Denuncian el desmonte de 22.000 hectáreas sin verificación previa

Millonario caso de corrupción con deforestación y madera en la ABT

Publicado el: 7 junio, 2019 7 min.    + -   

La ABT acusa a la anterior administración de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras de la zona. Revelan que se firmaron más de 2.000 resoluciones para aprobar planes de desmonte en la Chiquitania

 

Las Fuerzas Armadas y la ABT lograron interceptar dos camiones con madera ilegal

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) denunció el desmonte de más de 22.000 hectáreas de tierras fiscales a través de 2.096 resoluciones fraguadas que se realizaron en la zona de San Ignacio de Velasco. En ese sentido, indicaron que se ha iniciado procesos penales contra los responsables de estos hechos que se registraron entre 2015 a 2018.

Cliver Rocha, director ejecutivo de la ABT, informó que se abrieron dos procesos penales contra René Noel Sivila Céspedes, ex responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, exautoridades de la institución y agentes auxiliares, por firmar planes de desmonte en tierras fiscales, cobrando al menos $us 300 por resolución. “No sabemos el alcance de la situación, inclusive podría acarrear tráfico de tierras y legitimación con desmontes ilegales. Ha existido toda una operación institucional de la anterior estructura que estaba a cargo de la ABT”, manifestó Rocha. El titular de la ABT indicó que fueron estafadas seis comunidades menonitas: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, La Conquista, La Roca, Valle Verde y Cañada La Roca.

Además de que se encontró documentación donde las autorizaciones concedidas fueron mal utilizadas para respaldar madera de origen no autorizado, llenando Certificados Forestales de Origen (CFO) con volúmenes falsos de madera para ser vendidas ilegalmente. Se estima que todos estos ilícitos generaron un movimiento económico superior a los $us 6 millones. Rocha también mencionó que en 2018, los afectados hicieron denuncias en la misma ABT, pero éstas fueron ignoradas por las autoridades de turno y solo se descontó un 20% del sueldo de Sivila a través de un proceso interno.

Sospechoso estaría prófugoEn tanto, Saúl Salazar, jefe de la unidad anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que Sivila está siendo procesado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, beneficios en razón de cargo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y deterioro-destrucción de bienes y riquezas del Estado.

También indicó que actualmente el denunciado se encontraría prófugo y se presume que habría salido del país por la frontera con Argentina. “Se tiene los suficiente elementos de convicción para determinar que esta persona evidentemente habría realizado estos tipos penales”, dijo Salazar. Por su parte, Rossío Alcón, directora general de asuntos jurí- dicos de la ABT, indicó que Sivila está involucrado en otro caso, como es la aprobación de un Plan de Desmonte en la comunidad San José de la Embocada, donde se evidencia que no hubo inspección para verificar los datos presentados por los solicitantes, además que dichos datos están con volúmenes ‘inflados’. Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, repaldó las acciones de la ABT para sancionar las actividades ilegales.

Destapan un millonario caso de corrupción con madera en la ABT

Un empleado de la Autoridad de Bosques firmó 2.096 resoluciones para el desmonte ilegal de 22.000 hectáreas. Con sus cómplices, recaudó unos $us 6 millones.

viernes, 07 de junio de 2019 · 00:42

 

Entre 2015 y 2018, René Noel Sivila Céspedes, quien por entonces era el responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, firmó y vendió 2.096 resoluciones para autorizar el desmonte ilegal de 22.000 hectáreas de tierras fiscales. En complicidad con otros funcionarios de esa oficina del Estado  recaudó al menos seis millones de dólares.

“Sivila hizo uso y abuso de su cargo, puesto que aprobó planes de desmonte en tierras fiscales, estafando de esta manera a seis comunidades menonitas (…). Llegó a firmar 2.096 resoluciones que permitieron los desmontes de más de 22.000 hectáreas. Esta acción fue realizada en complicidad de agentes auxiliares ya identificados”, denunció ayer el director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Clíver Rocha.

Sivila se dedicaba a firmar resoluciones administrativas para aprobar planes de desmontes menores a 20 hectáreas. De esta manera se desmontaban tierras fiscales y más tarde se procedía al “blanqueo” (tala y comercio ilegal) de la madera extraída.

Rocha explicó que el funcionario cobraba por lo menos 300 dólares por cada resolución aprobada. Para hacer los cobros, Sivila enviaba a sus intermediarios, agentes auxiliares de la UOBT.

El director de la ABT indicó que el caso fue descubierto cuando el nuevo equipo técnico y jurídico detectó “indicios e irregularidades alarmantes” al revisar documentación pasada y recibir denuncias de los perjudicados.

Seis comunidades afectadas

Las tierras fiscales de las que Sivila dispuso de manera irregular afectaron a seis comunidades menonitas: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, La Conquista, La Roca, Valle Verde y Cañada la Roca.

Desde que las resoluciones comenzaron a ser aprobadas, se montó una “cadena productiva” que incluía tierras, desmonte, tala y venta ilegal de madera, una actividad ilícita que con la sola venta de las autorizaciones generó seis millones de dólares.

Las autoridades de la ABT descubrieron que el agente auxiliar Ronald Valverde, uno de los intermediarios de Sivila, incluso abrió su propio negocio, la Consultora Forestal Mainter Forest, que fue allanada. Allí se encontró documentación que prueba que las autorizaciones concedidas fueron utilizadas para respaldar madera de origen no autorizado. En el lugar se llenaron certificados forestales con volúmenes “inflados” de madera para ser vendida ilegalmente.

El director de la ABT aseguró que alrededor de Sivila y los agentes auxiliares que trabajaban para él se formó una “red de protección interna” que no atendió las denuncias presentadas en contra de los funcionarios.

“Existían denuncias presentadas el año pasado en contra de Sivila, por parte de los afectados y pobladores de San Ignacio de Velasco, que en muchas ocasiones las hicieron llegar a la ABT y en otras, las manifestaron por redes sociales. Incluso escribieron mensajes en los muros externos de la UOBT de San Ignacio, pero en su momento fueron ignoradas por las autoridades de turno, por lo que se presume que existió una red de protección interna que hizo caso omiso o minimizó las denuncias”, manifestó.

A pesar de las denuncias públicas en su contra, el responsable de la UOBT ignaciana se mantuvo en el cargo y, ante las acusaciones, sólo se le inició un proceso interno que dio como resultado el descuento del 20% de sus percepciones de un sueldo.

La directora de Asuntos Jurídicos de la ABT, Rossío Alcón, acotó que Sivila también está involucrado en otro caso de corrupción, por la aprobación irregular de un plan de desmonte en San José de la Embocada.

Caen 7 peruanos que traficaban en Pando

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y las Fuerzas Armadas capturaron  a siete peruanos por transportar madera de forma ilegal. La aprehensión tuvo lugar en inmediaciones de la comunidad Soberanía, en el municipio de Filadelfia, del departamento de Pando.

La ABT puso a los involucrados ante el Ministerio Público para su proceso penal. Los extranjeros se declararon culpables y pidieron un juicio abreviado.

El director ejecutivo de la ABT, Clíver Rocha, pidió ayer a las autoridades que actúen con todo el rigor de la ley, puesto que en muchas ocasiones los traficantes de madera se someten a un proceso abreviado y son sentenciados a menos de tres años, lo que les permite cumplir su condena en libertad.

En menos de un mes hubo dos casos en los que se sorprendió a peruanos cuando talaban y traficaban madera en Bolivia.

La comunidad Soberanía y sus alrededores son consideradas zonas rojas, porque hay personas que cometen delitos que afectan los recursos naturales.

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