Boya.News – Maximiliano Dávila no es el primer exjefe antidrogas boliviano que cae acusado del delito que debió combatir durante los gobiernos de Evo Morales, pero nunca antes la agencia antidrogas estadounidense DEA había llevado sus investigaciones tan cerca del exgobernante y líder cocalero.

Cartel de recompensa por la información que permita condenar a Maximiliano Dávila, otrora jefe antidrogas del expresidente Morales.

El coronel policial que comandó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hasta poco después del derrocamiento de Morales en noviembre de 2019 está en detención preventiva desde que fue capturado el 22 de enero, cuando intentaba ingresar a Argentina, y espera no solo su enjuiciamiento local por lavado de narco-dinero y protección al tráfico de drogas, sino también su eventual extradición a Estados Unidos, donde está acusado además de narcotráfico y uso ilegal de armas.

Dávila, quien fue destituido de la FELCN dos semanas después de la instalación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, estuvo luego un año asignado sin funciones al alto mando policial hasta que en noviembre de 2020, ya en el Gobierno de Luis Arce (del MAS liderado por Morales), fue designado comandante de la policía en el departamento de Cochabamba, donde estuvo cinco meses antes de volver a un discreto segundo plano.

DEA O FELCN

La caída de Dávila comenzó a madurar, al menos públicamente, a mediados de enero, cuando la DEA lo mencionó como supuesto cómplice del expolicía boliviano Omar Rojas, detenido en Colombia. La DEA dijo entonces que ya en septiembre de 2021 había acusado de narcotráfico y delitos conexos a Dávila, Rojas, el excapo de la droga Jorge “Techo de Paja” Roca Suárez y otros, en un tribunal de Nueva York.

En una insólita disputa de competencias, el Gobierno boliviano ha negado haber cooperado en este caso con la DEA, agencia que está oficialmente fuera del país desde que Morales la expulsó en 2008 acusándola de injerencia y de usar la lucha antidroga como herramienta política, sindicaciones similares con las que el líder cocalero echó ese mismo año al embajador estadounidense Phiplip Goldberg.

Según la versión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Dávila cayó en la frontera de Villazón tras una investigación estrictamente nacional referida a hechos ocurridos en 2020, después del golpe, lo cual dejaría a Morales fuera de sospecha.

La DEA, que dijo haber obtenido legalmente información sobre los trajines de Dávila, lo acusó de delitos que habría cometido antes y durante su paso por la FELCN en 2019. De paso, la agencia estadounidense prometió hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la condena de Dávila, tanto dinero como el que ofreció años antes para capturar al meganarcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esto dijo la DEA al ofrecer la recompensa:

“Durante su función como director de la FELCN, se cree que Dávila habría usado su posición para proteger aeronaves que se usaban para el transporte de cocaína a través de terceros países con fines de distribución en Estados Unidos. A su vez, antes de asumir como director de la FELCN y mientras ejerció esa función, Dávila habría estado implicado en actividades de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero”.

Dávila parecía seguir así los pasos de los exgenerales René Zanabria y Oscar Nina, el primero un hombre fuerte de la lucha antidrogas de Morales que en 2011 cayó in fraganti en Panamá con un cargamento de cocaína destinado a Estados Unidos, por lo cual cumple actualmente condena, y el segundo también condenado dos años después por narcotráfico.

Las investigaciones de la DEA mencionaron además como sospechoso a otro exjefe antidrogas boliviano, Alexander Rojas, hermano de Omar Rojas, según medios locales.

El coronel Maximiliano Dávila, enmanillado y escoltado, es presentado a la prensa el 24 de enero. (APG/P7).

¿EVO EN LA MIRA?

Estados Unidos, en tácita condena a Morales, ha “descertificado” invariablemente a Bolivia en las dos últimas décadas, incluyéndola en la lista de países que no cumplen sus “obligaciones” de lucha contra el narcotráfico. La oposición conservadora ha ido repetidamente más lejos, al denunciar no solo que los gobiernos del MAS no colaboran en esa lucha sino inclusive que Morales estaría implicado indirectamente en narcotráfico.

Ningún cargo por narcotráfico ha sido presentado hasta ahora contra Morales, ni dentro ni fuera de Bolivia, pero la oposición ha aprovechado el caso para destacar la proximidad del exjefe antidrogas con el expresidente, anotando además que el último mando policial de Dávila fue en Cochabamba, distrito donde están los sindicatos cocaleros de Chapare que encabeza el exgobernante.

Según el diputado Erwin Bazán, jefe de la bancada de la agrupación ultraderechista Creemos del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, tras la caída de Rojas en Colombia el actual Gobierno boliviano se habría apresurado a poner tras las rejas a Dávila, evitando que “caiga” en manos de la DEA.

