Suspensión de la realidad efectiva

Publicado el: 8 mayo, 2019 33 min. + -

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En la era de la simulación, cuando la desinformación virtual se impone como “realidad”, cuando los medios de comunicación sustituyen los hechos por noticias sensacionalistas, sobre todo cuando se aprovecha el drama humano, las crisis sociales, que emergen como crisis económicas y crisis políticas, además de mostrar los perfiles más elocuentes de los dramas sociales, como las catástrofes migratorias obligadas, debidas a fenómenos, en su contexto, climáticos o, mas bien, ecológicos, mencionados como consecuencias políticas, también económicas, la realidad efectiva, como experiencia social parece suspenderse o, mas bien, ocultarse. En este contexto saturado por la desinformación y por la manipulación mediática, así como por la propaganda política y la exacerbación ideológica, los servicios de inteligencia juegan a la conspiración y se esfuerzan por desembocar en la guerra. Los gobiernos, entrampados en el círculo vicioso del poder, concurren en llamadas a convocatorias de “defensa de la revolución”, en unos casos, así como de “recuperación de la democracia”, en otros casos, cuando precisamente la revolución ha sido truncada tempranamente, cuando precisamente la democracia se ha esfumado por el manejo monopólico de la casta política, que deriva en la rutina rotativa del bipartidismo o en algo parecido. Las sociedades y los pueblos se convierten en rehenes de estrategias políticas preestablecidas y de aparatos ideológicos, así como también aparatos mediáticos.

En estas condiciones del desborde de la virtualidad, de la irrupción mediática, también de la exacerbación ideológica, la irresponsabilidad institucional, la llamaremos así, por más paradójico que parezca, induce a la guerra. Siendo la guerra sobre todo una tragedia, que cargan los pueblos en sus cuerpos atormentados, no puede pues jamás ser justificada, salvo en la alucinación ideológica y en el delirio político, transmitido mediáticamente. Si se llega a la guerra, cuando se entra a la lógica de las armas, nadie podrá detener sus graves consecuencias, que consiste resumidamente en la destrucción y en la elocuencia expansiva de la muerte. Pero, esto no parece importarles a las castas políticas que se enfrentan. Estas castas no van a preguntar a sus pueblos al momento de tomar la decisión bélica y llevar a la conflagración. Cuando la destrucción y la muerte desaten el apocalipsis no se harán responsables de lo que pasa; siempre acudirán a argumentos consabidos, incluyendo los de los “efectos colaterales”, que son objetivamente devastadores. No se harán cargo de los crímenes de lesa humanidad, salvo si se descarga toda la responsabilidad en los derrotados. Pero, con todo, las poblaciones innumerables de los muertos no estarán para reclamar por sus vidas conculcadas, tampoco serán tomadas en cuenta las muchedumbres de voces de las masas de víctimas, salvo como refugiados o damnificados. Los responsables ante el apocalipsis desatado no solamente serán las castas políticas gobernantes y opositoras, no solamente las máquinas de guerra y los siniestros servicios de inteligencia, sino también los pueblos por dejar hacer a los gobiernos belicistas, a las castas políticas y a las máquinas de guerra, lo único que parece saben hacer: el despliegue de las dominaciones y del control; el desenvolvimiento de la violencia, desde sus formas simbólicas hasta sus formas descomunales y descarnadas; el desboque de la síntesis descomunal de la irracionalidad humana, su compulsión a la guerra.

Si usamos figuras ilustrativas, que se convierten en conceptos cuando se estructuran categorialmente y suponen la síntesis de la idea, como hemos venido haciendo, podemos conjugar y combinar la figura, concepto e idea del círculo vicioso del poder con la figura, concepto e idea del eterno retorno de la guerra. De la figura de círculo vicioso se deduce que no hay salida sino su recurrente y reiterado repetir circular; empero, este recurrente repetir puede derivar también en el hundimiento en su centro gravitacional, como si fuese un agujero negro. Este hundimiento es la guerra; el círculo vicioso del poder es tragado por su propio movimiento intenso que lo arrastra a la conflagración. Las fuerzas concurrentes, que se presentan ideológicamente como enemigas, aunque son, en el sentido de las dinámicas complejas, complementarias, terminan en el fuego, fundiéndose en el fuego de la guerra. Se pasa de la figura del círculo vicioso al eterno retorno de la guerra, al apocalipsis.

