Todo empuja a que el régimen sea cada vez más rígido y conservador, congruente con el sistema de partido dominante, en fase inicial de crisis hegemónica. La creciente concordancia de sus intereses materiales y de su composición con los de las compañías más concentradas y/o transnacionalizadas (banca, agroexportadora, industrias extractivas) afirma sus tendencias a perpetuar una matriz productiva arcaica y destructiva y consolida su inclinación antidemocrática, centralizante y excluyente.

Roger Cortez / La Razón

De los tres mandatos centrales que recibió el MAS durante el proceso constituyente, uno se ha realizado deficientemente, el económico; la reforma política se postergó, abandonó y, finalmente, se descartó; mientras que la transformación intelectual y moral quedó reducida a un relato, divorciado de los hechos y a un puñado de leyes, de uso propagandístico y casi nulas en su aplicación.

La transformación de la matriz productiva, entendida como modificación sustancial, continua y flexible de relaciones entre la sociedad y la naturaleza, tanto como el cambio de los mecanismos de producir-acumular-distribuir el excedente social, se ha petrificado en un modelo desarrollista, devastador de los bienes comunes-fuentes de vida. Es ahora un heredero más de la ruta trazada por el plan Bohan, reiterado en versiones —ya estatistas, ya liberales— por todos los gobiernos, desde la segunda mitad del siglo pasado.

La disminución de la pobreza, la desigualdad y el incremento de la capacidad de ahorro interno conseguidos en casi tres lustros, no equilibran las frustraciones de fondo ni la completa pérdida de rumbo que lo caracteriza.

El Estado Plurinacional, es decir, democrático intercultural, descolonizador, con autonomías y abierto a la participación y el control social, llegó a dibujar sus bases y su perfil en la Constitución; pero se congeló muy temprano, con la aprobación de las “leyes-marco” que debían guiar su aplicación y, principalmente, con la práctica que consolida sus peores tradiciones verticales, autoritarias, caudillistas, concentradoras de poder, mediante mecanismos de clientelismo, permisividad e inmersión profunda con y en la corrupción.

La trayectoria del MAS, su régimen y el proceso que encabeza refuerzan las más arraigadas tendencias históricas del país, cuyos ciclos constitutivos incubaron, poco después del ascenso de un nuevo bloque social al poder, un despliegue de herramientas para concentrar la conducción y el control, así como la reversión de las medidas más aperturistas, participativas e innovadoras. Pasó con el Estado republicano y el nacionalista revolucionario, que son tipos de Estado, en el sentido más estricto, tanto como con las dictaduras (modalidad de estado de excepción) y con el llamado Estado neoliberal.

Cada uno de estos tipos se define por una composición particular del bloque de poder, asociado a una determinada etapa de avance del capitalismo, entendido como sistema integral de relaciones sociales y no solamente económicas y de propiedad.

El Estado deseado y posible, bosquejado en la CPE de 2009, que rompería los estructurales frenos que estancaron la participación democrática inaugurada por la Revolución de 1952, al abrirse a indígenas, campesinos y mujeres, dando amplio cauce a la pluralidad, el control y la participación social, se ha extraviado en una ruta corporativista que le permite subsistir, renunciando a su origen y naturaleza, congelándose en la “estabilidad” e inclinándose a lo regresivo, cuando niega la soberanía popular y la expresión democrática del pueblo.

Lo nacional popular que, en nuestro país, se encarna en la relación dinámica y contradictoria entre indígenas y campesinos y, de ambos, con el conjunto de fracciones sociales urbanas, que proceden mayoritariamente de ancestro campesino (comerciantes populares, transportistas, empleados, artesanos, obreros) se alimenta de tradiciones corporativas, que definieron la prevalencia de intereses privados (de grupos), sacrificando a los del conjunto.

Lo mismo ocurre con la vigorosa influencia sindical-gremial-corporativa que impregna la experiencia de figuras centrales del Ejecutivo. Tal herencia crece en una fase histórica en que la clase obrera prácticamente ha desaparecido del mapa social, asimilada como una franja más de las clases medias. Hoy, su conducción sindical profesionalizada concentra rasgos burocráticos y prebendales, que coexisten con una inercia machista, misógina y antiindígena; todo ello, cubierto por una precaria narrativa obrerista, obsoleta y frontalmente contrapuesta con sus prácticas concretas.

