Bolivia y sus elecciones: ¿Camino al equilibrio o el caos?

Pablo Jofre Leal

Publicado el: 14 septiembre, 2020 11 min.    + -   

Hace unas semanas escribí un artículo donde daba cuenta de resolver la interrogante respecto a saber cuáles serían los resultados de las elecciones en Bolivia, que en ese momento estaban reprogramadas para el día 6 de septiembre) la fecha ha cambiado, el escenario sigue plagado de interrogantes.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca aumentó, en forma significativa, la presión sobre aquellos países de América Latina cuyos líderes trataron de construir una política independiente de Washington, tanto en el plano interno y externo. No fue la excepción Bolivia que comenzó a sufrir, bajo el gobierno de Evo Morales Ayma la presión sistemática junto a sus socios del Grupo de Lima encabezados por el secretario general Luis Almagro.

Con una política exterior dedicada a seguir con su conducta desestabilizadora contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, dotados de gobiernos “inaceptables” para la idea hegemónica de Washington, con fracaso tras fracaso en sus acciones golpistas, los servicios de inteligencia estadounidenses, sus agencias de trabajo de zapa se concentraron en la Bolivia administrada por Evo Morales, consiguiendo, finalmente generar un proceso de desestabilización que provocó su renuncia, caída y posterior salida del país.

El principal objetivo por el cual Estados Unidos se ha esforzado en controlar a Bolivia es para obtener acceso directo e ilimitado a sus amplísimas riquezas naturales, que bajo el mandato del ex presidente Evo Morales fue declarado tesoro nacional de todo el pueblo boliviano. Conducta que explica que durante los 14 años de mandato presidencial, el líder indígena haya disfrutado del más alto de nivel de confianza en la ciudadanía boliviana. Facilitado también por soluciones efectivas de su gobierno, no sólo promesas, en el ámbito de problemas socioeconómicos, especialmente dirigido a dar satisfacción a las necesidades de los sectores más desposeídos, especialmente la población indígena, que representa el 55% de los ciudadanos de la república. Período en el cual también la oposición de la derecha, grupos empresariales y políticos, principalmente del llamado Comité Cívico Santacruceño aumentó su caudal de violencia y claro contenido racista en sus planteamientos.

Como parte del gobierno del ex presidente Evo Morales , el actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS, el economista y catedrático Luís Arce Catacora fue Ministro de Economía entre los años 2006 al 2017 y algunos meses del año 2019 y bajo su gestión, con acciones consideradas hábiles y profesionales pudo garantizar, que en los últimos ocho años la economía nacional creciera anualmente con un promedio de un 5%, las reservas de oro y divisas aumentaron significativamente y se mantuvo la inflación en cero. Es esa constatación la que genera confianza en la dupla presidencial boliviana conformada por el mismo Luis Arce y David Choquehuanca, a pesar de todos los intentos del gobierno de facto por sacarlos d ela carrera presidencial.
La dupla del MAS tiene una tarea difícil, pero no imposible, considerando que tras la victoria de Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones de octubre del año 2019 y que fue reconocida por un gran número de países y potencias mundiales como legítima, también incluyó la oposición de Estados unidos y aliados regionales que incluso previo a las elecciones ya tenían definido el no reconocer el triunfo de Evo Morales, como ha ido comprobándose en investigaciones periodísticas que demuestran que en la elección presidencial no hubo fraude y que el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue parte del plan desestabilizador generado desde Washington.

Efectivamente, la presión de Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por su secretario general Luís Almagro, considerado el más proestadounidense que haya tenido esta organización regional; lograron generar un escenario político comunicacional donde se impuso la acusación de fraude contra las elecciones, además de un marco de presión que incluyo amenazas y acciones de violencia que hicieron temer incluso por la vida de Evo Morales, familiares y cercanos, que impidió realizar la segunda vuelta presidencial y concretar la renuncia del ex presidente Evo Morales Ayma.

Como resultado de esa política destructiva de Washington, Sudamérica generó un foco más de inestabilidad artificial, fomentada por las acciones del gobierno estadounidense y el llamado Grupo de Lima. La instalación de un gobierno de facto en Bolivia, que ha mostrado sus intenciones de mantenerse en el poder, aprovechando los efectos del Covid 19 y el apoyo de Washington, ya han presentado protestas masivas ante ese intento y la postergación d elas elecciones presidenciales. Estallidos sociales como los que recientemente se han expresado en el escenario político y social en Colombia, Chile, Ecuador, cuyos gobiernos, al igual que el de Jeanine Añez en Bolivia, descuidan la resolución de los problemas apremiantes de la ciudadanía, en pos de mantener un poder cada día más frágil y que se ve en toda su magnitud en las sucesivas postergaciones de las elecciones, las medidas de represión y la constante conducta de presionar al MAS en materia de poder sacarlo de la carrera presidencial.

