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El gobierno falló ante los retos planteados por la pandemia

Bolivia en los tiempos del coronavirus

J. Osvaldo Calle Quiñonez

Publicado el: 21 mayo, 2020 15 min.    + -   

En tiempos del Coronavirus cuidar la salud, proteger la economía y preservar la democracia frente a las tentaciones autoritarias son los retos que los diferentes países deben superar. Aunque a su paso dejó un elevado número de muertos en algunas regiones del globo lo peor parece haber pasado. Pero en otros entre ellos en Bolivia, el drama parece apenas comenzar.

El coronavirus, que hasta la fecha cobró la vida de más de 317 mil personas en el mundo, llegó a América Latina en los primeros días de marzo y obligó a los gobiernos a asumir drásticas medidas sanitarias que llevaron a paralizar la economía, todo para evitar una ola de contagios que colapse los sistemas de salud.

En Bolivia los primeros casos se conocieron desde el 11 de marzo y el 25 de marzo se declaró un estado de emergencia sanitario. Desde entonces está prohibida la circulación de vehículos, la salida de las personas, excepto de una por familia y sólo para hacer compras de primera necesidad. Además, el gobierno ordenó el cierre de las fronteras y suspendió los vuelos internacionales.

Pero las acciones de los funcionarios de gobierno —cuya legitimidad está en entredicho desde que los militares pusieron la banda presidencial a Jeanine Añez y su honestidad sacudida por las constantes denuncias de corrupción— desnudaron la falta de coherencia entre lo que dice y lo que ellos mismos hacen.

La cuarentena como un fin

La profusión de noticias sobre la pandemia hizo que el drama del coronavirus se convierta en algo parecido a una crónica de un desastre anunciado. Cuando el coronavirus comenzó a hacer estragos en Italia y otros países de Europa, Latinoamérica impuso estrictas medidas de control para los viajeros procedentes de esos países, pero no Bolivia. Así, los primeros casos de Covid-19, como la pandemia se conoce entre los científicos, llegaron de Italia.

Sin una vacuna conocida para hacer frente a la crisis desatada por el Covid-19 los gobiernos instruyeron cuarentenas y se recomendó evitar los contactos personales, como medios para evitar que la ola de contagios colapse los sistemas de salud, y al mismo tiempo los gobiernos aprovecharon la cuarentena para preparar la infraestructura necesaria para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Pero en Bolivia la cuarentena se convirtió en un fin. El gobierno aprovechó la coyuntura para prolongarse su mandato. Ordenó una cuarentena total, pero sin acompañar esa medida con otras que contribuyan a mejorar la capacidad del sistema de salud para hacer frente al Covid-19. Los trabajadores de salud, convertidos en la primera línea de defensa contra la pandemia, hicieron dramáticos pedidos de equipamiento y, por muy raro que parezca, en Montero —una ciudad de 100 mil habitantes ubicada al este de La Paz— y convertida en uno de los focos de la pandemia, el gobierno se negó a habilitar un hospital de tercer nivel, sólo porque está pintado de azul, el color del partido del anterior gobierno, y decidió pintarlo de verde —el color del partido de Añez— antes de habilitarlo.

En la versión que el gobierno da de la situación, reproducida por los medios de comunicación que le son afines (la mayoría de las televisoras), Bolivia está preparada para hacer frente a la pandemia. Pero la realidad es diferente. La muerte de un empresario por Coronavirus en La Paz puso en evidencia la falta de preparación del sistema de salud, a pesar de los rimbombantes anuncios gubernamentales.

“Richard murió por dos razones, una por neumonía y deficiencia respiratoria por el Covid19 y la otra por incapacidad, negligencia e insensibilidad de la gente que lo trasladó al hospital municipal, que no cuenta con las condiciones mínimas para salvar la vida de las personas diagnosticadas con coronavirus”, decía en una carta Claudia Gonzáles de Sandóval, la viuda del empresario muerto.

En medio de la pandemia, el 8 de abril se produjo la renuncia del ministro de Salud, Anibal Cruz, oficialmente por razones personales, aunque en las redes sociales se aseguraba que se fue debido a su rechazo a la intervención de los Servicios Departamentales de Salud. El sucesor de Cruz es Marcelo Navajas, ex médico de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y con participación accionaria en clínicas de La Paz.

