Apuntes para el estudio de la formación de la burguesía mafiosa

Raúl Prada Alcoreza

Publicado el: 17 mayo, 2021 79 min.    + -   

Apuntes para el estudio de la formación

de la
burguesía mafiosa


Raúl Prada Alcoreza






 

En principio, la palabra burguesía deriva del francés bourgeoisie, el término se refiere a los estratos de población que vivían en las urbes, donde gozaba de ciertos privilegios laborales, en condición de comerciantes y artesanos. Parte de ellos después se convirtieron en propietarios de talleres de gremios, es decir de instrumentos, de espacios donde se reunían artesanos, personas hábiles y con habilidades y saberes artesanos. Ellos portaban y contenían saberes artesanales, transmitibles a los aprendices. Algo parecido sucedía con el arte, sin embargo, el arte tomó otro camino, el de la realización estética y la obra singular, en tanto que la burguesía tomó el camino de la producción que se hizo industrial. La burguesía, desde sus comienzos, se fue estratificando, de acuerdo a sus rubros, burguesía comercial, burguesía de la producción, que después se convirtió en burguesía industrial. Paralelamente, se fue conformando el proletariado, término, que en principio, se refería a la gran mayoría de la población de las ciudades, que no tenían un oficio estable,  que trabajaban por cuenta propia o, en su caso, conformaban una población itinerante en el trabajo y sus actividades; en la medida que la burguesía se fue estratificando, desenvolviendo sus estratos, haciéndolos más específicos, sobre todo, cuando la burguesía adquirió el perfil de la burguesía industrial, el proletariado también adquirió un perfil específico, con la llegada de los migrantes del campo a la ciudad. Este nuevo contingente, que renunció a sus predios, instrumentos de trabajo rural, animales, o que fue expropiado, arrancado del campo, empujado a las ciudades emergentes, se convirtió en el proletariado industrial.  

 

Lo anterior es, más o menos, un itinerario europeo, con todo el esquematismo simple con el que se lo pudo haber expuesto; lo que ocurre con el resto de las burguesías en el mundo adquiere perfiles singulares, de acuerdo a sus historias particulares, regionales, nacionales y locales. Incluso, en Europa  central el origen de las burguesías es variado; si bien la burguesía, tiene su origen en las ciudades comerciales, también algunas portuarias, además de contar con acumulaciones dinerarias, que algunas familias les permitía convertirse en burguesía financiera, parte de la nobleza, también rural, comenzó a usar su tenencia de la tierra, sus latifundios, como capital, para decirlo anticipadamente, transfiriendo su valorización en flujo dinerario que invirtió en el comercio, sobre todo en la industria. Hubo también funcionarios de alto rango de las monarquías absolutas que invirtieron dinero, convirtiéndose también, poco a poco en burgueses. Pero, a donde apuntamos es a la formación de las burguesías en condiciones altamente ventajosas, por ejemplo, debido al acontecimiento colonial y, más tarde, debido al acontecimiento imperialista, es decir, a ese hecho tardío, de la articulación mayúscula entre Estado y capital financiero que derivó en la geopolítica imperialista de dominio del mundo. En este caso, las burguesías coloniales se beneficiaron inmediatamente con el monopolio de las concesiones mineras, sobre todo de la plata y el oro; también se conformó una gran burguesía comercial, beneficiada por el comercio marítimo entre el continente conquistado y sus archipiélagos y el subcontinente europeo. En esta gama de estratos diferenciados de la burguesía apareció un estrato cuyos orígenes se remontan a la piratería y a los bucaneros.

 

Estamos pues ante tonalidades y perfiles diferenciados de la llamada burguesía, cuya connotación semántica adquirió, a la vez, una pluralidad de referente y una denotación cada vez más específica, la de un estrato privilegiado propietario de los medios de producción. Empero, no se puede comprender la formación de la burguesía moderna sin el desenvolvimiento, despliegue y desarrollo del llamado proletariado, que también fue adquiriendo una acepción cada vez más específica, los desclasados, que perdieron toda propiedad y solo tenían su propio cuerpo para venderlo como capacidad de trabajo. Entonces burguesía y proletariado son como dos estratos sociales, de la sociedad moderna, radicalmente diferenciados, empero, paradójicamente complementarios. Se puede decir, entonces, que el capital, en tanto acumulación dineraria y valorización del dinero, se hace posible en la relación económica, contractual y de explotación, entre burguesía y proletariado. Hay capital porque hay burguesía y proletariado. En consecuencia, mientras haya proletariado hay capitalismo, aunque la burguesía se haya mimetizado en la burocracia de los Estados del socialismo real.

 

Las otras clases sociales, es decir, los otros estratos sociales, clasificados por la sociología, en realidad son herencias, para decirlo en términos marxistas, de anteriores modos de producción al modo de producción capitalista; hablamos de la estratificación social rural que llamamos campesinado, así también hablamos de la estratificación social de la mal llamada clases medias, donde se encuentra la ambigua pequeña burguesía, la que, al no contar con capital y al no encontrarse en la condición de precariedad extrema del proletariado, optó por lo que se viene en llamar las profesiones liberales, un poco más tarde, en la medida que se desarrolla el capitalismo industrial, opta por las profesiones técnicas, como las ingenierías, así, en escala menor, por las profesiones científicas.

 

Empero, en la medida que el desarrollo capitalista se hace, paradójicamente, barroco, pues, para decirlo de un modo, de acuerdo al sentido común, todas las clases desean ser burguesas, entonces, hacen lo posible y lo imposible por serlo. Aparecen funcionarios, que, aprovechando, su ubicación jerárquica o de influencia en los aparatos del Estado, usan esta disposición de poder como si fuese capital, es decir, lo valorizan, usando su influencia en lo que hemos venido llamando la economía política del chantaje. Entonces, aprovechan su disposición en el poder para enriquecerse y convertir este dinero desviado del erario público en capital, es decir, en dinero valorizado, por así decirlo. Se podría decir que esta burguesía anómala se remonta a los orígenes de los piratas y bucaneros, por esta astucia de usar la fuerza y su capacidad bélica, sobre todo marítima, para hacerse de botín, después usarlo para acumular dinero, que se convierte en capital; otros, en cambio, derrochan su riqueza y vuelven a terminar pobres. Sin embargo, las diferencias saltan a la vista, en la contemporaneidad, no se trata de un estrato que tiene habilidades de arte militar, aun cuando algunos sean oficiales del ejército, sino se trata de estratos políticos cercanos al entorno palaciego, que usan esta proximidad como influencia y dispositivo de adulteración de los circuitos presupuestarios del Estado. También pueden no ser políticos, sino incluso empresarios fracasados, que, al incursionar en la economía política del chantaje, es decir, de la influencia, coerción, corrosión institucional y corrupción, se enriquecen ilícitamente, acumulando gran cantidad de dinero, que pretenden volverlo capital, es decir, valorizando el dinero. Pero, precisamente aquí, se produce un punto de inflexión extraño; resulta que no logran valorizar el dinero desviado de los circuitos presupuestarios del Estado, sino que termina invertido en lo que el sentido común llama elefantes blancos. Extrañamente la mayoría de los emprendimientos de este estrato corrupto de funcionarios termina en fracaso. En este caso, se puede decir, jugando provisionalmente a hipótesis interpretativas circunstanciales, que el dinero acumulado se descapitaliza, no se valoriza, sino que sigue el curso de los múltiples circuitos de la economía mundo, hasta encontrar los lugares donde este dinero capturado por otros se valoriza como capital.

 

Un ejemplo reciente de este fenómeno de una burguesía perversa se ha dado en la experiencia política y económica de los llamados “gobiernos progresistas”, entre ellos particularmente, en las gestiones de gobierno de la denominada revolución bolivariana, tanto en las gestiones de Hugo Chávez como en las de Nicolás Maduro. Una investigación periodística internacional[1], correspondiente al proyecto de Transparencia Internacional, donde uno de sus núcleos es Transparencia Venezuela, arroja un panorama detallado, así como fenómenos y regionalizaciones peculiares, de la emergencia y desenvolvimiento de la formación de una burguesía anacrónica, que esta investigación llama capitalismo bolivariano. Vamos a utilizar los datos de esta investigación para esclarecer las dinámicas de lo que nosotros llamamos la formación de la burguesía mafiosa.

 

Antes de seguir haremos una digresión para aclarar el uso metafórico que hacemos del término mafiosa. Sabemos que mafia es una palabra usada comúnmente, destinada a señalar a un tipo específico de crimen organizado, cuyos orígenes se remontan al Mezzogiorno italiano y se refiere a cualquier grupo de crimen organizado, con análogas características, sin considerar particularmente su origen o lugar de efectuación. También sabemos que la mafia nació en la región de Sicilia, Italia, autonombrada como Cosa Nostra; hay que tener en cuenta que cofradías similares se dieron análogamente en Irlanda, Reino Unido y en los Estados Unidos de Norteamérica. En su nacimiento, la mafia correspondía a una confederación dedicada a la protección local, comunitaria y familiar, en aplicación autónomo de la ley, justicia tradicional vigilante. Empero, este origen desapareció en el olvido, convirtiéndose, con el desarrollo moderno de la mafia, en el ejercicio cómplice del crimen organizado. Los miembros de la mafia se autonombran como “mafiosos”, que quiere decir, en su acepción heredada, pero perdida en las conductas modernas, ‘hombres de honor’. Los clanes mafiosos practican una moral de grupo secreto o clandestino, que se puede identificar como códigos de honor, que inviolables, entre estos códigos el más conocido es la omertà del silencio[2].  Una ves dicho esto, haciendo reminiscencia de diccionario, aclaramos que nosotros usamos metafóricamente el sentido de mafia, mafioso o mafiosa, haciendo hincapié en la connotación adquirida policialmente.

 

 

A propósito de algunas descripciones del periodismo de investigación

 

La primera entrega de la investigación periodística o, mas bien, la introducción misma al conjunto de sus exposiciones, comienza dando un panorama visible de las atmósferas que ostenta lo que llamamos burguesía mafiosa:

 

De un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, a casas de fantasía en la paradisíaca Marbella, en España. Desde inversiones en exclusivos proyectos turísticos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana, a emprendimientos con presupuestos de ensueño en El Salvador. Desde complejas tramas empresariales tejidas en Panamá conectadas con abultadas cuentas bancarias en el mundo hasta compañías en Argentina o Uruguay que casi sin capital saltaron de hacer negocios más que discretos a simplemente multimillonarios. De la construcción fallida de una megarefinería petrolera en Nicaragua a la calculada compra de un gigante agroindustrial de Bolivia.

