"Lo perverso del DS 4100 está en el expreso chantaje a las víctimas", dicen organizaciones ligadas a las víctimas
CIDH objeta DS 4100 por intentar limitar derechos a las víctimas de la represión
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) objetó el Decreto Supremo 4.100 de la presidenta de facto Jeanine Añez por intentar limitar a las víctimas de la represión gubernamental su derecho a la verdad.
“La compensación monetaria es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las victimas en #Bolivia. El derecho a la reparación también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición”, dice un comunicado de la CIDH en su cuenta de Twitter.
La organización, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) agrega que “las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen acceso al Sistema Interamericano de DDHH en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de #Bolivia. Es preocupante que en Decreto Supremo 4100 se pretenda eximir de acudir a instancias internacionales”.
Esa organización añade que “la reparación administrativa es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para reparación integral”.
La compensación monetaria es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las victimas en #Bolivia. El derecho a la reparación tambien incluye medidas de satisfaccion, rehabilitacion, verdad, justicia y garantias de no repeticion. pic.twitter.com/hhWO095yJm
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) December 7, 2019
El jueves Áñez había promulgado el Decreto Supremo 4100 que establece la indemnización a los familiares de las personas fallecidas en el conflicto político que estalló tras los comicios del 20 de octubre con el pago único de 50.000 bolivianos, mientras que en el caso de los heridos sus gastos serán cubiertos hasta su recuperación.
“Nuestro Gobierno ha promulgado el decreto supremo que autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos en los hechos de violencia surgidos en el país después del fraude que se cometió el 20 de octubre”, dijo Áñez en un discurso.
Sin embargo, a poco de conocerse el decreto las Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto publicó una carta en la que rechazan el decreto 4100 y pidió mediadores internacionales.
“El D.S. 4100 solo hace énfasis en la indemnización, presumiendo que la vida tiene un precio económico de cincuenta mil bolivianos, menospreciando el dolor de las familias dolientes que piden una reparación integral, confrontando a los heridos y sus familias, porque a ellos no se les indemniza, no se los repara ni los resarcirá por los daños y perjuicios sufridos. Lo perverso del DS 4100 está en el expreso chantaje a las víctimas (fallecidos-heridos) al disponer que, al recibir la indemnización y atención médica, expresamente estaríamos renunciando a reclamos internacionales, es decir que el DS 4100 deliberadamente prohíbe el derecho que todo ciudadano tiene a la reparación y nos prohíbe que acudamos con nuestras quejas a la CIDH, NNUU, Comisiones, Relatorias, Parlasur y otras similares”, dice el documento.