Desde que se ha establecido que la democracia constituye la forma de gobierno más perfecta y avanzada que los pueblos han encontrado para regir sus sociedades, cada vez más se ha ido acentuando el énfasis por conquistar el gobierno y el poder, y cada vez menos en construir su fin último que consiste en establecer un gobierno del pueblo, donde prime su decisión soberana y no la voluntad del gobernante de turno y de las (nuevas o viejas) élites a las que representa.

Es decir, se ha hecho cada vez más corriente y generalizada la concepción por la cual se entiende a la política como el instrumento para luchar, conquistar y conservar el poder, apropiándose del Estado. Se produce un secuestro de la política, lo público, la economía y las decisiones en manos del grupo (generalmente minoritario) y los sectores dominantes que logran hacerse del poder; y se pierde aquella perspectiva orientada a forjar y devolver a la ciudadanía y sus organizaciones sociales, la capacidad de decisión y autodeterminación. En otras palabras, aquel poder que originalmente reside en el soberano y es conferido circunstancial y temporalmente para administrar la cosa pública, es secuestrado y usurpado para favorecer e imponer intereses sectarios.

Tan cierto es este afán por conseguir el poder, que no solo prevalece en las tendencias conservadoras y derechistas que pugnan por conservar y reproducir el poder para mantener y expandir sus privilegios; sino que también ha sido adoptada en algunas corrientes llamadas progresistas y de izquierda. Sucede que en vez de priorizar procesos orientados a promover las capacidades de autodeterminación, decisión y autogestión desde las bases; han preferido embarcarse en la conquista del poder (entendida como el fin último de la política). En el caso de Bolivia, por ejemplo, se pretende sustituir inclusive a las clases y sectores sociales que deberían dirigir y orientar el proceso, por la figura individual de una persona, en la que se pretende concentrar todos los atributos y valores de las luchas y conquistas que le corresponden al pueblo. A tal punto llega el extravío, que a tiempo de considerarlo como un caudillo insustituible al que se le otorgan y en el que se depositan todas las facultades de decisión; finalmente se vacía toda posibilidad de generar y respetar procesos de decisión popular, secuestrando y usurpando esta facultad en manos de un individuo. A su turno y precisamente por esa imprescindibilidad otorgada, también se cierra y anula toda posibilidad de continuidad y sostenibilidad de un proceso, que no sea dependiente de esa figura personal y el culto que se le dispensa.

Parece como si los acontecimientos y los hechos históricos no hubiesen sido suficientes para comprender que en la generalidad de los casos (muy en contrario de lo que se esperaba), los procesos de cambio y transformación iniciados y perfilados en las luchas y revueltas populares, terminaron casi invariablemente traicionados desde el poder y una vez que se conquistó el gobierno. Es decir, que los cambios y transformaciones se hacen y conquistan en las bases y las luchas; y no así en y desde el poder y el gobierno, como se pensaba.

El origen para que se produzca ese desencanto popular y el creciente rechazo social que provocan los gobiernos que abandonan sus compromisos, es precisamente al constatarse el distanciamiento creciente que se produce entre el Estado y la sociedad, cuando el gobierno hace cada vez menos lo que reclama la sociedad como sus prioridades, e impone proyectos e iniciativas que no responden ni resuelven los problemas álgidos de su pueblo. Es decir, abandona y traiciona los postulados y mandatos establecidos, para hacer prevalecer las prioridades e intereses de las nuevas castas dominantes.

En los casos de gobiernos que se reclaman como populares y aunque persista un discurso que reafirme supuestas convicciones de izquierda; lo que desenmascara su impostura e hipocresía, es la prevalencia de medidas, políticas y acciones de gestión gubernamental que (muy en contrario del discurso), favorecen intereses sectarios, corporativos, antinacionales y entreguistas. Es decir, se hace prevalecer y se produce un sometimiento a intereses generalmente transnacionales, capitalistas y de carácter colonial que se encuentran en la antípoda del interés nacional. En el caso de Latinoamérica, a poco más de 10 años de gestiones de gobiernos progresistas y de izquierda (como se han autodenominado), los ejemplos no son excepciones y tienen un legado muy elocuente. Si no, puede verse lo que sucede en Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc.