Todo eso ha estado asociado a una fuente común: los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. Se trata de una investigación colaborativa que evidencia un entramado de negocios que abultaron los bolsillos de unos pocos que ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una serie de reportajes que abarcan una decena de países[3].

Un poco más abajo se dice:

Fuera de Venezuela se han abierto al menos 86 investigaciones. En 52 de estos expedientes se sigue la pista a más de 30 mil millones de dólares que estarían relacionados con operaciones de lavado de activos, de acuerdo con la información recopilada por Chavismo INC. La cifra supera casi seis veces las reservas internacionales según datos del Banco Central de Venezuela divulgados en enero de 2020. Sin embargo, es una fracción frente a los ingresos recibidos gracias a un boom petrolero que le reportó al Estado, que maneja el monopolio de la industria petrolera, ingresos fiscales calculados en aproximadamente un millón de millones de dólares en una década, que parecieron evaporarse mientras las instituciones controladas por el chavismo desde hace 20 años apenas han hecho esfuerzos por recuperarlos e investigar las denuncias asociadas a cada centavo[4].

 

La pregunta es qué pasó con la ingente renta petrolera que recibió la República Bolivariana de Venezuela. Desde ya se puede suponer que no hubo inversión productiva, es decir, capitalista, en el sentido clásico del término, como valorización del valor mismo, es decir, del dinero. ¿De aquí, podemos deducir que se trata de un comportamiento antieconómico, incluso no-capitalista? No necesariamente, pues no hay que perder de vista el contexto mundial, también regional. Como antes se decía, en la época de la colonización española, durante el imperio español, que si bien España tenía la vaca, otros tomaban la leche. España alimentó al desplazamiento de la geopolítica del sistema mundo capitalista, del sur al norte. Los intermediarios y mediadores de esta transferencia y desplazamiento fueron dispositivos financieros, burocráticos, políticos, también perversos como los relativos al gasto de guerra y a la piratería de los bucaneros. Para decirlo resumidamente, de una marea esquemática y simple, la monarquía, la Corona, del imperio español no invirtió el excedente colonial productivamente sino de una manera suntuaria, ostentosa y burocrática. Este gasto suntuario y de derroche estatal montó escenarios opulentos de apariencia ostentosa, empero estéril desde la perspectiva de la valorización dineraria, es decir, de la acumulación de capital. Usando esta figura esquemática y simple, como ilustración, podemos sugerir que algo parecido, aunque distinto, en contextos diferentes, ocurrió con el excedente petrolero de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que se puede ver es que parte del excedente petrolero se externalizó, se invirtió en el negocio inmobiliario, en la compra de residencias y departamentos de lujo, aunque también en el montaje de empresas encargadas del lavado, de la legitimación de los recursos dinerarios externalizados. De la misma manera, se crearon empresas públicas, en condición de elefantes blancos, así como también, acompañando este espectáculo del despilfarro, en empresas fantasmas. El desenlace de este desenvolvimiento anti-económico y anti-productivo fue el enriquecimiento de una nueva casta política, lo que llamamos la burguesía rentista, que privatizó parte del excedente como riqueza y no como capital, como monopolio de dinero y no como acumulación de capital. Sin embargo, los flujos dinerarios siguieron otros cursos donde otros dispositivos terminan apropiándose e invirtiéndolos de una manera típicamente capitalista.

 

En una segunda exposición de la investigación periodística mencionada se ausculta la externalización singular del excedente petrolero venezolano en Centro América.  Se hace la siguiente descripción:

 

Un empresario venezolano, que fue contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA), estuvo también en la ruta de los millonarios fondos petroleros de cooperación originados en ese país, que hoy se encuentran bajo lupa de las autoridades en El Salvador por la presunción de lavado de dinero. Su nombre es José Wilfredo Molina Castrillón. Tiene 60 años y es socio y representante legal de Nawasaka Resources, una compañía de servicios para la industria petrolera registrada en Panamá y que presumía en su página web de las contrataciones, que recibió entre 2010 y 2017 de PDVSA, corporación estatal que estuvo entre las empresas más importantes del mundo, pero que ha visto erosionada su reputación por los múltiples casos de corrupción que proliferaron en su seno, especialmente ligados a millonarios esquemas de pago de sobornos y legitimación de capitales.

Cuando aún era beneficiado por los contratos con la petrolera pública venezolana, Molina Castrillón también formaba parte de la directiva de la aerolínea salvadoreña Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) y llegó incluso a ser el administrador único propietario de la compañía. Es decir: el encargado de gestionar, representar y responder por las actividades de la empresa, tal como demuestran documentos en el Registro de Comercio de El Salvador a los que se tuvo acceso para esta investigación. VECA fue declarada en bancarrota en 2017, apenas dos años después de iniciar sus operaciones con una inversión de casi 100 millones de dólares entregados por Alba Petróleos de El Salvador (ALBAPES), compañía controlada por PDVSA y por una asociación local de alcaldes que gestionó en el país centroamericano más de 1.100 millones de dólares en préstamos petroleros procedentes de Venezuela realizados durante los gobiernos del fallecido Hugo Chavéz y su sucesor Nicolás Maduro.

La aerolínea recibió directamente de ALBAPES 60 millones de dólares y otros 29,3 millones fueron canalizados a través de una empresa offshore con sede en Curazao llamada El Día Corporation y cuyo accionista mayoritario, Manuel de Jesús Durán Melgar, también aparece con su firma en documentación formal de la aerolínea. La firma curazoleña tuvo como directora a Yanet Cornejo, quien fue apoderada legal de ALBAPES en 2015. Así lo había revelado el periódico digital El Faro en marzo de 2017. La millonaria inyección de dinero y la rápida declaratoria en bancarrota de la empresa de transporte aéreo no han supuesto todavía para el Ministerio Público de El Salvador datos suficientes para incluir el caso de VECA en la investigación que realiza a ALBAPES y a otras 23 empresas favorecidas con sus préstamos bajo la presunción de que formaron parte de una elaborada red de legitimación de capitales. De acuerdo con la Fiscalía, todas las compañías en conjunto realizaron transacciones por un aproximado de 3.243 millones de dólares, un monto que encendió las alarmas de las autoridades. Sobre la aerolínea, la única investigación abierta refiere a las deudas laborales de 150.000 dólares que todavía no ha honrado a extrabajadores, según confirmaron fuentes consultadas para el presente reportaje.

Investigaciones de periodistas de medios como El Faro y La Prensa Gráfica han logrado documentar que personas ligadas a José Luis Merino, asesor de ALBAPES y dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, partido que estuvo en el poder en El Salvador hasta 2019, estaban al frente de sociedades que recibieron préstamos o estuvieron ligados a transacciones especulativas. Las actuaciones de Merino son una pieza del rompecabezas que armó Venezuela con El Salvador, que incluyó millones de dólares en transferencias desde PDVSA al país centroamericano[5].

 

¿Qué sentido tiene externalizar el excedente, invertir en empresas que, al poco tiempo, se declaran en bancarrota? Esto no tiene lógica. Más parece una pantalla para legitimar el dinero externalizado. ¿Pero, quién se apropia del mismo? ¿Cuál es el objetivo final de estas inversiones? Para avanzar en la interpretación de este fenómeno económico, paradójicamente antieconómico, vamos a incursionar en lo que son las empresas offshore.

 

Las empresas offshore son instituciones establecidas extraterritorialmente; estas empresas realizan operaciones que no son permitidas legalmente dentro del país de origen. Mediante este instrumento de empresa extraterritorial, las empresas offshore se permiten reducir gastos de inversión, así como de mano de obra, incrementando considerablemente sus ingresos. Como dijimos, el término offshore, en inglés, que quiere decir literalmente fuera de la costa, en el mar, figurativamente en islas, se remite a la ubicación fuera de los límites de la geografía nacional; puede que la ubicación se encuentre en otra tierra o en el mar. Alegóricamente, el término es frecuente para referirse a bancos, corporaciones, inversiones y depósitos extranjeros. Ocurre que alguna empresa tiene la opción de mudarse legalmente al extranjero, con el propósito de evitar impuestos, en su caso también de aprovechar regulaciones relajadas. En pocas palabras, ampliando el panorama, las empresas financieras extraterritoriales suelen utilizarse con objetivos ilícitos, permitiendo, por ejemplo, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Hay Estados identificados donde se acepta esta situación de funcionamiento económico extraterritorial, es decir, sus ámbitos territoriales y sus jurisdicciones cobijan centros financieros offshore (OFC). Citando algunos de estos países, los más conocidos son Suiza, las Bermudas, así como las Islas Caimán; también podemos citar otros centros menos conocidos como Mauricio, Dublín y Belice. Recientemente el escándalo de los Papeles de Panamá ha develado a este país centroamericano como espacio de transacciones offshore. Se puede decir que el tipo de estándares regulatorios y transparencia difiere ampliamente entre los OFC.

Justificando estas operaciones, las empresas offshore argumentan que mejoran el flujo de capital, facilitando las transacciones comerciales internacionales. En cambio, las observaciones y crítica de estas operaciones argumentan que la deslocalización es una forma de ocultar las obligaciones tributarias, así como las ganancias obtenidas ilegalmente de las autoridades. En términos de actividades comerciales, la deslocalización a menudo se denomina subcontratación, el acto de establecer ciertas funciones comerciales, como la fabricación o los centros de atención telefónica, en una nación distinta de aquella en la que la empresa hace negocios con mayor frecuencia. Esto ocurre buscando aprovechar las condiciones más favorables en un país extranjero, como requisitos de salarios más bajos, así como regulaciones más flexibles, teniendo como resultados esperados el incremento en los ahorros, mejorando significativamente el negocio. Por ejemplo, las empresas con ventas masivas en el extranjero, como Apple Inc. y Microsoft Corp., aprovechan la oportunidad de mantener ganancias relacionadas en cuentas en el extranjero en países con cargas impositivas más bajas[6].

Al respecto podemos mencionar algunas características comunes de estas empresas, establecimientos y operaciones offshore. Establecen su sede en paraísos fiscales, no realizan ninguna actividad económica dentro del país de constitución, pagan muy pocos impuestos, su constitución es sencilla y tienen un coste de registro muy bajo, no tienen gastos de auditoría ni de contabilidad, ya que no tienen obligación de presentar cuentas de forma anual, no tienen obligación de efectuar juntas de socios o accionistas, tienen unos costes anuales de mantenimiento muy bajos.

