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Hecho en China y exportado a Ecuador y Bolivia

Sonría, el estado lo está filmando

Publicado el: 24 abril, 2019 22 min.    + -   

QUITO — El edificio gris y chato en la capital de Ecuador tiene una vista amplia hacia la urbanización, desde las torres altas en la base del valle andino hasta los vecindarios con fachadas de colores que se esparcen por las laderas.

Sin embargo, la policía que trabaja dentro tiene la mirada puesta en otro lado. Pasan sus días revisando pantallas de computadoras para ver todas las imágenes que llegan de 4300 cámaras en el país.

https://www.nytimes.com/es/2019/04/24/ecuador-vigilancia-seguridad-china/?emc=edit_bn_20190424&nl=boletin&nlid=8273101620190424&te=1

Esas cámaras de alta potencia envían lo que ven a dieciséis centros de monitoreo en todo Ecuador, que emplean a más de tres mil personas. La policía ahí, armada con palancas de mando, controla las cámaras y monitorea las calles en busca de señales de narcomenudeo, robo u homicidios. En cuanto avistan algo hacen un acercamiento.

Es un paraíso de voyeuristas construido con tecnología del lugar que se ha vuelto la capital global de la vigilancia: China.

El sistema ecuatoriano, instalado a partir de 2011, es una versión básica de un programa con controles computarizados que Pekín gastó miles de millones de dólares para construir a lo largo de una década de progresos tecnológicos. Según el gobierno de Ecuador, el contenido que pasa por las cámaras aquí es revisado manualmente por policías.

Pero una investigación de The New York Times encontró que las grabaciones también terminan en la temida agencia de inteligencia nacional, que en el mandato del expresidente Rafael Correa tenía un largo historial de seguimiento, intimidación y ataque a opositores políticos. Aun cuando el actual gobierno de Lenín Moreno investiga los abusos que habría cometido la agencia, esta sigue recibiendo los videos de las cámaras de vigilancia.

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Con el presidente Xi Jinping, el gobierno chino ha expandido enormemente la videovigilancia, con la cual ha brotado una nueva generación de empresas que hacen tecnologías sofisticadas a precios cada vez menores. Una iniciativa de infraestructura global está expandiendo esa tecnología todavía más.

Ecuador demuestra de qué manera la tecnología construida para el sistema político de China está siendo aplicada —y en ocasiones abusada— por otros gobiernos. Ahora dieciocho países —incluidos Zimbabue, Uzbekistán, Pakistán, Kenia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania— usan sistemas de monitoreo inteligentes hechos en China; 36 han recibido capacitación en temas como “Guiar la opinión pública”, un eufemismo para censura de acuerdo con un reporte del grupo de investigación Freedom House.

Los críticos advierten que el movimiento mundial de las prácticas y el equipo de vigilancia chinos ayudarían a sentar las bases para un futuro de autoritarismo fundamentado en la tecnología, con la posibilidad de que perdamos la privacidad a gran escala. Las tecnologías, a menudo descritas como sistemas de seguridad pública, tienen usos potenciales más lúgubres como herramientas para la represión política.

“Están vendiendo esto como el futuro de la gobernanza; en el futuro se tratará de controlar a las masas con tecnología”, dijo Adrian Shahbaz, director de investigaciones en Freedom House, sobre las nuevas exportaciones tecnológicas de China.

Las empresas en todo el mundo proveen componentes y código informático para la vigilancia digital distópica y naciones democráticas como el Reino Unido y Estados Unidos también tienen métodos para monitorear a sus ciudadanos. Pero el creciente dominio de mercado de China ha cambiado la jugada: préstamos proporcionados por Pekín han hecho disponible tecnología de vigilancia para gobiernos que antes no podían costearla, al tiempo que el sistema autoritario de China ha disminuido la transparencia y la rendición de cuentas vinculadas a su uso.

Hay poco que hacer si eres un habitante local que quiere resistirse. Las empresas chinas operan con menos escrutinio y consideración a la responsabilidad social corporativa que las compañías occidentales. Los activistas en Ecuador dicen que, aunque han tenido éxito en su trabajo con grupos de sociedad civil en Europa y Estados Unidos para oponerse a las ventas de la tecnología de vigilancia, no ha sido posible realizar campañas similares en China.

“No tenemos la capacidad para demandarle información a China; es realmente difícil”, dijo la exlegisladora y economista ecuatoriana Martha Roldós.

