los problemas graves y de fondo que lo atingen. Se trata de una indeseable como costosa factura de la ambición prorroguista. Al respecto y dado que la respuesta de la población es un dato determinante para el futuro, hay que decir que una cosa es adoptar y ejercer el legítimo derecho de la duda y la exigibilidad de respuestas frente a la sospecha de un nuevo fraude, y otra cosa muy diferente es actuar y movilizarse violentamente sin contar al menos con pruebas o indicios serios que justifiquen sus actos, y menos respondiendo como tontos útiles a un llamado que tiene clarísimas intenciones violentas y convulsionadoras que no tienen nada que ver con la democracia ni el respeto a la voluntad mayoritaria. Si bien el país y el pueblo no pueden ni deben abandonar su natural irreverencia, la rebeldía y el sentido crítico frente al poder y contra las fuerzas antinacionales, es claro que, con base en sospechas infundadas, tampoco debería dejarse llevar y confundir por intereses subalternos.

Hoy a la luz de los hechos y la forma cómo se ha manifestado la voluntad del soberano, el pueblo; puede sostenerse que la percepción ciudadana (incluidos especialistas e intelectuales) nos hemos equivocado completamente. Por ejemplo, es evidente y absolutamente claro que el MAS nunca creyó en sus propias fuerzas de respaldo; mucho menos que el denominado proceso de cambio podía ser sustentado por la voluntad popular y no por el Estado, tampoco por una camarilla encaramada en el poder y, menos por un caudillo autocrático. Consiguientemente, pretender adueñarse del total del 55% de los votos obtenidos como si fueran completa y efectivamente propios y resultantes de un apoyo militante al MAS (tal como lo quiso hacer Comunidad Ciudadana el 2019, siendo que se trató de un voto de resistencia y rechazo, pero no de respaldo al candidato); sería otro grave error de apreciación (sino de oportunismo sin base), porque habiendo quedado al margen el caudillo autócrata que atentaba y ponía en riesgo la democracia, una buena parte de ese electorado también señala con sus votos que: 1) no quiere vivir con sobresaltos de conflictos y movilizaciones; 2) espera que sus problemas atingentes y de fondo se resuelvan adecuadamente; y 3) tampoco quiere restituir a una partidocracia tradicional, elitista, neoliberal y hasta racista que ya fue expulsada del país en las rebeliones de inicios del siglo (y mucho peor, habida cuenta de la pésima gestión encarada por el gobierno de transición que se lo entendió como un ejemplo de lo que podría suceder a futuro si se elegía este tipo de corriente conservadora para gobernar los próximos años).

La variable incógnita: el imprevisible 20% de indecisos.-

Habida cuenta de lo señalado más arriba, cómo se explica entonces lo sucedido con los inesperados resultados de las elecciones de este año 2020 (¿?)

Hay un dato clave, no precisamente desapercibido (ya que se ha repetido recurrentemente por los menos desde el referéndum del 21F del año 2016), y es el mismo que ha inducido a establecer un tipo de percepción equivocada sobre las tendencias electorales y el eventual desenlace que podían tomar, habida cuenta de las proyecciones establecidas.

Se trata del 20% de los llamados indecisos, que en varias ocasiones inclusive bordeó hasta el 30% del total. En razón de que dicho porcentaje de electores no expresaba su inclinación ni preferencia; la tendencia de la mayoría hizo que la percepción ciudadana sólo observara y se quedase con la impresión de la opinión explícita del electorado, que además se reflejaba en los resultados de las tendencias predominantes establecidas por diferentes encuestas.

Asumiendo que todas las encuestas ya habían establecido que el MAS bordeaba y había alcanzado el tope de 35% de preferencia, seguido por los demás candidatos que en el mejor de los casos alcanzó alrededor del 27%; se posicionó la idea de que las elecciones serían sumamente disputadas, que era muy probable una segunda vuelta y que los indecisos votarían de acuerdo a las tendencias ya expresadas por la mayoría.

Ahora bien, lo mismo que ese grave error de apreciación ciudadana (principalmente de los centros urbanos y capitalinos), dio por descontado que el MAS debería resignarse a una segunda vuelta; también sería un inaceptable equívoco inferir mecánica y linealmente, que ese 20% de indecisos decidió respaldar en bloque al candidato del MAS.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese 20 % de indecisos creció a medida que se acercaban las elecciones. Es decir, que a despecho de lo que sucede generalmente, a medida que se acercaban las elecciones, se incrementó la cantidad de personas que no querían hacer conocer su inclinación ni preferencias, y/o que se había incrementado la cantidad de votantes que habían puesto en duda su decisión inicial o no habían tomado una decisión definitiva.
Por otra parte, a ese 20% de los llamados indecisos, a la hora de asistir a las urnas se sumó un porcentaje nada despreciable de la población que decidió acudir al acto electoral también a último momento, incrementando históricamente el porcentaje de votantes efectivos que participaron del acto electoral, respecto de otras elecciones pasadas. Es decir, que a última hora hubo una mayor cantidad de gente que ejerció su derecho electoral respecto de anteriores actos. Finalmente, también se debe tomar en cuenta otro porcentaje (algo menor pero tampoco despreciable), que sí quiso definir su preferencia entre los candidatos en disputa, antes que votar nulo o blanco. De esa manera, este tipo de votos de rechazo o indiferencia (que no querían a ningún candidato) también se redujo en comparación a anteriores justas electorales.