El ejemplo de Chile puede dar luces respecto al efecto multiplicador del rechazo a políticas económicas, digitadas desde Washington y organismo financieros internacionales. Los hechos que desde octubre del año 2019 hasta marzo del año 2020 – sólo frenados por la pandemia del Covid 19 – sacudieron el país sudamericano, administrado por un gobierno de derecha, que en virtud de seguir obcecadamente en la estrategia e implementar a rajatabla un modelo perjudicial, para los intereses de gran parte de la población, que auguran más protestas y el agravamiento de la situación del estado y sus ciudadanos.En Bolivia la situación política ha adquirido tintes de una lógica complejidad, por las candidaturas en competencia pero, sobre todo porque una eventual victoria de la candidata de Washington para las elecciones – postergadas para el 18 de octubre – Jeanine Añez, con toda la injerencia financiera, política, intromisión de agencias estadounidenses, compra de votos, campañas difamatorias contra el MAS e incluso sacarlos de la carrera política, visualizan una profunda crisis social post elecciones. En el plano de lo que viene, el martes 11 de agosto el Senado boliviano aprobó a favor del proyecto de ley de permanencia obligatoria en el país por espacio de tres meses, una vez que concluyan su mandato las autoridades de los tres niveles del Estado, para emitir los informes respectivos de su gestión a sus sucesores en un marco de transparencia evitando la impunidad en casos de corrupción.Bolivia ha vivido en las últimas semanas una serie de protestas sociales, con bloqueo de carreteras, por parte d ellos opositores al gobierno de Añez y la entrada en escena de grupos paramilitares alentados por el gobierno y los grupos de ultraderecha. Hoy se escucha con más fuerza la exigencia a la presidenta de facto renunciar a su candidatura. Cochabamba, El Alto y otras ciudades bolivianas han sido testigos este lunes 10 de agosto de protestas y enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y la sociedad movilizada. El Movimiento al Socialismo rechazó la invitación a un “diálogo” convocado por el gobierno de facto por no plantear las reivindicaciones básicas de esta organización: Primera, la fecha debe ser establecida mediante una ley para ingresar al marco jurídico y no por una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Segunda, el TSE tiene que garantizar una fecha inamovible. Tercera, el día determinado para los comicios debe contar con el “aval, el auspicio y las garantías” de la comunidad internacional. Otras organizaciones políticas asistieron a la invitación y centraron sus acusaciones contra Añez y su gobierno por convertir este mandato, que se supone interino, en una plataforma de campaña alentada fuertemente por Washington.

La apuesta de Estados Unidos es mantener el control del ejército Boliviano, tal como lo consiguieron para exigir la renuncia de Evo Morales , para seguir utilizándolo como instrumento interno, para lograr su objetivos políticos, que puede conducir a un aumento del papel del liderazgo militar, con posibilidades también de generar tensiones externas y un aumento de las tensiones entre los países de la región, en virtud de las disputas territoriales de larga data, que incluyen a Chile, Perú y Paraguay. No es casual la idea presidencial de utilizar al ejército para desbloquear los caminos que trabajadores y campesinos han ocupado como protestas ante la decisión del gobierno de postergar las elecciones presidenciales. “Agotaremos hasta la última instancia el diálogo y si no hay la apertura que esperamos (…), vamos a intervenir los bloqueos en cualquier momento”, dijo el ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, durante una conferencia de prensa realizada el jueves 6 de agosto en Cochabamba vislumbrando una fuerte represión.

Hablamos de un ejército que ha sido beneficiado ampliamente por el gobierno de Añez, de tal manera de contar con su apoyo: beneficios sociales, salariales, incluyendo un decreto de amnistía que exime a los oficiales militares y policiales de responsabilidad por los asesinatos cometidos durante las manifestaciones masivas de los partidarios del ex presidente Evo Morales tras su renuncia tras la asonada cívica-militar Recordemos que en noviembre del año 2019 se contabilizaron, según la defensoría penal, 32 personas asesinadas por disparos de las fuerzas militares y policiales.

Una situación que mereció declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en cuyo informe tras las manifestaciones en Bolivia señalo que “La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía” expresando además la preocupación del organismo por el “procesamiento” de exfuncionarios del Gobierno y personas relacionadas con la Administración del expresidente de Bolivia Evo Morales.
Las postergadas elecciones del 6 de septiembre – fijadas así por el Tribunal Supremo Electoral – no deberían haber sido ser modificadas, peor más pudo el objetivo de perpetuar el actual gobierno y ofrecer dificultades a la sociedad boliviana para ejercer su derecho. Recordemos que la decisión del 6 de septiembre fue saludada incluso por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres quien aplaudió la decisión del TSE, para que los comicios generales pendientes se realizaran en tal fecha. Incluso hizo un llamado a los partidos políticos y las autoridades para que cooperen plenamente en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas” informó la representación en La Paz del organismo internacional.

Fuentes desde Naciones Unidas han señalado que acompañado de la frustración por la nueva postergación existe la creencia que es posible medidas de fuerte represión contra la población que implique un fuerte estallido social. Unido al hecho que el cambio de fecha es una decisión completamente ilegal ya que cualquier cambio de la fecha de los comicios corresponde al Parlamento y mediante ley. Como también que resulta del todo ilegal tratar de proscribir un partido como el MAS, sobre todo cuando marcha primero en las preferencias de la población. Sumemos a ello la alianza de tipo criminal que el gobierno de Añez, las fuerzas policiales y el ultraderechista y supremacista Luís Fernando Camacho, junto a grupos de choque paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala conformado, para generar temor en la población a través de acciones paramilitares.

Las encuestas indican que el candidato del MAS, Luis Arce obtendría la victoria en la primera vuelta, quedando la incógnita respecto al porcentaje de diferencia, de tal forma que haga innecesario el balotaje. Una victoria de la dupla Arce-Choquehuanca, según sus adherentes, colocaría nuevamente en mejor posición a la población indígena, tal como aconteció bajo el mandato de Evo Morales. Una victoria que implica la posibilidad cierta de mejorar sus problemas sociales, las cuestiones relacionadas con la representación política en el poder y el respeto a las costumbres de un pueblo que en el marco democrático volvería al camino de la estabilidad y el desarrollo progresivo dejando atrás el temor al caos.
Al menos hoy, bajo el gobierno de Añez la crisis sanitaria, política, económica y social es parte de la vida cotidiana de este país sudamericano, que al parecer, si nada pasa en contrario tendrá que elegir el próximo 18 de octubre presidente, vicepresidente, diputados y senadores, en unos comicios pendientes desde octubre del año pasado anulados por el golpe de Estado, que obligó a la renuncia y posterior exilio del ex presidente Evo Morales.

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