El sistema de Ecuador, llamado ECU-911, fue fabricado en gran medida por dos empresas chinas, la estatal CEIEC y Huawei.

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Se vendieron versiones similares a Venezuela, Bolivia y Angola, de acuerdo con anuncios hechos por el gobierno y medios estatales chinos.

CEIEC y la cancillería china no respondieron a nuestras solicitudes de información.

En un comunicado, Huawei señaló: “Huawei provee tecnología para respaldar programas de ciudades inteligentes y ciudades seguras alrededor del mundo. En cada caso, Huawei no se involucra en establecer políticas públicas en cuanto a cómo se utiliza la tecnología”.

En Ecuador las cámaras que son parte de ECU-911 cuelgan de postes y techos desde las Galápagos hasta la jungla amazónica. El sistema permite que las autoridades le sigan el rastro a teléfonos y, pronto, tendría capacidad para reconocimiento facial. Las grabaciones le permiten a la policía revisar y reconstruir incidentes pasados.

ECU-911 fue promovido entre el público como una manera de atajar las tasas de homicidio y el crimen relacionado con el tráfico de drogas, aunque también ayudó a la vena autoritaria de Correa, pues un exdirigente de la temida Secretaría Nacional de Inteligencia (Seinain) dijo que aprovecharon el sistema. En una entrevista inédita en la sede de la Senain, un búnker a las afueras de Quito, el año pasado, el entonces director Jorge Costa confirmó que el servicio de inteligencia tenía acceso a una versión espejo del sistema de vigilancia policial hecho en China.

Lo irónico es que ECU-911 no ha sido efectivo para detener el crimen, según muchos ecuatorianos, aunque la instalación del sistema se dio en paralelo a un periodo de tasas de homicidio a la baja. Los ecuatorianos hablan de asaltos y ataques que sucedieron frente a cámaras sin que hubiera respuesta policial. Aun así, la policía ha construido un respaldo público, en parte al publicar en Twitter y en televisión escenas de ladrones y asaltantes captados por las cámaras.

Al darles a elegir entre privacidad y seguridad, muchos ecuatorianos han preferido la mirada sin cesar de los ojos electrónicos. Ya que el genio de la vigilancia masiva salió de la botella, los líderes comunitarios han pedido que las cámaras sean usadas para vigilar sus vecindarios incluso cuando, en su experiencia personal, los dispositivos no han funcionado bien. Las preocupaciones sobre las implicaciones políticas a largo plazo se han vuelto secundarias a las realidades apremiantes de la violencia y las drogas.

Moreno, quien asumió el cargo en mayo de 2017 y ha revertido algunas de las políticas de corte autocrático de Correa, ha prometido investigar los abusos de la Senain y ha intentado reconstruir la agencia de recopilación de inteligencia con un nuevo nombre. Su gobierno ayudó a que The New York Times revisara las andanzas de ECU-911 y la Senain.

“El gobierno veía el espionaje como una caja de herramientas de la que podían usar cualquiera de los utensilios”, dijo Roldós. “Podían espiar tu correo, tus llamadas, podían poner micrófonos en tu vehículo. Al mismo tiempo había gente siguiéndote. Era todo un sistema”.

Diseñado y financiado por China

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ECU-911, pese a ser un sistema pensado para combatir a los narcotraficantes y asesinos, tiene sus orígenes en un reto de seguridad completamente distinto: los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Antes de las Olimpiadas, una delegación de Ecuador visitó Pekín e hizo un recorrido por el sistema de vigilancia de la capital china. En ese entonces Pekín estaba juntando grabaciones de 300.000 cámaras para vigilar a 17 millones de personas. Los ecuatorianos quedaron impresionados.

“Para las Olimpiadas, China desarrolló centros de respuesta de emergencia con tecnología de punta para esos tiempos”, dijo en una entrevista el año pasado Francisco Robayo, entonces director general de ECU-911. “A nuestras autoridades les parecieron idóneos para llevarlos a Ecuador”.

Fue un momento fortuito. Correa de nuevo estaba en el poder y las tasas de delincuencia eran altas. En enero de 2011 hizo de la vigilancia policial una prioridad.

Los ministros de Correa recurrieron a China. En dos meses se afinaron los detalles para instalar un sistema de tecnología hecho en China con ayuda de agregados militares de la embajada de ese país asiático en Quito, de acuerdo con una persona que siguió el proceso y con documentos disponibles al público de la contraloría de Ecuador. Los funcionarios ecuatorianos viajaron de nuevo a Pekín para revisar a fondo el sistema, que incluía tecnología hecha por la empresa matriz de la estatal CEIEC.