En resumen, los establecimientos offshore se conforman para flexibilizar el comercio mundial, permitiendo a los clientes cerrar contratos, así como ventas, minimizando los impuestos internacionales, las obligaciones contables y de archivo. Estas empresas offshore son también como camuflajes en operaciones y transacciones económicas, son usadas como vehículos de tenencia para filiales mundiales. Como dijimos y remarcamos, la empresa offshore no se rige por las leyes y la estructura fiscal del país de origen; también anotamos que está sujeta a una estructura fiscal favorable, aprovechando la fluidez y flexibilización legal del país que la cobija, que, además, fomentan la conformación de empresas extraterritoriales. En otras palabras, el marco jurídico de los Estados donde en se establecen empresas y operaciones offshore se inclinan a promover la flexibilidad empresarial. Esto implica que las diligencias corporativas en estos países son más condescendientes en comparación con la jurisdicción que rige en los países de donde migran estas empresas. Las empresas offshore despliegan una variedad de proyectos comerciales y privados, muy pocos legítimos, en tanto que la mayoría resultan dañinos, incluso criminales. Proliferan las denuncias en la prensa sobre el uso de compañías offshore para el lavado de dinero, evasión de impuestos, fraude, así como otras formas de delitos de cuello blanco. Las empresas, establecimientos y operaciones offshore se utilizan en una amplia variedad de transacciones comerciales, desde compañías holding genéricas hasta empresas conjuntas y vehículos de cotización. De la misma manera son usadas ampliamente respecto a la preservación de la riqueza privada, esto para la mitigación de impuestos. Es de esperar que la información detallada referente a las empresas offshore sea notoriamente difícil de encontrar, sobre todo debido a la particularidad opaca de gran parte de las actividades extraterritoriales; por otra parte, no hay que olvidar, que las compañías offshore se usan concretamente para preservar la confidencialidad de las transacción y operaciones de las personas involucradas[7].

 

Como se puede ver parece que parte de las repuestas que buscamos, a propósito de la antieconómica y de la antiproducción dada en la República Bolivariana de Venezuela, puede encontrarse en el fenómeno del establecimiento de empresas, operaciones y financiamiento offshore. En resumidas cuentas, ha emergido una burguesía perversa, se puede decir, ilustrativamente, anómala, poniendo en marcha dispositivos y mecanismos extraterritoriales en la efectuación de la apropiación privada del excedente petrolero venezolano.

 

En la tercera exposición de la investigación periodística mencionada, titulada Bolivia, el diamante mejor escondido del chavismo, se escribe:

Un diputado del partido de Evo Morales tomó el control de una próspera agroexportadora de soya en 2009, gracias a una inusual transacción con un aporte millonario de fondos públicos de Venezuela. Con su gestión, contribuyó a mantener bajo las sombras la mano de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sobre la valiosa compañía. Alejado del Parlamento, hay un proceso judicial por supuesta legitimación de capitales vinculadas al caso.

Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la mayor exportadora de soya de Bolivia, GRAVETAL. La empresa privada, asentada en el departamento de Santa Cruz, es considerada un gigante agroindustrial en el rubro de las oleaginosas, uno de los más competidos del mercado agrícola internacional. Ha vendido en la última década más de 1.800 millones de dólares, incluidas cuantiosas sumas en materia prima a empresas públicas venezolanas.

En la página web de la exportadora se afirma que en 2008 “empresarios bolivianos” compraron la compañía. Nada se dice sobre el impulso y los recursos millonarios que empresas filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA), corporación pública que entonces dejaba ganancias siderales al gobierno de Chávez, dieron a una firma con tres semanas de existencia y un capital de menos de 15.000 dólares para adquirir 99 por ciento de las acciones de la principal soyera de Bolivia. Esa compañía recién creada, denominada Inversiones de Capital INVERSOJA, fue el vehículo que finalmente permitió a un diputado del partido de Evo Morales tomar el control de GRAVETAL y disimular la mano venezolana.

Juan Valdivia Almanza, presidente y accionista mayoritario de GRAVETAL, no había concluido en Bolivia el mandato como diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, cuando se dio la transacción que formalmente lo puso al frente de GRAVETAL. Un antiguo colega presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público por delitos que incluyen la legitimación de capitales y la defraudación impositiva, en conexión con el manejo de la empresa INVERSOJA, cuyos balances auditados están llenos de irregularidades, según el denunciante, incluida la no declaración oportuna de la compra de GRAVETAL y el ocultamiento del dato en la declaración jurada que presentó al terminar su función parlamentaria.

A Valdivia Almanza lo han acompañado en el directorio de GRAVETAL casi una decena de funcionarios públicos venezolanos que, con nula rendición de cuentas al público, fueron directivos de GRAVETAL hasta noviembre de 2019. La mayoría han estado relacionados con el Ministerio de Alimentación de Venezuela, entidad que ha sido controlada principalmente por oficiales del Ejército, algunos de los cuales han sido denunciados por sobreprecios en la importación de alimentos o incluso han sido sancionados por Estados Unidos. 

El funcionario venezolano que más tiempo ocupó en la directiva de GRAVETAL fue Juan Moisés Lares González. En 2013 estaba en el directorio de la compañía soyera y se desempeñaba simultáneamente en posiciones gerenciales en la estatal venezolana Lácteos Los Andes, que compraba materia prima a la empresa boliviana. Fue denunciado por trabajadores que por esa razón le atribuyeron un conflicto de intereses que debía investigarse. La justicia no se hizo eco de las denuncias. Lares González encabeza en el presente una compañía que produce harina de maíz, ingrediente de las arepas, en Venezuela[8].

 

En este caso se trata de la compra de la aplastante mayoría de las acciones de una gran empresa, GRAVETAL, el complejo industrial y Portuario Gravetal Bolivia S.A., ubicado en el sudeste boliviano, Puerto Quijarro. Por este puerto se maneja todo tipo de carga seca, liquida, combustible, cargas especiales y/o proyectos, contenedores, rodados y carga en general.

Los negocios de GRAVETAL, presentados por la empresa como un tema privado y boliviano, en realidad formaron parte de los esquemas de cooperación entablados por Chávez y Morales y continuados por Maduro en el marco de una alianza estratégica fraguada gracias a la identidad política e ideológica, pero sustentada también con millones de petrodólares venezolanos, más de 5.000 millones, según algunos analistas. 

La ayuda no solo incluyó el financiamiento, fuera de los mecanismos de Tesorería, a programas sociales como “Bolivia Cambia, Evo Cumple” u otros planes solidarios canalizados a través de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). También implicó la compra del fondo financiero privado PRODEM, que llegó a ser uno de los mayores bancos de Bolivia con una cartera de créditos de 1.180 millones de dólares, por parte del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (BANDES), entidad que algunos funcionarios convirtieron en una escala de la corrupción y que ha sido vetada por Estados Unidos. También supusieron proyectos fracasados como la producción de alimentos con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) o el intento de convertir a Bolivia en una potencia petroquímica a través de la binacional PETROANDINA[9].

 

Como se puede observar, no se circunscribe el conjunto de operaciones en la compra clandestina de GRAVETAL, sino que intervienen despliegues económicos opacos de otras empresas y emprendimientos, como PRODEM, BANDES y PETROANDINA. Entonces se trata de un gigantesco despliegue empresarial y de cuantiosos flujos dinerarios. Sin embargo, volvemos hacer notar que estos desenvolvimientos no dan como resultado lo que se conoce académicamente como acumulación de capital, la valorización productiva, sino, que ocurre algo distinto que podemos llamar atesoramiento de riqueza, es decir de una manera no productiva, mas bien, especulativa, de almacenar riqueza.

 

Hablando de la ingeniería financiera en esta extraña geopolítica económica, la investigación periodística mencionada dice que:

Las negociaciones para la compra de la sojera boliviana ocurrieron en 2008 en un contexto en el que Morales enfrentaba una crisis por un abierto desafío a su autoridad por parte de los prefectos departamentales opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, región conocida como “Media Luna”, que impulsaban la constitución de gobiernos autónomos. 

El sector empresarial del oriente del país también mantenía una postura contra el gobierno de Morales por la regulación de las exportaciones. La compra de GRAVETAL resultaba crucial para sofocar la rebelión porque implicaba el control del sector productivo cruceño, el más vigoroso de Bolivia, y en particular de los productores de soya y de las industrias oleaginosas que guardaban una relación casi de dependencia con la empresa. 

Para concretar la compra, sin embargo, se debió recurrir a un elaborado esquema de circulación de fondos, que disimulara la mano del gobierno de Chávez y evitara cuestionamientos ante la prohibición constitucional que establece que en un rango de 50 kilómetros dentro de las fronteras ningún extranjero puede poseer títulos de propiedad, salvo en casos excepcionales. GRAVETAL está afectada por esa disposición debido a su ubicación en Puerto Quijarro, en los límites con Brasil. Sus antiguos dueños estaban liderados por un empresario que compartía la nacionalidad boliviana, con la colombiana. En ese momento algunos medios se hicieron eco de la posible llegada de capital público venezolano.

INVERSOJA fue constituida bajo ese clima de confrontación, el 13 de junio de 2008, con un capital de apenas 100.000 bolivianos, equivalentes a 13.927 dólares. Entre sus fundadores, todos bolivianos, figuraban dos accionistas de GRAVETAL: Jorge Arias Lazcano y Gabriel Pabón Gutiérrez. El otro propietario era Jorge Toyama Urehara, que fungió como subgerente de contabilidad y miembro del directorio de GRAVETAL. El primero tenía 34 por ciento de las acciones y los restantes poseían dos porciones idénticas de 33 por ciento.

INVERSOJA con solo 18 días de existencia compró 99 por ciento de las acciones de GRAVETAL gracias a un préstamo del gobierno de Venezuela. El mismo día que le fueron transferidas las acciones se las otorgó, en calidad de garantía por la deuda, a la empresa Monómeros International LTD, último eslabón de una cadena de propiedad que lleva a la estatal venezolana PDVSA. La compañía es filial de Monómeros Colombo Venezolanos, una subsidiaria de PEQUIVEN, que a su vez es el brazo petroquímico de la petrolera venezolana.

Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa basada en Colombia y es de las más importantes del mercado de fertilizantes en ese país. Fue adquirida por PDVSA en 2006. Desde mayo del año pasado, se encuentra bajo el control de funcionarios designados por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también reconocido por ese órgano y por más de 50 países, incluida Colombia, como presidente interino de Venezuela.

Los accionistas de INVERSOJA reconocieron en una reunión de directorio celebrada el 24 de julio de 2008, que tenían una deuda por un préstamo recibido de Monómeros International LTD, de acuerdo con documentación a la que tuvo acceso Chavismo INC. En los registros de la sesión, no obstante, se omiten los datos precisos del monto y detalles sobre la transacción. Los estados financieros de 2013, también consultados para el trabajo, mencionan una deuda por un préstamo a largo plazo e intereses por pagar que eran equivalentes a 82.6 millones de dólares. Los estados financieros de 2018 muestran que esa deuda había saltado a 132 millones de dólares.  En ningún caso se presenta información sobre de quién proviene el dinero, cómo se consiguió, cuándo y por qué vía ingresó. 

