Boya.News – El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplió un año de gestión hundido en contradicciones para explicar sus acciones, denuncias de despilfarro económico de las arcas del gobierno departamental y sin haber realizado 10 de sus principales promesas electorales al pueblo cruceño.

El pasado 9 de marzo, Camacho firmó el Decreto Departamental 373 que desató un escándalo porque violó la Constitución Política del Estado Plurinacional, el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y el artículo 10 de la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental de Santa Cruz.

Graduado como abogado en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y con una maestría en Derecho Financiera y Tributario de la Universidad de Barcelona, Camacho olvidó, al igual que sus asesores y secretarios, aspectos básicos del Derecho, como la jerarquía jurídica.

Con el Decreto 373, Camacho pretendió ajustar cuentas con el vicegobernador Mariano Aguilera por estrechar la mano, en septiembre del año pasado, al presidente Luis Arce, después de que el mandatario dijo, en la inauguración de Fexpocruz, que “el golpe de Estado dejó pérdidas económicas y un alto costo humano. La economía se reconstruye, pero las vidas no se recuperarán jamás…”.

Seguro de haber alejado del cargo transitorio a su “amigo”, Camacho viajó a Brasil. Dejó el mando de la Gobernación al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, quien es más conocido porque, en octubre del año pasado, embistió con alevosía y premeditación a un camarógrafo de prensa, gritando: “lo pagamos nosotros, no hay problema…”, después de romper una cámara.

 

La Página “Noticias Villanas” de la populosa Villa Primero de Mayo registró la agresión de Miguel Ángel Navarro a un camarógrafo de prensa.

 

Las olas de críticas se elevaron el lunes 14 de marzo, cuando se cumplió la orden de Camacho y de sus secretarios de publicar el decreto en la Gaceta Oficial Departamental. El primero en cuestionar la nueva norma fue el ex secretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, quien a las 16:30 horas de ese día, vio el decreto y denunció, en su cuenta de Facebook, la “aberración jurídica”.

“Alguien me explica qué está pasando en la Gobernación…”, publicó Roca. Horas después, desapareció el decreto y comenzaron 72 horas de desmentidos de secretarios, funcionarios y diputados de CREEMOS, quienes negaron la existencia del “decretazo”.

En conferencia de prensa, el secretario del Servicio Jurídico, José Luis Terrazas, afirmó que “no se publicó ningún documento que delegue las funciones del Gobernador al secretario de Gestión Institucional. Cualquier documento que circule de manera extraoficial no representa un documento oficial de la Gobernación”.

Más tarde, un screenshot de la Gaceta Oficial, difundido por Roca, los devolvió a la realidad. Creció el escándalo y quedó al descubierto el engaño del secretario Terrazas. Los periodistas preguntaron al Vicegobernador: ¿Quién está a cargo de la Gobernación? Aguilera respondió con cautela: “… Hemos elevado una consulta a la secretaría para entender y nos expliquen cuál es el procedimiento para asumir como Gobernador”.

 

Tomado del Screenshot publicado en la página del ex secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz.

 

El Vicegobernador sabía que el decreto, incluso eliminado de la Gaceta, le impedía ilegalmente administrar el gobierno departamental y como insistían en que no existía, Aguilera no ocultó su molestia y en tono imperativo ratificó que vio la publicación en la Gaceta Oficial de la Gobernación.

“Mentiroso no soy. Hay alguien que manipula esto. Hay una cadena de mando hasta que un decreto se publica. Con orden de quién, por qué, cuál el contenido y por qué ahora no existe”, preguntó Aguilera sin obtener respuestas.

En una entrevista con El Deber Radio, el Vicegobernador admitió el distanciamiento con Camacho porque la comunicación entre ambos “está reducida a lo necesario”. Es decir, que su “amigo” no le avisó que debía asumir el cargo, solo le dejó violaciones jurídicas para impedir que lo reemplace a plenitud, sin medir las consecuencias.

Tres días después del viaje de Camacho, algunos de sus allegados admitieron la existencia del decreto. En un intento de parar en seco las críticas; secretarios, funcionarios de la Gobernación y diputados de CREEMOS difundieron un ardid y atribuyeron la publicación del decreto a “un error administrativo involuntario”.

Aguilera fue entonces “notificado oficialmente” para asumir el cargo de Gobernador. El viajero había fracasado en su intento de borrar a su “amigo”. Todo quedó, una vez más, en anuncios de promesas de investigar lo sucedido.

 

“METE LA PATA, SIN NECESIDAD DE EMPUJARLO”

Apenas pisó suelo cruceño, Camacho salvó su responsabilidad. Acusó de la publicación del “decretazo” a masistas y demócratas. Al igual que Aguilera y el Secretario Jurídico, prometió una investigación e iniciar un proceso a los responsables. Pasó un mes y medio, no hay rastro de la investigación, menos del proceso a los supuestos responsables.

