Hacia el Tribunal participativo de los pueblos

Raúl Prada Alcoreza

El Tribunal de La Haya tiene en sus manos el diferendo de la demanda marítima por parte de Bolivia, demanda de resolución de un tema pendiente, el desenlace de la guerra del Pacífico, la pérdida del Litoral boliviano y de parte del territorio del sur del Perú. Un Tribunal competente sobre conflictos internacionales y sobre delitos contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de La Haya es una designación que es empleada para nombrar diversos tribunales internacionales, que tienen o han tenido su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos. Puede referirse al Tribunal Permanente de Arbitraje, creada en 1899; al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, organismo judicial de la Sociedad de Naciones y antecesor de la Corte Internacional de Justicia; a la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas; al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1993; a la Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma de 1998.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ, también llamada Tribunal Internacional de Justicia) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945, en La Haya, Países Bajos, siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados (procedimiento contencioso) y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas, que hayan sido autorizadas por la Asamblea General, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo). El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte integral de dicha Carta, situada en su capítulo XXV. En virtud del artículo 30 del Estatuto, la Corte adoptó el 17 de abril de 2005 un reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento.

En lo que corresponde a la fase de alegatos, ésta concluirá con un periodo de procedimientos jurídicos. Entre el 19 y 28 de marzo se definirá gran parte de la demanda marítima, prácticamente desde el estallido de la guerra del Pacífico en 1879, conflicto que terminó convirtiendo a Bolivia en un país mediterráneo, habiendo nacido con litoral en su geografía política republicana.

Con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904 concluyó la guerra, dejando a Bolivia sin salida al mar, en tanto que Chile se anexó los territorios del norte, que eran de Bolivia y del Perú. Como se puede ver, si bien la guerra culminó, el problema quedó pendiente y sin visos de resolverse. En 1920, Bolivia llevó su petición al escenario internacional, interponiendo una solicitud ante La Liga de Naciones, la institución creada después de la Primera Guerra Mundial, que fue precursora de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta petición buscaba que la Asamblea de la flamante Liga de Naciones se pronuncie para promover, por acuerdo de las partes, la revisión del tratado de 1904 entre Bolivia y Chile. El alegato fue presentado por el jefe de la delegación boliviana Félix Aramayo.

La Liga determinó conformar una comisión de tres juristas internacionales, quienes revisaron la petición boliviana; en ese entonces, los juristas señalaron que la solicitud no era admisible porque no cumplía cuestiones de forma. El historiador Robert Brockmann, autor de “Tan lejos del mar”, interpretó que la Liga no dijo que no tenía competencia, sino que la petición no estaba correctamente formulada. Se dieron lugar otros eventos en los que hubo negociación y ofrecimiento por parte de Chile para solucionar el enclaustramiento boliviano. El más relevante, fue el ofrecimiento del exdictador Augusto Pinochet a su homólogo Hugo Banzer, en 1975, de un corredor marítimo, en el tristemente célebre Abrazo de Charaña. Otro antecedente, que es necesario mencionar, es la resolución 426 de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitida en 1979, que declara de interés hemisférico la solución del enclaustramiento marítimo boliviano e insta a los dos países a iniciar negociaciones.

El 23 de marzo de 2013, en el Día del Mar, el presidente Evo Morales confirmó lo que había anunciado dos año antes, que presentará una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el fin de que el tribunal obligue a Chile a cumplir compromisos asumidos y negociar una salida soberana al océano Pacífico. Un mes después, el 24 de abril, una delegación boliviana encabezada por el entonces canciller David Choquehuanca entregó a la Secretaría de la CIJ la petición contra Chile. Un año después, el 15 de abril de 2014, Bolivia entregó a la CIJ su memoria, que es el documento que contiene los alegatos y pruebas en los que el país basa su petición. En contraposición, el 15 de julio, el Gobierno chileno presentó una excepción preliminar para que la CIJ se declare incompetente para analizar la petición boliviana, argumentando que el tratado de 1904 cerró la posibilidad de acceso soberano y fijó límites a perpetuidad. El 7 de noviembre de 2014, Bolivia presentó al alto tribunal los argumentos para sostener que la CIJ sí es competente para tratar la demanda, los principales argumentos fueron que el tratado de 1904 no resolvió el problema de la mediterraneidad, más bien lo creó, y que esto fue aceptado por Chile de manera explícita en diversos momentos en los que ofreció una solución a su demanda marítima. Entre el 4 y 8 de mayo de 2015, se desarrollaron en la CIJ la ronda de alegatos orales para definir la impugnación. Esta fase terminó con una pregunta del juez Christopher Greenwood, exasesor de Chile: ¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?