Antes de ser desembolsado, el préstamo venezolano siguió una ruta sinuosa. Aunque Monómeros International LTD es la empresa que recibió formalmente las acciones de GRAVETAL como garantía, los fondos con los que INVERSOJA realizó la compra provienen de una filial de PEQUIVEN denominada International PETROCHEMICAL SALES LTD, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que permaneció activa hasta 2013 y la cual aparece en la base de datos de los Off Shore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

“El dinero no salió de los estados de cuenta de la caja de Monómeros, sino de PEQUIVEN a través de otra figura”, afirmó a Chavismo INC. Carmen Elisa Hernández, designada por Guaidó como presidenta de la junta de accionistas de Monómeros Colombo Venezolanos. No precisó montos, pero sí hizo otra aseveración: “El régimen chavista fue muy hábil en generar muchas figuras en países como las Islas Vírgenes o Panamá. Algunas de estas incluso están desactivadas porque fueron objeto del tema del Panamá Papers”. 

Las acciones de GRAVETAL siguieron además un camino por la burocracia venezolana que también permaneció bajo las sombras. En documentos a los que ha accedido Hernández, se deja constancia que Monómeros Colombo Venezolanos traspasó sus derechos con respecto a GRAVETAL a otra empresa que fue filial de PDVSA hasta 2010: PDVAL, una compañía importadora de alimentos también marcada por escándalos de corrupción y que en el presente es manejada por el Ministerio de Alimentación.

PDVAL recibió 99 por ciento de las acciones de GRAVETAL endosadas al portador en agosto de 2008 y asumió también las acreencias originadas en el préstamo a INVERSOJA. A su nombre también fueron entregadas en garantía dos porciones de 0,5 por ciento a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de la petrolera binacional PETROANDINA, según los documentos a los que accedió Hernández. 

Con el control asegurado, GRAVETAL se convirtió en un activo estratégico para Chávez y Morales. Un ejemplo de ello se hizo evidente en octubre de 2010 cuando la empresa fue la escogida para hacer la primera venta a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), un esquema mediante el cual los países del ALBA procuraron establecer, con apoyo de sus bancos centrales, un espacio para el comercio regional y una moneda común que a la larga naufragó entre denuncias de haber servido para el lavado de dinero y para ventas ficticias. 

En ese entonces, sin embargo, el Sucre se estrenó con una transmisión en vivo que pudo ser seguida desde el piso 28 del Banco Central de Bolivia en La Paz. En pantalla gigante aparecían Chávez y Morales enlazados a través de una conexión satelital. GRAVETAL vendió el equivalente a cinco millones de dólares en aceite desgomado de soya a Industrias Diana, empresa estatizada en 2008, en Venezuela. A los periodistas convocados, entre quienes estaba quien suscribe este trabajo, se les anunció que presenciaban un hecho histórico.

GRAVETAL en los últimos años exportó 230.000 toneladas métricas de aceite crudo y torta de soya, por 150 millones de dólares, principalmente a Venezuela y Colombia, según su memorial institucional. En el presente, los ejecutivos designados por Guaidó afirman que su intención es rescatar la empresa, como ya se ha hecho con otros activos venezolanos en países donde el diputado es reconocido como presidente[10].

 

En el caso de GRAVETAL tenemos a un gran núcleo empresarial del que se apoderaron mediante maniobras financieras y bursátiles, moviendo hilos y dispositivos empresariales controlados, sobre todo públicos, además de los aparatos de Estado monopolizados. ¿Cuál el objetivo? ¿El control económico o como dice un ideólogo neopopulista delirante, la geopolítica? La geopolítica es una seudociencia imperialista, que sirvió de instrumento geográfico y teórico para otorgarle contenido académico a la estrategia anacrónica de dominio mundial, también sirvió como formación discursiva y retórica de legitimación de las aventuras imperialistas. ¿Qué sentido tiene en los juegos de poder en los Estado nación subalternos de la periferia del sistema mundo capitalista? En el capitalismo tardío, dominado por el capital financiero, cuando debido tanto a la culminación de la segunda guerra, así como la conclusión de la guerra fría, se derivó en la instauración, después consolidación de un orden mundial de las dominaciones, continuando con su ratificación transformada en la soledad de la hiper-potencia del complejo militar, científico, tecnológico, económico, cibernético y comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica, acompañada por el provisional y aparente multilateralismo de las potencias emergentes, el anacronismo geopolítico se resuelve en el ámbito global de hipertrofiadas máquinas de guerra, inútiles por su propia desmesura. Hablar de geopolítica de los llamados “gobiernos progresistas” es una exageración estrafalaria, que cae por su propio peso. Lo que efectivamente se ha dado es la magnífica apropiación del excedente, dado por la bonanza de las materias primas, por parte de las castas gobernantes, conformándose, de esta manera, burguesías perversas y cómplices en la región y en sus países.  

La investigación periodística mencionada sigue arrojando luces sobre los desenvolvimientos regionales y mundiales de este modus operandi de la extra-territorialización del excedente y de su apropiación perversa. En la exposición se describe la expansión del fenómeno en cuestión:

Después de la compra de GRAVETAL por INVERSOJA, funcionarios venezolanos comenzaron a figurar en puestos clave de los directorios de la empresa boliviana. Incluso algunos, en los meses iniciales, compartieron simultáneamente posiciones de comando en esa compañía y en INVERSOJA. De la lista destacan Pedro Lugo Gómez, quien llegó a ser presidente de Monómeros Colombo Venezolanos. En GRAVETAL resalta Juan Moisés Lares González. Entre todos fue quien permaneció mayor tiempo en posiciones directivas: ocho años, hasta el 25 de noviembre de 2019. Lo removieron dos semanas después de la renuncia de Morales de la presidencia boliviana. En paralelo, Lares González desempeñó otras funciones. En 2016, por ejemplo, fue designado presidente de la Empresa Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (ALBALINISA), una compañía binacional de los gobiernos nicaragüense y venezolano, y antes había estado en el equipo gerencial de Lácteos Los Andes.

Lares González encabeza hoy una empresa que produce en Venezuela la marca de harina de maíz Don Juan. Según dijo en una entrevista, es un emprendimiento de escala reducida, respaldado por maquinaria comprada en China. En los empaques se señala que el producto es fabricado por la empresa CIPRALBA, domiciliada en Caracas. A ella se enviaron correos electrónicos para Lares González, que no fueron respondidos. Tampoco se le pudo contactar a través de sus redes sociales. El nombre de CIPRALBA coincide con el de una firma fundada en Bolivia por otros exfuncionarios venezolanos que trabajaron para la filial boliviana de la estatal CVAL en un proyecto de alimentos. La casa matriz fue intervenida y eliminada por órdenes de Maduro en medio de una reorganización general y denuncias de desvíos de fondos públicos.

Esquilo Pérez Valladares, quien presidió CVAL Bolivia, es el presidente de CIPRALBA y afirma para este trabajo que no tiene relación alguna con la empresa de Lares González, que es una coincidencia y que de ella solo existe el nombre porque no pudo culminar su constitución. Dice que se vio obligado a emprender en Bolivia luego de ser apartado de CVAL sin que se le reconocieran sus pasivos laborales. CVAL Bolivia estuvo a cargo de un proyecto piloto de producción de alimentos, que fracasó según asegura por falta de apoyo de Caracas.

La misma suerte corrió PETROANDINA, creada en 2007 y repotenciada cuatro años más tarde cuando Chávez anunció desembolsos de 1.500 millones de dólares “para convertir a Bolivia en una potencia petroquímica”. Morales reconoció en 2016 que PETROANDINA estaba en problemas. Al principio, la petrolera, constituida con la asociación de PDVSA y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue parte del esquema de adquisición de GRAVETAL.

Cuando fue creada, el Estado boliviano le asignó a PETROANDINA una docena de áreas de exploración. De la mayoría no se conocen resultados. La petrolera fracasó en la búsqueda de volúmenes comerciales de crudo y gas natural en dos pozos, en el Norte de La Paz y Tarija, en los que Morales tenía optimismo. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, la petrolera entró en debacle y PDVSA suspendió de forma temporal sus inversiones en exploración en nuevos campos. Su matrícula de funcionamiento expiró en 2018.

Además de GRAVETAL, el gobierno venezolano cuenta en Bolivia con un brazo financiero: el Fondo Financiero Privado PRODEM, originalmente especializado en microcréditos y que se convirtió en un banco múltiple, hoy banco PRODEM. Fue fundado en Bolivia en 1998. Hoy cuenta con 128 agencias a nivel nacional, 2.784 trabajadores, casi 300.000 clientes y ocupa el lugar 11 en el sistema financiero. Su cartera está dedicada a la pequeña y mediana industria. 

El BANDES adquirió en 2008 el 94 por ciento de las acciones del grupo boliviano. La operación fue criticada por expertos y economistas nacionales. “Al ser de capital (estatal) venezolano, la compra de PRODEM responde a una línea política” y que “trabajar con microcréditos puede ser utilizado para hechos políticos”, dijo al diario El Mundo el entonces presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de la Sierra, Teófilo Caballero.

Al igual que GRAVETAL, tiene entre su directorio y ejecutivos a funcionarios que han ejercido o ejercen altos cargos importantes para la administración de Maduro. PRODEM, pese a que fue incluido entre los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por ser filial del BANDES, no sufrió amonestación del gobierno de Morales, por el contrario, señaló que esa acción “no afecta” a su filial boliviana PRODEM. Como GRAVETAL, otro diamante del chavismo en Bolivia. 

Valdivia Almanza todavía ejercía funciones como parlamentario del MAS por Cochabamba, el mismo departamento donde Evo Morales tiene su mayor bastión de militantes, cuando se convirtió en agosto de 2009 en el propietario de la mayoría accionaria de INVERSOJA: 34 por ciento, según la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa. Con ello se hizo del control formal de GRAVETAL, en cuyo directorio ya había sido nombrado cinco meses antes. Ahora es presidente del directorio de GRAVETAL y de INVERSOJA. 

No ha sido la única persona con vínculos políticos relacionada con los negocios. En el presente, Katarina Gumucio Stambuk, es accionista de 33 por ciento de INVERSOJA y 0,5 por ciento de la empresa soyera. Fue delegada presidencial de Morales también para Cochabamba y exgerente general de Abya Yala Tv, canal vinculado a la fundación Juan Evo Morales Ayma (JEMA), con recursos de la cooperación iraní en Bolivia. También se le solicitaron comentarios para este trabajo y no respondió. Antes de ella, Sebastián Rivero Guzmán, hermano de una exministra de Morales, también fue accionista de INVERSOJA y GRAVETAL.