El gobernador olvidó, otra vez, que junto a los secretarios de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, y de Justicia, Efraín Freddy Suárez Chávez, ordenaron publicar el decreto en la Gaceta, como manda el artículo cuarto que lleva sus firmas y que no fue derogado. Hasta hoy, ellos aparecen como únicos responsables.

Como las críticas no pararon, Camacho anunció entusiasmado la renuncia de todos sus secretarios, “hombres confiables, intachables, que trabajan alma vida y corazón, gente honesta…”. Sin embargo, ninguno de ellos, varios abogados, alertó que firmaron y publicaron un decreto claramente ilegal; todos fueron ratificados, incluso los que mintieron al pueblo cruceño.

Profundizando sus contradicciones, el gobernador cruceño argumentó que despidió al señor Federico Martínez. “No es funcionario de la Gobernación, era mi asesor personal porque es un hombre con mucha formación y conocimiento de la cosa pública, los secretarios, conociendo su capacidad, le pedían asesoramiento”.

El despido se hizo, según Camacho, “para tranquilidad del pueblo cruceño” y lo decidió “el gabinete”. ¿Por qué debía estar intranquilo el pueblo cruceño? ¿Martínez era un peligro para Santa Cruz? No se conoció ninguna demanda ciudadana para destituirlo. ¿Por qué decidió “el gabinete” la destitución, si no era funcionario de la Gobernación? Estas preguntas están sin respuestas hasta hoy.

“Es un mitómano…”. Así calificaron a Camacho, el exalcalde de San José de Chiquitos y excandidato a la Gobernación por Unidos, Germain Caballero, y el ex secretario Jurídico Luis Fernando Roca, al conocer las increíbles justificaciones del Gobernador. “No hace falta buscar chivos expiatorios, ni culpar asesores. El único que mete la pata, sin necesidad de empujarlo, es el propio Camacho”, publicó Caballero en su Fanpage.

 

 

“Camacho, el mayor enemigo del Gobernador”, tituló Caballero el video en que Camacho culpa a masistas y demócratas por el decreto.

 

DESPILFARRO Y SILENCIO LEGISLATIVO

“Hay desinformación total de quienes les interesa buscar desestabilizar esta gestión impecable, con la mejor ejecución presupuestaria, en toda la historia, con el 40% de la promesa electoral cumplida”, siguió Camacho en su aclarativa de sus acciones, sin responder críticas y denuncias de despilfarro en el primer año de su gestión.

Desde el pasado 7 de febrero, por escrito, Germain Caballero pidió a la Gobernación un informe sobre la ejecución presupuestaria. El secretario de Hacienda de la Gobernación, Orlando Saucedo, en entrevista con El Deber, el 15 de febrero, aseguró que “se respondió por escrito al exalcalde”.

“Es falso, hasta ahora no tengo una respuesta oficial de la Gobernación”, dijo Caballero este 5 de mayo a Boya.News en entrevista telefónica y reiteró de la administración de Camacho usó el 71% del presupuesto (Bs1.438.534.043,77) en gastos de funcionamiento (sueldos, bonos, viáticos, pasajes, refrigerios, vehículos, materiales y suministros) y 15% (Bs301.036.867,67) para inversión que no incluye ninguna nueva obra de importancia, “solo continuaron trabajos en proceso”.

Caballero respalda sus denuncias con datos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Insiste en que Camacho, en ocho meses de gestión, de mayo a diciembre 2021, gastó en su oficina Bs2.587.000. Es decir, que el despacho del Gobernador cuesta a los cruceños Bs323.000 al mes y Bs16.171 al día.

Al 10 de febrero de este año, Camacho gastó Bs209.000 en su despacho. Una ejecución diaria de Bs8.000, insistió Caballero y destacó que, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios paró en demanda de insumos, renovación de contratos de personal, “mientras se malgasta dinero en las comodidades para el Gobernador; el sistema de salud está abandonado”.

En ocho meses, el Secretario General gastó Bs744.000, el Vicegobernador utilizó Bs535.000 en actividades de protocolo y la Asamblea Legislativa ejecutó Bs16.636.000. ¿Qué de transcendente hizo la asamblea? preguntó Caballero y respondió que para él lo único fue aprobar el traspaso de Bs56 millones para adquirir vacunas contra el Covid-19 que no se compraron, como prometió Camacho.

Un gasto suntuoso, según el exalcalde, es la compra de vehículos por valor de Bs5.280.000 para “uso administrativo, el único vehículo nuevo que vi es la vagoneta que maneja Camacho, no sé si compraron para el presidente de la Asamblea o el secretario porque el SIGEP no da esos detalles”.