Todo empuja a que el régimen sea cada vez más rígido y conservador, congruente con el sistema de partido dominante, en fase inicial de crisis hegemónica. La creciente concordancia de sus intereses materiales y de su composición con los de las compañías más concentradas y/o transnacionalizadas (banca, agroexportadora, industrias extractivas) afirma sus tendencias a perpetuar una matriz productiva arcaica y destructiva y consolida su inclinación antidemocrática, centralizante y excluyente.

opinion

Por  Roger Cortez Hurtado

martes, 21 de mayo de 2019 · 00:12

Cuando el Presidente, metido en el fuego de la campaña, dice que el 21F es una mentira o acusa al rival que puede derrotarlo en las elecciones de “recibir dinero del narcotráfico”, se hace un daño grande como candidato. Mayor aún, tomando en cuenta que se trata de una candidatura impuesta por la fuerza.

Para empezar, porque esas dos afirmaciones no se la creen ni quienes las inventaron. En realidad, de todos los que pueden terminar por depositar su voto a favor del binomio masista, sólo uno de cada tres, más que creerlo, son indiferentes a si las afirmaciones de su candidato son ciertas o no porque de todas maneras están decididos a apoyarlo sin preguntar; pero, los otros dos, que se encuentran en una zona gris de duda, se dan cuenta perfectamente de que esos dichos presidenciales son tan verdaderos como que el sol se mudará de domicilio si el candidato oficial pierde.

Esa mayor porción de los potenciales electores del oficialismo permanece inclinada a apoyar la tercera reelección porque piensan que no queda más remedio. Después de la gran poda de votantes que reflejó el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, el electorado del MAS ha estado goteando pérdidas y, en ciertos momentos, gruesos chorros de adherentes.

Los que quedan suman cerca de la mitad del porcentaje que votó por el oficialismo en 2014 y en su mayoría están claramente conscientes sobre la degradación del proyecto que respaldaron, de los abusos, de la creciente ola de saqueos a las arcas públicas y de las verdades que se esconden, y las mentiras que se propalan.

Mantienen su inclinación a apoyar, una vez más, a sus candidatos del pasado porque la incertidumbre de lo que puede pasar con un cambio se impone sobre su decepción y hasta su repugnancia. Las encuestas de los dos últimos años nos lo muestran con claridad en el sentido de que la fortaleza que mantiene la confianza en quienes se la otorgan al régimen anida en el área económica, donde se focalizó aquello que los electores perciben como su mejor desempeño, al compararlo con las gestiones gubernamentales previas y como fuente de beneficios concretos.

Pero temer una modificación no significa, de manera alguna, que se engañen sobre las andanzas del régimen. Es posible, más bien, debido a que se dan cuenta de lo que pasa, que esperen alguna reciprocidad de los candidatos a los que piensan apoyar por resignación, no por confianza. Esperan, mínimamente, que no se los crea o trate como tontos; suponen que su fidelidad o tolerancia merece al menos un gesto simbólico o un guiño de gratitud por recibir un respaldo que muchos de sus ellos están dudando en otorgar.

Por eso, cuando el candidato que desde 2002 hasta hoy les pide votos de nuevo y para conseguirlos se siente obligado a lanzar mentiras demasiado grandes, sencillamente intragables, dos de cada tres de esos electores pueden sentirse ofendidos y menospreciados. Por lo tanto, como candidato que necesita de cada voto, es una torpeza mayor, agredir a los que pueden salvarlo, tratándolos de esa grosera forma.

No se trata de los votantes que en ningún caso lo apoyarán o de los ya perdidos en trece años de haberlos defraudado; me refiero -una vez más- a la mayor parte de la fracción que en los sondeos sigue afirmando que piensan votar por el MAS, pero que sienten crecer su inquietud con cada nueva revelación de negocios oscuros y derroches gubernamentales.

No les cabe duda que el Gobierno perdió, clara es incuestionablemente, en el referendo constitucional de 2016 y es por eso que las encuestas muestran cifras del 70% y más de respuestas que expresan certeza sobre la ilegalidad de la nueva candidatura. También están conscientes de que las conexiones entre policías y criminales, que se disipan cada día, está bajo la responsabilidad de los gobernantes de hoy, no de otros.

Cuando Morales Ayma trata a sus potenciales electores como personas que no entienden la realidad y de las que puede burlarse, sin tregua ni castigo, camina sobre el filo de una navaja que puede cortar sus sueños, o delirios, de reelección perpetua, pese, incluso, al incondicional respaldo de sus servidores del TSE y el TCP.