Golpismo y discurso opositor fraudulento

Después de haber fracasado en sus intenciones separatistas, la oposición privatizadora y vendepatria busca regresar al Gobierno mediante un plan golpista, racista y violento al que no le importa sabotear la economía, los bonos sociales ni la democracia. Para ello, con la amplificación de sus medios, construyó un discurso fraudulento que pretende naturalizar la ilegalidad y la usurpación de la voluntad popular.

Su reciente acción desestabilizadora fue el intento de golpe cívico-prefectural de 2008 que incluyó tomas de aeropuertos, instituciones públicas, ataques a los “collas” e implementación de un plan de independencia que fue operado por el mercenario Eduardo Rózsa Flores y la cúpula oligárquica “La Torre”.

Tras 11 años de esos sucesos, la derecha neoliberal recurrió a algunos de sus actores como Carlos de Mesa, exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, y a Fernando Camacho, proveniente de la élite empresarial/colonial/racista.

Esta corriente conservadora intentó impugnar la candidatura de Evo Morales, pretendió mostrarla como ilegal (pese al fallo del Tribunal Constitucional). Tras las elecciones, buscó primero posicionar la idea de “segunda vuelta”, pero al ver que el conteo oficial le desfavorecía, acuñó la consigna de “fraude”.

Ante el inicio de una auditoría de la OEA a los comicios, la oposición se quitó la máscara y mostró sus verdaderas intenciones: quemó instituciones públicas, atacó a “collas”, desconoció el resultado de las elecciones, pidió la anulación de estas y, después, la renuncia del Gobierno legalmente constituido. Por si fuera poco, ahora instruyó a sus hordas la toma física/violenta de las instituciones públicas.

Todo este plan se basa en un discurso fraudulento/mentiroso, según se advierte en el siguiente recuento.

-Denuncia “fraude”, pero no presentó hasta ayer una sola prueba fundamentada de sus acusaciones ante las autoridades competentes o ante la OEA que audita los comicios.
-Menciona “tomas pacíficas” de instituciones públicas, pero en realidad se trata de acciones violentas que impiden la libre locomoción de los trabajadores, traba el derecho al trabajo e incurre en el tipo penal de “organización criminal”.

Estas presuntas “tomas pacíficas” pretenden dañar la economía nacional, impidiendo al Estado el ingreso de recursos económicos, lo que está tipificado como “instigación pública a delinquir.

-Por otro lado, la derecha enarbola el discurso de “defensa de la democracia y el voto”, pero no respeta el artículo 166 de la Constitución Política del Estado (que es el marco legal para la victoria de Evo Morales en primera vuelta), ni el cómputo oficial realizado por el Tribunal Supremo Electoral, ni el mandato popular expresado en las urnas por el voto de 6.460.515 bolivianas y bolivianos que acudieron a sufragar.

Desconoce también el voto campesino/indígena que, en última instancia, inclinó la balanza en favor del Proceso de Cambio.

– Además, la oposición privatizadora utiliza la bandera boliviana en sus movilizaciones, pero en realidad la usa para bloquear calles, restringir derechos, atacar a personas de otras regiones, e incendiar/atacar instituciones públicas.

-Resalta un discurso religioso (usa la Biblia y habla de Dios) antes de llevar a cabo sus bloqueos y acciones violentas, pero no toma en cuenta que la Constitución (artículo 4) indica que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, y que el Estado es independiente de la religión.

– Justifica sus acciones en la “liberación” del país, pero sus actos (paros, bloqueos, tomas de instituciones y cierre de fronteras) causaron pérdidas de $us 167 millones, perjudican el pago de la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, ya que las entidades que se encargan de cancelar esos beneficios sociales no pueden atender al público.
Es decir, la derecha antipatria/privatizadora instrumentaliza la democracia para destruirla.