LA REALIDAD BOLIVIANA.   

Ahora bien, cuando la sociedad boliviana (a pesar de haberse producido ya un referéndum nacional que ha dirimido y constitucionalizado irrevocablemente su decisión), vuelve a ser interpelada por la terca e insistente pretensión de abrir la Constitución para permitir una eventual y nueva reelección presidencial (rechazada mayoritariamente); entonces surge inmediatamente con fuerza la pregunta de por qué ese afán desmesurado y testarudo por mantenerse y conservar el poder “cueste lo que cueste”. Por qué se insiste tanto en prorrogarse en el poder, cuando la tarea fundamental consistía en transformar el viejo Estado de privilegios y jerarquías, para construir uno nuevo en donde prevalezca la decisión, la participación y la gestión pública ejercida desde las bases (y no en un aparato burocrático corporativamente distribuido y cada vez más grande e inepto)?.

Es decir, surgen serias interrogantes e inquietudes en torno al concepto y la práctica política, como el enfoque del poder y la democracia que los gobernantes tienen y pretenden imponer.

Se levanta una incógnita en torno a si la forma de gobierno, el tipo de Estado y las características de nuestra democracia, responden a la visión y los principios establecidos en la Constitución; pero sobre todo respecto del compromiso de transformar aquel modelo (clientelar, cupular, de la democracia pactada) contra el que se había luchado.

La respuesta, lamentablemente, al contrastarla con la obcecada decisión del partido de gobierno y las organizaciones sociales oficialistas que pretenden arrogarse la voz de todo el pueblo, solo confirma la pertinaz intención de conservar y reproducir el poder “a como dé lugar”. Es decir, sabiendo que ello solo garantiza la concentración del poder en pocas manos y la preservación de determinados intereses y privilegios de las nuevas élites dominantes, que terminan usurpando la capacidad de decisión, participación y autodeterminación al pueblo.

Colateralmente, a la par de esas interrogantes y cuando se hacen patentes regímenes secantes en los que se produce una concentración del poder asfixiante; también se sabe que la mejor forma de equilibrar y controlar ese poder, solo es posible cuando la sociedad civil está organizada y tiene capacidad de movilización, porque así existen mejores condiciones para impedir excesos autoritarios, y/o defender derechos y demandas que toda sociedad tiene.

Este equilibrio y control en la correlación de fuerzas entre el Estado y la sociedad es aún más promisoria y tendencialmente más avanzada, cuando la sociedad civil al margen de estar bien organizada, cuenta con organizaciones, pueblos y sectores sociales esclarecidos (digamos política y socialmente conscientes), que tienen la virtud orientar y dirigir las luchas populares, ya no solamente como contrapeso al poder del Estado, sino señalando el camino de las transformaciones que requiere la sociedad para perfeccionarse y cumplir sus históricos objetivos de igualdad, libertad, soberanía, etc.

Durante muchas décadas, esa fue una característica de la sociedad boliviana. Alrededor de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Sindical Unica de Campesinos (CSUTCB), el pueblo logró estructurar un formidable contrapeso frente al Estado, y especialmente respecto de gobiernos y regímenes antidemocráticos y dictatoriales. Tal fue su fortaleza, que en determinadas coyunturas sociales y políticas se planteó el co-gobierno y la dualidad de poderes (como en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Popular al inicio de la década de los años 70).

Sin embargo, quebrado, desarticulado y dispersado (política y materialmente) semejante referente organizativo y popular el año 1986 (cuando se produce la Marcha por la Vida protagonizada por el proletariado nacional alrededor de la COB y la FSTMB); tuvieron que pasar muchas décadas antes de poder rearticular una fuerza social de esa magnitud, para luchar y deponer aquel modelo neoliberal y su gobierno de turno, que habían dado un golpe tan duro a la conciencia nacional y sus organizaciones matrices.