Aun hoy, el personal de salud pide al gobierno la compra de insumos para hacer frente a la crisis, pero el pedido es desatendido supuestamente por la limitación de recursos. Sin embargo, el gobierno municipal de La Paz, aliado del gobierno, no dudó en contratar un hotel de cinco estrellas como centro de tratamiento de la pandemia.

Corrupción y nepotismo

Los tiempos del coronavirus serán recordados como el tiempo en el que nunca como antes en la historia boliviana se puso en evidencia tantos casos de autoritarismo, abuso de poder y corrupción en tan corto tiempo.

 

Tan graves son los casos denunciados que hasta la Iglesia católica, tan complaciente con el gobierno en los días en los que se produjeron la masacre de Sacaba y la de Senkata, ahora critica al gobierno.

“Tenemos que saber si a este gobierno realmente le interesa la vida de discurso, de palabra; y nos dice: primero es la vida. Pero por detrás no obra así”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Ricardo Centellas, el 10 de mayo. “¿Cuántos reactivos se compraron?, ¿dónde están los reactivos? Nos anunciaron que compraron 500 camas para terapia intensiva. ¿Dónde están?”, agregó.

En su Homilía Centellas criticó los afanes de prorroguismo del régimen de Añez que solo debería dedicarse a organizar y ejecutar las elecciones generales.

“Un gobierno de transición que se preocupa demasiado por colocar a su gente en instituciones públicas, no es gobierno de transición. Ya parece un gobierno que quiere instalarse. No es ético”, sentenció.

Algunos de los aludidos son Carolina Rivera Añez, hija de Añez, designada ejecutiva del proyecto Mi Teleférico y Representante de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia; Pablo Alejandro Añez, sobrino de Añez, y ahora también gerente de ENDE Corporación, Luís Alberto Añez, primo de la mandataria autoproclamada y ahora Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario. Otro primo de Añez, Elio Montes Chávez, fue gerente de ENTEL pero huyó del país al conocerse un caso de estafa en esa empresa. Hasta el novio de la hija de Añez, Mohamed Mostajo, recibió el inédito cargo de embajador de Ciencia y tecnología.

Esos casos de nepotismo no se limitan a la familia de la autoproclamada Añez. Entre otros casos, la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue nombrada cónsul de Bolivia en Estados Unidos, supuestamente para proteger su seguridad.

Pero además del nepotismo en instituciones del Estado, estos nuevos funcionarios son protagonistas de casos de abuso de poder y uso indebido de los bienes del Estado. Cuando el gobierno reprimía con violencia a personas que rompían la cuarentena en su intención de trabajar para así tener recursos que les permitiera la sobrevivencia, la hija de Añez utilizó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana para asistir a una fiesta de cumpleaños. Ahora se sabe que la hija de Añez cuenta con maquilladores, fotógrafos, vehículos, seguridad y hasta gestores de sus cuentas en redes sociales a costa del Estado.

Los casos de uso de bienes del Estado en beneficio de personas ligadas al gobierno se multiplican. En uno de ellos se conoció que el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, autorizó el traslado, también en un avión de la FAB de una modelo desde Rurrenabaque.

Esos vuelos en los que los aviones de la FAB hicieron las veces de taxis aéreos fueron calificados como “vuelos solidarios” por el gobierno, pero cuando las autoridades del gobierno transitorio hablaban de solidaridad, prohibían el ingreso al país de más de 800 ciudadanos bolivianos que retornaban de Chile, en un sui géneris caso en el que un gobierno evitaba el reingreso de ciudadanos a su propio país.

“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, afirmó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Además de los abusos de poder y la falta de solidaridad casi cada semana se conoce nuevos casos de corrupción, cada uno más grave que el otro.

En febrero el primo de Añez, Elio Montes Chávez, fue destituido de Entel al conocerse pagos elevados por concepto de indemnización a 13 funcionarios de esa empresa que trabajaron apenas algunos meses. Ese mismo mes se conoció que en el ministerio de Culturas se exigía el pago de comisiones por el pago de contratos, lo mismo que en el ministerio de Comunicación. Poco después un video mostraba cómo una funcionaria del ministerio de Educación negociaba la venta de cargos en esa institución.

