Juez ratifica sentencia: Goni y Sánchez Berzaín deben pagar $US 10 millones por masacre de 2003

Publicado el: 6 abril, 2021 4 min.    + -   

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el pedido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín de anular el pago de una indemnización de $US 10 millones por daños y perjuicios a las víctimas de la masacre de la guerra del gas de 2003, informó el Centro Constitucional por Derechos (CCR, por sus iniciales en inglés).

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron declarados culpables por un jurado estadounidense en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) en abril de 2018.

El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un exjefe de estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos. Sin embargo, en una acción calificada como “insólita” por el CCR, un mes después, el tribunal de primera instancia emitió un fallo que anuló el veredicto del jurado y declaró que, por no haber suficientes pruebas, los acusados no eran responsables. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos anuló el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso al mismo tribunal de distrito para que continuara con los procedimientos. Los acusados presentaron una segunda moción para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños, pedido que finalmente fue rechazado.

“Esta noticia me trae tanta felicidad”, dijo Hernán Apaza, cuya hermana Roxana fue asesinada por soldados bolivianos en 2003. “Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”.

Entre septiembre y octubre de 2003 bajo órdenes de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín militares bolivianos asesinaron a 58 personas e hirieron a más de 400 durante la llamada  “Guerra del gas”. Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos, donde viven desde entonces. Los ex comandantes militares y funcionarios del gobierno que actuaron bajo la autoridad de los dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2011 por su papel en los asesinatos. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron imputados en la misma causa, pero no pudieron ser procesados penalmente, pues no son posibles los juicios penales en ausencia de acuerdo a la ley boliviana.

“La decisión de hoy envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas”, dijo Thomas Becker, un abogado de la Red Universitaria Para Los Derechos Humanos. “Esta es una victoria, no solo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”.

El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre, entre ellos Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue asesinada frente a su madre cuando recibió un disparo a través de su ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, fue asesinada después de que recibiera un balazo que atravesó la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años, fue asesinado a tiros junto a una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.

“Nos complace enormemente que nuestros demandantes, que han trabajado tan duro durante tantos años, hayan obtenido esta importante Victoria”, dijo Beth Stephens, una abogada cooperante del Centro de Derechos Constitucionales.

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