Seis años de cárcel para tres miembros de la Resistencia Juvenil Cochala
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Tres líderes de la paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé fueron sentenciados hoy a seis años de cárcel por los hechos de violencia y destrozos provocados al edificio de la Fiscalía General del Estado de Sucre en 2020.
Molina y los hermanos Bascopé fueron encontrados culpables de atentados; porte y portación de armas, municiones y explosivos; de perturbación de funciones públicas y daño calificado.
Los también acusados Milena Soto y Mario S.S. y Ayda R. L.T. fueron absueltos. En el caso de Soto, porque demostró que no estaba en Sucre cuando ocurrieron los hechos de violencia, mientras que en los otros dos casos restantes no se presentaron las suficientes pruebas.
“Hasta el último minuto se ha escuchado a las partes, con el tiempo necesario, de tal manera que se ha emitido la sentencia respectiva, en la cual se ha declarado a tres de los acusados autores y culpables de algunos delitos”, dijo el juez Emilio Pinto.
“A los tres se les ha dado un apena única a cumplir de seis años de privación de libertad en el penal de San Roque de esta ciudad”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.
Según Pinto el juicio se desarrolló de manera transparente, por lo que se permitió el ingreso de los medios de comunicación y las partes fueron escuchadas en su acusación o defensa desde el inicio del juicio hasta esta jornada. Ahora, las partes tienen 15 días de plazo, para presentar recursos de apelación de no estar de acuerdo con la sentencia.
En octubre de 2020 los líderes de la RCJ se trasladaron a Sucre donde rompieron algunos vidrios y pintarrajearon las paredes del Ministerio Público en acciones que exigían la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.
Los cuatro acusados fueron acusados por los delitos de organización criminal con fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentados contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.
En marzo de 2021, Yassir Molina fue el primer aprehendido por este caso en Cochabamba y luego trasladado a la ciudad de Sucre, donde guarda detención preventiva. El 7 de noviembre de 2022, Molina, a través de su abogado Jhasmani Torrico, pidió a la Fiscalía someterse a juicio abreviado a cambio de revelar los nombres de los supuestos autores intelectuales de los hechos de 2019 y 2020.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC, organización que atacó con violencia en la crisis de 2019 a gente de campo en la ciudad de Cochabamba.
El GIEI investigó los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019. Pidió desarticular a este grupo, como a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo operativo del Comité Pro Santa Cruz.
La RJC fue protagonista de violentos incidentes durante el régimen de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Recorrían calles en motocicletas y golpeaban a las mujeres de polleras. Con información de ABI.