Los estados financieros de INVERSOJA revelan que la empresa nunca aumentó su valor, ni mejoró su posición luego de la adquisición de GRAVETAL. Los números siempre fueron rojos. La compañía solo declaró ganancias de 13,2 millones de dólares en 2013 y de 3 millones de dólares en 2018. La totalidad del dinero fue utilizado en gastos administrativos en ambos casos. Eso a pesar de que INVERSOJA solo cuenta con un funcionario ocupado, de acuerdo con el documento de actualización de matrícula de comercio consultado para la investigación. Al cierre del ejercicio de 2018, tenía la deuda ya mencionada de más de 132 millones de dólares. 

El exdiputado Bernardo Montenegro denunció a su antiguo homólogo Valdivia Almanza ante el Ministerio Público, basado en documentos como memorias y balances públicos que ha presentado INVERSOJA a FUNDEMPRESA, organización que opera el Registro de Comercio de Bolivia: “Se observa un gran número de irregularidades”. El antiguo parlamentario cuestiona el hecho de que la compra de GRAVETAL apenas fue reflejada en los balances auditados cinco años después de consumada, cuando se dejó constancia del préstamo millonario recibido para adquirir la empresa cruceña. En 2009 INVERSOJA registró un patrimonio total de 1.606 dólares y un pasivo de 1.555 dólares: apenas 56 dólares de diferencia. Los números en nada expresaban los movimientos de dinero implicados en la compra de la soyera en 2008. 

“Pudo haber una defraudación impositiva al Estado”, dijo entrevistado para esta investigación. Para Montenegro esa es solo una parte de una lista más amplia. La denuncia atribuye a Valdivia Almanza la supuesta comisión de delitos como enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. 

Según afirma, su excolega presentó ante la Contraloría General del Estado una declaración jurada con información falsa sobre sus activos al terminar el ejercicio parlamentario. “Dijo tener un patrimonio de 1,1 millones de dólares, pero omitió mencionar la compra de GRAVETAL”. Sus cálculos indican que debió declarar otros 24 millones de dólares. “Por más que el señor diga que se le prestó el dinero, la procedencia de esos fondos debió ser declarada”. 

A Montenegro también le llama la atención el súbito incremento del patrimonio de Valdivia Almanza, que actualmente registra 15 empresas. De 2010 hasta 2019 registró siete, pese a los resultados negativos de INVERSOJA. Entre las nuevas inversiones están una fábrica de hormigón, una heladería, una importadora de productos de acero, una agencia de vehículos, una firma hotelera y dos compañías dedicadas al sector de los bares y restaurantes. 

“Toda esta información e inversiones multimillonarias deja en evidencia que dicho ciudadano aprovechando su condición de diputado y dirigente del MAS, además de su cercanía con el expresidente Morales, amasó una incalculable fortuna, con recursos de dudosa procedencia”, dice. El exdiputado se ha quejado de que pasados ya siete meses de presentada su denuncia, la investigación permanecía paralizada. El denunciado se presentó voluntariamente para acogerse al derecho del silencio y “lamentablemente a partir de eso no avanzó más en el caso”.

Luego se supo que Valdivia Almanza interpuso dos incidentes en el proceso. El primero se conoció el pasado 13 de julio y en virtud de la petición recibida por la defensa del exdiputado, Montenegro fue apartado como parte activa del caso por no ser considerado ni víctima ni querellante. Con el segundo incidente, el juez le concedió a Valdivia Almanza la exclusión del delito de falsedad en declaración jurada y solo mantuvo los enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Montenegro se ha manifestado en desacuerdo con ambas decisiones y lamenta que la Procuraduría del Estado no haya actuado todavía en el caso.

Valdivia Almanza como político fue de pocas comparecencias públicas. Son contadas las veces que se le vio junto a Evo Morales, como en el cierre de campaña de 2005. En 2015 dio su última entrevista pública a un medio de Santa Cruz, donde está la mayoría de sus negocios. Antes que él, su hermano había sido más identificado con un perfil de empresario ligado a los negocios hoteleros.

El exdiputado como presidente de GRAVETAL tiene una relación de negocios con el multimillonario venezolano-paraguayo Carlos Gill Ramírez, quien es accionista de Ferroviaria Oriental, uno de los proveedores de transporte de la empresa soyera.  En una entrevista con el periodista Carlos Valverde dijo que esa es su única conexión con Valdivia Almanza. La aclaratoria surgió porque tanto Montenegro como Óscar Ortiz, exsenador, hoy parte del gobierno, han señalado que ambos tienen relaciones que van más allá. 

El propio Ortiz adelantó una investigación desde el Parlamento, pero no pudo demostrar las conexiones de Gill Ramírez con GRAVETAL. En cambio, sí hizo una síntesis del emporio del magnate en Bolivia que también incluye acciones en Ferroviaria Andina, los diarios La Razón y Extra, la Sociedad Constructora Gómez Núñez Bolivia, la constructora Terravías y la Sociedad Administradora de Puertos Continental. En todas estas operaciones ha invertido más de 320 millones de dólares en los últimos nueve años. También recibió contratos para las obras civiles de la red de teleféricos y los radares militares por parte de Evo Morales.

Gill Ramírez tuvo una relación cercana con el fallecido embajador venezolano Julio Montes, quien incluso terminó siendo ejecutivo de una de sus empresas. A pesar de todo ello, ha afirmado nunca se apoyó en favores de Chávez, Maduro o Morales[11].

 

Estas operaciones offshore se expandieron a distintos países de América Latina, Uruguay no escapó a esta expansión de la economía opaca e intermediaria entre dos mundos económicos, el del lado visible y el del lado oculto. También se trata de la externalización del excedente venezolano, aunque asimismo se busca, mediante transferencias diferidas e intermediadas, obtener divisas para la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la monetización de la venta de petróleo, también el trueque, cuando Estados Unidos de Norte América interviene, mediante sanciones, a empresas públicas y privadas venezolanas, incluyendo a su banco referencial, BANDES. Vuelve a llamar la atención que los emprendimientos mismos, los acuerdos y compromisos entre Estados, en este caso entre el de Venezuela y Uruguay, fracasen, difuminándose los flujos dinerarios. Con estos hechos insólitos se vuelve a evidenciar que las finalidades de estas operaciones no son exactamente el desarrollo nacional de las repúblicas de la “Patria Grande”, sino las del control, manejo y apropiación del excedente.

 

La casa matriz del BANDES se fundó en Venezuela en 2001 cuando Chávez tenía dos años en el poder. La institución ganó pronto reputación por sus nexos con casos de corrupción. La exvicepresidenta de Finanzas del banco, María de los Ángeles González fue condenada en Estados Unidos luego de confesar que había conspirado para crear un esquema de lavado de dinero en 2009. Cuatro años más tarde, Maduro admitió que funcionarios del banco habían perpetrado un desfalco de más 85 millones de dólares al Fondo Chino Venezolano, que manejaba la institución y que recibía aportes de los préstamos de la nación asiática para apalancar proyectos de desarrollo.

BANDES llegó en 2006 a Uruguay al comprar la cartera de activos y pasivos de cooperativa COFAC, la última institución financiera víctima de la crisis económica de Uruguay de 2002, que hirió gravemente al sistema bancario. Desde entonces, la lupa sobre sus operaciones se ha mantenido. En un principio por la gestión de los fideicomisos para impulsar los negocios binacionales, y más recientemente por las fluctuaciones de sus fondos en el contexto de las sanciones estadounidenses, que no son ratificadas por organismos internacionales ni se aplican en Uruguay, pero impactan la institución.

El 5 de febrero de 2019, un mes después que Juan Guaidó fue elegido como presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional, el diputado opositor venezolano Carlos Paparoni aseguró que una transferencia de 1.200 millones de dólares para el gobierno de Maduro había logrado ser frustrada gracias a gestiones diplomáticas. El dinero, según dijo durante una sesión parlamentaria, sería movilizado por funcionarios de la embajada en Lisboa y llegaría a cuentas del BANDES Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay desde el Novo Banco, heredero del extinto Banco Espírito Santo también vinculado a operaciones financieras del chavismo.

El 21 de febrero el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Alberto Graña, negó que haya existido la operación durante una visita a la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes. “La forma de enterarnos si eso ocurre es a través de los mensajes de transferencias bancarias, que son los mensajes Swift. Ningún mensaje Swift llegó en ningún momento al BCU”, afirmó en la misma línea de la respuesta del gobierno de Maduro.

En la sesión se deslizó otro dato, menos llamativo, pero avalado por las autoridades del banco central: la duplicación de los depósitos de los no residentes en Uruguay desde 2018, una información que había sido publicada por el diario El Observador el 7 de febrero. El asesor jurídico del banco, Juan Pedro Cantera, la confirmó y precisó que el aumento había sido de 53 a 96 millones de dólares, principalmente en cuentas de personerías jurídicas de entidades públicas y no públicas.

Cantera atribuyó el salto al efecto de las listas publicadas por el gobierno de Estados Unidos con nombres de posibles infractores de las leyes locales contra el lavado de activos. En julio de 2017, por ejemplo, el entonces presidente del banco, Simón Zerpa Delgado, una de las fichas claves del equipo de finanzas de Maduro, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro. En palabras de un director del BCU, medidas como esas seguramente generaron al gobierno de Maduro “la necesidad de incrementar su tráfico financiero con Uruguay” para suplir el que ya no podían hacer a través de Estados Unidos debido a que los bancos corresponsales habían dejado de prestar servicios por las sanciones.

En marzo de 2019 la OFAC anunció la suspensión de la licencia del BANDES en Estados Unidos. La decisión afectó las “cuatro instituciones financieras adicionales que el BANDES posee o controla”, entre ellas la filial de Uruguay y PRODEM, subsidiaria en Bolivia. En el comunicado en el que Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro, anunció la medida se recordó el episodio que las autoridades del BCU negaron: “Maduro intentó mover más de mil millones de dólares de Venezuela a través de BANDES a su filial en Uruguay”.

Las sanciones imposibilitaron hacer transacciones al exterior a través de la institución, un factor que puede explicar la baja de depósitos que ocurrió en el BANDES Uruguay a partir de 2019, dijeron dirigentes del gremio bancario para este trabajo. ¿Cómo evolucionó el flujo de dinero desde ese año? Para abril de 2020, según reportes del BCU, los depósitos de los no residentes en moneda extranjera se habían desplomado hasta llegar a aproximadamente 46 millones dólares, el nivel más bajo en muchos años.

