Boya.News – Jeanine Áñez “se proclamó Presidenta interina”, apuntó el fiscal mundial Karim Khan el pasado 14 de febrero, en un relato independiente de momentos claves de la crisis política de 2019 que todavía sigue marcando el acontecer cotidiano de Bolivia.

La afirmación de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, resultó casi desapercibida en medio del ruido de los medios y el alboroto de las redes sociales que en la última semana estuvieron concentrados en la huelga de hambre de Jeanine Áñez -detenida preventivamente en espera de juicio por su asunción presidencial-, un nuevo escándalo de corrupción judicial y la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán.

El fiscal anotó su frase sobre la forma en que Áñez se convirtió en Presidenta en una descripción de los sucesos de 2019 y otros antecedentes de la huelga general y bloqueos de caminos de agosto de 2020, por los cuales el Gobierno de la exsenadora Áñez acusó de delitos de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Khan concluyó que no había materia suficiente para investigar formalmente a Morales y compañía por crímenes de lesa humanidad, y cerró el caso. Los medios anotaron el fracaso de la denuncia y cerraron también su cobertura del caso, sin mencionar la afirmación del fiscal de la CPI sobre el hecho que todavía divide a políticos y activistas del país y es causa del primer juicio ordinario que enfrenta Áñez: ¿Fue golpe o no fue golpe?

Sobre el otro problema capital del 2019, el supuesto fraude electoral en favor de Morales, el fiscal de la CPI solo mencionó la controversia.

 

Karim A. A. Khan QC, Fiscal de la CPI. (Foto oficial CPI)

 

EN POCAS PALABRAS

Ésta es la descripción de la crisis de 2019 y sucesos siguientes hecha por el fiscal Khan, contenida en el resumen ejecutivo del Informe Final sobre Situación en Bolivia:

“En octubre de 2019, Evo Morales, por aquel entonces Presidente de Bolivia, volvió a salir elegido al término de unas elecciones generales muy controvertidas. En medio de ulteriores protestas y disturbios generalizados, Morales dimitió, aunque él y sus seguidores mantuvieron que había sido derrocado en un golpe de Estado y rechazaron las imputaciones de fraude electoral. Con la dimisión del Presidente Morales, Jeanine Áñez, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores y miembro de la oposición, se proclamó Presidenta interina. De conformidad con la Constitución de Bolivia, debían celebrarse nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, aunque las elecciones se programaron para el 3 de mayo de 2020, la fecha de celebración se reprogramó en repetidas ocasiones a causa de preocupaciones planteadas por la situación de la pandemia de COVID-19 hasta que se fijó la fecha definitiva para el 18 de octubre de 2020”.

Luego, el relato del fiscal sobre la protesta denunciada por el Gobierno transitorio como delito de lesa humanidad:

“Este aplazamiento final fue criticado por el partido político de Morales, Movimiento al Socialismo (“MAS”), así como por organizaciones y grupos afines a él, que habían abogado por que las elecciones se celebraran en una fecha anterior, el 6 de septiembre de 2020. Estas organizaciones acusaron al Gobierno interino de aprovechar la crisis de la COVID-19 para aferrarse al poder al tiempo que reprimía a sus adversarios políticos.
A continuación, en el marco de estas tensiones, el 28 de julio o en una fecha aproximada grupos como, entre otros, la Central Obrera Boliviana (“COB”) y el Pacto de Unidad (“PdU”) dieron al Tribunal Supremo Electoral (“TSE”) un ultimátum de 72 horas para invalidar el último aplazamiento de las elecciones a fin de celebrarlas el 6 de septiembre, pues de lo contrario movilizarían bloqueos de carreteras en señal de protesta a partir del 3 de agosto de 2020. Al no atenderse sus exigencias, se organizaron por todo el país numerosos bloqueos de carreteras (en total, entre 70 y 140 en el curso de la campaña) que obstruyeron rutas primarias de transporte, en particular las que conectaban las principales ciudades, como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Presuntamente, en los bloqueos participaron varios miles de personas”.

Y la acusación del Gobierno provisional, más la respuesta de la COB, según resumió el fiscal de la CPI:

“Tan pronto como se anunciaron los bloqueos y mientras duraron, funcionarios del Gobierno de Bolivia y otras instancias acusaron a los responsables de mermar gravemente la capacidad del país de responder a la crisis de la COVID-19 y perjudicar al pueblo, en particular causando muertes al impedir el paso a camiones cisterna que transportaban oxígeno medicinal y ambulancias que transportaban medicamentos. Los dirigentes de los bloqueos y quienes participaron en ellos rechazaron esas alegaciones y acusaron al Gobierno interino de intentar culpar a los manifestantes de la crisis de salud pública, que, según argumentaban, se debía más bien a la gestión que había hecho el Gobierno de la situación”.

Morales estaba exiliado en Buenos Aires, Argentina, cuando se produjeron la huelga y los bloqueos de agosto de 2020 por los que fue denunciado ante la CPI.

El fiscal Khan resumió que en la denuncia del Gobierno transitorio “se sostiene que esa conducta (la protesta) es constitutiva de crímenes de lesa humanidad consistentes en asesinato y otros actos inhumanos”, y que los participantes en los bloqueos “atacaron deliberadamente a la población boliviana con el objeto de causar muertes, intimidación y sufrimiento a fin de satisfacer sus exigencias políticas”.

En respuesta a esta denuncia, la determinación del fiscal: “Al término del proceso de examen preliminar, he determinado que no existe fundamento suficiente para creer que se hayan cometido presuntos crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (“CPI” o la “Corte”). En particular, he determinado que la presunta conducta no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.

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