Bolivia: 120 días de política tímida e inconsistente

Fernando E. Torrejón Flores

Publicado el: 7 marzo, 2021 12 min.    + -   

El 22 de octubre de 2020 el partido del presidente Morales MAS-IPSP obtuvo una victoria contundente con más del 55% de la votación. Este apoyo se erigía sobre una base del 47% construida un año antes. La desastrosa gestión económica de la presidente de facto Añez y su política de represión militar y policial expresada en las masacres de Senkata y Sacaba, generaron una serie de demandas de parte de la población: justicia sobre los actores del golpe de Estado, reactivación de la economía popular, inclusión de la población indígena y campesina en la administración del Estado, y la unidad del instrumento político. Sin embargo, el Gobierno no está pudiendo satisfacer todas estas súplicas, porque ha puesto demasiado énfasis en la conciliación y cuidado de la clase media urbana en detrimento de los intereses de la población indígena, campesina y urbana popular; lo que está ocasionando una pérdida gradual de apoyo de su base electoral, que se manifestará con claridad en las elecciones departamentales del 7 de marzo.

El Gobierno no ha detenido a los principales responsables del golpe de Estado

En estos casi 120 días, con respecto a las políticas de Justicia, el Gobierno no ha podido satisfacer las demandas de la población, que exigían la inmediata detención de todos los actores del golpe de Estado de octubre de 2019: Añez, la ex presidente de facto, y Camacho están libres de sanción y aparecen como candidatos a las gobernaciones de los departamentos de Beni y Santa Cruz, respectivamente; Murillo y López, que fungieron de ministros de gobierno y de defensa en los días de las masacres de Senkata y Sacaba, se encuentran prófugos lejos de Bolivia; los líderes de las uniones juveniles de Santa Cruz y Cochabamba, y de los “pititas” de La Paz, no han sido sancionados con la contundencia y en proporción a sus acciones de represión paramilitar cometidas entre octubre y noviembre de 2019.

La política económica está generando beneficios asimétricos con un sesgo hacia la clase media

La política económica, aunque ha apuntado bien en reactivar la demanda agregada interna, ha sido más bien discreta y tímida: las medidas del bono contra el hambre, la devolución del IVA y el impuesto a las grandes fortunas se han quedado cortas para beneficiar a la población indígena y campesina.

El bono contra el hambre ha dejado de lado a un grupo vulnerable de la población: los adultos mayores de 60 años, cuya fuente principal de ingreso es la renta dignidad. De un informe de UDAPE de 2013 [i] se desprende que el número de adultos mayores beneficiarios de la renta dignidad no rentista (que no tienen pensión de jubilación) es de aproximadamente 700 mil personas; aun ajustando esa cifra con ratios de pobreza, se evidencia que cientos de miles de ancianos de escasos recursos han sido negados del beneficio del subsidio de los 1.000 bs.

Adicionalmente, la distribución del bono contra el hambre ha tenido un sesgo urbano, favoreciendo a las ciudades con el 67% de beneficiarios, frente a un 33% que corresponde al área rural (véase Gráfico 1); esas cifras también desvelan un agravio comparativo en contra de los votantes del MAS-IPSP, porque en las últimas elecciones, del total de votos que obtuvo el partido de gobierno, más de 1,75 millones (47%) provenía del área rural (votos que no pertenecen a las 9 capitales de departamento y El Alto), pero este área sólo se favoreció con 1,2 millones de bonos (fuente: MEFP Bolivia), lo que refleja un déficit de bonos en contra de los votantes del MAS de aproximadamente 500 mil personas (incluso ajustando estas cifras incluyendo en el área urbana la población de los municipios intermedios el déficit seguiría existiendo).

 

La devolución del IVA tampoco ha beneficiado de manera especial a la población rural e indígena, pues ésta normalmente realiza sus actividades económicas fuera del mercado formal; es decir, no hay hecho generador de IVA, por lo tanto, no hay devolución. Además, la exclusión de la devolución de las facturas de luz, agua y gas, ha ocasionado que la población de rentas bajas no se haya favorecido del reintegro del impuesto, aun a sabiendas de que en ese grupo de la ciudadanía el gasto en los servicios esenciales es elevado.

