Dos bandos acerca de una comisión parlamentaria de investigación

Corrupción policial divide opiniones en el gobierno; Evo mantiene a Romero

Publicado el: 9 mayo, 2019 8 min. + - Imprimir

Mientras el presidente Evo Morales dijo que la continuidad de su cuestionado ministro de Gobierno no está en debate, y se extiende por su vulgaridad la noticia de que un grupo policial  de élite recurrrió recientemente a un simple “cambiazo” para robar droga a los narcotraficantes,  en el oficialismo surgió un debate interno que puso en evidencia criterios divergentes, lo que generalmente no llega a hacerse público. Diputados como David Ramos y Édgar Montaño abren la posibilidad de la conformación de una comisión que investigue el caso Medina, y sus implicancias con el candidato presidencial opositor, Carlos Mesa, mientras que Víctor Borda, Lino Cárdenas y Gustavo Torrico no lo ven pertinente. Ramos manifestó que el caso está en manos del Ministerio Público, sin embargo, “si la instancia ordinaria hubiese ignorado este caso, la Asamblea tiene la responsabilidad de establecer una comisión”. En la misma línea, su colega Montaño aseguró que “se sugiere la conformación de una comisión multipartidaria para fiscalizar este proceso” y que debería ser “permanente en la indagación de corrupción, narcotráfico y maltrato intrafamiliar” en la Policía y en las Fuerzas Armadas. Borda, manifestó que no lo ve pertinente, porque “ya está en el Ministerio Público” y quienes piensen lo contrario refieren un criterio personal, no una decisión del MAS. Cárdenas dijo que no se habló de la posibilidad de crear una comisión que investigue, mientras que Torrico, aseguró que una comisión multipartidaria solamente politizaría el tema, de acuerdo con diversos reportes de prensa.

Debaten la creación en el Legislativo de una comisión para enfrentar la crisis policial

La comisión tendría entre sus atribuciones el control en temas de corrupción, asesinatos y narcotráfico. También haría una fiscalización interna permanente, perfiló el presidente de Diputados, Víctor Borda

La Razón Digital /8 de mayo de 2019

En el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se activó ayer un debate sobre la necesidad de crear en el Legislativo una comisión especial para tratar la actual crisis policial y alejar de la institución del orden a los malos elementos.

El diputado oficialista Édgar Montaño anunció que presentará la propuesta ante la bancada nacional del MAS para que hechos similares no vuelvan a suceder.

“Se está sugiriendo que se pueda conformar esa comisión, de oposición y oficialismo, para alejar definitivamente a esta gente que hace quedar mal no solamente a la Policía, sino también a las Fuerzas Armadas; ellos no pueden seguir siendo juez y parte, porque cuando hay hechos de corrupción y ellos mismos de investigan, con seguridad no van sacar ningún resultado”, sostuvo el legislador.

Precisó que esa entidad haría una “fiscalización interna” de manera  permanente. “Entre sus atribuciones estaría el control en temas de corrupción, asesinatos, narcotráfico, además que muchos policías son investigados por maltratar a sus esposas”, detalló el diputado del MAS.

No obstante, hay discrepancias en el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, consideró que “no sería pertinente” activar esa comisión, pues el caso ya está en la justicia ordinaria y el Ministerio Público ya asumió jurisdicción y competencia en el presente caso. “Seguro es un criterio personal, pero no es un decisión política del MAS”, insistió Borda.

Evo dice que la continuidad de Romero “no está en debate”

El presidente aseguró que el trabajo del ministro de Gobierno no está en cuestionamiento y que el caso Montenegro seguirá en investigación hasta dar con todos los responsables

El presidente en conferencia de prensa la mañana de este jueves. Foto: ABI

El presidente Evo Morales ratificó su confianza en Carlos Romero, ministro de Gobierno, y descartó su salida al asegurar que su continuidad en el gabinete “no está en debate”. El mandatario respondió de esta manera a los cuestionamientos en torno a esta autoridad tras el escándalo desatado en la Policía por el caso Montenegro.

“No está en debate la situación de Carlos Romero es ministro de Gobierno y tiene que cumplir su tarea junto a los comandantes (de la Policía)”, dijo Morales en conferencia de prensa.

