Después de siete años de agendado, el documento final del Pacto Fiscal no resuelve problemas estructurales, aseveró la Fundación Jubileo, de la Iglesia católica en Bolivia. Solo de revisaron los recursos de gobernaciones departamentales y municipios, pero del cuantioso dinero que maneja el gobierno central no hubo discusión en detalle. (Foto El Deber-. Mientras el gobierno cierra con sigilo la discusión sobre el pacto fiscal, miles de médicos son reprimidos por la policía en la confrontación por el manejo de los fondos de la salud pública, especialmente de la CNS, bajo el pretexto de sanciones a la mala praxis; al fondo el nuevo, elevado y costoso palacio del presidente Morales, de estilo neotiwanakota)

El resultado mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes, concluyó este influyente organismo de análisis de la sociedad y la política bolivianas.

Encontró que prevalece una marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones e insuficientes recursos para las autonomías departamentales.

“No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo”, subrayó.

Sobre todo remarca Jubileo que “la sociedad civil fue excluida de la construcción de acuerdos que es el Pacto Fiscal, reduciéndose a un espacio de negociación entre los diferentes niveles de gobierno, donde se discutieron intereses contrapuestos, difíciles de viabilizar, en lugar de resolver necesidades reales; y se desaprovechó lo que debería ser un compromiso entre Estado y sociedad, con derechos, obligaciones y responsabilidades.

Esencialmente, el debate, establecido este 2017 después de años de bonanza despilfarrada, “se limitó al uso de los recursos administrados por los gobiernos subnacionales, sin una discusión detallada sobre los recursos que administra el Nivel Central, los cuales representan la mayor proporción”.

VICEMINISTRO: NO HAY REDISTRIBUCIÓN; PATZI: HAY QUE DISCUTIR

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, exigió al presidente Evo Morales que llame a una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) y tenga la voluntad política de debatir la redistribución de recursos de la Coparticipación Tributaria u otras fuentes de financiamiento para gobiernos subnacionales, reportó la cadena Erbol.

La reacción de Patzi surgió después de que el Viceministro de Autonomías, Hugo Siles, sostuvo la semana pasada que el Pacto Fiscal ya concluyó sin la redistribución de recursos de Coparticipación, porque las propuestas recibidas no eran viables técnicamente.

Patzi manifestó que para la Gobernación de La Paz el tema del Pacto Fiscal no está cerrado, y que el tema de la redistribución de recursos debe ser discutido con el presidente en persona.

Aseguró que discutir sobre los recursos es urgente para el departamento paceño y calificó de “frustrante” que el documento final del Pacto Fiscal haya “ignorado” el debate que hubo sobre la redistribución.

El gobernador insistió en que Morales presida una reunión del CNA con esta agenda antes de fin de año.

Actualmente la Coparticipación Tributaria es administrada en 75% por el nivel central, el 20% por los municipios y el 5% por las universales, pero la propuesta de la Gobernación de La Paz consiste en dar 60% al nivel central, 10% a gobernaciones, 25% a municipios y 5% a universidades.

El viceministro Siles argumentó que no se puede tocar la parte que administra el nivel central porque sería afectar los recursos para el pago de sueldos de policías, sector salud, maestros, entre otros.

Patzi señaló que desde 2006 los ingresos por Coparticipación crecieron de 11 mil millones de bolivianos a 37 mil millones, y que además la distribución data de 1994, por lo cual el argumento de que no se puede tocar los recursos le parece un “engaño”.

No obstante, el gobernador se abrió a que si no se puede hablar de Coparticipación, debe tratarse otras fuentes de ingresos como la transferencia de dominio de algunos impuestos.

JUBILEO: NO HAY CAMBIOS ESTRUCTURALES

La comunicación remitida por Jubileo, reproducida aquí por Bolpress, remarca que se mantiene intacto el antiguo y centralista diseño fiscal:

Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”, el cual no plantea cambios estructurales. El resultado mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes.

Al final de este proceso, prevalecen los problemas, inconsistencias, limitaciones y temas pendientes:

  • Un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura una progresividad, como define la Constitución, respecto a tributar en proporción a la capacidad económica.
  • Prevalecen la casi total centralización en la recaudación de tributos, la marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones y los insuficientes recursos para las autonomías departamentales.
  • Se mantiene una alta dependencia de la renta extractiva, con el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas, además de una dispersión de los recursos del gas.
  • En general, una deficiente orientación de los recursos públicos sin priorizar, efectivamente, sectores fundamentales como la salud y el desarrollo productivo, este último importante para la generación de empleo.

Desde el proceso constituyente, como Fundación Jubileo, articulada a una Plataforma de organizaciones e institucionales aliadas denominada “Pacto por el Bien Común”, venimos demandado el diseño de una nueva arquitectura fiscal, orientada a concretar cambios estructurales, con participación ciudadana y guiada por el propósito del bien común.

El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías, pero se realizó el 2017, lamentablemente después de que pasó el periodo denominado de bonanza económica, momento en el que era más propicio realizar las reformas fiscales necesarias. No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo.

Al inicio de este demorado Pacto Fiscal, manifestamos nuestras observaciones a la metodología planteada por el Gobierno y aprobada por el Consejo Nacional de Autonomías que, en principio, ya limitaba la perspectiva del proceso.

Por un lado, la sociedad civil fue excluida de la construcción de acuerdos que es el Pacto Fiscal, reduciéndose a un espacio de negociación entre los diferentes niveles de gobierno, donde se discutieron intereses contrapuestos, difíciles de viabilizar, en lugar de resolver necesidades reales; y se desaprovechó lo que debería ser un compromiso entre Estado y sociedad, con derechos, obligaciones y responsabilidades.

No se tomó en cuenta el mandato del artículo 321. II de la Constitución: “La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo”.

Asimismo, la metodología fue diseñada para discutir el tema de los recursos fiscales para los administradores públicos de los diferentes niveles de gobierno, en lugar de relacionar los recursos públicos con los bienes y servicios que el Estado provee y que la población requiere. No se consideró un costeo de competencias como base para debatir y definir la distribución y asignación de esos recursos.

El debate se limitó al uso de los recursos administrados por los gobiernos subnacionales, sin una discusión detallada sobre los recursos que administra el Nivel Central, los cuales representan la mayor proporción.

Bajo este marco se desarrollaron las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías y la Comisión Técnica para el Pacto Fiscal, de las cuales no se tuvo mayor información pública sobre los avances.

El país ha desperdiciado la gran oportunidad de haber contado con millonarios ingresos provenientes de la renta extractiva en el periodo de la bonanza, que podrían haber sido invertidos en construir una economía productiva, diversificada y sostenible, para lo cual se requería de un proceso de concertación en un Estado con autonomías.

Por nuestra parte, como fue en diversos momentos, hemos realizado recomendaciones, tanto para la metodología del Pacto Fiscal, como reformas fiscales específicas.

Como institución de la sociedad civil, continuaremos con el seguimiento, análisis y formulación de propuestas; observando y rechazando la manera unilateral del manejo de temas fundamentales para el país, en procura de un auténtico diálogo para la búsqueda de soluciones; y ante la necesidad de implementar políticas que contribuyan a un desarrollo más equitativo y sostenible. Fundación Jubileo.Diciembre de 2017

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