Cartita de invitación
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El mes de enero ha sido el escenario del drama de la suplencia de la gobernación de Santa Cruz donde cartas vienen y cartas van, como las escritas por Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro hacia el Vicegobernador Mario Aguilera, con emociones, desilusiones y adjetivos, por actos que supuestamente habría cometido para asumir el cargo. Así también las dirigidas por el Presidente de la Asamblea Departamental Zvonko Matkovic, quien solicito una enmienda y complementación al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por no considerar la ley departamental Nº 293, la cual ya fue respondida y ratifico la sentencia. A esto se sumaron las cartas de invitación de Fernando Larach presidente del comité cívico de esa ciudad, con el objeto de tocar la problemática política y darle una supuesta certidumbre al pueblo, la cual no se pudo realizar.
El cumplimiento de la sentencia tenía tres días para su ejecución, la cual ha generado descargos por parte de Mario Aguilera hacia la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz. Y Matkovic remitió todos los antecedentes a la Comisión de Constitución y Gobierno de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, para que defina si se cumple la sentencia. Indicando el presidente de esta Comisión, Marcelo Aróstegui de Creemos, teniendo un plazo de 15 días para emitir su informe y remitirlo al pleno de la Asamblea Legislativa para que sea aprobado o rechazada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la tarea definida en la Constitución Política del Estado (CPE), la cual es velar la supremacía de la constitución, sobre otras normas como lo indica el Art. 196 de la CPE. La sentencia 1021/2023 responde a la demanda de los asambleístas, realizada el 18/01/2023, la cual se basa en el Art. 25.I de la CPE; Art. 25.I del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. La Ley departamental fue promulgada posteriormente el 9/03/2023, disponiendo así la suplencia al vicegobernador.
Pero hay que preguntarse, por qué tanta oposición al fallo, donde el vicegobernador pertenece a la misma agrupación. Serán las denuncias de nepotismo que involucran a las asambleístas departamentales, Paola Aguirre y Keyla García quienes tienen a su hermano y marido, trabajando en la gobernación. Y el diputado Edwin Basan a su hermana de la misma manera, lo que explicaría parcialmente esta oposición, con ardientes intervenciones y el argumento que se estaría entregando la gobernación al masismo.
La crisis jurídica ha llevado a la gobernación de Santa Cruz a judicializar la democracia, donde la justicia debe definir una sucesión natural en ausencia por cualquier motivo de una autoridad. Y poner sentencias judiciales en consulta en espacios democráticos de debate, para ver si estas son aplicables o no. Mostrando un claro debilitamiento de los grupos de poder en ese departamento, quienes están más preocupados en defender sus intereses y mantener su hegemonía a cualquier costo, sin importarles la gestión y los efectos que esta pueda tener sobre la población, los cuales los ven con indiferencia.
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