La renuncia de Añez y Romero, condición necesaria para el diálogo

Fernando E. Torrejón Flores

Publicado el: 10 agosto, 2020 6 min.    + -   

Entre el 20 de octubre y 10 de noviembre de 2019, en un golpe de Estado, Camacho, Mesa, Añez, la fuerza policial, las fuerzas armadas y el grupo urbano autodenominado “los pititas” obligaron a renunciar al Presidente Constitucional de Bolivia, Evo Morales, desconociendo los resultados electorales de las últimas elecciones constitucionales, que le daban la victoria con más del 47% de la votación, violando el mandato constitucional que debía prolongarse hasta enero de 2020. Así se interrumpía un ciclo de casi 14 años de prosperidad económica y progreso social, que por primera vez en la historia, catapultó a Bolivia al grupo de países de nivel de desarrollo alto (IDH=0,703, véanse datos del PNUD).

El golpe en Bolivia finalmente desembocó en la autoproclamación de Añez el 12 de noviembre de 2019, como “la primera presidenta de facto de Bolivia”. Añez había conseguido la segunda senatoria por su región (Beni) el año 2014 (para el periodo 2015-2020) con apenas 91 mil votos de un total de 6.243.138 electores (véanse datos de OEP). Además, alcanzó 0 (cero) votos en las elecciones de octubre de 2019, porque sencillamente no participó de los comicios. Añez se autoproclamó presidenta de facto en una sesión sin cuórum legal de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Fue vestida con la banda presidencial por el militar que pidió la renuncia del Presidente Morales. La presidente de facto había firmado un decreto, emitido el 14 de noviembre, que eximía a los militares de responsabilidad penal de sus acciones de represión (DS Nº 4078 “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal”) como antesala de las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata (19 de noviembre) que arrojaron por lo menos 36 muertos (véase informe de la CIDH).

Añez, en sus primeros cinco meses de gobierno (antes del coronavirus) llevó a la economía boliviana a sus peores niveles de crecimiento económico de los últimos 14 años: el último trimestre de 2019, Bolivia apenas creció al 1%, el primer trimestre de 2020 la tasa era más baja aún (0,5%); en abril el crecimiento anualizado era negativo e igual a -5,7% (véanse datos del INE-Bolivia).

Además, en el periodo de la Covid-19, el gobierno de la mandataria de facto ha carecido de una adecuada gestión de la pandemia. En el campo de la salud, la gestión se ha caracterizado por escasos test de detección de la enfermedad, negligencia en el equipamiento de los hospitales construidos, falta de respiradores, falta de insumos médicos (aquí hablamos también de oxígeno), una cuarentena “coja” que ha empobrecido a la población más vulnerable, y que se ha distinguido por acciones policiales y militares de represión. En el campo de política económica, sus medidas de subsidios y bonos han sido hechas a destiempo (véase el artículo “El coronavirus en Bolivia. El coronavirus y Añez”) , no se ha apoyado efectivamente a la pequeña empresa, pero sí al sistema bancario y a los grandes empresarios perdonando el pago de impuestos. En suma, todo ello supuso un empeoramiento de las condiciones económicas y de salud del país, que se traduce, por una parte, en una caída sin precedentes de la economía, que a mayo de 2020 descendía a una velocidad de -8% (véanse datos del INE), lo que hace prever que para el segundo trimestre (junio) y tercer trimestre (septiembre) de este año, la economía del país pueda experimentar una recesión sin precedentes; por otra parte, en la tasa de letalidad de la enfermedad del coronavirus, la cual desde finales de mayo hasta el 27 de julio, ha ido en aumento, pasando de 31 a 37 personas fallecidas por cada 1000 infectados, incrementándose más hasta el día de hoy (8 de agosto): 40 decesos.

Salvador Romero, que fue elegido por Añez en noviembre de 2019 como su delegado en el órgano electoral boliviano, debía gestionar la organización de las elecciones en un primer término antes del 22 de enero de 2020; por su inoperancia, se tuvo que posponer las elecciones para el 3 de mayo (primera postergación). Posteriormente, con el pretexto de la pandemia, Romero envió el 26 de marzo un proyecto de ley a la Asamblea Plurinacional, pidiendo la postergación de las elecciones para llevarlas a cabo entre el 7 de junio y 6 de septiembre (segunda postergación); semanas después pidió replantear la modificación de la fecha de elecciones hasta el 26 de septiembre (tercera postergación) . Finalmente, atendiendo a esas peticiones, la Asamblea Plurinacional de Bolivia emana la Ley Nº 1297 que manda realizar las elecciones como mucho “hasta el domingo 6 de septiembre de 2020”. Nuevamente, fiel a su estilo, el pasado 23 de julio, Romero, anuncia la intención de postergar las elecciones generales bolivianas para la tercera semana de octubre (cuarta postergación). Aquí ignora que una resolución administrativa no tiene mayor rango que una Ley. Con este accionar Romero pone pólvora sobre la incendiada situación social, política y económica de Bolivia, que fue empeorando día a día desde el día del golpe de Estado que engendró la presidencia de Añez.

Hoy (a 8 de agosto), Añez y Romero piden diálogo; pero cabe preguntarse. ¿Añez tiene autoridad para convocar a un diálogo cuando su representación se levanta sobre una minúscula base de 91 mil votos de un total de 6.243.138 electores? ¿Añez tiene la autoridad para convocar a un diálogo cuando su gobierno procede de un golpe de Estado? ¿Añez tiene la capacidad para gestionar un diálogo cuándo su política económica está destruyendo la economía boliviana? ¿La presidente de facto tiene el interés de proteger a los ciudadanos de un contagio masivo, cuando su gestión de la pandemia está debilitando la salud de la población y está elevando la tasa de letalidad de los contagiados de coronavirus? Y ¿se le puede creer a Salvador Romero, cuando ha pedido postergar las elecciones hasta 4 veces? ¿Se le puede creer a Romero, cuando de forma irresponsable ha abierto las puertas a una confrontación social al anunciar la postergación de las elecciones para octubre?

Es evidente, y a la luz de los hechos, que estos dos personajes coyunturales, banales y efímeros de la política boliviana, carecen de toda autoridad y credibilidad para entablar un diálogo veraz y confiable con ellos. Así cualquier diálogo futuro que implique encontrar soluciones del terrible momento histórico que vive Bolivia, pasa primero por la condición necesaria de la RENUNCIA de Añez y Romero.

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