Para febrero de 2011, con las garantías de los agregados de que habría financiamiento público chino, Ecuador firmó un acuerdo sin realizar un proceso de contratación público. El país obtuvo un sistema de vigilancia diseñado en China y financiado por préstamos chinos. A cambio, Ecuador ofreció una de sus mayores exportaciones: el petróleo. El dinero para las cámaras y la informática fluyó directamente hacia CEIEC y Huawei.

“El dinero siempre termina volviendo a China”, dijo Roldós, la exlegisladora.

Se convirtió en un patrón. A cambio de apoyos crediticios por más de 19.000 millones de dólares, Ecuador cedió grandes porciones de sus reservas petroleras. Le siguió a ello un auge de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo presas y refinerías.

En comparación, ECU-911 era un producto menor.

La construcción, con un precio de venta inicial de más de 200 millones de dólares, comenzó cerca de Guayaquil, ciudad costera donde las tasas de delincuencia son altas, dijo Robayo. El sistema se expandió por Ecuador en los siguientes cuatro años.

Las cámaras fueron colocadas donde fuera que tuvieran vistas despejadas. Se establecieron centros de operación. Funcionarios de alto nivel de Ecuador viajaron a China para recibir capacitación y los ingenieros chinos visitaron el país sudamericano para enseñarles a sus pares ecuatorianos cómo usar el sistema.

La actividad atrajo la atención de los vecinos de Ecuador. Funcionarios venezolanos viajaron para conocer el sistema, de acuerdo con un registro de 2013 hecho por un oficial ecuatoriano involucrado en el proyecto. En un proyecto encabezado por quien alguna vez fue el jefe de inteligencia en el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela invirtió en una versión más abarcadora del sistema con el objetivo de agregar 30.000 cámaras. Bolivia siguió sus pasos.

Las ambiciones de Pekín van mucho más allá de las capacidades que compraron estos países. Actualmente, la policía recopila material de docenas de millones de cámaras en toda China y miles de millones de registros sobre los viajes, el uso de internet y actividades empresariales de sus ciudadanos para monitorearlos. La lista de personas bajo vigilancia nacional, con supuestos criminales y posibles agitadores políticos, incluye a entre veinte y treinta millones de personas; más que la población de Ecuador, de dieciséis millones.

Empresas emergentes chinas, respaldadas en parte por inversiones estadounidenses, compiten para construir métodos de vigilancia policial automatizada. Crean algoritmos que estudian patrones sospechosos en el uso de redes sociales y software de visión artificial para llevar un registro de minorías y demandantes en varias ciudades. El afán de comprarlos ha bajado los precios para todo tipo de dispositivos policiales, que van desde revisores de tarjetas de identidad hasta cámaras de seguridad de alta resolución.

En China, el proyecto en Ecuador fue alabado. Los medios estatales lo destacaron como ejemplo de una nueva China que exporta tecnología avanzada, en vez de proveer mano de obra barata para ensamblarla.

En 2016, cuando el presidente Xi Jinping visitó Ecuador, acudió a la sede de ECU-911. Robayo dijo que Xi estuvo ahí cinco minutos, tiempo suficiente para posar en fotos oficiales. Esas imágenes terminaron en el sitio web de CEIEC, una muestra de respaldo oficial al líder chino más poderoso en décadas.

Con vista directa

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Mario Pazmiño era un hombre conocido para el gobierno de Correa: un coronel del ejército retirado que adoptó a perros de la calle (más de una docena) para ocuparse en durante su jubilación; además, Pazmiño tenía otro pasatiempo, criticar al gobierno correísta.

Se quejaba de la corrupción policial. Argumentaba que el gobierno de Correa era cómplice del narcotráfico en aumento en Ecuador. Denunciaba lo que él percibía como incompetencia gubernamental.

Los esfuerzo de Pazmiño lo hicieron acreedor a su propio grupo de seguimiento de la policía secreta, que se estableció en un apartamento al otro lado de su casa y lo seguía cuando salía.

Tal como había hecho Chávez en Venezuela, Correa apretó riendas en Ecuador: eliminó los límites al mandato presidencial, intimidó y expulsó a jueces, además de enviar a secuaces a seguir y atacar a opositores políticos y activistas, como Pazmiño y Roldós.

