Le preocupan las operaciones combinadas de policías y militares “sin que haya adecuado sustento legal”

CIDH: La ofrecida amnistía a militares es “inadmisible”, una misión llegará al país

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó hoy que son “inadmisibles” las disposiciones de amnistía y recordó que condena cualquier acto administrativo de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Una misión de ese organismo realizará una “visita de trabajo” a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre para “observar” la situación de los DDHH en el contexto de la crisis política desatado el 20 de octubre y el posterior “golpe de estado” a través del cual Jeanine Añez se proclamó presidente.

“La CIDH toma nota que el 12 de noviembre el bloque minoritario del Senado—convocado y votando sin el quórum requerido—eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo”, dice un comunicado de la CIDH.

La organización criticó hace días el decreto supremo 4078 en el que ofrece impunidad a los militares que participen en los operativos para el “establecimiento del orden y estabilidad pública”.

La participación de las Fuerzas Armadas en los operativos para el control del orden público, es motivo de preocupación de la CIDH, que recuerda que “de conformidad con los estándares Interamericanos es deber del Estado limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos”.

El comunicado de la CIDH afirma que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos, por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Además, la CIDH condenó “las declaraciones y discursos de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país y sus símbolos, que se han verificado a lo largo de la semana”.

Una semana atrás, tras la renuncia de Evo Morales, seguidores de Luis Camacho y Carlos Mesa quemaron la Wiphala, la bandera milenaria de los pueblos indígenas, y con ello despertaron la protesta de vecinos de El Alto, ciudad en su mayoría aymara.

El comunicado hace referencia a los 23 muertos en el contexto de la violencia social post electoral, 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas.

“Es de particular preocupación para la Comisión el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”, dice el documento.

Al menos 3 muertos se suman a la lista de víctimas

 

Defensora del pueblo.

Mientras tanto en la ciudad de El Alto un operativo de policías y militares dejó el saldo de al menos tres muertos un un número aún indeterminado de heridos.

La Defensoría del Pueblo pidió la desmovilización de las Fuerzas Armadas para evitar más muertes, tomando en cuenta que su intervención junto a la Policía Boliviana tuvo como objetivo principal el resguardo de la ciudadanía ante hechos vandálicos que se suscitaron entre el 10 y el 12 de noviembre.

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