Se venció su mandato, Bolivia se queda sin Poder Judicial

El año judicial normalmente se inaugura en Sucre con actos protocolares, pero este año esa parafernalia fue reemplazada con protestas. El Tribunal Supremo de Justicia se quedó sin magistrados debido a que a éstos se les venció su mandato. La prórroga determinada por el Tribunal Constitucional Plurinacional no convence, y ahora incluso dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) renunciaron a sus cargos.

La gestión de los magistrados y jueces del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura feneció el 31 de diciembre del 2023.

“De manera pública y de cara al pueblo boliviano, debo ratificar mi postura para advertir y recordar que hoy, 2 de enero de 2024, los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial cesan en sus cargos, según lo establecido en la Constitución Política del Estado, que limita su mandato a seis años. Cualquier intento de prórroga es nulo, y cualquier acción que pretendan llevar a cabo es inconstitucional, al igual que cualquier intento de decreto”, escribió la senadora del MAS Patricia Arce.

Según la legislación boliviana, 26 principales cargos judiciales son elegidos por voto popular. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad indígena, además de ser seleccionados por dos tercios de los miembros del parlamento. Pero la falta de consenso en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales dejó a Bolivia frente a un problema casi insoluble, frente al cual el TCP dispuso la prórroga de las altas autoridades judiciales hasta que se desarrollen los comicios.

Pero según Arce, “la autoprórroga de sus mandatos es completamente ilegal e inconstitucional, ya que viola principios fundamentales como el de legalidad y la protección judicial. Esto representa una flagrante vulneración del Estado de Derecho, esencial en las sociedades democráticas, ya que al atribuirse facultades de la Asamblea, han usurpado atribuciones que no les corresponden”.

Según la Constitución vigente, “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

La prórroga es interpretada por diferentes sectores como una amenaza a la democracia.

En esa línea, el expresidente Evo Morales —confrontado abiertamente con el presidente Luis Alberto Arce— afirma que en el país ya no existe independencia de poderes.

“Nos hemos convertido en el único país del mundo con un Órgano Judicial manipulado por magistrados ilegítimos y autoprorrogados inconstitucionalmente que deciden sentencias manipuladas a escondidas del pueblo para satisfacer al gobierno”, escribió Morales en X.

“Denuncio ante países amigos, organismos defensores de derechos humanos y personalidades internacionales que defienden la democracia, que la continuidad del Estado de Derecho está en grave peligro en Bolivia”, agregó Morales.

Desde el otro sector, el autodenominado Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) llamó a sumir “acciones pacíficas de desobediencia civil” en contra de las autoridades judiciales, convocatoria que fue calificada por el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, como un “delito sancionable según la ley”.

Arcistas, los únicos prorroguistas

El pasado 12 de diciembre el TCP dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Esa decisión fue calificada por legisladores de oposición ―Comunidad Ciudadana y Creemos― y el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) como “golpe judicial” o “prevaricato”; solo el bloque arcista considera que el fallo del Órgano Jurisdiccional es “de cumplimiento obligatorio”.

Los actuales magistrados fueron posesionados en el cargo el 2 de enero de 2017, razón por la cual el 1 de enero concluyó su mandato, según la normativa vigente.

La polémica generada en torno a este caso provocó la renuncia de Carlos Alberto Alarcón y Julia Elizabeth Cornejo, a la par que en los medios se especula de una nueva renuncia. Alarcón renunció porque la actual situación “genera incertidumbre, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del TCP”.