El 24 de septiembre de 2015, la CIJ se declaró competente para llevar el caso boliviano, con 14 votos a favor y dos abstenciones, lo que desató celebración en el país y desazón en Chile. Chile presentó su contramemoria el 13 de julio de 2016, en el que sostiene que no hay ninguna obligación de negociar acceso soberano, y los compromisos que Bolivia hace referencia son “acercamientos diplomáticos”. Bolivia presentó su réplica el 21 de marzo de 2017, para contrarrestar los argumentos chilenos. Finalmente, el 15 de septiembre de 2017, Chile presentó su dúplica, concluyendo la fase escrita de la demanda. El 18 de enero de 2018, la CIJ publicó el cronograma de alegatos orales, fijando este proceso entre el 19 y 28 de marzo1 .

Hay que contextuar lo sucedido, sobre todo los acontecimientos que han marcado los decursos venideros; empero, no hay que olvidar que nada es duradero; todo tiene su propia temporalidad, si se quiere, su ciclo. En esto entran, por cierto, las consecuencias de una guerra; hablamos de la guerra del Pacífico. Una guerra tardía en relación a las guerras continentales entre los proyectos endógenos y los proyectos exógenos del continente; la última guerra de este calibre fue, quizás, la guerra de la Confederación boliviana-peruana; en tanto que la guerra del Pacífico ya era una guerra por el control geopolítico de los recursos naturales, de parte de las burguesías intermediarias portuarias y mineras. En todo caso, una guerra que comenzó contra la nación Mapuche, después continuó con la guerra entre los Estado-nación subalternos de Bolivia, Chile y Perú. Entonces, en sus comienzos, la guerra del Pacífico fue la continuidad de la guerra de los Estado-nación criollos contra las naciones y pueblos indígenas. Es así que debemos comenzar a interpretar los tratados de paz firmados por los tres países involucrados. Las tres burguesías liberales, la de Santiago, la de Lima y la de Sucre, además de la de La Paz, estaban interesadas en ser las intermediarias en la enajenación de los recursos naturales al mercado internacional. De las tres burguesías, la que demostró estar preparada para cumplir mejor con el papel de subordinación al imperio británico fue la de Santiago; por eso, las burguesías de Sucre, además de La Paz, y Lima se apresuraron en firmar los tratados de Paz. De los dos tratados de Paz, la más lapidaria fue la de 1904, pues se clausuró la salida marítima para Bolivia.

¿Cómo se ha podido aceptar semejante condición de imposibilidad oceánica, la del enclaustramiento marítimo? No solo de parte la burguesía liberal boliviana, sino incluso por parte de la burguesía liberal chilena y la burguesía liberal peruana. Este desenlace fatal, que va pesar como una condena geográfica y geopolítica, no es pues, obviamente aceptable ni desde la lógica ni desde las relaciones de vecindad entre países, que, además, comparten historias más o menos parecidas. Solo se puede entender que se edifica el tratado de 1904 sobre un prejuicio de la época compartido, el racial. Bolivia, de población mayoritariamente indígena, no se merecía el respeto que suponen las relaciones internacionales, asumidas en su momento. La burguesía liberal chilena se asume como continuadora de la “tarea civilizatoria” de los conquistadores; en el fondo, en el substrato de la burguesía liberal subalterna, no hacían otra cosa que continuar con la labor inconclusa “civilizatoria” de los conquistadores. Lo grave de todo esto, es que la burguesía liberal boliviana aceptó este prejuicio compartido como premisa para tomar la decisión de firmar el tratado de 1904. Las tres burguesías liberales involucradas en la guerra del Pacífico compartían el mismo prejuicio racial. Las naciones y pueblos damnificados fueron otra vez las naciones y pueblos indígenas; en estas condiciones y circunstancias, Bolivia de población mayoritariamente indígena, fue tratada como una nación indígena. No solo por la burguesía chilena, sino también por la propia burguesía boliviana y la burguesía peruana.

Ahora, en 2018, Bolivia tiene un “presidente indígena”, sin considerar si usa una máscara indígena o no. Es en este escenario que se da la aceptación del Tribunal de La Haya para tratar el tema de la demanda marítima de Bolivia. La situación no escapa a la coyuntura, la de la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, tampoco a la reiteración intensa de la nación Mapuche al reclamar sus derechos territoriales y culturales; no escapa de la coyuntura con todos los aditamentos que conlleva, como llevar el agua al propio molino. Ningún tipo de gobierno hubiera perdido la oportunidad de hacer esto; lo hace el gobierno de Evo Morales Ayma. Pero, es este un tema donde no hay que perderse. Los pueblos tienen responsabilidad ante sí mismos, ante sus potencias sociales y posibilidades, ante la vida proliferante, donde se encuentran involucrados los pueblos, como formas singulares de la profusión vital. Los pueblos están como substratos y más allá del Estado, de las políticas de Estado, de la razón de Estado. Los pueblos tienen en sus manos la convivencia y la coexistencia, además de la complementariedad y solidaridad de los pueblos. En esta perspectiva, no deben dejarse llevar por las estrategias de Estado, menos si son geopolíticas, es decir, de dominación y control espacial. Estas estrategias no son sostenibles en el largo plazo; sin embargo, pueden confundir a los pueblos en el mediano plazo. En el largo plazo se encuentra el horizonte de la integración en la Patria Grande. En consecuencia, en las transiciones a la integración es conveniente resolver los problemas pendientes, generados por las guerras desatadas por las geopolíticas regionales2 .