“Si el coronel Dávila salía del país y era apresado por la DEA, iba a delatar a Evo Morales”, sostuvo el parlamentario, planteando que el exjefe antidroga sea juzgado preferentemente en Estados Unidos y no en Bolivia por una consideración de “independencia judicial”.

Otro opositor, el diputado Alberto Astorga, de la alianza derechista Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa, afirmó que la recompensa ofrecida por la DEA “demuestra que en Estados Unidos se pretende investigar los nexos que Dávila tuvo con políticos incluso con Evo Morales, mientras en el país se intenta proteger a Dávila para que no hable sobre sus nexos”.

El expresidente Jorge Quiroga se sumó a este coro calificando al caso como “vergüenza internacional para Bolivia” porque “quien encabezaba lucha contra el narcotráfico… era el capo de los narcos”.

“Advertimos la gravedad de este caso hace casi un mes, en el gobierno callaron y hoy algunos encubren a este narco-delincuente”, añadió “Tuto” Quiroga.

En réplica, el MAS denunció en un comunicado que Morales era en este caso víctima de “una guerra sucia de mentiras y noticias sesgadas amplificada por políticos perdedores y fracasados vinculados a la conspiración que perpetró el golpe de Estado de noviembre de 2019” y remarcó que en la investigación de la DEA, a la que dijo haber tenido acceso, “no existe una sola prueba, mención, acusación, indicio o alusión al expresidente de Bolivia y presidente del MAS”.

“Que sigan investigando como cuando él era solo dirigente de los cocaleros, pero jamás van a poder comprobar que Evo haya sido cómplice ni narcotraficante en su vida”, desafió el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

El exministro de Gobierno de Morales, Carlos Romero, en cuya gestión Dávila asumió la dirección de la FELCN, dijo que esa designación no fue política, sino orgánica según reglamento policial, y rechazó las insinuaciones de vínculos ilegales entre el exjefe antidrogas y el expresidente.

“Me molesta que se le falte al respeto a Evo Morales. Él es quien liberó económicamente al país (…); pretender involucrar a Evo en este caso es un despropósito”, afirmó Romero.

Entretanto, el dirigente cocalero y presidente del Senado Andrónico Rodríguez rechazó la posibilidad de que Dávila sea entregado a Washington. “No creemos que corresponda la extraditación. ¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país para que sea juzgado de un delito, cuando debemos juzgarlo en nuestro país?”, dijo el líder parlamentario oficialista.

“Estados Unidos intenta burlarse del país, es injerencia. Ellos tienen toda la información y no tienen por qué colocar algún chantaje”, protestó a su turno el principal diputado del MAS y también dirigente cocalero, Leonardo Loza.

Maximiliano Dávila (en uniforme camuflado), siendo comandante de la FELCN, celebra el cumpleaños de Evo Morales, días antes del derrocamiento del líder del MAS. (Los Tiempos)

EXTRADICIÓN

En este ambiente, la Cancillería confirmó el miércoles 2 que recibió el primer aviso oficial de Estados Unidos de que presentará los documentos necesarios para lograr la extradición de Dávila, en el marco de un tratado firmado en 1995, cuando gobernaba en Bolivia el ahora prófugo neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

“No hay plazos para la revisión de los requisitos formales, esto se hará en un plazo razonable”, dijo el canciller Rogelio Mayta, y destacó que en este trámite “la Cancillería no es un ente decisor de tipo de requerimiento” y que “si se cumplen los requisitos, se remite al Tribunal Supremo de Justicia”, que decidirá en única instancia si procede o no la extradición, y si ésta se llevaría a cabo antes o después de una eventual condena en Bolivia.

“VAMOS A VER…”

Dávila, considerado en los gobiernos de Morales como uno de los hombres fuertes de la policía, fue Director Nacional de Inteligencia antes de llegar a la FELCN.

Cuán cercano es o era Dávila al expresidente, está por verse. Por ahora ha ganado notoriedad una fotografía del 26 de octubre de 2019 en la que Dávila y otros jefes policiales aparecen junto a Morales celebrando su cumpleaños. Ese día ya estaban en marcha las movilizaciones que terminarían provocando la caída del líder indígena y cocalero.

El exjefe antidrogas ha negado los cargos de narcotráfico, declarándose víctima de una confabulación, y cuando fue presentado a la prensa, enmanillado, lanzó sin disimulo la amenaza “vamos a ver…” al comandante general de la policía, Jhonny Aguilera, su compañero de promoción.

Evo Morales está guardando silencio sobre el tema.

caq/Boya.News

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