En abril el ex concejal Otto Ritter denunció una compra directa 1.5 millones de barriles de diésel a un precio de 124 dólares cada barril haciendo un total de 150 millones de dólares amparándose en la declaratoria de emergencia y sin tener en cuenta que en ese entonces el precio del barril de petróleo de referencia se cotizaba en 20 dóalres por el derrumbe de precios ocurrido por la crisis del Covid-19. En ese mismo tiempo se conoció la compra de millonarios seguros para esa empresa, pero sin licitación.

Pero lo que parece el colmó es la compra de ventiladores españoles, cada uno por un precio de 29 mil dólares. Los respirados en cuestión son parecidos a los ofrecidos por productores y desarrolladores bolivianos. Los fabricantes de los productos dijeron que vendieron los productos en un monto inferior a siete mil dólares, pero el gobierno pagó casi 29 mil por cada uno de ellos, los que para colmo son calificados por los médicos como inservibles en las estaciones de cuidados intensivos. Tan graves son las connotaciones de la compra y tan evidentes los negociados hechos que el gobierno destituyó a Navajas de su cargo. Hasta los aliados de Añez tuvieron que salir a criticar la compra. “No necesitamos más explicaciones, procese a los irresponsables que nos hicieron esto. El dolor del pueblo no puede ser usado para hacer negociados”, dijo Luis Fernando Camacho.

La pandemia y la crisis

Desde que a Añez los militares le pusieron la banda presidencial, se conoce que ella y su entorno quiere prorrogarse en el poder. Por eso es ahora una candidata presidencial, a pesar de sus declaraciones en las que aseguraba que sólo quería ser una presidenta transitoria. La crisis del coronavirus le llegó como un anillo al dedo.

La pandemia que a su paso desnudó las deficiencias de la sociedad, en Bolivia puso de manifiesto las contradicciones sociales de manera dramática.

En su manejo “improvisado e irresponsable” de la crisis, la estrategia del gobierno se resumió en encerrar a la población, sin tomar en cuenta que en Bolivia para el 60 por ciento de su población que subsiste en el sector informal “día que no se trabaja es un día que no come”.

Lejos de entender las razones el gobierno recurrió al método de “vigilar y castigar”, de vez en cuando complementada con histrónicos rezos de sectas que pregonan la teología del bienestar, por aquellos que se hacen llamar “cristianos”. Sus seguidores, asustados ante la ola igualizante del coronavirus, comenzaron a pedir por casi todos los medios que controlan (medios de comunicación y las redes sociales) que la gente se quede en sus casas, sin importar que para muchos eso las condenaba a una especie de muerte lenta, por hambre.

 

Resistencia Juvenil Kochala

Circula en las redes sociales un audio donde involucra directamente al lider de la Resistencia Juvenil Kochala. En el audio filtrado se oye que su acción responderá al llamado de las “autoridades”, para lo cual están a la espera.#12May #UnivalleTvInforma #BoliviaEnCuarentena #QuédateEnCasa #Cochabamba

Gepostet von UNIVALLE TELEVISIÓN am Dienstag, 12. Mai 2020

En este contexto y probablemente por la existencia de las nuevas redes sociales, nunca como ahora se vieron tantos mensajes de odio contra el estrato social más desfavorecido, contra los pobres. En las redes sociales los “jailones”, como se conocen a los brupos sociales más favorecidos, utilizan lenguaje bestializante para referirse a los indígenas, casi los mismos mecanismos de deshumanización con los que se justificaron masacres como las de judíos en Europa. Es una prolongación de los mensajes que se usaron para propiciar el golpe contra Evo Morales. A él le llamaban “Evaristo”, desconociendo hasta su identidad al nombre; los grupos que lo apoyaban eran “hordas” salvajes. Ahora esos grupos sociales son los “trogloditas” que no entienden los beneficios de la cuarentena.

Los grupos paramilitares que apoyaron la llegada de Añez al gobierno, entre ellos la llamada Resistencia Juvenil Kochala, anuncian en las redes sociales que están a la espera de las órdenes del gobierno para hacer frente a los que organicen o sean partícipes de protestas contra el gobierno.