El gobierno correísta también recurrió a ECU-911 para esos fines.

“Creo que poca gente sabe sobre eso o está realmente consciente del enorme poder de ECU-911”, dijo Roldós. “Hay pocas personas que conocen lo extensivo que es el monitoreo”. La exlegisladora añadió que Senain usaba cualquier tecnología que pudiera obtener para acosar y seguir a los opositores políticos de Correa.

Pazmiño, de 59 años y un oficial de inteligencia con experiencia, dijo que hasta él se sorprendió cuando, en 2013, una cámara de video que era parte de ECU-911 fue instalada directamente afuera de su casa. Fue colgada de un poste en una vereda entre dos vías, con una vista completa hacia la ventana del departamento en el segundo piso en el que vive Pazmiño.

“Es una colaboración directa entre ECU-911, la Secretaría de Inteligencia y también aquellos que vigilan o persiguen a actores políticos o sociales”, dijo Pazmiño, a partir de su propia experiencia al igual que documentos y datos de personas que habían trabajado en Senain.

Pazmiño dijo que después de la instalación de la cámara dejó de notar a los equipos que lo seguían. Fuera de eso, la posición de la cámara no tenía sentido alguno. Pazmiño vive en un vecindario relativamente seguro y no se instaló cerca ninguna otra cámara de ECU-911. Fue una táctica que es típica en China, donde las cámaras son posicionadas afuera de las puertas de activistas de alto perfil.

Una visita a la sede de Senain confirmó las sospechas de Pazmiño. Sobre un muro de pantallas que fungen como una aparente sala de control en la agencia, los reporteros del Times reconocieron tomas de las cámaras del sistema ECU-911.

Costa, quien estuvo a cargo de la transición entre Senain y la agencia sucesora, reconoció que existen esas transmisiones, pero dijo que no era responsable sobre cómo se habían usado durante el gobierno de Correa.

Pazmiño sugirió que quien debe rendir cuentas por lo sucedido es China. Dijo que ese país respaldó y envalentonó a Correa, tal como lo hizo con líderes de la vecina Venezuela. A medida que la situación en Venezuela empeoraba sustancialmente, el año pasado los ingenieros de Huawei ayudaron a capacitar a ingenieros venezolanos en cómo dar mantenimiento a su versión del sistema ecuatoriano.

“Creo que lo que el modelo chino genera es un control sobre la sociedad”, dijo Pazmiño. “Un control rígido”.

Los límites de la vigilancia

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El Tejar tiene grandes vistas de Quito… y una de las peores incidencias de delincuencia.

Lidia Rueda, organizadora comunitaria, señaló los sitios donde fueron encontrados los cuerpos de mujeres asesinadas cuando caminaba hace poco por las calles empinadas y sinuosas del barrio en el que ha vivido desde hace treinta años. Añadió que los narcotraficantes se trasladan con holgura, que los asaltos son comunes y que los delincuentes rompen los focos de las luminarias públicas para aprovecharse de la oscuridad.

La delincuencia no ha disminuido pese a que las cámaras de ECU-911 fueron puestas en la base del cerro hace años. Rueda señaló un puente peatonal hacia abajo; ahí, contó, un hombre la agarró y la amenazó a punta de cuchillo mientras otro robaba todo su dinero. El asalto de 2014 sucedió justo debajo de una cámara policial, pero no llegó ayuda.

La experiencia de Rueda exhibe la relación compleja que muchos ecuatorianos tienen con las cámaras. Las autoridades afirman que se ha reducido el crimen, pero abundan las anécdotas de cómo no funcionan.

“Cuando sí hay cámaras seguido no funcionan”, dijo Rueda, de 61 años. También es posible que nadie esté viendo lo que captan en ese barrio.

Sería difícil que así fuera. Quito tiene más de ochocientas cámaras; durante una visita del Times a las oficinas de la policía había treinta oficiales en turno para revisar todas las grabaciones. En el edificio gris en la cima del cerro, los policías pasan unos minutos revisando las tomas de una cámara y luego cambian. Prevenir el delito es solo parte del trabajo. En la sala de control los despachadores también dan apoyo en respuesta a llamadas de emergencia.

La mayor parte del tiempo no había nadie mirando lo que la cámara grababa.

Fue un recordatorio de que el sistema, y otros como ese, son usados con mayor facilidad para husmear que para prevenir crímenes. Seguir a alguien en las calles resquiere de un equipo pequeño; para detener el crime se necesitan grandes cantidades de policías bien coordinados.

