El evismo salvaje contra el pueblo boliviano
3 min. 
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, con la responsabilidad de salvaguardar los intereses del pueblo, ha experimentado una desviación alarmante en sus deberes fundamentales. En lugar de ser la voz del pueblo, ciertos asambleístas evistas han optado por traicionar la confianza depositada en ellos por los votantes, desviándose de su deber primordial de aprobar legislación que beneficie a la población.
La ALP, concebida como el corazón de la representación democrática, debería ser garante de la asignación efectiva de fondos, velando por el bienestar en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Sin embargo, en los últimos meses, hemos sido testigos de una traición flagrante a los principios fundamentales que deberían regir la labor legislativa.
La traición se evidenció de manera contundente en el rechazo de proyectos de ley que abogaban por el beneficio directo de la población. Aquellos que ascendieron a la ALP gracias al respaldo popular han dado la espalda a quienes confiaron en ellos para ocupar esos cargos. El deber moral de representar y proteger los intereses de la población ha sido sustituido por agendas políticas cuestionables.
La reciente negación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 es un golpe devastador para el progreso y bienestar del país. Este presupuesto buscaba asignar recursos adicionales a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas, respondiendo de manera directa a las necesidades de la población boliviana. Sin embargo, la obstaculización de estos fondos ya ha causado estragos en la economía nacional.
El rechazo del PGE Reformulado 2023 por parte de la ALP no solo es una traición a la confianza del pueblo, sino también un puñal por la espalda a nuestra misma gente. En un momento crucial, donde las alcaldías necesitaban recursos para combatir incendios, sequías y otras emergencias, la falta de apoyo legislativo demuestra una insensibilidad y desconexión alarmante por parte de quienes deberían liderar la nación hacia la seguridad y prosperidad.
Los responsables de este doloroso revés no pueden eludir la rendición de cuentas. La coalición Evo-Mesa-Camacho, impulsora de esta traición, debe enfrentarse a la furia de un pueblo que exige respuestas. La ALP, como institución fundamental para la democracia, no puede permitirse desviarse de su papel integral en la construcción de un marco legal y político que promueva el bienestar y la equidad en Bolivia.
En resumen, es imperativo que los asambleístas evistas reflexionen sobre su deber sagrado de representar al pueblo y trabajen hacia la reconciliación nacional. La confianza depositada en ellos no puede ser sacrificada en aras de intereses políticos mezquinos. La traición a la población boliviana debe ser condenada, y la ALP debe restablecer su compromiso con el progreso y el bienestar de la nación que juraron defender.