En otras palabras, la no-salida del círculo vicioso deriva en la salida trágica del hundimiento en la destrucción. Ocurre como si el círculo vicioso buscara destruirse, cansado de orbitar en el campo gravitatorio del poder. La salida en la no-salida es la guerra, que, obviamente no es una salida, sino la destrucción, la no-salida llevada a su extrema radicalidad. Se podría decir que es como un suicidio social, incluso en un contexto mundial, suicidio civilizatorio. Aunque la historia oficial defina y distinga vencedores de vencidos, en la historia efectiva no los hay, pues el drama y la tragedia atraviesa a ambos. No solo porque las víctimas se reparten, aunque sea de manera desigual, en ambos bandos, sino, sobre todo porque el que se considera vencedor se erige sobre cementerios y la desolación de la destrucción. Aunque las anteriores guerras, contadas por la historia, aparezcan linealmente, como una sucesión histórica, aparentemente progresiva, las más recientes guerras y, sobre todo, la que aparece como el fantasma de la final, muestran, cada vez más claramente, que la genealogía de la guerra se acerca a la destrucción absoluta. En las figuras usadas, a la destrucción misma del eterno retorno de la guerra. La compulsión del círculo vicioso del poder, por las dominaciones, sobre todo, la compulsión a la guerra hace patente la irracionalidad inherente a estas compulsiones, en el desenlace de la destrucción.

La gendarmería del imperio, el orden mundial de las dominaciones, a través de su gobierno ultraconservador, impulsa una guerra contra Venezuela. El “gobierno progresista” de la República Bolivariana, que, después de perder las elecciones a la Asamblea Nacional, donde ganó por amplia mayoría la “oposición”, se inventa una convocatoria, sin pies ni cabeza, a una nueva Asamblea Constituyente, 18 años después de convocada la Asamblea Constituyente de 1999, impulsa también a la guerra. Este acto es como desconocer a la propia Constitución bolivariana que instituyó a la República Bolivariana de Venezuela.

Descripción de la antesala del desenlace

Acudiremos, en esta descripción, a un resumen apropiado de los eventos enlazados, que definen la crisis política de la coyuntura nacional. La descripción sucinta y en forma de secuencia de cronograma. En esta descripción sobresalen los contrastes entre la elección de la Asamblea Nacional y la forzada e improvisada elección de la Asamblea Constituyente, preludio a las elecciones nacionales, también forzadas. Se puede observar que la crisis política deriva en una suspensión indebida y violenta de la Constitución de 1999. Este hecho convierte no solamente en ilegitimo al régimen impuesto por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sino contrario al mismo régimen establecido por la propia revolución bolivariana. Este acto inconstitucional expresa patentemente la profundidad de la crisis política, el vacío jurídico político del régimen impuesto por una Asamblea Constituyente inconstitucional, como la hemos nombrado en otros ensayos[1]. Los espesores de la coyuntura parecen dibujar el perfil de un momento altamente peligroso, en el sentido de cobijar desenlaces de alta intensidad. Esta lectura parece ratificar la interpretación que expusimos: las tendencias del drama político que parecen empujar a la tragedia, las contradicciones políticas que parecen empujar al desenlace bélico; actores políticos, los gobiernos, que sobresalen por su irresponsabilidad al promocionar la guerra, como indiferentes ante sus consecuencias catastróficas; un pueblo convertido en materia y objeto de poder de la concurrencia de fuerzas nacionales e internacionales; los demás pueblos como inhibidos ante el despliegue de aparatos ideológicos, mediáticos, institucionales y bélicos.

Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional

La Constitución de 1999 aumentó el período presidencial de cinco a seis años, abrió el recurso de revocar a servidores públicos mediante referéndum, agregó un nuevo límite de dos mandatos presidenciales. Convirtió la legislatura bicameral en uno unicameral, en una Asamblea Nacional. El país conocido como la República de Venezuela se renombró como República Bolivariana de Venezuela. La Constitución Bolivariana fue aprobada por referéndum con más del 80% de los votos en diciembre de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 es la encargada de redactar nuevamente una Constitución para Venezuela, asumiendo facultades plenipotenciarias, por encima de los demás Poderes Públicos del Estado. La convocatoria fue promovida por Nicolás Maduro el primero de mayo de 2017, mediante decreto presidencial N° 2830, el cual contempla la convocatoria y las bases comiciales.