Seguir sosteniendo, como lo hace la política oficial del Estado chileno, de que no hay problemas pendientes desde el tratado de 1904, es persistir en la legalización de una usurpación a través de la guerra. Esto no es sostenible, ni desde el punto de vista de lo que se llama la justicia internacional, tampoco de la geopolítica a largo plazo. Los problemas pendientes son el acervo de las condiciones infectadas de conflictos venideros. Basar esta persistencia en el substrato del prejuicio racial, en la confianza que da la victoria de una guerra, no es más que insistir en el presupuesto de una “superioridad”, que no es otra cosa que la confianza en la correlación de fuerzas militar. Esto, esta actitud, es la expresión elocuente de la prepotencia persistente. Esta conducta no tiene futuro, pues sobre la base de una guerra de conquista, que se sostiene en el prejuicio colonial de “superioridad”, cerrando toda posibilidad de arreglar el diferendo, sosteniendo que “no hay problemas pendientes”, no se construye ni buenas vecindades, ni buenas relaciones entre países, mucho más lejos se encuentra la posibilidad de integración.

Solo el sustento de una psicología racial, basada en el supuesto de la “superioridad blanca”, sostenida, momentáneamente, en la confianza de las armas, puede explicar un comportamiento prepotente, que justifica no solo la usurpación territorial sino dejar a un país sin salida al mar. No entra esta conducta en lo que se puede llamar el buen sentido; responde al engolosinamiento de una victoria bélica conseguida. Los contextos históricos-políticos-económicos han cambiado, si se quiere, también las condiciones y situaciones geopolíticas. Los pueblos ya cuentan con largas experiencias y memorias sociales sensibles. Seguir con lo mismo a estas alturas, es pretender repetir la anacrónica situación de la correlación de fuerzas y de la exclusión de los pueblos de fines del siglo XIX.

Cuando se dice que no se va a ceder un solo milímetro de territorio, que la soberanía territorial no se toca, de qué exactamente se está hablando. ¿Una larga costa al sur del Pacífico entregada en concesión a empresas trasnacionales ratifica acaso la soberanía del Estado-nación trasandino? ¿Territorios que pertenecieron desde las guerras de la independencia a otros países señalan legítimamente la soberanía del Estado-nación vencedor de la guerra? Estamos ante una ideología chauvinista, que cierra las puertas a que los pueblos libremente puedan arreglar los problemas pendientes. Los pueblos del continente tienen la responsabilidad de resolver todos los problemas generados desde las oleadas de conquista y la diferida colonización, que parece no terminar. El proyecto de las burguesías portuarias, que son las que vencieron las guerras del interior contra los puertos, ha dado todo lo que puede dar; los desenlaces de la subordinación a los imperialismos dominantes y al mercado internacional. No han salido los países involucrados de la dependencia; al contrario, han consolidado la dependencia, encubiertas con los goces banales del capitalismo financiero y especulativo. Es más, en plena crisis ecológica, los pueblos del mundo parecen encaminarse, si siguen las mismas rutas, al apocalipsis. No hay porvenir para los pueblos y países si persisten en los estrechos marcos de las republiquetas. La integración es una tarea ineludible y urgente.

La arrogancia diplomática, en estas circunstancias del presente, no es más que una pose de doctorcitos orgullosos y melindrosos. Defender una victoria y una conquista territorial discutible no es más que pretender enseñorearse en una región devastada por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Si eso los hicieron los abuelos de las clases políticas y la perpetraron a lo largo de más de un siglo, resulta altamente anacrónico hacerlo en el presente. Por otra parte, no se crea que tiene una actitud distinta las clases políticas de los otros países involucrados. La clase política peruana, aposentada en estructuras de poder altamente vulnerables, se pavonea de los indicadores de la metafísica estadística, cuando esta linealidad numeraria oculta la destrucción de cuencas, de territorios, de geologías, de pueblos, de bosques, de la sierra y de la Amazonia. La clase política boliviana se une en torno a la reivindicación marítima, a pesar de sus diferencias políticas, pero considerando la reivindicación como propaganda política y excusa para hablar de soberanía y de la patria mancillada, incluso del respeto a la democracia. Están lejos de comprender los substratos histórico-políticos-económicos y geopolíticos que empujaron a la guerra del Pacífico.

 

Notas

1.- Leer De la guerra del Pacífico a la demanda en la CIJ. 139 años en busca de justicia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180318/guerra-del-pacifico-demanda-cij-139-anos-busca-justicia.

2.- Ver Geopolítica regionalhttps://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/geopol__tica_regional.