En su momento, el BANDES anunció que sus operaciones locales seguirían con la mayor normalidad. Hoy en el gremio bancario hay satisfacción de que continúe funcionando, que no haya habido una corrida bancaria y que los cerca de 200 trabajadores conserven sus empleos. Xabier Anchustegui, otra ficha clave de Maduro en el manejo de las finanzas, está al frente de la institución en Uruguay y en Venezuela.

El banco ha seguido recibiendo acusaciones estadounidenses: la última atribuye a la casa matriz haber facilitado ventas de oro a través del empresario de origen colombiano Álex Saab, a quien el gobierno de Maduro identifica como un agente oficial, pero que está acusado de encabezar un esquema de lavado de dinero. Para este trabajo se envió a la sede central del BANDES en Caracas un cuestionario que no fue contestado al cierre de esta entrega[12].

 

Ciertamente, es con los gobiernos afines con los que llega a acuerdos el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; entre ellos se encuentra el gobierno de Daniel Ortega de la república centroamericana de Nicaragua. Las dimensiones de las magnitudes dinerarias comprometidas son significativas, mostrando notoriamente la disponibilidad económica en el periodo de la bonanza de los altos precios del petróleo. Al principio de la gestión de gobierno de Daniel Ortega, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se comprometió en materializar un gigantesco proyecto petrolero, que contaría con una inversión de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, desde un comienzo este proyecto tropezó con dificultades, teñidas de corrupción.    

 

Dos contratistas, que participaron en aquella obra, aterrizada después a poco más del diez por ciento del ofrecimiento original, fueron señalados de pagar sobornos por otros contratos en Venezuela. Con menos de cuarenta años, el contratista Miguel Ángel Castillo Lara, propietario de la empresa Castillo Max, Oil & Gas, alcanzó la cima de la industria petrolera de Venezuela en 2016, pero su triunfo fue efímero. Un año después el Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) lo detuvo durante 90 días para investigarlo por el supuesto pago de sobornos con los que obtuvo contratos en Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Antes de ese episodio, a Castillo Lara lo habían distinguido en la industria con un premio internacional como “líder del futuro”, ofreció charlas sobre innovación a hombres de negocios y a su empresa no le podía ir mejor. Las operaciones financieras de la misma, que nacieron locales en 2013, dieron un salto en enero de ese 2016 cuando vendió por primera vez fuera de su país seis boyas de amarre al proyecto de la refinería el Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua.

“El sistema fue construido en 20 semanas por un grupo multidisciplinario de venezolanos: ingenieros, electricistas, mecánicos y soldadores. Trabajar en este proyecto se convirtió en una puerta que permitió la entrada de la organización al negocio internacional. La exportación de las boyas demostró la calidad que tienen los trabajos hechos en el país”, expresó la compañía de Castillo Lara en su página web.

El complejo había sido dimensionado como la gema de las iniciativas de la cooperación venezolana en Centroamérica y el Caribe si se tomaban por ciertas las promesas oficiales: el fallecido presidente Hugo Chávez al asistir en 2007 a la puesta de la primera piedra mencionó una inversión de aproximadamente 4.000 millones de dólares para una obra que incluiría una planta de almacenamiento de combustible, una refinería para cubrir la demanda interna y exportar a países vecinos y un complejo petroquímico.

Todo debía desarrollarse en un plazo de cuatro o cinco años, pero no se hizo. La única idea que finalmente fue aterrizada fue la de la planta de combustible, con sus facilidades marítimas. Originalmente, se había planteado un presupuesto de 283 millones de dólares para la planta de almacenamiento, pero se culminó en 2017 por 227,7 millones de dólares adicionales.

El negocio fue suficiente para que se interesaran contratistas de Nicaragua, Venezuela, Francia, China y Perú. Entre los que participaron hubo empresas con trayectorias limpias, pero también otras que formaban parte de las contratistas favoritas de PDVSA, las cuales fueron señaladas de cometer prácticas corruptas en contrataciones con la corporación estatal venezolana, según acusaciones que fueron conocidas tras su participación en Nicaragua. Una fue la compañía de Castillo Lara, que jamás había realizado una exportación como la contratada y se le investigó por un supuesto fraude en la instalación en Venezuela de equipos semejantes a los vendidos en Nicaragua. La otra fue la gigantesca constructora china CAMC Engineering Ltd. que, dos años después de entregado el complejo nicaragüense, fue señalada en el principado de Andorra, por el pago también de millonarios sobornos por contratos con PDVSA. En 2016, en pleno desarrollo de la obra en Nicaragua, esta misma empresa se vio involucrada en un escándalo de supuesto tráfico de influencias, en el cual habría participado una novia del expresidente Evo Morales.

Clave en las contrataciones para el complejo petrolero resultó el papel de Alba de Nicaragua, S.A. (ALBANISA), desarrolladora de la obra. La empresa, manejada por los gobiernos de Chávez y Daniel Ortega, se volvió un símbolo de la corrupción por sus intereses en los sectores petrolero, maderero, financiero y de generación de energía, todos al amparo de la cooperación venezolana, administrada localmente por la familia presidencial sin controles institucionales ni transparencia.

El caso es un ejemplo de cómo se manejó la relación binacional con negocios millonarios, empresas amigas y réditos políticos para los presidentes. En 2007, cuando Ortega subió al poder en Nicaragua, firmó con Chávez el acuerdo internacional que sumó el país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que se tradujo en los siguientes nueve años en un generoso crédito petrolero de 3.721 millones de dólares. Este préstamo registrado en las estadísticas del Banco Central nicaragüense abrió una etapa de gobierno caracterizada por la privatización de la cooperación de Estado a Estado que se manejó en la práctica como un presupuesto paralelo al estatal y que terminó beneficiando al círculo cercano al gobernante nicaragüense, según sus críticos.

En enero de 2019, ALBANISA fue sancionada por Estados Unidos, luego del castigo que previamente impuso a PDVSA, socia mayoritaria de la empresa. Un año antes fue sancionado también Francisco López Centeno, vicepresidente de la compañía registrada en suelo nicaragüense y quien se desempeña desde hace décadas como tesorero de Ortega. Se trata de un personaje criticado en la prensa local por su enriquecimiento, el desvío de fondos de la ayuda a una empresa de sus familiares y gustos inusuales como el de tener un tigre por mascota, el que sus trabajadores solían pasear en los alrededores de su residencia en Managua.

Del lado de Venezuela, los engranajes del negocio los manejaban desde la cúpula de PDVSA, propietaria del 51 por ciento de las acciones de ALBANISA. En un inicio del convenio, el control directo era a través de un primo de Chávez, Asdrúbal, quien incluso presidía ALBANISA cuando comenzó el proyecto de la refinería. Hoy es presidente de la petrolera estatal venezolana. Luego fue con Bernardo Álvarez, ya fallecido, quien fue el gran operador venezolano en el Caribe y Centroamérica desde la filial PDV Caribe y con Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y además presidente de PDVSA; señalado por supuestos actos de corrupción.

 

Un poco más abajo se escribe:

En el caso de la ayuda venezolana a Nicaragua, la gestión estuvo signada por denuncias de abusos con los fondos. El exdirectivo de PDVSA, Gustavo Coronel, quien trabajó durante 27 años en esa industria, destaca que el régimen venezolano repartió 90 mil millones de dólares entre ‘amigos’, pero asegura que “en ningún país, con excepción de Cuba, se alcanzó el nivel de derroche y corrupción que ha caracterizado la relación con Nicaragua”.

Por eso, Coronel considera que el acuerdo petrolero nunca estuvo destinado a combatir la pobreza, sino que perseguía que Ortega se sostuviera en el poder y convertir a Chávez en el líder regional de un movimiento antiestadounidense, que fue conocido como el socialismo del siglo XXI y del cual Nicaragua fue uno de sus más destacados protagonistas. “Fue realmente un club cleptocrático”, dice Coronel[13].

 

 

Hasta aquí las descripciones del periodismo de investigación, que hacen un seguimiento de las instituciones, empresas, dispositivos y movimientos dinerarios, además de personas involucradas, gobiernos y Estados. Lo que nos muestra que es el fenómeno del desenvolvimiento y el despliegue de una economía suigéneris, que funciona de una manera paralela y hasta parásita, respecto de la economía formal, empresaria, privada o estatal. No produce excedente sino se apropia del mismo, no reinvierte el excedente en la valorización dineraria, es decir, de una manera típicamente capitalista, sino que lo usa de manera especulativa y materializando el dinero en bienes suntuarios, mobiliarios y si se quiere, capital fijo, pero que sirve más para petrificar el valor, no para incrementarlo. También se invierte en empresas fantasmas, que aparecen en la clasificación, empero no funcionan, no tienen un espacio físico de actividades económicas propiamente dichas, sino más bien financieras; son como intermediarias de flujos dinerarios, de transferencias, incluso de la desaparición de magnitudes dinerarias. Se podría decir que se trata de una economía parásita, que succiona, incluso destruye, sin embargo, esto no sería apropiado, pues esta economía, paralela, opaca y hasta oscura, dependiendo de los niveles, cumple una función en el conjunto y en la composición de la economía mundo, en la geopolítica del sistema mundo capitalista. La función es la de la apropiación del excedente por medio de maniobras y operaciones no reguladas, flexibles y diferidas.

 

 

 

 

Análisis de la apropiación perversa del excedente

Lo que interesa ahora es interpretar este fenómeno económico de apropiación artera y de privatización del excedente, de su transferencia extraterritorial, coadyuvando a la acumulación de capital a escala mundial, en los centros mismos o cambiantes de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Los flujos dinerarios desviados del excedente culminan, de todas maneras, en los centros de acumulación ampliada de capital. Sin embargo, en el transcurso se forman estratificaciones sociales novedosas, los nuevos ricos, que absorben parte del excedente para enriquecerse, lavando o legitimando el dinero correspondiente al excedente monetizado. A una de estas estratificaciones sociales la hemos denominado, provisionalmente, burguesía mafiosa. Entonces la burguesía mafiosa viene a ser una “burguesía” circunstancial en el recorrido de la transferencia del excedente desde las periferias del sistema mundo capitalista hacia los centros mismos de este sistema económico y político mundial.    