El 30 de julio fueron realizadas elecciones para escoger a los 545 constituyentes que la conformarían y el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, también sede de la Asamblea Nacional. En sus inicios fueron juramentados Delcy Rodríguez como presidenta de la ANC, Aristóbulo Isturiz como primer vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte como secretario de la ANC y Carolys Pérez como subsecretaria. Su duración quedó fijada por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes. Se estableció su hemiciclo de sesiones en el Salón Protocolar del Capitolio Federal, donde funcionaba el antiguo Senado del extinto Congreso de la República. En sus inicios estuvo conformada por 545 integrantes, pero para enero de 2018, ésta perdió al menos 40 miembros, que ocuparon cargos como alcaldes o gobernadores, tomando en cuenta además el deceso de dos de ellos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional “hasta que persista la situación de desacato” del parlamento. Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un “autogolpe de Estado” y que se estaba “disolviendo a la AN”, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones y antes de la anulación de las sentencias, el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que “estarían supliendo sus labores” hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de “ruptura del orden constitucional”, lo que fue entendido como un “breve conflicto” entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro, quien calificó el roce entre el MP y el TSJ como un “impase”, convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos, a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una “ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este “impase” como una muestra de “plena independencia” de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas jurídicos y políticos para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia. Se desataron protestas exigiendo la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.

El 16 de junio, durante una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, el gobierno organizó un simulacro de elección para la Asamblea Constituyente. Según el diputado Henry Ramos Allup, 203.032 personas participaron en dicha simulación. El gobierno invitó a la oposición a participar en el proceso. Un día después, Nicolás Maduro ordenó la captura de varios líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma por considerar que violaron las restricciones de su arresto domiciliario. Posteriormente Maduro dijo a la oposición: “Ríndanse, están derrotados”. El 30 de julio se realizaron las elecciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, en el primer boletín emitido por la presidenta del CNE, se informó que participaron 8.089.320 de venezolanos, lo que representa el 41,53 % del padrón electoral. Sin embargo, según Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien habla de un “fraude evidente”, habrían participado solo unos tres millones de venezolanos. Antonio Mugica, representante de Smartmatic, la empresa a cargo del sistema electrónico de votación advirtió que habían detectado una diferencia de al menos un millón de votos. En sus palabras, “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

La Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 contempla la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Especialmente en los artículos 347, 348 y 349. Sin embargo, existen juristas que sostienen que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso, que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional. La mayoría de las encuestas de interés nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro.

Una de las primeras medidas adoptadas por la ANC, el 5 de agosto, fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que estaba previamente suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia. Dada la destitución, la Guardia Nacional impidió a Ortega entrar en el edificio. Tarek William Saab, hasta entonces defensor del pueblo, fue nombrado nuevo fiscal general. El 16 de agosto comenzó a funcionar la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, creada por la ANC para estudiar los casos de violencia política entre 1999 y 2017. La comisión estaba dirigida por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. El constituyente Earle Herrera propuso en sesión extraordinaria el 11 de agosto, que las elecciones regionales pautadas para el 10 de diciembre sean adelantadas al mes de octubre, sin embargo, la presidenta de la ANC Delcy Rodríguez decidió diferir la discusión de esta propuesta para una próxima sesión. En la sesión del 12 de agosto se aprueba la propuesta y ANC procede a convocar las elecciones regionales. Posteriormente el gobernador electo del Estado de Zulia, Juan Pablo Guanipa, decide no prestar juramento ante la Constituyente ya que consideraba era algo “contrario a la ley”, la ANC había ordenado a que ningún Consejo Legislativo juramentara a quien no se subordinara a ella, por tal motivo pasado los 10 días máximos reglamentarios para su juramentación es destituido por el órgano legislativo estatal, designando a una gobernadora encargada y convocando nuevas elecciones, fijándose la fecha para el mismo día que las elecciones municipales. Por decreto del 26 de octubre de 2017 la ANC ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país. Posteriormente el Consejo Nacional Electoral las programó para el 10 de diciembre. La ANC estableció que todos los alcaldes que resultaran electos debían juramentarse ante los constituyentes de cada estado para poder asumir sus funciones.