El Pacto de Unidad fue forjándose muy lenta y dificultosamente en el transcurso del largo periodo neoliberal, la desideologización de los movimientos y organizaciones sociales, y la atomización y “relocalización” a la clase obrera nacional, que se habían impuesto desde mediados de los años 80.

Al margen de la Coordinadora del Agua y la Vida en Cochabamba (que constituye otra invalorable experiencia organizativa que tuvo un papel determinante para perfilar y establecer nuevas formas de decisión y autodeterminación popular que contribuyeron en la lucha contra el neoliberalismo y la expulsión de intereses corporativos transnacionales del país); el proceso de cambio y transformación en Bolivia (que estalló con la llamada Guerra del Agua a inicios del año 2000 y la revuelta popular de Octubre Negro del 2003), estuvo también precedido por la conformación del Pacto de Unidad.

Esta organización se forjó en las tierras bajas del Oriente, sobre la base de las 5 organizaciones indígenas y campesinas matrices de todo el país. Al margen de haber logrado insertar en la agenda nacional, históricas reivindicaciones emergentes de la explotación, exclusión y discriminación étnica y cultural que sufrieron durante siglos, así como de reclamar el reconocimiento de su identidad colectiva, el derecho a la tierra y el territorio y su autodeterminación; otra de las virtudes esenciales del Pacto de Unidad, fue la de amalgamar y constituirse en el referente nacional que impulsó las principales luchas del pueblo (sobre la base de varias y sacrificadas Marchas Nacionales que emprendieron), hasta el punto de lograr la derrota y expulsión de los gobiernos neoliberales y el establecimiento de la Asamblea Constituyente (que fue una demanda nacional originada en este movimiento).

No fue casual que alrededor de este Pacto de Unidad se constituyera posteriormente el denominado Instrumento Político para la Soberanía del Pueblo (IPSP), como una novedosa y esperanzadora fórmula que se perfilaba como el mecanismo para preservar y devolver a las organizaciones sociales y sus bases, la capacidad de decidir y constituirse en los protagonistas del proceso.

Aquella promisoria fórmula encontrada para abanderar y dirigir el proceso, pronto se desvirtuó al tomarse la decisión de conformar el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) y los consejos departamentales (CODECAM), que pasaron a formar parte de la gestión de gobierno nacional y departamentales, y a cuya organización se integraron nuevos y diversos sectores sociales (como gremialistas, transportistas, jubilados, juntas de vecinos, etc), incluida la COB.

Con el argumento de conducir el proceso de cambio, las organizaciones sociales no solo perdieron la independencia sindical y política (tan indispensables para controlar y constituirse en contrapeso frente al Estado que se conformaba); sino que pasaron a formar parte, a corresponsabilizarse de la gestión de gobierno, pero sobre todo a beneficiarse de las ventajas y beneficios del poder, sobre la base del cuoteo corporativo, la repartija de canonjías y el manejo clientelar del aparato del Estado.

Cuando tuvieron la más grande oportunidad para constituir un Estado diferente y alternativo al modo conservador, vertical y jerárquico que había caracterizado a los gobiernos y las democracias derechistas y republicano-liberales; el llamado proceso de cambio decidió adoptar y reproducir esas antiguas y conservadoras formas de gobernar.

De esa forma no solo reprodujo el perpetuo afán de las clases dominantes tradicionales de conquistar el poder solo para conservar, imponer y satisfacer sus intereses sectarios, sino que transfirió este impulso de conquista, dominación y conservación del poder en los sectores y organizaciones sociales; las mismas que al entrar en la lógica del “ahora es cuando”, terminaron sucumbiendo a la angurria de poder, el control del Estado y la dominación, como un fin en sí mismo.

Al concebirse y ejercerse la política como la forma de conquistar y conservar el poder a toda costa, también se hace imposible generar procesos de transformación y cambio que le devuelvan a la ciudadanía, sus organizaciones y pueblos, la capacidad de decidir y autodeterminarse, de tal modo que se facilite y construya el verdadero sentido de la democracia: el gobierno del pueblo. A cambio y a la inversa de ello, se torna conservador y hasta reaccionario, porque esa forma de hacer política corresponde a los antiguos y tradicionales partidos, organizaciones y sectores que buscan el poder para imponer sus intereses (quitándole a la democracia su sentido esencial y fundamental).