 

El problema es el excedente, ¿qué se hace con el excedente? Esta abundancia o esta disponibilidad material de los recursos naturales, cuantificables y convertibles en dinero, es decir, monetizables, en otras palabras, el valor de la renta de las materias primas convertibles en ingreso estatal. El sueño de los caudillos populistas de mediados de siglo XX fue invertir el excedente en la industrialización. Su proyecto político era el desarrollo nacional. Este proyecto fracasó, no se materializó, sino tuvo otro decurso, incluso en los periodos de la sustitución de importaciones, donde se pudo efectuar el mismo, en los países de relativa industrialización en América Latina. Los Estados nación que lograron incursionar en la industrialización experimentaron otro nivel de dependencia respecto a la economía mundo y a la geopolítica del sistema mundo capitalista. Esto debido, por una parte, porque la revolución tecnológica y científica fue continua, empujando a la competencia productiva a las potencias industriales; los países industrializados de América Latina no pudieron seguir el decurso de las revoluciones tecnológicas científicas ininterrumpidas. Se rezagaron en la competencia industrial y productiva. Por otra parte, sus mismos mercados, abastecidos por la industria nacional, se abrieron, dentro de un lapso de tiempo, a las manufacturas y mercancías más baratas de industrias más competitivas. Si bien, las políticas proteccionistas defendieron, al principio, la industria nacional, a la larga no pudieron cumplir con la protección, ante la avalancha de producciones no solo más baratas, sino de nueva generación. Otra alternativa de defensa fue el mercado regional, que intentó garantizar la expansión del mercado para la industria nacional emergente, insertándose en complementaciones económicas con los países más rezagados de la región. Sin embargo, estos mercados regionales lograron parcialmente los objetivos, convirtiéndose, mas bien, en organizaciones aparatosas y burocráticas, que desplegaban discursos rimbombantes sobre los mercados regionales y el desarrollo nacional y regional. En el contexto mundial, el desarrollo capitalista mundial siguió cursos evolutivos, si podemos hablar de esta manera, transformando los mercados mismos, al expandirlos e intensificarlos, mercantilizando áreas que antes no formaban parte de la economía, sino de la artesanía, la agricultura doméstica, las labores en casa, los espacios de recreación familiar, la transmisión de los oficios y los saberes locales. La mercantilización invadió el hogar, penetró en las intimidades, reinventando las atmósferas más privadas, empujándolas a una globalización inusitada de las necesidades y los consumos, así como de la recreación, convertida en negocio. La revolución cibernética transformó el ámbito de las relaciones, de la información y de la comunicación. Las tecnologías de punta transformaron el mundo moderno, empujado no solo a la vertiginosidad sino a la virtualidad, a la proliferación consumista, al agotamiento de las modas, innovándolas frenéticamente. Las ciudades crecieron hasta dimensiones monstruosas, tanto espacialmente como demográficamente. La atención del público fue embarcándose hacia naufragios fabulosos de los grandes espectáculos. Las redes de los medios de comunicación se convirtieron en indispensables en la vida cotidiana, a tal punto que forman parte de la reproducción misma social. La biología molecular y la nanotecnología, las recientes revoluciones científicas y tecnológicas, ya inciden preponderantemente en la transformación alimentaria de las poblaciones y el logro de las velocidades de la eficacia técnica, además de su penetración en los micro espacios celulares. Ante semejante ritmo de transformaciones vertiginosas las emergentes industrial de América latina no solo quedaron marcadamente y notoriamente rezagadas, sino que definitivamente renunciaron a su proyecto de independencia, optando por el curso fatal de la globalización intensa.

 

Cuando aparecen los proyectos neopopulistas de los “gobiernos progresistas” en América Latina, se dan lugar fenómenos políticos y económicos barrocos, en este contexto mundial transformado, globalizado intensamente, modificado en la estructura misma de sus dinámicas constitutivas. Estos gobiernos ya no podían ofrecer, creíblemente, lo que ofrecieron sus antecesores, los gobiernos nacional populares de mediados del siglo XX; aunque lo hicieron, en parte, de una manera retórica, sugirieron discursivamente novedades “utópicas”, como el socialismo del siglo XXI, que no eran otra cosa que reciclados del viejo discurso socialista y de resabios del populismo, arrinconado en la sombra del olvido, provocada por la provisional y rápida hegemonía neoliberal. En la práctica, en efecto, estos gobiernos se dejaron atrapar en las redes de un mundo cambiado, encantado por la espectacularidad, empujado a las trivialidades proliferantes del sistema mundo cultural de la banalidad, dominado por el capitalismo financiero, especulativo y perversamente extractivista. La transformación social prometida, en términos de igualación, equidad y solidaridad, quedó atrapada en la retórica de las promesas no cumplidas. Optaron, como el mismo proyecto neoliberal optó, por la perentoria redistribución endémica de los bonos, que resultan un paliativo demagógico. Sin poder convertir las nacionalizaciones, donde hubo, si no eran meras maniobras bursátiles, en efectos estatales soberanos, derivaron en transacciones y asociaciones con las empresas trasnacionales extractivistas. Con esto, el fenómeno del Estado rentista adquirió dimensiones hipertrofiadas, comiéndose el monstruo no solo la renta minera e hidrocarburífera, sino el mismo excedente. Pues el excedente, en estas condiciones de la geopolítica del sistema mundo capitalista y de la mundanidad modernizada desenfrenadamente, resultaba una lava caliente en manos de los gobernantes. El excedente de toda la nación, del pueblo, de la sociedad, requería de la responsabilidad demandada por las graves circunstancias de la civilización moderna en crisis. Esta responsabilidad no fue asumida por los gobernantes, sino que se la sustituyó por la demagogia de promesas incumplibles, peor aún por un pragmatismo oportunista que derivó en la apropiación privada del excedente por parte de la casta gobernante.

 

En el contexto mundial la gama de formas del sistema mundo capitalista sigue sus decursos, sus despliegues, transformaciones y metamorfosis, además de sus imbricaciones. La competencia empresarial se convierte en monopolio, anulando la competencia; las empresas trasnacionales globalizan el capital local, nacional y regional; no solamente controlan mercados sino conglomerados de cadenas económicas, productivas, distributivas y de consumo, además de incidir en la publicidad difundida por los medios de comunicación. Las burguesías trasnacionales también concurren y pugnan, por ejemplo, la hiper-burguesía de la energía fósil, que domina el mundo, pelea por controlar la orientación del uso de la energía, obstaculizando la apertura a usos de energía limpias y alternativas; lo mismo ocurre con la tecnología, asociada al uso de la energía, la burguesía de la energía fósil obstaculiza el desarrollo y el avance de tecnologías limpias y alternativas. La burguesía ligada a la orientación de la energía y tecnologías limpias y alternativas es todavía pequeña, en cuanto al tamaño de su estratificación, también es joven, sin embargo, maneja considerables magnitudes de la acumulación ampliada de capital, acumulación acelerada por la cibernética y las tecnologías de punta, además de la virtualización misma de los mercados. En rezago se hallan resabios de las burguesías nacionales y localizadas, que todavía pugnan, por preservar ciertas tradiciones familiares, ya rebasadas por la vertiginosidad apabullante de las transformaciones de la modernidad reciente, de sus formas más fluidas y cambiantes. La articulación, sino es la integración, de los capitales y de las formas de capitalismo, con los Estado nación, los organismos multilaterales e internacionales, ha avanzado tanto que asistimos a la experiencia de realidades compartidas globalmente, como en el caso de las metrópolis, atmósferas informativas comunes, así como de recreaciones análogas. Los recientes multimillonarios se hacen extremadamente ricos en cuestión de cortos tiempos. Esto, sobre todo porque la acumulación de capital está atravesada preponderantemente por las formas de apropiación especulativas, mediadas por tremendas campañas publicitarias. El capitalismo se ha vuelto dúctil y con notoria capacidad de adecuación, por ejemplo, se adecúa fácilmente a las nuevas efectuaciones de nacionalizaciones en la periferia de la geografía del sistema mundo capitalista, aunque también, en pocos casos, en los centros mismos del sistema. En lo que respecta a la acumulación ampliada de capital, las nacionalizaciones no le afectan, como se pudo creer en el siglo pasado. Incluso, después de la crisis de 1929, el capitalismo ha sido capaz de incorporar la planificación en su dinámica económica, resolviendo los problemas inmediatos de la crisis. El capitalismo no solo habla casi todos los idiomas de las naciones, sino que se ha tragado a casi todas las culturas, fragmentándolas primero, para hacer bricolajes después con estos fragmentos, que llama multiculturalismo. Las reivindicaciones de identidad nacional y de identidad cultural son asumidas en la propagación de sus atmósferas de venta y en las estrategias de la mercadotécnica. Así pasa con las reivindicaciones de género, de las diversidades subjetivas y las opciones sexuales. El capitalismo contemporáneo no solo es abierto y flexible, sino que se predispone a incorporar nuevas demandas y reivindicaciones en la vorágine proliferante de sus mercados. Ciertamente que lo hace de una manera superficial, como queriendo decir que nada es sólido, todo se desvanece, nada es durable, todo se disemina, nada es serio sino anecdótico o folclórico, nada es espesor sino espuma. Por lo tanto, en este contexto, cambiante, vertiginoso e integrado, del capitalismo mundial, la incidencia de los “gobiernos progresistas” es una anécdota más en la profusión de las formas singulares del capitalismo, que aparecen en su particularidad para perderse en las recomposiciones imbricadas de las dinámicas del capitalismo global.

 

Se puede considerar a los “gobiernos progresistas” como resabios anacrónicos y barrocos, como de alguna manera lo fueron, aunque en mayor escala, los Estados del socialismo real, aunque también lo fueron y lo son los gobiernos neoliberales, que pretenden imponer una concepción del mundo,  esquemática y elemental, reducida a las curvas de las coordenadas de la oferta y demanda, del libre mercado y la libre empresa, que no existen, a la competencia, que es un código moral que no se lo practica, debido a la implícita tendencia al monopolio. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo, si podemos mantener este concepto, aunque sea ilustrativamente, desborda todos estos anacronismos, dejándolos como sedimentos en la orilla, mientras el decurso de los ríos continua su camino, engrosando sus corrientes, hasta desembocar en los mares integrados al mercado mundial. El problema crucial no son los avatares de los “gobiernos progresistas”, aunque si son un problema nacional, incluso regional, pues solo son síntomas anacrónicos de la historia reciente, que evidencia la constante imbricación de las singularidades en la recomposición global del sistema mundo moderno. El problema es el sistema mundo capitalista que se desborda compulsivamente e impetuosamente en cumplimiento de un deseo imposible de satisfacer, que todo se evapore y se disuelva para convertirse solo en un impulso abstracto que se realice en la nada.