Caballero sugiere que la Contraloría transparente esos detalles porque pidió información a la Gobernación y reiteró que no tiene respuesta. Aclaró que no presentó una demanda en la Contraloría porque no tiene interés en procesar al Gobernador, sino transparentar la gestión pública.

 

Cuadro enviado por el ex alcalde Germain Caballero

 

“Caballero es un ‘figureti’, busca mantenerse vigente en los medios”, replicó en El Deber el secretario Saucedo y aseguró que “la Gobernación administra 42% (Bs889 millones) que se destina a gastos corrientes, inversiones y deudas; la diferencia es administrada por los hospitales de tercer nivel, Banco de Sangre, Oncológico y los servicios delegados”.

Caballero respondió que los datos que dio Camacho, en su rendición de cuentas, coinciden con los que él denunció el despilfarro y afirmó que no se equivoca cuando habla de la programación presupuestaria por partida.

No descartó que pudieron consignar mal en el presupuesto porque muchos de los gastos de funcionamiento de los hospitales los cargaron a servicios personales y no personales, cuando podían cargar a programas de salud. Aun así, “separé los gastos en salud y sigue siendo alto el gasto en funcionamiento, supera el 50%”.

En su rendición pública de cuentas, Camacho no citó una cifra ni porcentaje ejecutado del gasto en funcionamiento, mencionó que se redujeron de 12 a 8 secretarías, que despidieron a 600 funcionarios y que el gasto corriente es menor en lo que se refiere al 2020.

Culpó del presupuesto a la pasada gestión de Demócratas porque no quiso reformularlo, en el periodo de transición, y Justificó sus acciones de su gestión afirmando: “… somos una nueva administración, de gente nueva, de la cual no tiene experiencia en la gestión pública…” (sic).

Camacho también violó la Ley Departamental de Distribución y Administración de las Regalías Departamentales porque el año pasado y este año no distribuyó regalías a los municipios de provincias productoras que deben recibir 50%, las no productoras 40% y el 10% los pueblos indígenas.

“No es un tema de debatir si da o no, es ejecutar lo que manda la ley y obliga al Gobernador a compartir las regalías”, sentenció Caballero al destacar que la Asamblea Departamental, el Ministerio de Transparencia y el control social deben fiscalizar, pero el legislativo está bajo el control de Camacho y ve a la bancada del MAS “muy tibia” porque no activó ninguna acción para transparentar los recursos.

Vanos fueron los intentos para que el asambleísta del MAS Clemente Ramos responda: ¿Cuáles fueron las acciones de fiscalización de su bancada? No contestó el teléfono ni respondió un mensaje, pese a que lo leyó.

 

CAMACHO INCUMPLE PROMESAS

De sus promesas electorales, Camacho repite que cumplió el 40%, pero no explica que está incluido en ese porcentaje. El ex secretario de la Gobernación, Vladímir Peña (Demócratas), lo dejó en silencio al recordarle una lista de 10 promesas incumplidas:

  • No adquirió tres millones de vacunas Pfizer contra el Covid
  • No se vacunó al total de la población cruceña hasta septiembre del 2021
  • No creo 75.000 empleos
  • No amplió las instalaciones sanitarias
  • No presentó un plan para reducir las quemas controladas y evitar incendios forestales No puso en funcionamiento la Comisión Agraria Departamental
  • No elaborar una propuesta del Pacto Fiscal dejando sin representación a Santa Cruz en el Consejo Nacional
  • No elaboró ni un borrador de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
  • No aprobó la ley para crear la Zona Económica Industrial Exportadora “Germán Busch”
  • No diseño un nuevo Plan de Seguridad Ciudadana. No hubo ni una reunión con del Consejo de Seguridad Ciudadana.

La aprobación y promulgación del Decreto 373 quedó en una nebulosa. Santa Cruz estuvo tres días sin Gobernador, fueron 72 horas de mentiras. Hoy, no se sabe si la Comisión Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados insistirá en citar a Camacho ni en qué está la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz y menos el avance o conclusión de la investigación anunciada por Camacho y sus colaboradores.

Camacho y Aguilera aparecieron juntos en un par de actos en un forzado intento por demostrar que desaparecieron sus diferencias. El Gobernador viajó con su familia a Estados Unidos y anunció, como debía hacerlo antes, que por tres días lo reemplazaba el Vicegobernador, pero las dudas continúan.

No se olvida que con un crucifijo pulsera en su muñeca derecha, Camacho juró “por Dios, la Patria y nuestro pueblo cruceño, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico del Departamento, las leyes y ejercer el cargo con honestidad y ética”, pero aún no cumple con sus acciones y mucho menos da explicaciones.

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