(Textura Violeta) La detención de un feminicida múltiple y violador sexual en serie ha puesto sobre la mesa no sólo la corrupción del sistema judicial boliviano, sino también el trabajo de denuncia y de presión para obtener justicia que realizan las organizaciones feministas. En especial, la presión de Mujeres Creando que esta semana ha convocado a las víctimas de todo el país para hacer un registro nacional de casos, ha revelado una denuncia sobre cómo los feminicidas se han hecho con el poder en el Penal de San Pedro de La Paz y ha anunciado una movilización nacional.

El gobierno, con principal participación pública del ministro de Defensa, Eduardo del Castillo, mostró lo que ha llamado la “desarticulación” de un “consorcio delincuencial” conformado por jueces, fiscales y abogados que habrían facilitado la liberación de presos, incluidos algunos sentenciados, como es el caso de Richard Choque que mató a al menos cuatro personas y abusó de 77 mujeres. Sin embargo, para los grupos feministas es evidente que se trata de la punta de un iceberg.

El gobierno creó una comisión interinstitucional para revisar el tratamiento judicial de los casos de feminicidios y violaciones; sin embargo, esta comisión fue resultado de una propuesta fallida de la activista María Galindo que reclamó una “comisión de excepcionalidad histórica” independiente y profesional (en el tratamiento de las violencias machistas), para evitar que sea sujeto de presiones e intereses políticos y de poder económico.

Esta comisión también se creó luego de una masiva movilización de víctimas por los feminicidios y violaciones, realizada el 31 de enero, convocada por Mujeres Creando en La Paz y con el respaldo del Colectivo Mujer de Plata en Potosí, Mujeres de Fuego en Cochabamba, así como las Mochas Copleras en Tarija, además de grupos afines en Santa Cruz y otros puntos del país en que también se llevaron a cabo protestas.

 

En legítima defensa

En una conferencia de prensa realizada este lunes en la casa La Virgen de los Deseos, María Galindo dijo que a la comisión gubernamental y a las autoridades “no les vamos a dejar en paz”, ya que es un imperativo del reclamo de justicia ante los feminicidios y las violaciones que se registran en Bolivia: una mujer asesinada cada tres días y miles de violaciones al año. Por ello, las acciones que se lleven a cabo serán “en legítima defensa de la vida y las libertades de las mujeres”.

Una primera acción ha sido la convocatoria nacional a todas las víctimas y sus familiares (llamando al 70192001) para que en Mujeres Creando y su equipo jurídico se pueda realizar un registro y atención gratuita de todos los casos de feminicidio y violación. De esa manera, además, se tendrá una visión de conjunto de la gravedad de este tema en la justicia boliviana y también se tendrá la fuerza de la lucha colectiva.

 

Publicación de Mujeres Creando en la que llaman a la población a denunciar irregularidades en el tratamiento judicial de casos de feminicidios y violaciones

 

Un penal tomado por feminicidas

Este martes, en su programa en Radio Deseo, María Galindo, mediante el testimonio al que le aplicó el secreto de fuente, denunció que el penal de San Pedro de La Paz está dirigido por reos feminicidas, quienes extorsionan y controlan a otros presos; sobornan al mismo gobernador del penal, el coronel José Luis Morales del Castillo, de quien obtienen privilegios; y pagan a jueces y fiscales para lograr salir de prisión.

En una comunicación telefónica, un preso por robo, con voz distorsionada que provocó dificultades de audición, dijo que esta cárcel está gobernada por una mafia de feminicidas y violadores que son relativamente jóvenes y con largas condenas, lo que les ha motivado a organizar una estructura de mando que les beneficie con privilegios.

Es el caso de Richard Choque, el violador y feminicida serial, que cuando estuvo preso fue, según el denunciante, parte de la directiva de representación de la población penitenciaria y como tal era también parte de la mafia extorsiva, de lo que se habría beneficiado para financiar su salida de prisión sin haber cumplido su pena de 30 años sin derecho a indulto.

También explicó que sería el caso de William Kushner, igualmente sentenciado a 30 por feminicidio, quien vivió cuatro años en la prisión de San Pedro con muchas comodidades, hasta que obtuvo la detención domiciliaria sin custodio. “Él ya debe estar en España, hablaba de irse: ‘No voy a aguantar aquí’, decía. Tenía doble nacionalidad, tenía plata, con una celda de 8.000 dólares, tenía todo, tv, refrigerador, cama de dos plazas… tenía visitas de sus chicas, de su madre, de sus primos, al día unas cinco o seis visitas, sus chicas a veces se quedaban a dormir”.

Que los reos pagan a la organización interna de presos por tener un espacio donde “habitar” en la cárcel es de conocimiento público, señaló Galindo; sin embargo, que sean los feminicidas quienes tengan ese control es algo nuevo.

En este penal, dijo el entrevistado, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, “es el único que lucha, pobrecillo”; sin embargo, “no tiene pisada” y “no tiene control” en esta prisión.

