Obispos serán convocados a declarar por su participación en el caso “Golpe de Estado I”

Los jerarcas de la Iglesia Católica serán convocados a declarar por su participación en el caso “Golpe de Estado I”, porque no gozan de ningún fuero especial.

El pedido de convocar a la jerarquía católica fue presentado por la Procuraduría General del Estado para esclarecer su participación durante lo que se llama Golpe de Estado I en el que se investiga el delito de terrorismo a conspiración a denuncia de la exdiputada Lidia Patty.

En noviembre de 2019, las reuniones de los políticos de oposición y líderes cívicos, impulsores del movimiento que fue seguido con “la sugerencia” de los militares a Evo Morales para que abandone el poder, fueron realizadas en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz.

“Nadie puede negar que en las jornadas del golpe de Estado y dos días después (sic), las reuniones se han dado en la UCB en la zona Sur de La Paz. Primero que es una sede que pertenece a la Iglesia y que al haber estado ellos allí en el momento, tienen que dar testimonio de lo que han hablado, qué han dicho, qué han hecho”, dijo procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

Entre los convocados están el monseñor Ricardo Centellas Guzmán, en 2019 vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB); Aurelio Pessoa Ribera, secretario general episcopal; monseñor Giovanni Arana, obispo auxiliar de El Alto; y el sacerdote José Fuentes Cano, secretario general adjunto de la CEB, entre otros.

El fiscal Omar Mejillones, quien investiga además el caso “Golpe I”, dijo que los representantes de la Iglesia cuentan con fuero en virtud del artículo 195 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que la Procuraduría debe explicar la razón de su convocatoria.

Ese artículo del CPP establece que “no estarán obligados a comparecer ante el juez o tribunal: el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidentes de las Cámaras Legislativas, Presidente de la Corte Suprema, Presidente del Tribunal Constitucional, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, representantes de misiones diplomáticas, Parlamentarios y Ministros de Estado, quienes declararán en el lugar donde cumplen sus funciones, en su domicilio o por escrito”.

Si los jerarcas fueran considerados diplomáticos, gozan del fuero de la Convención de Viena que en su artículo 29 establece que “La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.

Sin embargo, ese mismo instrumento en su artículo 41 establece que “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”, lo que precisamente los jerarcas católicos hicieron al participar de la crisis política de 2019.

Ningún fuero

En una conferencia de prensa, Chávez aclaró que ese artículo del Código no se aplica a los jerarcas de la Iglesia. “Estas personas están llamadas como testigos, han hecho una victimización, mediáticamente en todo lado, indicando que los estamos investigando, que ‘los pobrecitos’, que ‘el golpe de Estado’; aclaramos nosotros (los convocaron) como testigos, que su conciencia los haga culpables, es su problema”, dijo.

Según el artículo 180 de la Constitución “la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción”.

“Como Conferencia Episcopal, y como Iglesia, hemos fijado la postura de estar siempre a disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema, el de nuestra participación como obispos y en la participación de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles y críticos que le tocó vivir a nuestro país”, dijo el arzobispo de La Paz, Percy Galván.

“A lo mejor están buscando amedrentar, pero eso es desconocer la naturaleza de la Iglesia. Más bien tenemos más fortaleza. No vamos a actuar nunca de forma arbitraria. El hecho de ser religioso no nos impide de prestar cualquier declaración. No gozamos, como falsamente se entiende, de ningún privilegio”, agregó Galván, citado por El Deber.

“Que sigan con la misma cantaleta y con el mismo disco rayado de que ha habido Golpe, Golpe, Golpe, eso es una mentira que tendrán que dar cuenta al menos al Supremo, pues, cuando uno se muera. Todo el mundo sabe que hubo fraude y que se dejen de seguir con la misma canción”, dijo en un tono más agresivo el arzobispo de Sucre, Jesús Juárez a la Red ERBOL.

La convocatoria de los jerarcas católicos, líderes de la oposición criticaron la decisión de la Procuraduría. “El MAS ahora busca perseguir a obispos que defienden la democracia y los DDHH. La persecución política en su más cruda ejecución”, escribió Carlos Mesa, otro de los principales actores de los hechos de noviembre de 2019 en su cuenta de Twitter.

“Si no tienen nada que ocultar ¿por qué no van a declarar? ¿Cuál es el impedimento? Que nos niegue (la solicitud) el Ministerio Público, porque vamos a volver a presentar el memorial insistiendo en que declaren estas personas, porque es lo correcto, antes que se cierre las investigaciones”, respondió Chávez.

Señor Mesa hoy debiera guardar respeto por los asesinados por su gobierno en febrero de 2003, ese cargo por cuya candidatura cobró. Nosotros no quemaremos la evidencia del delito como usted lo hizo con los gastos reservados. Deben asistir ante la justicia todos los involucrados. https://t.co/aadKhN5ddw

— Wilfredo Chavez Serr (@wichaser) February 13, 2023