Para superar un panorama que se ha tornado sombrío, pese a que las regiones productoras ingresaron $us 5.000 MM y el gobierno central, FFAA, Policía y universidades $us 16.000 MM.     En ningún caso se han generado mecanismos de seguimiento y control sobre la eficiencia del gasto y reorientación de la inversión. Ninguna instancia de gobierno ha generado políticas de ahorro a partir de los ingresos durante el superciclo de precios; esto pone actualmente en riesgo los avances sociales alcanzados, puesto que está en duda la sostenibilidad de los ingresos que financian las políticas sociales.

http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/revistas-especializadas/item/492-un-mejor-uso-y-destino-de-la-renta-petrolera.html

La exportación de gas natural se convirtió en una característica de la economía boliviana desde el año 2000 y permitió obtener una serie de mejoras en sus resultados macroeconómicos, recuerda la Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica en Bolivia.

No obstante, tras una baja sensible de los precios el panorama se ha tornado sombrío y representa un desafío desarrollar políticas que busquen aplacar los efectos macroeconómicos y fiscales de este nuevo contexto de precios en las exportaciones.

En ese contexto, y tras un análisis de la renta petrolera en Bolivia y una descripción de los principios para un mejor uso y destino de estos recursos, Jubileo concluye que los actuales mecanismos de distribución de la renta petrolera rigen desde la Ley Nº 3058 del año 2005,

y responden a visiones motivadas por una mayor captura de renta en beneficio ya sea departamental, municipal o sectorial, habiéndose minimizado el debate sobre para qué un determinado beneficiario requiere de estos ingresos, aspecto que se ve reflejado en la falta de mecanismos departamentales de planificación que articulen lo departamental con lo municipal.

Añade que los departamentos productores de hidrocarburos han recibido cerca de 5.000 millones de dólares entre los años 2005–2016, siendo Tarija el mayor beneficiario por ser el principal productor de hidrocarburos del país. Asimismo, los departamentos de Beni y Pando, a pesar de no ser productores, se han beneficiado de una regalía nacional compensatoria, vigente desde el año 1992, por un monto de 460 millones de dólares en ese mismo periodo de tiempo. En ningún caso se han generado mecanismos de seguimiento y control, nacional o subnacional, sobre la eficiencia del gasto y reorientación de la inversión.

Los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, universidades públicas, Tesoro General de la Nación, pueblos indígenas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y adultos mayores (Renta Dignidad) se han beneficiado con cerca de 16.000 millones de dólares en el periodo 2005–2016 por concepto de la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los ingresos percibidos han sido gastados e invertidos sin un horizonte común de desarrollo, los efectos no han sido monitoreados ni medidos, y si bien han servido para mejorar indicadores de salud y educación, el criterio de sostenibilidad a mediano y largo plazo no ha sido considerado.

Ninguna instancia de gobierno, ya sea nacional o subnacional, ha generado políticas de ahorro a partir de los ingresos de la renta petrolera durante el superciclo de precios; esto pone actualmente en riesgo los avances sociales alcanzados, puesto que está en duda la sostenibilidad de los ingresos que financian las política sociales.

 

En general, la propuesta se centraliza en la distribución y uso de los ingresos por hidrocarburos atribuibles a las regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y participación de YPFB en los contratos petroleros. La principal motivación es crear herramientas para dirigir el gasto de estos recursos hacia proyectos que tengan un verdadero impacto en el desarrollo sostenible del país, de manera transparente, eficaz, eficiente y con participación y control ciudadano.

Una característica general de la propuesta es que el dinero de regalías e IDH que llega a los fondos (excepto al de Ahorro y Sostenibilidad) no pueden ser ejecutados hasta que los entes territoriales encargados formulen un proyecto que mejore las condiciones de vida y que esté coordinado con los planes de desarrollo territoriales. Asimismo, cualquier persona natural o jurídica puede elaborar un proyecto y presentarlo ante su autoridad territorial competente para que pueda ser evaluado y canalizado para su aprobación y armonización en el sistema de planificación departamental y nacional.

Las herramientas diseñadas pueden presentar algunos efectos adversos, los mismos aún deben ser estudiados de forma más profunda a medida que se vayan mejorando los mecanismos.