(Boya.News) – La expresidenta Jeanine Áñez ganó un poco de aire, sacando provecho del engorroso sistema judicial boliviano para aplazar sin fecha el juicio por el golpe de 2019 que debía instalarse el jueves 10 de febrero, pero su defensa tropezó con un inconveniente potencialmente grave: dos militares coacusados admitieron culpabilidad, aparentemente, ante la fiscalía.

El largamente esperado primer juicio ordinario contra Áñez y ocho excomandantes militares y policiales, por los hechos que llevaron a la exsenadora de la minoría a la Presidencia tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019, podría instalarse finalmente en marzo, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, tras el cierre de la frustrada y caótica audiencia virtual inicial.

Pronosticó que, al haber logrado la defensa imponer sus objeciones de forma a la instalación del juicio, ya no quedarían argumentos para cuestionar el proceso ni para rechazar la sentencia que llegue a emitir el tribunal de tres jueces que atenderá el caso por el cual Jeanine Áñez está en detención preventiva desde marzo de 2021.

 

APLAZAMIENTO

“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022”, anunció el presidente del tribunal de La Paz, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate.

Día y hora de la nueva audiencia de apertura formal del juicio oral no fueron definidos de inmediato, pero serán programados atendiendo el pedido de la defensa de que haya al menos 20 días hábiles entre la convocatoria y el acto mismo. El tribunal deberá resolver también si da curso a la exigencia del equipo de Áñez de que los debates sean presenciales y que se notifique debidamente a todos los acusados, incluidos dos excomandantes que están prófugos.

La fecha del 10 de febrero había sido fijada por una resolución judicial del 18 de enero, con más de 20 días calendario de anticipación pero solo 17 días hábiles según dijo la defensa entre otras observaciones de forma, que los acusadores consideraron sin mayor importancia pero que el tribunal terminó aceptando para justificar la suspensión de la audiencia.

El equipo defensor de Áñez celebró la resolución de aplazamiento, en tanto que los abogados de las partes acusadoras -Fiscalía, Procuraduría General, Ministerio de Gobierno y Cámara de Senadores- la aceptaron haciendo apenas planteamientos de complementaciones de forma.

El ministro Lima aseguró luego que el Gobierno acata la decisión del tribunal de aplazar el juicio, afirmando que el Ejecutivo “respeta el debido proceso”. “Estamos viviendo un estado de derecho, acá lo que ha ocurrido es un aspecto técnico que va a mejorar ese debido proceso y va a mostrar a la comunidad internacional que el país es respetuoso de todos los pedidos de la señora Áñez”, dijo.

Jeanine Áñez, en segundo plano en una sala de la cárcel de Miraflores, acompañada por su abogada durante la audiencia virtual del juicio. (Captura Webex).

 

JARJURI Y TERCEROS

Lima reveló luego de la audiencia que un documento anunciado como incidente previo y cuya consideración fue postergada hasta el inicio formal del juicio era una comunicación enviada por dos ex comandantes que figuran entre los acusados, Palmiro Jarjuri de la Armada y Jorge Terceros de la Fuerza Aérea, en la que piden ser sometidos a un procedimiento abreviado de sentencia.

“Esto es una noticia importante para el país: hay dos personas, Jarjuri y Terceros, que han pedido a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía de procedimiento abreviado; esto es un reconocimiento de culpabilidad y responsabilidad”, destacó Lima.

Agregó que luego de que el tribunal dio curso a las observaciones de la defensa, el juicio podría instalarse en marzo, “ya sin ningún defecto procesal y probablemente con algunas personas que tengan ya sentencia condenatoria, como Jarjuri y Terceros”.

La supuesta admisión de culpa de los dos excomandantes fue puesta en duda por uno de los abogados de Áñez, Luis Guillén, quien dijo a reporteros tras la audiencia virtual que su equipo no había sido notificado oficialmente.

Advirtió en seguida que el procedimiento abreviado anunciado por el ministro Lima podría ser utilizado como una suerte de “prueba” de la acusación.

 

DELITOS

Ante reclamos de representantes de víctimas de masacres ocurridas durante los primeros días del gobierno transitorio de Áñez, en noviembre de 2019, el ministro explicó que el juicio que está en puertas es solo el primero de varios procesos que enfrentaría la exgobernante por la “interrupción democrática”.

El primer juicio es de carácter ordinario porque no se refiere a lo ocurrido durante la gestión de Áñez sino a la “violación de la Constitución e incumplimiento de deberes” ocurridos en los hechos que la llevaron al poder, pasando por las operaciones militares que acompañaron a su autoproclamación sucesiva como presidenta del Senado y presidenta transitoria del país.

“Este es el primer juicio, quedan pendientes el tema de masacres, el de la grave corrupción y muchos temas que vamos a llevar a los tribunales con la verdad (porque) pensamos que en 2019 se ha interrumpido la democracia y lo vamos a demostrar con pruebas en los tribunales de justicia”, dijo Lima.

Para procesar estos últimos delitos del gobierno de Áñez, se han planteado cinco juicios de responsabilidades, que deben ser autorizados por el parlamento, donde el Movimiento Al Socialismo es mayoría pero no suma los dos tercios de votos requeridos, por lo que reclama el apoyo de las agrupaciones opositoras Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho.

Adicionalmente, señaló Lima, se espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de juzgar estos delitos también por vía ordinaria.

En el primer juicio, por el llamado “Caso Golpe II”, los acusados son, además de Áñez, los generales y almirantes Williams Kaliman, Jorge Fernández, Sergio Orellana, Flavio Arce, Jorge Terceros, Palmiro Jarjuri y Jorge Mendieta, integrantes del alto mando militar, y el general Yuri Calderón, excomandante de la Policía.

Los nueve acusados deben responder por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que corresponden exclusivamente a funcionarios.

 

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