Por ello, todos estos porcentajes que muy bien podrían alcanzar un 10% adicional del total de votantes, se sumó al 20% de indecisos que no figuraban en las proyecciones tendenciales, para configurar y repartir lo que al final se conoce como los resultados oficiales ya oficializados. Aquella imprevisibilidad inicial se convierte en un hecho, y las especulaciones dan paso a una certeza que, mientras no se demuestren actos dolosos y fraudulentos, será la verdad que debemos reconocer todos (si efectivamente somos y exigimos respeto a la voluntad soberana del pueblo).
Ahora bien, todo ese conjunto imprevisible (ya no indeciso) de votantes que finalmente inclinó la balanza en el sentido que ya conocemos, tampoco puede ser visto como homogéneo y no diferenciado. El mismo está compuesto por:

– Quienes no quieren un gobierno y un país asediado y en permanente sobresalto por las movilizaciones y conflictos sociales;
– Quienes han tenido que votar por consigna, forzados, obligados o coaccionados por la amenaza, la intimidación y el miedo de que podrían ser sujetos de castigo (expropiación de bienes, expulsión, muerte civil), si no votaban como se les había mandado;
– Quienes han preferido ratificar su rechazo a la partidocracia tradicional y los candidatos conservadores, que solo representan la restauración de viejas prácticas y políticas antinacionales, pero que además no hicieron ningún esfuerzo por acercarse y entender al pueblo y lo sectores populares.
– Quienes creen que evidentemente se pueden repetir los años de estabilidad y bonanza, e inclusive el carácter prebendal, clientelar y corrupto que ha permitido alimentar y hacer aparecer castas elitistas corporativas que manipulan a sectores y organizaciones populares, secuestrando y pervirtiendo la independencia de criterio y decisión, que es tan fundamental para ejercer libertades esenciales de incidencia en el quehacer nacional.
– Quienes observando el pésimo, corrupto, incompetente y autoritario ejemplo de gobernar que observaron en el gobierno de transición, han decidido que no es eso lo que quieren, y que muy bien podría repetirse al observar los antecedentes de las otras candidaturas en disputa.

En fin, se trata de una decisión que parecería conciliar y abrir las compuertas a la impunidad sobre los varios y graves hechos delictivos, inclusive de lesa humanidad y hasta traición a la patria que se produjeron en el gobierno anterior, que eventualmente podrían ser socapados u ocultados por el uso abusivo del poder y la presión de grandes intereses que tienen mucho que ver (y perder) si se ventilan imparcial y libremente los casos conocidos.

Es al mismo tiempo un desafío para el gobierno entrante, para ver si efectivamente cumplen con sus iniciales declaraciones en sentido de constituir un gobierno diferente que se encargará de corregir y no repetir los graves errores y delitos cometidos por sus antecesores.

De ser así, se abriría efectivamente un periodo real de transición y cambio que supere y resuelva el grave riesgo de repetir y ahondar aquel carácter depredatorio, extractivista, destructivo y antinacional que la autocracia pasada (como el propio gobierno de transición) estaban empeñados en imponer a toda costa sobre el futuro y destino del país. Se trataría de una perspectiva no exenta de graves riesgos, tendencias e inclinaciones (las mismas que se han mostrado en la disputa electoral por el poder), que deberían contribuir a que toda la población no baje la guardia, mantenga la actitud crítica y contribuya a generar una alternativa diferente al masismo del pasado (sancionando todas las faltas y delitos cometidos), y también respecto a la partidocracia tradicional, conservadora y neoliberal que continuará buscando los medios y las artes para restaurar sus intereses.

Asumiendo que una mayoría de la población nos hemos equivocado al imaginar que la salida y la solución para el país sólo se jugaba entre el masismo autocrático y la partidocracia tradicional; sin advertir que NO se trata(ba) de dirimir esa disputa originada en una polarización inducida, sino en construir una alternativa diferente y alternativa a ambas tendencias; parece claro que, atendiendo lo que ya ha sucedido con la decisión soberana del pueblo, esa tarea no podrá tener otro carácter que no sea nacional-popular. Una alternativa al mismo tiempo diferenciada de ese populismo caudillista pernicioso (sea conservador o seudo izquierdista) que actualmente ejerce como referente político y tendencia predominante a nivel global y continental.

Continuar en la disputa sorda y polarizada por deshacerse de una de las dos fuerzas antagónicas que tienen y comparten en definitiva el mismo tipo de intereses antinacionales, solo contribuiría a conflictuar el futuro, constituirse en parte del problema, sin aportar en la solución de las demandas, las deudas históricas y las tareas nacionales que deberíamos abordar de una manera alternativa diferente. No se trata de distanciarse, ni adoptar un rol equidistante de ambas fuerzas que significaría hacer más de lo mismo con identidad semejante. Lo que corresponde es construir una alternativa diferente e independiente a ambas tendencias que ya han tenido por demás la oportunidad y el tiempo de poner en práctica su discurso.

(*) Sociólogo, boliviano. La Paz, Bolivia. Octubre 25 de 2020.

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