El 10 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales que estaban pautadas legalmente para diciembre del 2016. En dichos comicios los principales partidos políticos opositores, Voluntad Popular y Primero Justicia, decidieron no participar debido a las pocas garantías electorales que ofrecía el CNE, pues según los presidentes de estos partidos, el CNE funciona como un miembro del gobierno chavista. Luego de efectuadas las elecciones, Maduro amenazó a Voluntad Popular y Primero Justicia de impedir que participaran en las elecciones presidenciales previstas para 2018. “Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más“.

El 20 de diciembre de 2017 la ANC estableció por decreto que los partidos que no participaron en elecciones anteriores debían volver a revalidarse ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ya lo habían hecho a principios de año. El 20 de diciembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente suprime por decreto los distritos metropolitanos, con el motivo de que “se alejaban de sus funciones”. Varios dirigentes de la oposición venezolana criticaron gravemente estos hechos por violación a la Constitución, a las leyes y por la cantidad de personas desempleadas debido a esta acción. El 23 de enero de 2018 la constituyente de Maduro decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril. El decreto de la constituyente fue rechazado por la oposición venezolana, OEA, mayoría de los países de América y todo el continente europeo, por haber sido convocadas estas elecciones por un organismo de cuestionable legalidad, además de que deroga la Constitución venezolana vigente aún al adelantar un proceso que legalmente está pautado para finales de 2018.

Diosdado Cabello propuso adelantar las elecciones parlamentarias legalmente previstas para 2021; a su juicio el Parlamento venezolano dejó de existir a raíz de las sanciones ilegales que el TSJ le aplicó al órgano legislativo, anulando todas sus facultades constitucionales. Dicha proposición fue secundada por Nicolás Maduro, quien hizo entrega formal de la propuesta por escrito al polémico organismo, añadiendo a la propuesta de Cabello, la realización de elecciones de Consejos Estatales y Municipales. El 23 de febrero, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, declaró en rueda de prensa que el día 22 de abril se harían solamente las elecciones presidenciales pues no estaban preparados técnicamente para realizar todas los comicios propuestos por Maduro. El 1 de marzo Lucena rectifica la fecha de los comicios, fijando para el 20 de mayo de 2018 la realización de las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones de Consejos Estatales. Después de más de un año sin conocimiento sobre la constitución siendo redactada por la Asamblea Constituyente, el medio Panorama publicó un presunto borrador del texto constitucional compuesto por 411 artículos, contrastado con 350 artículos de la constitución de 1999, citando fuentes vinculadas a la Constituyente. Entre los cambios más importantes se destacarían la extensión del período presidencial por siete años, comparados con los seis años de la constitución vigentes, el establecimiento de Venezuela como un “Estado federal centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente”, a diferencia del “Estado federal descentralizado”, además del cambio de redacción del artículo 350, el cual hace referencia a la desobediencia civil. El borrador del texto constitucional también limita el derecho a la propiedad privada, a la libertad económica y al derecho de la ganancia, además del derecho a la manifestación, la protestas y la libertad de expresión y constitucionaliza el control social. Es el primer borrador de texto constitucional con un preámbulo que contiene una mención política y partidista de Hugo Chávez, llamándolo “amado y eterno comandante”. Hernann Escarrá ha indicado que el texto se inclina a incluir la forma de organización y gobierno de las comunas, acoger a las llamadas milicias como un componente de las Fuerzas Armadas e incluir un apartado para castigar severamente a quienes incurran en el delito de traición a la patria. Por su parte, Efecto Cocuyo publicó una lista oficial de los integrantes de la comisión de la Constituyente encargada de la redacción del texto, conformada por 29 integrantes, 20 de los cuales son constituyentes, el resto abogados, asesores y asistentes administrativos; comisión presidida por Escarrá.

