Cambios económicos y financieros en Bolivia

Roger Alejandro Banegas Rivero

La convulsión social y política que vive el país -con más de una veintena de renuncias: desde la Presidencia, Vicepresidencia del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas públicas, entre otras autoridades – ameritan una oportunidad para el inicio en la meritocracia, institucionalización, independencia y un nuevo rumbo en la política monetaria, cambiaria y financiera en Bolivia.

Lo anterior está vinculado con la designación de autoridades en las principales instituciones que manejan la economía del país, tales como el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),  la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), entre otras,  por lo cual, se plantean las siguiente interrogantes: ¿sus autoridades principales deberían dar un paso al costado y renunciar?; ¿cuál debería ser el nuevo rumbo monetario y financiero en Bolivia?

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En tal sentido, el objetivo es transparentar el manejo de los recursos y evitar la libre discrecionalidad de las instituciones que manejan la economía del país, mismas que han seguido una afinidad gubernamental. Asimismo, existe información que ha dejado de publicarse y transmitirse a la opinión pública, como por ejemplo el reporte de la deuda interna que era publicada mensualmente por el BCB.

Diversos analistas económicos han cuestionado ciertos tópicos en la política económica del país: la caída en las reservas internacionales, los créditos del BCB a empresas públicas, las inversiones del Banco Central en el extranjero, la sostenibilidad del tipo de cambio, los recursos  administrados por las AFPs, la bolivianización y el riesgo cambiario para el sistema financiero, entre otros temas vinculados con el manejo de recursos económico-financieros.

Por tanto, el fundamento central se orienta en preservar políticas independientes que se direccionen hacía la estabilidad y sostenibilidad económica, más allá de la ideología política o preferencias gubernamentales.  Por otra parte, las autoridades deben ser independientes, ejerciendo sus funciones de forma autónoma a los gobernantes  pasados, presentes o futuros, para que estos no puedan disponer discrecionalmente del “dinero fácil”.

La demostración de Sargent y Wallace (1981), es elocuente en demostrar la contextualización de una política fiscal dominante sobre la política monetaria, por lo cual, no existirían límites, ni frenos del Banco Central sobre el gobierno para imponer restricciones sobre el tamaño del gasto e inversión pública, el déficit fiscal y el endeudamiento público respectivamente.

No se deja de mencionar que la autonomía plena de instituciones monetarias y financieras tiene sus limitaciones, sin embargo, para el caso de Bolivia es una oportunidad en transparentar las instituciones, especialmente para preservar un nuevo orden económico que lleve a Bolivia hacia una sostenibilidad  y estabilidad económica.  Finalmente, hay investigaciones que han concluido que cada sociedad tiene el Banco Central e instituciones financieras que se merecen.

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