 

Como dijimos, se trata de dispositivos, engranajes, empresas, instituciones, gobiernos y Estados, flujos dinerarios, redes y circuitos financieros, instrumentos legales, paraísos fiscales, operaciones offshore, que articulan y establecen puentes, contactos y entretelones, entre el lado visible de la economía y el lado opaco y oscuro de la economía, así como entre el lado visible del poder y el lado oscuro del poder. Todo esto, estas dinámicas cruzadas y entrelazadas conforman la economía mundo efectivo, con toda su composición, visible e invisible, formal e informal, institucional y paralela, además de semiclandestina, incluso hasta clandestina. Esta economía efectiva, abigarrada, sostiene, desde distintos lugares, operaciones y formas diferentes de funcionamiento, que, a veces, aparecen como contradictorias, la acumulación ampliada de capital en el sistema mundo capitalista efectivamente dado. Lo que hemos denominado, provisoriamente, burguesía mafiosa, forma parte del conglomerado burgués, local, nacional, regional y mundial, en constante composición, descomposición y recomposición. No importa pues que, en determinados tránsitos del excedente monetizado, las operaciones aparezcan como depredadora, destructivas, antieconómicas e improductivas, lo que importa es que el funcionamiento de conjunto de las máquinas económicas, máquinas extractivistas, máquinas financieras y especulativas, máquinas de poder, derive en la reproducción ampliada de capital. Entonces, la burguesía mafiosa, rentista, parasita, termina siendo funcional al sistema mundo capitalista.

 

Algo parecido, aunque con sus propias particularidades, pasa con otros estratos clandestinos de la burguesía del lado oculto de la economía, por ejemplo, la burguesía de los Cárteles y los estratos organizados para los tráficos ilícitos. También, a su modo, se apropian del excedente, disputan partes del excedente, de sus flujos monetarios. Solo que en estos casos las operaciones son diferentes, así como las formas de organización, control territorialización y externalización del excedente, son diferentes. Por ejemplo, las cadenas que articulan cultivo excedentario de la hoja de coca, industrialización de la cocaína, su distribución clandestina, sobre todo su comercialización clandestina fuera de las fronteras de los países de residencia, exportan el producto físico para monetizarlo. El excedente tiene que ver, en parte, con la valorización del cultivo y del producto ilícito y, por otra parte, con el excedente generado por la economía nacional, que sirve, también en parte, la que no se externaliza, la que se queda, para dinamizar la economía nacional. Al estar la economía nacional atravesada por los circuitos y recorridos ilícitos, sirve de plataforma de encubrimiento y de ámbito de movimiento de la economía clandestina, que utiliza los intersticios de la economía visible, formal, institucional, empresarial, privada y pública. No solo sirve como espacio donde se lava y legitima el dinero obtenido por los tráficos ilícitos, sino que es la estructura sólida que termina sosteniendo y ocultando a la economía del lado oculto.

 

El problema desatado no solo corresponde al atravesamiento y el control de la economía institucional y empresarial por parte los dispositivos paralelos de la economía oculta, sino que este atravesamiento y control conecta los distintos tráficos, el de drogas, el de armas y la trata de cuerpos, desatando no solo la corrosión institucional sino también el derrumbe ético y moral, destrozando los tejidos de la cohesión social. La sociedad misma es prostituida, demolida en lo que respecta a sus convicciones, abatida moralmente, desbordada y, sobre todo, amenazada por los controles territoriales de los Cárteles y las distintas organizaciones involucradas en los tráficos. Las sociedades se convierten en rehenes de todos estos dispositivos de terror, de control territorial y de tráficos ilícitos. Las instituciones, que deberían defender la sociedad, policiales, jurídicas, estatales, terminan atravesadas y hasta controladas por las formas paralelas del lado oscuro del poder. Las sociedades y los pueblos se encuentran expuestos, son vulnerables, no tienen qué los defienda, tampoco quién los defienda; pues las complicidades se expande y crecen como enredaderas.

 

Desde esta perspectiva, el fenómeno perverso de la burguesía mafiosa y de su apropiación privada del excedente, usando al mismo Estado y a los gobiernos, es un síntoma más de la decadencia de la civilización moderna. Por más sorprendente que pueda ser este fenómeno, por más escabroso que pueda ser el síntoma, no hay que perder de vista el conjunto de la composición del contexto, para lograr acercarse al esclarecimiento de los funcionamientos perversos de la economía mundo efectiva. Hay pues complicidades entre las burguesías del lado visible e institucional y del lado oscuro de la economía y del poder. Hay pues complicidades entre Estados, gobiernos y Cárteles, organizaciones clandestinas y tráficos ilícitos, así como con las operaciones offshore. Todo el sistema mundo está comprometido tanto en la destrucción de las sociedades y los pueblos, así como con la destrucción del planeta.

 

 

Conclusiones

 

  1. Hay que tener una mirada macro-histórica, como dice Peter Sloterdijk, en lo que respecta a la evaluación crítica arqueológica, genealógica, epistemológica, filosófica y estética de la civilización moderna. En lo que parece el crepúsculo del sistema mundo moderno es menester la comprensión integral de la complejidad de una civilización, que aparece, como culminación levitante de las civilizaciones que la precedieron, teniendo en cuenta, además, que la civilización moderna se expande espacialmente en todo el planeta, es decir, que efectivamente se realiza planetariamente.

 

  1. La civilización moderna ha arrancado o si se quiere “liberado” a las sociedades humanas de su arraigo a la gravitación, que las retenía en una especie de adormecimiento anclado en una ontología petrificada en la mismiedad de un comienzo imaginado. Como dice Peter Sloterdijk, la civilización moderna va a empujar a la humanidad a la experiencia proliferante de la múltiple invención climática, arquitectónica, científica, tecnológica y existencial que denomina metafóricamente espumas.

 

 

  1. El aislamiento, la atmósfera íntima, la autonomía individual, son los logros del encapsulamiento mayúsculo de la civilización de exacerbadas estrategias de individuación, dados, paralelamente y a la vez, con los logros de la profusión creativa de las conexiones, las redes, los tejidos, las asociaciones, las composiciones y combinación de composiciones expansivas.                            
  2. En la modernidad reciente, posterior a la modernidad tardía, aparecen o reaparecen, si se quiere, fenómenos de disgregación, de diseminación, de descohesión sociales, en niveles de intensidad asombrosos, a tal punto que las prácticas perversas, vinculadas a estos fenómenos, han adquirido una irradiación peligrosa, amenazante, depredadora y destructiva. Las sociedades humanas, por lo menos las institucionalizadas, no así las sociedades alterativas, que son el substrato, parecen encaminarse al suicidio.

 

 

  1. Uno de estos fenómenos de descohesión y disgregación social, depredador y destructivo, es el que aparece como economía política del chantaje, es decir como diferenciación que valoriza la especulación, la demagogia, la usurpación y la simulación. En los perfiles de la economía política del chantaje sobresale un síntoma de la decadencia política y económica que hemos denominado, provisionalmente, burguesía mafiosa.

 

  1. Si bien, hemos situado los apuntes para un estudio de la burguesía mafiosa, en los llamados “gobiernos progresistas”, de carácter clientelar y de expresión neopopulista, esto no quiere decir que el síntoma de la burguesía mafiosa se circunscriba solo a estos gobiernos. También el síntoma se ha dado en los llamados gobiernos neoliberales, solo que por la desmesura del fenómeno perverso de la formación de la burguesía mafiosa en los “gobiernos progresistas” se ha ubicado esta experiencia en el acontecimiento político neopopulista.

 

  1. Los apuntes para un estudio de la formación de la burguesía mafiosa son incompletos, pues falta auscultar en otros planos de intensidad de esta formación. No basta lo aportado por el periodismo de investigación, que alcanza lo que logra ver y entrever en sus pesquisas, empero no puede profundizar en lo que no se ve, lo que se oculta, en los espesores mismos de la burguesía mafiosa. Lo que ha mostrado el periodismo de investigación es una lista de personas involucradas, de gobiernos y de empresas, sin embargo, esta lista corresponde, mas bien, a los llamados palos blancos. Los nombres propios de la burguesía mafiosa no aparecen, están encubiertos.

 

 

  1. Los apuntes no abarcan, todavía, otros planos de intensidad, más locales y nacionales, aunque también regionales, por ejemplo, los relativos a las redes y circuitos clientelares expansivos, que comprometen a las organizaciones sociales, sindicatos y dirigencias. Se trata de otros espacios de apropiación del excedente, aunque se den en menor escala que los dados a niveles estatales, regionales y del excedente continentales.

 

  1. Tampoco se ha considerado, aunque se lo haya hecho en otros ensayos, los mecanismos de apropiación del excedente en el propio territorio, mediante mecanismos institucionales, políticos y estatales, incluso jurídicos, manipulados por la casta política. Por ejemplo, la administración espuria de las nacionalizaciones, la inversión improductiva en elefantes blancos, los acuerdos y contratos firmados con empresas trasnacionales que no se cumplen, empero absorben inversiones que desaparecen, el uso de promulgación de decretos y leyes en beneficio de las empresas trasnacionales extractivistas, aunque se diga que se lo hace en defensa de la soberanía. Entonces falta mencionar estos otros despliegues confirmativos de la burguesía mafiosa.           

 

                 

Notas

[1] Los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo. https://chavismoinc.com/.

[2] Bibliografía: Dickie, John (2006). Cosa Nostra. Barcelona: Random House Mondadori S.A. Enciclopedia libre: Wikipedia.

 

[3] Los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo. https://chavismoinc.com/los-engranajes-del-capitalismo-bolivariano-en-el-mundo/.

[4] Ibidem.

[5] Un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del alba. https://chavismoinc.com/un-venezolano-en-la-ruta-de-los-prestamos-millonarios-del-alba/.

[6] Revisar ¿Qué es una Sociedad Offshore y cómo funciona?.

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/sociedad-offshore/.

[7] Ibidem.

[8] Bolivia, el diamante mejor escondido del chavismo.

https://chavismoinc.com/el-diamante-mejor-escondido-del-chavismo-en-bolivia/.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] La solidaridad chavista tuvo su precio.

https://chavismoinc.com/la-solidaridad-chavista-tuvo-su-precio/.

[13] El mal sueño de bolívar fue una refinería.

https://chavismoinc.com/el-mal-sueno-de-bolivar-fue-una-refineria/.

 

Raúl Prada Alcoreza

Escritor, artesano de poiesis, crítico y activista ácrata. Entre sus últimos libros de ensayo y análisis crítico se encuentran Anacronismos discursivos y estructuras de poder, Estado policial, El lado oscuro del poder, Devenir fenología y devenir complejidad. Entre sus poemarios – con el seudónimo de Sebastiano Monada - se hallan Alboradas crepusculares, Intuición poética, Eterno nacimiento de la rebelión, Subversión afectiva. Ensayos, análisis críticos y poemarios publicados en Amazon.

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