Y como la historia se encarga de demostrar este extremo, también es posible afirmar que no se trata de un fenómeno exclusivo de partidos, tendencias y organizaciones conservadoras y de derecha que buscan el poder para perpetuar la vigencia de su dominación; sino que también expresa el sentimiento y la visión de organizaciones y tendencias autodefinidas como de izquierda, que también ansían conseguir “el maravilloso instrumento del poder” para sustituir y encumbrar nuevas élites de dominación (sindical, corporativa, cultural y/o clasista), en cuya lógica de gobierno persiste y se reproduce la verticalidad, el mando de unos pocos y las jerarquizaciones excluyentes.

Frente a un escenario como éste, evidentemente la sociedad y la ciudadanía quedan desprotegidas y vulnerables ante la “majestad del poder”. Sin embargo, históricamente y muy especialmente en Bolivia, también ha quedado claro que solo se trata de episodios pasajeros, antes de que vuelvan a surgir nuevas iniciativas y movimientos orientados a resolver y restituir, al menos, el equilibrio perdido.

En Bolivia, donde buena parte de las organizaciones sociales y sus dirigentes han sido cooptados por el poder en forma clientelar y prebendal, y donde ya no existen condiciones para contrarrestar, controlar y equilibrar la nueva relación de dominio y hegemonía que ejerce el poder del Estado sobre la sociedad; la ciudadanía que no forma parte del oficialismo, ha quedado completamente desguarnecida. A pesar de ello ha ideado y está generando nuevas oportunidades para organizase, y ha puesto en marcha un nuevo tipo de colectivos, agrupaciones, movimientos sociales, e iniciativas comunitarias o asociativas (de carácter barrial, rural o de redes sociales), donde prevalecen y se ejercen novedosas como tradicionales formas de deliberación, decisión, participación y gestión social en diferentes campos.

Caracterizados por un natural y comprensible rechazo (dados los antecedentes organizativos sucedidos en el país), a estructurarse jerárquica y verticalmente, y menos a comprometerse o estar dispuestos a reafirmar lealtades que no correspondan a objetivos concretos de lucha, trabajo o acción en la que se encuentren (en claro rechazo a las traiciones, los partidos políticos tradicionales y la forma de hacer política que ha caracterizado la historia nacional); en realidad muestran un nuevo horizonte y una diferente voluntad para establecer la relación entre la sociedad y el Estado.

Si las luchas y conquistas populares por construir una sociedad diferente, con un gobierno verdaderamente del pueblo, han sido envilecidas y degeneradas por el poder; entonces no es casual que tiendan a desarrollarse nuevas y alternativas formas sociales de decisión, participación y gestión, que paulatinamente vayan liberándonos de la dependencia de contar con un gobierno para que administre la cosa pública. El gobierno debe darse cuenta que no ha surgido para usurpar el poder que le corresponde al soberano, sino para servir, atender, facilitar y garantizar todas las condiciones, derechos y servicios que permitan al pueblo vivir con dignidad, igualdad y respeto, en armonía con la naturaleza.

La pretensión de prorrogarse y reproducir el poder “cueste lo que cueste”, no solo es un despropósito político que sucumbe a tentaciones autoritarias para adueñarse de la voluntad soberana que le corresponde al pueblo, sino que desconoce en la práctica la decisión del mismo soberano expresado claramente en un referéndum nacional específicamente dispuesto para dirimir esta situación. Además, pone en entredicho aquel principio de “gobernar obedeciendo” que había sido adoptado precisamente por el gobierno del Estado Plurinacional.

Un precedente de este tipo no muestra una voluntad de servicio y mucho menos la intención de construir y devolver al pueblo la capacidad de decidir y construir procesos de gestión popular y pública; sino que busca utilizar su respaldo, para concentrar y beneficiarse de las ventajas que otorga el poder, el mando, la verticalidad y las jerarquías inherentes a una forma de gobierno no precisamente popular y de izquierda.