“Lo que falta es que nos devuelvan el dinero”, dice el procurador
Murillo es sentenciado en EE.UU. a cinco años y ocho meses de cárcel por corrupción
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Arturo Murillo recibió este miércoles, en una corte de Estados Unidos, una condena de cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero y soborno. Era un empresario hotelero en el Chapare, Cochabamba, desde donde saltó a la vida política de la mano del empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien en algún momento lo llamó “el bolas”.
Fue senador y diputado por Cochabamba, siempre amparado en el partido político de Doria Medina. Era un legislador que no pasaba desapercibido, porque tenía la particularidad de hablar con posiciones altisonantes y autoritarias, pero tampoco se guardaba adjetivos cuando se daba el momento de hablar del MAS y sus adversarios políticos.
Su vida transcurrió entre la política y su empresa. No se conoce que haya realizado estudios universitarios. Durante la crisis de 2019 no fue muy visible, hasta que una reunión de cívicos y políticos de oposición, reunidos en la Universidad Católica Boliviana (UCB), eligió a la exsenadora Jeanine Áñez para hacerse del poder después del golpe de Estado.
No se desprendía de Áñez, al igual que otros legisladores de UN que después llegaron a ocupar cargos en el gobierno de facto. En noviembre de ese 2019 fue posesionado como Ministro de Gobierno, un cargo desde el que inició lo que él mismo llamó “una cacería” contra todos los masistas y dirigentes de movimientos sociales.
“El bolas”
Era la mano dura del gobierno de facto, junto al exministro de Defensa, Fernando López, prófugo de la justicia por el caso Golpe de Estado I. Se había distanciado de Doria Medina, aunque las relaciones se reencaminaron luego que el empresario y político aceptara ser acompañante de fórmula de Áñez, una dupla presidencial que naufragó.
Doria Medina así se refirió a Murillo en un audio filtrado en 2020 de una conversación con la expareja del exlegislador de UN, Jaime Navarro: “Arturo es un cojudo, lastimosamente no tiene mucha cabeza”. Más adelante aseguró: “El Arturo es medio bolas”.
Otro hecho o discurso que lo marcó fue el referido al aborto. “Mátense ustedes, mátense las mujeres que dicen que quieren hacer lo que les da la gana con su cuerpo, háganlo, suicídense, pero no maten una vida ajena”, aseguró cuando en 2017 se discutía una ley para incorporar causales para el aborto legal en Bolivia.
Ni bien llegó al Ministerio de Gobierno empezó a tejer el entramado de corrupción por el que ahora fue condenado en Estados Unidos a cinco años y ocho meses de cárcel. Impuso una intermediaria para la adquisición millonaria de gases lacrimógenos y operó junto a su círculo cercano de amigos.
El hombre fuerte de Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Sus cómplices Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal también se declararon culpables en Florida y fueron condenados.
“Como criminal”
En diferentes videos apareció con la vestimenta de presidiario, quien se hacía intocable desde el cargo que ocupó. Le aseguró a Áñez que no la abandonaría, pero fue uno de los primeros en huir a Estados Unidos, donde fue capturado y sentenciado.
Thomas Becker, abogado estadounidense que defiende a las víctimas de la masacre de Senkata (2019), estuvo en la audiencia y describió que el exministro estaba rodeado por policías “como un criminal”.
De lo que ocurría fuera de tribunales, relató: “Fuera de la Corte hay fotos de las víctimas, hay posters que dicen que Áñez, Murillo y (Luis Fernando) Camacho son asesinos, entonces, hay una presencia boliviana aquí manifestando contra Murillo y los otros involucrados”.
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó de la sentencia contra el exsenador opositor y descartó que se trate de persecución política, como se pretendió hacer ver en Bolivia cuando se denunció y empezó a investigar la denuncia de sobreprecio en la compra de este material.
Falta que devuelvan el dinero
“Ha concluido este juicio, hay una sentencia condenatoria, es la más alta que se ha dado en este caso, por ser el cabecilla de la banda (…) lo que falta es que nos devuelvan el dinero”, remarcó el procurador.
Manifestó que el Estado está conforme con la sentencia que se impuso y que ahora se dará continuidad al juicio civil para recuperar el dinero sustraído mediante el millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.
Asimismo, señaló que esta sentencia viabilizaría el proceso de extradición que inició Bolivia mediante la Cancillería.
El exministro de Gobierno del régimen de Áñez deberá estar en prisión junto a sus cuatro cómplices quienes también se declararon culpables y están con sentencia.
“Vamos a continuar con el juicio civil que ha iniciado la Procuraduría representando al Estado boliviano para recuperar todo el dinero que se ha llevado Arturo Murillo más el pago de los daños y perjuicios respectivos”, indicó Chávez.
El hombre fuerte de Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Según la administración de Áñez, ahora condenada a 10 años por el caso Golpe de Estado II, el lote fue adquirido para enfrentar al “terrorismo y el narcotráfico”.
En mayo de 2021, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló cómo funcionó el “Clan mafioso de Áñez”, mediante la empresa Bravo Tactical Solutions cuando empezaron a “comprar con sobreprecio y con intermediarios armas para reprimir al pueblo boliviano”.