Por su parte, la aplicación del impuesto a las grandes fortunas, solo apunta a recaudar aproximadamente 14 millones de dólares (véase DW)[ii] un monto que representa apenas el 0,08% de los ingresos totales del Estado. Si se lee con detenimiento la Ley 1357, se entiende que hay muchas puertas de escape para evadir esos impuestos. Aquí la pregunta es: ¿por qué el Gobierno no usa su poder político para recuperar los 1.134 millones de dólares evadidos por “empresarios” como Camacho? (véase periódico La Opinión que hace referencia al informe de la Comisión Legislativa de 2017 sobre los Panama Papers)[iii].

 

Los “pititas” en el gobierno del MAS y los errores en la elección de candidatos

La política de reclutamiento de empleados públicos por parte del gobierno tampoco ha seguido unos criterios adecuados para el actual momento histórico; en la elección de ministros no se han valorado la identidad cultural, convicción, valentía. visión estratégica y lucha previa contra los actores del golpe de Estado; muchos de los actuales ministros en el periodo del golpe no han manifestado de forma explícita su oposición al gobierno de facto; por ejemplo, en la cartera de Planificación se ha nombrado a una funcionaria que fue parte del directorio del Banco Unión cuando ocurrió el desfalco de los 37 millones de bolivianos, y posteriormente fue reubicada como jefa del campo ferial Chuquiago Marka[iv]; después de un año de silencio mudo con el golpe de Estado, saltó directamente a la silla del Ministerio de Planificación. Otro caso interesante es el del actual presidente interino del Banco Central, que en los meses del golpe de Estado escribía: “El actual gobierno de transición buscó la manera de mejorar el dinamismo de la economía, pero la declaración de la pandemia por el coronavirus afectó negativamente las perspectivas económicas del país.”(véase Revista Umbrales, nº 36, agosto de 2020)[v] Autoridades como éstas, que hoy en día se llenan la boca de palabras en contra de Añez, no mencionaban gobierno de facto ni golpe de Estado cuando Añez y Murillo estaban en el poder; quizá por timidez, miedo o cobardía. Cabe preguntarse: ¿serán funcionarios como éstos los primeros en abandonar el barco cuando vean que está a punto de hundirse? Este ejemplo de inconsistencia en la lucha contra el golpe de Estado chorrea a niveles inferiores del sector público, donde en la actualidad todavía abundan los “burócratas pititas” en los diferentes ministerios del Estado.

Finalmente, la errática política del MAS en la elección de candidatos para las elecciones departamentales y municipales están haciendo que la unidad alcanzada en octubre de 2020 se esté rompiendo. En el departamento de La Paz ha sido un error la estrategia de confrontación con líderes reconocidos de los pueblos indígenas, como Felipe Quispe, lo que ha dejado desalentado a Flores (candidato departamental por el MAS); ha habido una falta de tino cuando se ha dejado crecer la figura de Eva Copa para después soltarla; ha sido un desacierto la elección de Maquera para enfrentar a Copa, pues con ello el MAS ha firmado su capitulación en El Alto, lo que significará una derrota a nivel agregado en las  elecciones departamentales; después de todo en esa ciudad el partido de gobierno recibió el apoyo de casi medio millón de votos, lo que representa el 15% de su apoyo electoral.

En Santa Cruz, para la alcaldía, se escogió a Salvatierra, ex presidente del Senado, cuyo accionar en el tiempo del golpe de Estado de 2019 fue polémico, y que fruto de su inconsistencia política perderá las elecciones de la capital de departamento. Para gobernador, se ha elegido a Cromenbold, que se opuso a las denuncias en contra de Camacho, que la ex senadora indígena Paty interponía ante la Justicia; esa posición del candidato departamental, sin duda, debilita su victoria electoral. En Cochabamba, el Gobierno de forma negligente no ha puesto en manos de la Justicia a Reyes, ahora él con más fuerzas tiene plenas opciones de ganar la alcaldía.

