Los sindicatos de los trabajadores bolivianos y su organización matriz, la Central Obrera Boliviana (COB), después de veinte años de la arremetida neoliberal (1985-2005) que los puso en una situación sumamente débil y crítica, tienen el desafío de asumir un papel protagónico en el proceso político y económico del país con la finalidad de profundizar las transformaciones revolucionarias y antiimperialistas ejecutadas hasta ahora por el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, los Movimientos Sociales y el Movimiento al Socialismo (MAS).

En un momento en que en los otros países de la región, como Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, aún antes Chile, llevan adelante reformas laborales que atacan duramente a la fuerza de trabajo y a sus organizaciones para favorecer a los intereses de las empresas transnacionales y a las burguesías locales e internacionales para que consigan mayores ganancias, en Bolivia se mantiene una política proclive a los trabajadores, sin embargo algunos grupos de dirigentes se han sumado al discurso de los partidos conservadores y neoliberales atacando al gobierno y planteando terminar con el mismo.

Los grandes medios de comunicación opositores y las redes virtuales se han convertido en las vías a través de las cuales se realizan campañas contrarias al gobierno buscando la pérdida de su legitimidad, amplificando casos puntuales de corrupción o delincuencia que siguen su curso policial y legal; campañas a las cuales se suman los sindicalistas que provienen de tendencias de la izquierda cipaya y de corrientes vinculadas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientalistas financiadas desde Europa y Estados Unidos.

Recuento histórico

La COB, creada en 1953 en el contexto de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, constituyó parte del gobierno junto al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de esa época y fue un factor de poder durante treinta años, fue golpeada duramente por la reformas neoliberales que impusieron la masacre blanca a más de treinta mil trabajadores de las minas y la fábricas, la libre contratación laboral, la reducción de salarios, la anulación política y social de sus organizaciones y la pérdida de su rol histórico.

En los últimos diez años, con las nacionalizaciones de empresas, la reactivación económica, el crecimiento sostenido, la reducción del desempleo a 3.2%, la redistribución de la riqueza, el aumento de salarios y del salario nacional básico, la Central de los trabajadores recuperó sus condiciones de organización, potenció sus sindicatos, consiguió medios y condiciones para desarrollar sus actividades y mantuvo una relación pendular con el gobierno y los movimientos populares.

Los movimientos y organizaciones sociales que lograron poderosas movilizaciones desde inicios del siglo XXI que culminaron en la rebelión popular de octubre de 2003, que expulsó al sistema de partidos neoliberales encabezados por el entonces presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, estuvieron conformados principalmente por las Confederaciones de Campesinos, Colonizadores (ahora interculturales), Mujeres Campesinas, Indígenas del Occidente, Indígenas del Oriente y Juntas Vecinales, las que formaron primero el Pacto de Unidad que impulsó la Reforma Constitucional y luego la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM).

La COB y el gobierno

En ese contexto, el Congreso de la COB realizado en Tupiza en enero de 2016 adoptó la posición de respaldar al presidente Morales y su nueva postulación a la Presidencia del Estado, se adhirió a la CONALCAM, convertida en una entidad de presión, control y respaldo al gobierno, aunque su principal dirigente, Guido Mitma, en las últimas semanas ha lanzado declaraciones agresivas y descalificadoras del gobierno, mientras el propio Evo Morales ha convocado a los trabajadores y sus sindicatos a  desarrollar acciones conjuntas para enfrentar las presiones imperialistas y de los sectores empresariales Internos e internacionales.

A pocas semanas del próximo Congreso, los sindicatos y la Central Obrera deberán desarrollar un proceso de debate y toma de posiciones ante un momento en el cual los sectores conservadores recuperan la iniciativa y pretenden seguir las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que han sido la experiencia más traumática para los trabajadores en el pasado. Asimismo, en los próximos meses se definirá legalmente la posibilidad de una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia.

Como en los tiempos de mayor trascendencia del movimiento obrero en la política nacional, corresponde que los sindicatos se conviertan en centros de información, debate, análisis y movilización en una coyuntura en la que se definen las perspectivas del proceso nacional-popular y la estrategia de asegurar los avances sociales y económicos conseguidos hasta ahora.

Las alternativas en la coyuntura

El dilema está planteado en términos de fortalecer y profundizar el proceso de reformas y cambios sociales, económicos, políticos y culturales desde la perspectiva antiimperialista y de búsqueda de la integración latinoamericana o de impulsar el debilitamiento del gobierno de Morales apoyando las iniciativas de la oposición política coordinada desde Estados Unidos por ex funcionarios de Sánchez de Lozada y el Departamento de Estado, en el marco de la ofensiva imperialista en la región.

Se hace necesario, por tanto, desarrollar, desde los movimientos sociales, populares y sindicales y desde el propio MAS, un proceso de politización, debate y participación movilizada para asegurar que las tareas de la liberación nacional se consoliden y se refuercen frente a las agresivas campañas de desprestigio y desestabilización que se radicalizan cotidianamente desde el poder mediático.

Simultáneamente, desde el gobierno corresponde acelerar los procesos de industrialización, de atención universal de los servicios básicos, de fortalecimiento del mercado interno con políticas proteccionistas, de mejoramiento de las condiciones de los trabajadores informales, de sanción a los casos de corrupción y de ejecución de la Agenda Patriótica 2025 que pretende la soberanía económica, política y financiera de Bolivia.