Hay controversia en torno a la constitucionalidad de esta convocatoria. Uno de los puntos cuestionados es sobre si el presidente está facultado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Parte de los juristas afines al gobierno afirman que el Ejecutivo sí está facultado por el artículo 348 de la Constitución. Otra parte de los expertos sostiene que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso y que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional. La mayoría de las encuestas de interés nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro. Otro punto controvertido son las bases comiciales del proceso que, según el artículo 2 del decreto 2830, serían “sectoriales y territoriales”. Varios expertos en derecho, incluyendo la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, argumentan que este aspecto viola el principio de universalidad del voto consagrado en el artículo 63 de la constitución.

Dentro del Poder Público Nacional han surgido críticas y rechazos al proceso. La mayoría opositora dentro del Parlamento, Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Tellez diputados por la coalición Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional (AN), Luis Emilio Rondón rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luisa Ortega Díaz fiscal general de la República, Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Marisela Godoy magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gabriela Ramírez consultora jurídica del TSJ, mayor general Alexis López Ramírez secretario del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), rechazaron la convocatoria con el argumento común de que tal proceso no fue convocado por el pueblo como lo establece el artículo 347 de la constitución y por el carácter sectorial y territorial de las bases comiciales planteados en el artículo 2 del decreto.

El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378, en donde decidió que el presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo:

“El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX” – Extracto de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia -.

Al día siguiente de conocida la decisión del Poder Judicial, la Fiscal General de la República introdujo ante el TSJ un recurso de aclaratoria sobre la sentencia, donde solicita explicar cuatro puntos: Retroceso de derechos humanos, vigencia de la democracia participativa y protagónica, diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a una ANC y modificación del texto constitucional sin aprobación del Pueblo. En respuesta a estas controversias; el presidente Maduro anunció que haría la propuesta al CNE de convocar a un referéndum consultivo para la nueva constitución, alegando que una vez que los tentativos cambios sean anunciados, estos se someterían a unas elecciones aprobatorias, de manera que el pueblo apruebe o desapruebe una nueva constitución. La propuesta fue entregada por el comando de campaña Zamora 200 al CNE el 5 de junio.

El 8 de junio, Luisa Ortega Díaz interpuso ante la Sala Electoral del TSJ contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, subsidiariamente, medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la Constituyente, solicitando la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con la convocatoria a la ANC por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales y argumentando que “el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar dicha convocatoria”. Dicho recurso fue apoyado por el Foro Penal Venezolano, cuyo director Alfredo Romero, informó que la institución prestará su plataforma para apoyar a los ciudadanos que se quisieran adherir al mismo. El 12 de junio la Sala Electoral del TSJ declaró como inadmisible el recurso interpuesto por la fiscal general, alegando que el amparo cautelar es inoficioso por la “inepta acumulación de pretensiones”. Después de declarada la inadmisibilidad, dos tribunales de Nueva Esparta rechazaron otro recurso contra la Constituyente introducido por un grupo de ciudadanos del estado.

Según el Observatorio Electoral Venezolano, el Consejo Nacional Electoral obvió en su cronograma electoral 14 auditorías, varias etapas del proceso y se saltó 70 de 100 actividades previas a cualquier elección contempladas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Tras una denuncia formulada por los dirigentes opositores Diego Arria, Marina Corina Machado, Antonio Ledezma y Ceciclia Sosa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior declaró el 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Constituyente, solicitando su disolución y haciendo un llamado a su desconocimiento. Entre las observaciones que se hacen, para criticar su elección tenemos:

Irrespetan la base poblacional (1,1 %, Art. 186 CRBV) para la elección de representantes nacionales.

Irrespetan las magnitudes poblacionales de los municipios, igualando a uno los constituyentes por cada municipio, y a dos en los municipios capitales, sin soporte alguno en la Constitución.

Irrespetan el rango nacional del universo poblacional.

Irrespetan la representación proporcional acogiendo el sistema mayoritario de elección uninominal, con excepción de los municipios capitales y el municipio Libertador del Distrito Capital, que elige 7 constituyentes.

Inventan universos sectoriales controlados por la burocracia gubernamental y con registros de electores y electoras absolutamente no confiables[2].