Las consecuencias del tímido arranque del Gobierno y las salidas

El laxo arranque del Gobierno en las políticas de justicia, social y económica tendrá consecuencias inmediatas en las elecciones de este 7 de marzo, pues significará una pérdida de apoyo electoral al partido gobernante y también quebrará la unidad alcanzada en octubre de 2020: i) las alcaldías de Santa Cruz y Cochabamba se quedarán en manos de los partidos que apoyaron el golpe de Estado de octubre de 2019; ii) la alcaldía de El Alto será ganada por Copa, ocasionando una gran pérdida, que puede ser irrecuperable para el partido de gobierno, generando una división muy importante en los movimientos sociales que son el sostén de la continuidad y viabilidad del Gobierno (sin el apoyo de El Alto es muy difícil que Arce cumpla sus cinco años de gestión); iii) la alcaldía de La Paz, aun siendo ganada por el MAS, será ingobernable; iv) las gobernaciones de los departamentos de Bolivia, con excepción de Cochabamba, no tendrán gran sintonía con el Gobierno, lo que puede frenar la ejecución de la inversión pública y crecimiento económico; v) a nivel agregado el apoyo al MAS-IPSP se reducirá con respecto a los resultados obtenidos en octubre de 2020, de ninguna forma superará el 50% de la votación total.

Las salidas

Después de que se conozcan los resultados electorales, se pondrá en evidencia los errores del Gobierno de estos 120 días, y las organizaciones sociales demandaran ajustes de su comportamiento: i) el Gobierno deberá dar protagonismo al mundo indígena en la administración del Estado, puesto que el apoyo indígena y campesino es la base de la sostenibilidad de la gestión gubernamental; en ese sentido es imprescindible que las figuras del vicepresidente Choquehuanca y del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodríguez, adquieran protagonismo en las decisiones y organización de los poderes ejecutivo y legislativo, respectivamente; después de todo Choquehuanca fue elegido por las bases del MAS-IPSP para ser candidato a presidente en las pasadas elecciones, pero con un sentido de Estado, propio de un líder que mira por su pueblo, dio un paso al costado para que Arce sea elegido mandatario (sin la figura de Choquehuanca, no se puede explicar la victoria del MAS en las elecciones de octubre pasado). ii) La conservación de la figura del presidente Morales como líder histórico y factor de unidad es clave, pero ello debería pasar por el alejamiento de Morales de las tesis de sus antiguos colaboradores como García, cuyos enunciados llevan un pensamiento de izquierda progresista postmoderna que va en contradicción con el pensamiento indígena. iii) En el ámbito económico, es de suma urgencia que la política económica se centre en la construcción de un plan de desarrollo a largo plazo que ajuste y enriquezca el modelo económico comunitario y productivo, de lo contrario se corre el riesgo de desperdiciar los recursos en inversión pública en proyectos que no tienen un hilo conductor, endeudando progresivamente al país. iv) Para llevar a cabo esas tareas, es imprescindible que se evalúe la continuidad de los ministros del Estado, buscando servidores en el gobierno que tengan cualidades como identidad cultural con el mundo indígena, valentía y lealtad (no tránsfuga) con el compromiso de reconstrucción y engrandecimiento del país, responsabilidad, incorruptibilidad y mérito académico y profesional.

Si no se hacen esos ajustes, el proceso de construcción del país y la soberanía del pueblo de Bolivia retrocederán más pasos, inclusive más de los que retrocedió con el gobierno de facto; si el Gobierno y el MAS-IPSP siguen por el camino de los últimos 120 días, se arriesgan a toparse con la división del instrumento político por lo menos en dos facciones: por un lado, aquella que seguirá la senda de la izquierda progresista colonizada, y por otro, aquella que, con una base indígena, campesina y urbano popular, seguirá el camino de la lucha por la soberanía de los pueblos de Bolivia, con el horizonte del Vivir Bien o del Suma Qamaña, cuya filosofía se expande por todo el mundo a través de la voz de Choquehuanca.

NOTAS

[i]https://www.udape.gob.bo/evaluaciondeimpacto/12_Documento_Impacto%20Renta%20Dignidad.pdf

[ii] https://www.dw.com/es/bolivia-instaura-impuesto-a-los-152-m%C3%A1s-ricos-del-pa%C3%ADs/a-56079444

[iii] https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/vuelven-dar-informe-panam-aacute-papers-salpican-c-iacute-vico-cruce-ntilde/20190801015600656646.html

[iv] https://www.paginasiete.bo/economia/2019/6/3/caso-banco-union-exejecutiva-ahora-dirige-el-chuquiago-marka-219941.html

[v] http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/component/jdownloads/send/33-umbrales-n-36/238-roger-e-rojas-cides-umsa-umbrales-n-36

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