En el marco de la Constitución Política del Estado, el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, el cual prioriza sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios, con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria, optando por la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano, constituyéndose en un estímulo para potenciar el progreso, el crecimiento y la capacidad productiva del país.

En este contexto, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 tiene por objeto constituir la Bolivia Digna y Soberana, con una sociedad incluyente, participativa, democrática, sin discriminación ni división, sobre la base de 13 pilares, entre los cuales se encuentra el pilar de “Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien”, reconociendo que los alimentos son parte central de nuestras culturas, identidad, espiritualidad, comunidad y el diálogo con la Madre Tierra.

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Por tal razón, se fortalece la inversión pública en el Presupuesto General del Estado 2022, con USD 5.015 millones, por ser uno de los motores más importantes de la economía, priorizando el sector productivo con USD 2.129 millones, seguido de los sectores en infraestructura, social y multisectorial, que permitirán continuar con la transformación del aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, garantizando la ejecución de políticas sociales con redistribución de ingresos, en base al Modelo Económico Social Comunitario y Productivo.

Asimismo, con el fin de fortalecer las prácticas productivas locales y garantizar que todos los esfuerzos estén dirigidos a satisfacer las necesidades de alimentación del pueblo boliviano con productos adecuados y saludables, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, prioriza programas y proyectos, nuevos y de continuidad para la presente gestión.

En el sector agropecuario se destina un importe de USD 274 millones, destacando los programas a nivel nacional de caficultura, trigo, ganadería, hortalizas, frutos amazónicos, cacao, pesca, intervención y mejoramiento en la producción de piña y banano, y perforación de pozos de agua, entre otros.

 En el sector de industria se implementará, la química básica en Bolivia, la planta de transformación de productos en la amazonia boliviana (asaí, copoazú, acerola, sinini y majo), el complejo farmacéutico en Cochabamba, las plantas procesadoras de vidrio, cemento, maní, papa, la planta beneficiadora de castaña, entre las más importantes, con un monto de USD 368 millones.

Y para los sectores de energía, minería, hidrocarburos y transportes, se consigna un total de USD 1.487 millones, resaltando entre los proyectos más relevantes, la planta de generación hidroeléctrica Ivirizu, el centro de investigación de tecnología nuclear, la planta siderúrgica básica para la fabricación de laminados de acero en el Mutún, el desarrollo integral de salmuera del Salar de Uyuni, y la perforación exploratoria de pozos en Yará, Iñau, Yope y las Delicias.

Por otra parte, se da continuidad a las medidas económicas direccionadas al sector productivo, entre las más importantes el crédito SI BOLIVIA cuyo fideicomiso se amplió a Bs 1.261 millones, beneficiando el 2021 a 6.035 productores; el Impuesto al Valor Agregado de 0%, alcanzando una importación de Bs 938 millones en bienes de capital a enero de 2022; la subasta electrónica que facilita principalmente a la micro y pequeña empresa el acceso a compras estatales, generando un ahorro para el Estado de Bs 295 millones; el fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública (FARIP) con Bs 2.000 millones que permite otorgar créditos a las entidades territoriales autónomas; y el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) con Bs 1.500 millones a favor de los municipios.

Finalmente, es importante transformar la matriz productiva con el fin de alcanzar la soberanía alimentaria, contribuyendo al proceso de la sustitución de importaciones e industrialización, a través de la ejecución de los citados programas y proyectos productivos, considerando que los mismos permiten a Bolivia retornar a la senda de la estabilidad económica, a través de la generación de más fuentes de empleo y mayores ingresos para la población boliviana.

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