Corrupción, masacre y nepotismo, el trípode del régimen que asaltó a Bolivia

ABI.- Tres minutos y 12 segundos fueron suficientes para que Jeanine Áñez marque las directrices de su régimen 26 horas después de tomar el poder y también tres los caminos que la llevaron al abismo político en 12 meses sellados por la corrupción, masacre y nepotismo.

Ese 13 de noviembre de 2019, el discurso estaba preparado e impreso para ese lapso. Diez minutos antes de la intervención en Palacio Quemado, sus colaboradores más cercanos, los flamantes ministros, hicieron la señal del pacto político, la del juramento. El gabinete ya tenía nombres y apellidos, 48 horas antes de la primera masacre.

Lazos de corrupción

Mientras se usaba el discurso de la pacificación ante la crisis política y económica, se gestaba un caso de corrupción transnacional desde las entrañas del régimen. Cuatro días después de que Áñez se declarara dueña de la Presidencia, ya se generaban los medios materiales para ejecutar el primero de los planes de asalto y saqueo al Estado boliviano.

El 16 de noviembre de 2019, 24 horas después de la masacre de Sacaba, Rodrigo Méndez Mendizábal, amigo de confianza del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y su Jefe de Gabinete, intercambió correos electrónicos con Bryan Samuel Berkman, dueño de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), a quien se le pedía la cotización de gases lacrimógenos y otras armas no letales con carta adjunta firmada por Murillo.

No actuaban solos. Según una investigación del FBI de EEUU, tenían como cómplices a Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien juró dos días antes al cargo e hizo las coordinaciones con el entonces ministro de Defensa, Fernando López. Todo con el aval de Áñez.

Durante ese tiempo, según documentos judiciales estadounidenses, Murillo, Méndez, Luis y Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en un esquema de soborno que se ejecutó en un proceso entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Méndez no solo era amigo personal y afín con Murillo, sino con Áñez, el exministro de Salud, Aníbal Cruz; el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez; el secretario privado de Áñez y exfuncionario de la embajada de EEUU,  Erick Foronda, el exministro de Defensa, Fernando López.

Méndez, Murillo y Luis Berkman fueron mejores amigos en la infancia, este último acusado de tráfico de armas en 2001 y también dueño de la empresa Bravo Tactial Solutions junto con su hijo Bryan.

Luego de hacer todos los trámites, según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el 29 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090 que autorizó a Defensa la “adquisición excepcional” de gases antidisturbios o antimotín para la ‪Policía Boliviana.

Se suma el Decreto Supremo 4116 del 12 de diciembre de 2019. Áñez y sus ministros firmaron y promulgaron esta norma que abroga el Decreto Supremo 4090 y autoriza al Ministerio de Defensa la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos.

Una semana después, el 19 de diciembre de 2019, sin ser unidad solicitante, el Ministro de Defensa firma el contrato con BTS por la suma de un total de $us 5,6 millones por dicho armamento no letal. La suscripción del acuerdo fue con Bryan Berkman como representante de la empresa intermediaria.

López intentó transferir el 13 de enero de 2020 los $us 5,6 millones del Banco Central de Bolivia a bancos de EEUU en favor de BTS. No tuvo éxito, porque la operación fue rechazada el 29 de enero. Logró depositar, $us 3,9 millones.

Al día siguiente, la empresa intermediaria compró de la brasileña Cóndor los gases lacrimógenos y armas no letales requeridos con un costo total de $us 3,3 millones; pero, el monto del contrato era de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de diferencia fue de $us 2,3 millones, por lo que el Banco Central de Bolivia hace el pago adicional de $us 1,7 millones en favor de BTS el 8 de abril.

BTS se benefició de $us 2,3 millones. Fue repartido entre todos los que participaron en la operación. Según la información proporcionada por EEUU, Luis, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez y otros involucrados. Todo salió a la luz esta semana porque el FBI pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre del 2019.

El 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete ya había reasignado al ‪Ministerio de Gobierno un monto de Bs 40.068.000 mediante el Decreto Supremo 4168 que se transfirieron al ‪Ministerio de Defensa para adquirir agentes antidisturbios.

La última semana de mayo de 2020, las denuncias de corrupción comenzaron a presionar al régimen. Fue López, quien en conferencia de prensa el 4 de junio, negó irregularidades y advirtió: “Si tengo que volver a firmar nuevamente muchos contratos para equipar a las FFAA y la Policía, en caso de que se requiera, como dice la ley, lo voy a hacer”.

El hilo conductor de los hechos de corrupción no acaba ahí. Continúan en otros espacios. En varios, el hombre fuerte del régimen, Murillo, es vinculado. Hasta la fecha, cuenta con nueve procesos en su contra.