También se refirió al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, cuyo patrimonio creció en 13 años en el cargo, y dijo que como funcionario público debe estar sometido a cualquier investigación.

“Todos tenemos la obligación de transparentar nuestros bienes, no tenemos nada que ocultar”, agregó el mandatario.

Caso Montenegro

Sobre el caso del narcotraficante Pedro Montenegro y sus presuntos vínculos con exjefes policiales, el presidente señaló que se ha pedido llegar hasta el fondo de este asunto y “caiga quien caiga”.

“He pedido al comandante de la Policía (una) profunda investigación, dar con todos. Esperamos tener los resultados correspondientes”, señaló.

Morales dijo que se realizarán “cambios profundos” en la Policía, de manera que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.

Presumen que policías acusados de ‘volteo’ hicieron un ‘cambiazo’

 

Los cuatro agentes dijeron que los paquetes secuestrados eran estuco y no droga, por lo que se sospecha que cambiaron la sustancia. El microaspirado dio negativo

 

El suboficial Tatasca, el teniente Rivera, el subteniente Calle y la policía Rojas, cuando llegaron esposados hasta el Comando de la Policía. Anunciaron que todos serán dados de baja. FOTOS: FUAD LANDÍVAR

 

Los cuatro policías que el 29 de marzo allanaron sin orden judicial un domicilio en el barrio Villa Warnes, de donde se llevaron 35 paquetes tipo ‘ladrillo’ que presuntamente contenían algún estupefaciente, señalaron que en realidad era estuco. Sin embargo, eso fue manifestado seis días después, cuando el dueño del inmueble allanado ilegalmente denunció el hecho.

Ante esta situación, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, señaló que se sospecha que los cuatro agentes hicieron lo que en la jerga policial se denomina un ‘cambiazo’, es decir, que cambiaron el contenido de los paquetes, para lo cual tuvieron un lapso de seis días.

El peritaje, realizado a solicitud de la Fiscalía, al colchón de paja donde fueron hallados los paquetes, tuvo un resultado negativo para sustancias controladas y toxicológicas.

El fiscal anticorrupción, Iván Ortiz, señaló que el hecho del presunto cambio de la sustancia se enmarca en el tipo penal de alteración y sustitución del cuerpo del delito. Explicó que se analiza imputarlos también por incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal, concusión propia y otros delitos.Antes de conocerse el resultado del peritaje, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que los cuatro agentes habrían incurrido en los delitos de beneficio en razón del cargo, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, esto, en el sentido de que allanaron un inmueble sin orden judicial, vistiendo chalecos que los identificaban como agentes del DACI de la Felcc, cuando en realidad pertenecían al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y porque ejecutaron un operativo que no está dentro de sus competencias, además de que no lo reportaron a sus superiores ni a la fuerza antinarcóticos, pues no hay informes sobre el hecho.

Cabecilla pidió no ser delatado

Aguilera informó que los aprehendidos son el teniente Luis Fernando Rivera Arancibia, jefe del grupo y con un mes de permanencia en el CEIP; el subteniente Rolando Spencer Calle Varillo (dos meses en la unidad); el suboficial segundo Óscar Tatasca Martínez (dos años en el CEIP); y la policía Ruth Sarahy Rojas Maldonado (tres meses).

Asimismo, Aguilera indicó que, según las investigaciones, el jefe del grupo en cuestión, Rivera, había pedido a los tres subalternos que declararan que él no participó de los hechos.El jefe de la Felcc afirmó que se tienen indicios de la participación de los cuatro bajo los delitos antes señalados, pues el dueño de casa que denunció el operativo ilegal los reconoció, además de que los filmó y también aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa cuando sacaban los ‘ladrillos’.

El 4 de abril N. A. D. denunció el allanamiento de su casa y que en el cuarto de unos inquilinos se hallaron los ‘ladrillos’.

Sin embargo, este hecho recién se conoció el lunes, cuando EL DEBER publicó la referencia del operativo ilegal que hizo Gonzalo Medina en su audiencia cautelar del 24 de abril, ante la jueza Ana Gloria Rojas.

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