La televisión, convertida en el principal medio de información en tiempos de pandemia, tienen con algunas excepciones un discurso único que justifica el accionar del gobierno. Las voces críticas están acalladas. El 20 de marzo Añez aprobó el decreto 4231 que penaliza la “difusión de información que ponga en riesgo o afecte a la salud pública”. Días después, una enmienda a esa norma amplió la sanción penal “a personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa y/o artística que afecte a la salud pública”.

Con esa norma legal el gobierno acusó a 67 personas, casi todos ellos activistas en redes sociales, 37 de las cuales fueron sentenciadas por medio de procesos abreviados.

Cuando las asociaciones de periodistas expresaron su protesta, el gobierno intentó tranquilizarlos declarando la libertad de expresión de periodistas protegida. “Los periodistas tienen que estar tranquilos porque ellos están sometidos a la Ley de Imprenta, que está establecida en la CPE. (Los que deben) cuidarse son los ciudadanos que están tratando, desde las redes sociales, de confundir, enfrentar, (generar) mala información, esos son los que deberían estar preocupados”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez.

Pero los argumentos del gobierno no fueron convincentes. La presión internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos obligó al gobierno a derogar el decreto 4231.
Así, día que pasa el gobierno entrega nuevos argumentos que permiten calificarlo como autoritario y ponen en duda su pericia para el manejo de la crisis. Pero los grandes medios —utilizando frases del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para referirse a casos similares— se callaron como momias, unos probablemente para no perder la publicidad oficial, y otros porque ellos fueron quienes prepararon el clima que propició el golpe de Estado que derivó en la llegada de Añez al gobierno.

 

Quizás por eso, muchos de los generadores de opinión todavía se empeñan en justificar las acciones del gobierno, aunque por la profusión de las evidencias de corrupción quedaron en figurillas para ahora ellos mismos justificarse.

Solos contra el mundo

En las elecciones pasadas, el partido de Añez no logró más que el 4 por ciento de votos. La pandemia desnudó su soledad. Los sectores que lo apoyaron comenzaron a alejarse y ya no son muchos los interesados en aparecer ligados al gobierno. Su base social se ha reducido fundamentalmente a los seguidores de las sectas “cristianas”, y un grupo social que se considera estar mejor preparado que otros para dirigir al país.

Pero este grupo quiere dirigir al país con métodos que difieren radicalmente al propugnado por las élites de otros países. Mientras en el mundo los sectores empresariales intentan reabrir las economías lo antes posible, en Bolivia los “jailones” dependientes del sector público intentan cerrar el país lo más que es posible.

Pero esa situación se hizo insostenible, incluso para los grupos de profesionales independientes que apoyaban al gobierno, pero no reciben apoyos para hacer frente a los efectos de la crisis, mientras que otros ya piensan que el remedio que representaba el nuevo gobierno resultó ser peor que la enfermedad, el gobierno de Morales.
Para otros la situación simplemente es insostenible. Si ya en condiciones normales debían luchar por el día a día, en condiciones de pandemia su existencia misma está en riesgo. Es la situación de transportistas, comerciantes y campesinos que de a poco comenzaron a salir a las calles, aun a riesgo de ser detenidos por policías o militares que todavía aplican la receta de “vigilar y castigar” del gobierno.

Así, para muchos la cuarentena ya es insostenible. Por eso convocaron a protestas en las redes sociales como las tardes de cacerolazos en las que sonaron petardos en protesta contra el gobierno de Añez.

En otras regiones se interpreta la cuarentena como un intento de prorrogar la gestión de Añez y por eso comenzaron a organizarse bloqueos, esta vez por la realización inmediata de elecciones.
La pandemia se convirtió en un reto demasiado grande para el gobierno transitorio, Fracasó en su manejo y puso en duda la continuidad del proyecto restaurador que con él buscaba la derecha.

J. Osvaldo Calle Quiñonez

Periodista especializado en economía. Trabajó en el Semanario Aquí, los periódicos, La Razón, Ultima Hora, Hoy, La Prensa y el semanario Pulso. En 2000 incursionó en el periodismo electrónico organizando el sitio report-e.com y en la actualidad dirige el periódico por Internet www.bolpress.com.
Ha escrito libros sobre los procesos de reforma económica y es colaborador de publicaciones en México, España y Bélgica. En la actualidad reside en Alemania.

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