Añez firma decreto que ofrece impunidad a los militares

El gobierno de facto de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo 4078 que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para reestablecer el orden público y exime a los militares de cualquier responsabilidad penal.

Según el artículo 3 del mencionado decreto, “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará interno de responsabilidad cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

En su artículo 4 esa norma agrega que: “Las Fuerzas Armadaas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual de Uso de la Fuerza aprobado mediante DS. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre de 2013 de control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales”.

El decreto fue firmado el 14 de noviembre y está firmado por Añez y 11 ministros. Los militares salieron a las calles el 12 de noviembre. ““Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos”, afirmó ese día el entonces ministro de Defensa, Javier Zavaleta.
En la víspera, un operativo policial-militar reprimió a una marcha de productores de coca que pretendía llegar al centro de la ciudad de Cochabamba dejando el saldo de al menos 8 muertos, 115 heridos y más de 200 detenidos.

El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las Fuerzas Armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos.
El Gobierno argentino calla. La OEA avala . @mbachelet y la ONU deben intervenir. #BoliviaGolpeDeEstado pic.twitter.com/8JnyOMDlvs

— Alberto Fernández (@alferdez) November 16, 2019

La represión provocó pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, dijo un pronunciamiento de la CIDH, mientras que Bachelet dijo que: ““Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.

Las organizaciones bolivianas de Derechos Humanos mantienen en silencio, aunque habían sido muy activas durante el gobierno de Evo Morales.