Conclusiones

Estamos ante aparatos ideológicos, aparatos mediáticos, aparatos de Estado, máquinas políticas, máquinas económicas, máquinas de guerra, que tienen una relación problemática con la realidad efectiva; buscan recortarla o, si se quiere, deformarla, otorgarle el perfil y el contenido que le atribuye el poder. Tanto el orden mundial, así como el orden nacional, esculpen, por así decirlo, la realidad a su manera, buscando moldearla de acuerdo con sus presupuestos, mejor dicho, prejuicios. Una vez efectuados estos recortes, una vez obtenido el molde, estos aparatos y estas máquinas de poder trabajan en lo recortado, en lo moldeado, como si ésta fuese la realidad misma, cuando es la realidad producida por el poder.

En lo que respecta a la crisis múltiple de la República Bolivariana de Venezuela, el orden mundial de las dominaciones y el orden nacional de las dominaciones han hecho sus respectivos recortes de realidad y, por más contrastados que sean estos moldes, es decir, las interpretaciones dominantes, ambos órdenes tienen como paradigmas a los modelos ideológicos logrados y sobre los mismos actúan. Las dinámicas complejas de la realidad efectiva han desaparecido ante estas miradas; lo que se tiene son esquematismos dualistas, por ambos lados, que legitiman las actuaciones del poder, a nivel mundial y a nivel nacional. Los pueblos concretos, las sociedades singulares, los problemas concretos y singulares han desaparecido ante estas miradas del poder; lo que tienen ante sus ojos son escenarios donde los pueblos son presentados o como víctimas o como partidarios de las acciones emprendidas. Si habla el pueblo lo hace como ventrílocuo de los protagonistas del poder, los representantes jerárquicos de las castas políticas enfrentadas. Lo que importa es la voz misma del poder; la voz patriarcal de los órdenes de dominaciones enfrascados en la lucha. Los medios de comunicación transmiten estas tramas oficiosas de los enemigos. Por más dicotómicas que sean las versiones vertidas, tan distintas en las pretensiones de verdad, lo que entran en concurrencia son estas narrativas del poder. Lo que efectivamente ocurre poco importa; las acciones políticas y diplomáticas se guían por lo que debe ocurrir, según las interpretaciones del poder.

Si en el horizonte aparece la guerra como amenaza suprema, entonces, el dramatismo político adquiere mayor intensidad. Ambos bandos se amenazan con la guerra; se acusan mutuamente de la responsabilidad ante el posible estallido de la conflagración. Lo que llama la atención es que no se detienen ante esta posibilidad, no se ponen a reflexionar sobre esta amenaza destructiva y desgarradora, no se hace un alto en el camino y se busca evitar la guerra, tampoco alejarse de esta posibilidad. Se sigue jugando con fuego.

Ahora bien, si hay diferencia entre la realidad efectiva y la “realidad” recortada por el poder, ¿por qué esta diferencia no amortigua o detiene los juegos de poder? En otras palabras, ¿por qué la “realidad” moldeada por el poder se termina convirtiendo en la realidad producida por el poder, que golpea a los pueblos y las sociedades? Al respecto se puede decir que los pueblos y las sociedades parecen terminar atrapados en las redes de los juegos de poder, formando parte de la realidad recortada o si se quiere manipulada. Para que esto ocurra tienen que haber renunciado a gran parte de lo que son, a sus dinámicas corporales y sociales, a las complejidades de sus ámbitos de relaciones, asociaciones y combinaciones de asociaciones. Es esto precisamente lo que parece que ocurre. Las presiones de los aparatos y máquinas de poder son persistentes, sistemáticas e intermitentemente intensas, sobre todo en momentos de crisis, que los pueblos y sociedades caen enredados en las redes del chantaje del poder, en la economía política del chantaje.

Los recortes de realidad no están fuera de la realidad efectiva, forman parte de ella; por lo tanto, no es que los órdenes de poder mencionados se encuentran fuera, como en la irrealidad; se encuentran dentro, solo que, en compartimentos acotados y restringidos, hasta se podría decir como en burbujas. Es desde estos espacios acotados, controlados, restringidos, convertidos en “realidad”, que inciden e irradian, incluso afectando a ámbitos dinámicos de la realidad efectiva. Llamemos a uno de los recortes de realidad geopolítica del sistema mundo capitalista, llamemos al otro recorte de realidad geopolítica de la forma de gubernamentalidad clientelar; es en estos recortes donde los aparatos ideológicos y las máquinas de poder que buscan lograr sus objetivos, las finalidades de sus estrategias de poder. Ambos recortes de realidad no son ajenos entre sí, mas bien, se suponen, incluso el recorte de la forma de gubernamentalidad clientelar se encuentra dentro del recorte de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Ambos recortes se interpretan a su modo, desde sus propios códigos, desde sus propias narrativas; interactúan y se confrontan en los escenarios montados.