Limpias es el representante del Ministerio de Defensa con tuición sobre las cárceles y es por ello que, al ministro Del Castillo, Galindo le llevó una carta en la que le pregunta qué hará respecto a estas denuncias.

Durante la emisión del programa radial se produjo un corte de luz, a lo que Galindo señaló: “Nosotras no somos mujeres fáciles de amedrentar, tampoco somos paranoicas, puede ser la pura casualidad”.

 

Durante la emisión del programa radial de María Galindo en que se denunció privilegios de presos por feminicidio (captura de imagen)

 

59 libres de 119 casos

Luego de la detención de Richard Choque y la alarma y movilización social provocada por este caso, la Policía detuvo a otros dos feminicidas, Félix Alfredo Ferreira y Rubén Centellas, que anteriormente habían sido liberados por el juez Rafael Alcón pese a que habían sido sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Con anterioridad, la Comisión de Fiscales y representantes del Consejo de la Magistratura de La Paz inspeccionaron las oficinas del ahora ex juez Rafael Alcón, en el Juzgado 1° de Ejecución Penal, y encontró al menos cuatro casos parecidos de feminicidas sentenciados a quienes se les otorgó prisión domiciliaria sin custodio.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló a su vez que se detectaron cinco nuevos casos, similares a los de Choque, que habrían sido atendidos por Alcón. Mientras que en una entrevista televisiva, William Alave, fiscal departamental de La Paz, señaló que estaba en investigación 17 casos de feminicidas y violadores puestos en libertad de manera irregular.

Las cifras oficiales están lejos de los 119 casos recabados en tan solo cuatro días por Mujeres Creando y que fueron presentados a las autoridades, luego de la marcha multitudinaria que convocaron.  De estos 119 casos de feminicidas y violadores, “59 recibieron arresto domiciliario. Esto no es casualidad ni anécdota”, dijo Galindo en su programa.

 

Integrantes de la comisión

 

La comisión y la politización

“Hay una pandemia de violencias machistas y feminicidio en la sociedad boliviana y el aparato estatal no le da respuestas a la sociedad”, señaló Galindo que hace unos días se reunión con el Ministro de Defensa y el vocero presidencial Jorge Richter sin tener éxito en su pedido de creación de una comisión independiente de los poderes “políticos, clasistas y racistas”.

La comisión fue creada igualmente con la participación de al menos 18 entidades ligadas a los poderes del Estado y con el listado recabado por Mujeres Creando de los 119 casos de asesinatos de mujeres y de violaciones en los que hay irregularidades judiciales, principalmente la liberación de sentenciados.

Pero no es la única organización, la activista Fátima Terrazas, del colectivo Mujeres de Fuego, anunció que desde Cochabamba se presentará a la comisión gubernamental un total de 140 casos de violencia contra las mujeres en donde no hubo justicia.

En este asunto, la tónica político-partidista entra en juego. El principal partido de oposición, Comunidad Ciudadana, ha presentado a la comisión un listado de denuncias contra políticos del partido de gobierno que habrían cometido delitos contra las mujeres: denuncian por pedofília al expresidente Evo Morales y señalan que los dirigentes del MAS Julio César Ferreira y a Eugenio Quispe Melgarejo también tienen otros procesos. Además de la reciente denuncia por violación contra Hilarión Padilla Mamani senador suplente.

En un ambiente político polarizado y donde cada hecho o acción pública es politizado, la creación de esta comisión enfrenta también las posturas partidistas.

Por un lado, para la ministra de la Presidencia y presidenta de esta comisión, María Nela Prada, lo relevante es que «es la primera vez, en la historia de nuestro país, que se conforma un espacio de esta naturaleza, dedicado a la revisión de los procesos con sentencia condenatoria por delitos de violación y feminicidio en los que se hubiera otorgado libertad a los procesados”. Es secundada por el ex asambleísta del MAS Gustavo Torrico, que adelanta que los resultados de dicha comisión, “revelarán datos impresionantes sobre la conducta de algunos operadores de justicia”.

Desde otro ángulo, esta comisión se ve como una pérdida de tiempo, ya que en lugar de crear comisiones para temas tan concretos como el tratamiento judicial de los feminicidios, lo importante es lograr un acuerdo nacional para reformar la justicia. En este punto coinciden, el abogado y ex alcalde paceño Juan del Granado: es el momento “propicio para la reforma estructural de la justicia”, en donde debe “avizorarse un acuerdo nacional para la reforma judicial verdadera”; el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé que pidió al presidente Luis Arce que convoque a un acuerdo nacional para reformar estructuralmente la justicia; y el político y empresario Samuel Doria Medina que señaló que lo importante es lograr un consenso nacional para hacer frente a la “degeneración de la justicia”.

Cuando Galindo propuso la creación de la comisión señaló, justamente, que era necesario que no sea el gobierno el que la lleve adelante para no generar un manejo político, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, del tema.

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