Mireya, hermana de Arturo Murillo, fue aprehendida tras un allanamiento a su vivienda, donde se halló documentación y materiales que la involucran en el caso gases lacrimógenos. Junto a ella, son investigados Daniel Bellot y Daniel Aliss, el primero exedecán y el segundo excuñado de Murillo, ambos implicados en un caso de transferencias de dinero a las cuentas del exministro.

José María Cabrera, exprocurador del Estado, recordó que, en septiembre de 2020, Murillo solicitó su destitución luego de que la Procuraduría iniciara investigaciones en el caso gases lacrimógenos.

Contó que el régimen tenía previsto golpear también a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) de Cochabamba por el empecinamiento de Murillo porque buscaba la “privatización express”.

El abogado Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de Áñez, indicó en una entrevista con radio Compañera el 28 de mayo: “Murillo tenía cierta influencia mayor en el gabinete”.

Justiniano fue destituido del cargo de manera sorpresiva el 3 de diciembre de 2019. Para entonces, se conocían antecedentes de discrepancias internas en el gabinete. En marzo de 2020, Murillo lo acusó de ser parte de consorcios de jueces, de fiscales, abogados.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó el 26 de mayo de 2021 que existen seis hechos de corrupción e indicios de otros 15 que están en investigación.

La autoridad gubernamental explicó que uno de los seis casos está vinculado a la compra de 50.000 uniformes militares por un monto que asciende a Bs 13 millones.

“Lo que hacemos es ver el costo de los uniformes y estaba en Bs 261 por unidad. Nos fijamos en el histórico y estaba por uniforme Bs 196, Bs 197, Bs 194. Vimos un sobreprecio”, denunció.

Un segundo caso está vinculado al mantenimiento y reparación de vehículos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. Talleres de Oruro demandan la cancelación de servicios que no cuentan con documentación de respaldo. Un tercer caso está vinculado al cobro extra de Bs 300 a premilitares de la gestión 2020 – 2021.

Ese dinero estaba previsto para el pago de bonos a los efectivos militares que iban a dar la instrucción a los premilitares; pero, incumpliendo la Ley Financial que establece que no se puede generar bonos al margen de la norma.

Otra denuncia hecha fue que el exministro López, evadió procesos administrativos para la compra de insumos y el alquiler de dos cisternas. Tampoco realizó su Declaración Jurada al dejar el cargo, por lo que se desconoce la cifra de su patrimonio. Tampoco devolvió los celulares institucionales, aparatos que la Fiscalía requiere para obtener la información.

Otro caso está relacionado a la disposición arbitraria de bienes. La lucha contra el contrabando tenía disposiciones legales de 48 motocicletas y 24 camionetas, pero fueron destinadas a otras actividades.

En 2020, Bolivia enfrentaba una pandemia del COVID-19. En ese contexto, el 14 de mayo, durante su régimen, Áñez hizo entrega de 170 respiradores de procedencia española de la marca Respira, a través del intermediario IME Consulting.

Al día siguiente, las denuncias de presuntas irregularidades. Ante las alertas, trabajos de fiscalización con participación de la Policía y el Ministerio Público al proceso de contratación de los 170 respiradores hallaron irregularidades.

El Decreto Supremo N° 4174 del 4 de marzo de 2020 establecía que el Ministerio de Salud podía, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de equipamiento médico.

El 7 de mayo de 2021, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, quien se encuentra con detención domiciliaria, dijo, en una declaración ampliatoria ante la Fiscalía, que Áñez y el exministro Murillo están involucrados en el caso de los respiradores españoles.

En marzo de 2021, la Fiscalía de La Paz imputó formalmente a la exministra de Salud, Eidy Roca, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso de otros respiradores, esta vez de procedencia china.

Se la investiga porque firmó presuntamente de forma irregular el anexo dos de enmienda al contrato de la compra de 344 respiradores chinos, en 2020, a pesar de que tenía conocimiento de que la propuesta de la empresa Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU Sucursal Bolivia tenía 40 observaciones.

El jueves 13 de febrero de 2020, el exgerente de la Entel, Elío Montes, abandonó el país en un vuelo rumbo a Miami. Cinco días antes, fue destituido del cargo por decisión del directorio de la empresa. Estuvo 82 días en el cargo.

El día 12 de ese mes, se conoció que Montes autorizó el pago de finiquitos superiores a los Bs 800.000 a 13 exfuncionarios de Entel. Esa jornada, el régimen también decidió paralizar la construcción de la planta nuclear en El Alto con el argumento de fue ejecutado de forma irregular.

Luego, se conoció que el sucesor de Montes, Eddy Luis Franco, estuvo involucrado en un pago irregular de $us 390.000 a una empresa fantasma en Perú para la realización de trabajos “confidenciales”. Se encuentra con detención preventiva.

Eso se sumaba al antecedente de la paralización de la Planta de Urea. El entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, ordenó una auditoría. Dijo que fue una planta “deficitaria y que nació enferma”. Eso provocó la suspensión de actividades.