En ambos recortes de realidad se usan argumentos de preestablecidos modelos justificativos de acciones; se puede hablar de la ideología en acción, también de los aparatos de comunicación en acción. Uno de estos modelos es el discurso de “defensa de la democracia”, que tiene su larga data y acompañó a las intervenciones norteamericanas de marras y recientes. El otro discurso es el de “defensa de la revolución”, que también tiene su propia historia y arqueología. Desde la primera revolución proletaria triunfante, de la que emergió la URSS, hasta la revolución bolivariana en crisis, el discurso de la “defensa de la revolución” o de la “patria socialista”, así como, recientemente, de la “patria bolivariana”, actúa como inhibidor de la crítica y como un chantaje ideológico para polarizar las fuerzas sociales, sobre todo para mantener la unidad del bloque social-popular. En consecuencia, aunque se trata de modelos discursivos contrastados, lo que comparten es la función que cumplen con respecto a sus convocatorias, así como con respecto a la búsqueda de legitimidad de sus acciones. El debate entre ambas formaciones discursivas desaparece para caer en la diatriba, difundida por los aparatos ideológicos y los aparatos mediáticos. Las víctimas de estos enfrentamientos verbales son las opiniones públicas, para seguir usando un concepto ya desgastado, empero ilustrativo. Son víctimas, pues en estas atmósferas atiborradas de emisiones proliferantes de diatribas desaparece la información, sobre todo, lo que llamaba Jürgen Habermas el raciocinio.

Si se contrastan estas narrativas del poder con la realidad social efectiva, se observa que de lo que hablan, sus referentes cruciales, por los cuales se efectúan acciones, se ejerce poder, se convoca y se llama a movilizaciones, no existen. La democracia, en pleno sentido de la palabra, como ejercicio del autogobierno del pueblo, no existe; está sustituida por la democracia restringida, la democracia simulada, de la democracia formal institucionalizada, mediada por delegaciones y representaciones obligadas, que lejos de representar al pueblo expresan los intereses de la casta política. Por otra parte, la “revolución” de la que se habla, que implica transformaciones estructurales e institucionales radicales, ha sido truncada en las primeras de cambio, cuando se restaura el Estado, cuando se cae al círculo vicioso del poder, cuando se usa las instituciones para dominar, cuando emerge una nueva clase económica sostenida por la administración pública; lo que se llamó la burocracia soviética por el marxismo crítico, lo que se llama, ahora, con los “gobierno progresistas”, la burguesía rentista. Entonces, se habla, se emiten semejantes discursos del poder, se afronta la lucha ideológica, sobre referentes desaparecidos. Por lo tanto, no se trata, ni de la “defensa de la democracia”, ni de la “defensa de la revolución”, sino de la defensa de castas políticas y económicas enfrentadas, en el plano nacional y en el plano internacional.

El problema es que son las sociedades y los pueblos que pagan los costos dramáticos de estos juegos de poder, que pueden convertirse en conflagraciones bélicas, entonces en acontecimientos trágicos. Antes de que ocurra esto, antes de que los desenlaces desemboquen en la fatalidad, es indispensable que las opiniones públicas, volviendo a utilizar un concepto discutible, escapen a las redes discursivas del chantaje político, emitido por los dos modelos discursivos ideológicos en boga. Es menester la conformación de espacios de deliberación independientes del monopolio ideológico y del monopolio de los medios de comunicación. Es urgente recuperar la información para poder elaborar interpretaciones adecuadas, próximas a lo que denominó el positivismo objetividad. Estas son como las condiciones de posibilidad históricas-políticas-culturales para que los pueblos, libres de los monopolios ideológicos y mediáticos, libres de los chantajes del poder, puedan deliberar, formar consensos y tomar decisiones democráticas.