Tensión en El Alto, militares y policías avanzan hacia Senkata

Un convoy de policías y militares fuertemente armados se dirige de La Paz hacia la planta de Senkata en El Alto, para intentar romper el cerco instalado allí por miles de vecinos y campesinos aymaras que exigen la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Añez y el desagravio a la Wiphala.

La planta de la estatal YPFB en Senkata, el centro desde donde se distribuyen los carburantes a las ciudades de La Paz y El Alto, está bloqueada desde hace una semana lo que provocó la escasez de combustible en las dos ciudades al punto de casi paralizarla.

“YPFB comunica a la población del departamento de La Paz, que debido a los conflictos en la ciudad de El Alto e inmediaciones de la planta de Senkata, ubicada en la zona de Ventilla, YPFB se ve imposibilitado de despachar combustibles líquidos (Gasolina especial, diésel oil y GLP)”, dijo el jueves un comunicado de YPFB.

A ese problema se suma la caída de presión en el gasoducto Carrasco-Cochabamba “por motivos aún no determinados”, lo que en riesgo la dotación de gas natural a las ciudades de Cochabamba, La Paz, Oruro.

En 2003, durante la llamada “guerra del gas”, se produjo un bloqueo similar. El intento del gobierno de romper el bloqueo provocó una masacre de vecinos que aceleró la caída y luego huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.

En el lugar se encuentran campesinos de las 19 provincias de La Paz, vecinos de El Alto, y esta tarde llegaron vecinos de Achocalla, una pequeña ciudad cercana al lugar.

Las fuerzas combinadas de policías y militares se encuentran en las cercanías, aunque los manifestantes cavaron zanjas para resistir a las fuerzas militares.

En la víspera, tras la masacre de Sacaba, que dejó el saldo de 9 muertos y más de 100 heridos, se conoció un decreto firmado por Añez que ofrece impunidad a los militares. El decreto fue criticado por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos de Bolivia, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)  no emitieron ninguna opinión al respecto. Esas organizaciones habían sido muy activas en los días previos a la renuncia de Evo Morales.

 

 

 

 

CIDH: El “grave” decreto de Añez estimula la represión violenta

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