La mañana del 20 de febrero, dos funcionarios del entonces Ministerio de Comunicación fueron aprehendidos acusados de pedir coimas a cambio de publicidad gubernamental. Un tercero trabajaba en el Ministerio de Culturas. Fue acusado de realizar cobros irregulares.  Por la tarde, fue arrestada la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Mamani, denunciada por “venta de cargos”.

El 6 de marzo, un acuerdo entre YPFB y Petrobras ampliaba la venta de gas a Brasil por hasta seis años. El régimen admitió que la estatal dejará de percibir en tres años unos $us 223 millones.

El 24 de septiembre de 2020, la empresa ejecutora del Tren Metropolitano de Cochabamba informa que régimen de Áñez informó que el proyecto deja de ser financiado por falta de recursos.

El 8 de enero de 2020, se realizó el pesaje de un cargamento de madera que salía de Bolivia a Bélgica y se hizo conocer de la existencia de una tonelada con 435 kilos de cocaína que se encontraban en las 60 columnas de madera, información que se hizo pública en una conferencia de prensa por parte del exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Según la UNODC, de los 60 horcones, 18 no contaban con la sustancia controlada; por lo tanto, se procedió a incinerar una tonelada y cuatro kilos aproximadamente, según el acta. Pero, en la valoración de incineración, evidenciaron la ausencia de 431 kilos de cocaína.

En la Asamblea Legislativa, se evalúa el inicio de un juicio de responsabilidades contra exautoridades del régimen por el crédito de $us 346,7 millones gestionado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que generó un daño económico al Estado de $us 24,3 millones.

Las masacres

En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante su Secretario General, Luis Almagro, hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones generales cuando aún continuaba el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida el 10 de ese mes del Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado. La entonces senadora Áñez asumió la Presidencia el 12 de noviembre y aplicó un régimen con hechos de violencia.

En medio de ese contexto, un informe final publicado por el Órgano Electoral indica que los bolivianos dieron la victoria a Evo Morales, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) con 47,08%, superior a lo conseguido por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien tuvo 36,51% en el segundo lugar.

El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen, policías y militares ejecutaron un operativo en la zona de Huayllani del municipio de Sacaba contra protestas de vecinos que reclamaban respeto a la democracia. Ese día, 12 personas fallecieron por la represión.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía ante protestas que cuestionaban el régimen. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas de guerra.

El 19 de noviembre de 2019, fue el turno de la zona de Senkata en El Alto. Ese día, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo contra personas que protestaban y transeúntes.

Luis Arce juró a la Presidencia el 8 de noviembre de 2020 después de recibir un apoyo mayoritario en las urnas. El MAS logró el 55,11% de los votos válidos en las elecciones generales del domingo 18 de octubre.

Preferencias familiares 

En diciembre de 2019, la designación de la hermana del ministro Arturo Murillo como diplomática de Bolivia en Miami, EEUU, provocó la condena pública. El MAS denunció nepotismo; pero, la entonces canciller Karen Longaric argumentó que se la designó por su experiencia.

“Cuando una persona está capacitada para desempeñar el cargo, el tema de parentesco no debería ser un óbice”, dijo aquella vez.

Entre los casos de parentesco reciente, se encuentran los registrados en el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Andrea Áñez fue destituida durante ese régimen como directora de la Agencia Estatal de Vivienda en Beni por ser sobrina de la expresidenta.  Está en los antecedentes el caso de Luís Alberto Áñez, primo de la exmandataria, quien tuvo que renunciar luego de ejercer como Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario.

Carolina Ribera Añez, la hija mayor de la presidenta Jeanine Áñez, fue designada como representante en la Unidad de Apoyo de Gestión Social de la Presidencia.

En una entrevista con La Razón Radio, el embajador de Bolivia ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, dio a conocer el 2 de marzo más nombramientos de preferencias familiares en el Régimen de Áñez.

“Se nombró al sobrino de (la excanciller) Karen Longaric (Albert Hoffman Lora) en la oficina regional en Santa Cruz; a la nuera o la novia del hijo de Longaric como agente consular en Corumbá (Jaqueline Montaño Castro); a la sobrina de Áñez (Andrea Echarte Áñez), que estuvo como secretaria en la embajada en Paraguay; al hijo de Tomasa Yarhui (Grover Yupari Yarhui), socia y candidata de Tuto Quiroga, nombrado en el consulado de Bilbao, en España”, dijo el también excanciller.

Se refirió al caso de un amigo cercano de Áñez, Mohammed Mostajo, quien ejerció un cargo que recibió varias observaciones.

“El cherry en la torta fue el nombramiento de Mohammed Mostajo como primer secretario en la Representación Permanente (de Naciones Unidas); se le dio el título de embajador cuando no existe esa categoría”, reveló.