Robayo argumentó que ECU-911 ha sido responsable de una baja sustancial en los homicidios y una caída de casi 13 por ciento en delitos entre 2017 y 2018. Aseguró que la mera existencia de la cámara tiene un efecto profundo.

Muchos ecuatorianos están de acuerdo. A pesar de lo sucedido con el asalto a Rueda, ella ha pedido que se instalen más cámaras en El Tejar. Dijo que la mejor manera de arreglar los problemas del crimen en el barrio es arreglar el sistema de vigilancia.

La policía le ha dicho que las cámaras cuestan demasiado para su barrio. Ante eso la postura de Rueda es fatalista.

“Siempre es el mismo lío, la falta de presupuesto”, dijo. “Es solo cuando matan a alguien que las autoridades llegan y dicen: ‘Ahora sí vamos a hacerlo’”. Arturo Torres Ramírez colaboró con el reportaje.

China tiene un control férreo sobre la región de Xinjiang o Sinkiang, donde ha intentado asimilar más a los musulmanes uigures al Partido Comunista. Credit Ng Han Guan/Associated Press

PEKÍN — Las autoridades dijeron que era una revisión médica gratuita. Tahir Imin tenía sus dudas.

Extrajeron sangre del hombre musulmán de 38 años, escanearon su rostro, grabaron su voz y tomaron sus huellas digitales. No se molestaron en revisar su ritmo cardiaco ni sus riñones, y rechazaron su petición de ver los resultados.

“Dijeron: ‘No tienes derecho a pedirlos. Si tienes más preguntas, puedes ir a la policía’”, contó Imin.

Imin fue uno de millones de personas que terminaron así dentro de una vasta campaña china de vigilancia y opresión. Como parte de su implementación, los funcionarios chinos están recolectando ADN, y obtuvieron la improbable ayuda académica y corporativa de Estados Unidos para lograrlo.

China quiere hacer a los uigures del país, un grupo étnico de mayoría musulmana, más sumisos al Partido Comunista. Ha detenido hasta a un millón de personas en lo que China llama campamentos de “reeducación”, lo que ha despertado denuncias de grupos de derechos humanos y una amenaza de sanciones por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Recolectar material genético es parte fundamental de la campaña de China, de acuerdo con grupos de derechos humanos y activistas uigures. Dicen que una base de datos exhaustiva de ADN podría usarse para ir tras cualquier uigur que se resista.

En Estados Unidos y en otros países, las fuerzas policiales usan material genético de familiares para encontrar a sospechosos y resolver crímenes. Los funcionarios chinos, que están construyendo una gran base de datos nacional con muestras de ADN, han citado los beneficios que aportan los estudios genéticos en el combate al crimen.

Para reforzar sus capacidades de análisis de ADN, los científicos afiliados a la policía china utilizaron equipo fabricado por Thermo Fisher, una empresa con sede en Massachusetts. Para compararlo con el ADN del uigur promedio también utilizaron material genético de personas de todo el mundo, el cual fue proporcionado por Kenneth Kidd, un prominente genetista de la Universidad de Yale.

Thermo Fisher anunció el 20 de febrero que ya no vendería su equipo en Sinkiang, la región de China donde transcurre la mayor parte de la campaña para rastrear a los uigures. La compañía dijo por separado en una declaración dirigida a The New York Times que estaba trabajando con funcionarios estadounidenses para averiguar cómo se estaba utilizando su tecnología.

Kidd, el genetista, dijo que no había estado consciente de cómo se estaban utilizando su material y su experiencia. Dijo creer que los científicos chinos estaban actuando dentro de las normas científicas que requieren el consentimiento informado de quienes dan su ADN.

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A Tahir Imin, hombre uigur de 38 años, le tomaron muestras de sangre, escanearon su rostro y su voz fue grabada por las autoridades de la región china de Sinkiang o Xinjiang. Credit Kate Warren para The New York Times

La campaña de China plantea un desafío a la comunidad científica y cómo esta da a conocer sus hallazgos. La campaña depende en parte de las bases de datos de ADN y la tecnología comercial, gran parte de las cuales se fabrican o administran en Estados Unidos. A su vez, los científicos chinos han contribuido con muestras de ADN de personas uigures a una base de datos global, lo cual posiblemente viola las normas científicas de consentimiento.

La cooperación de la comunidad científica global “da legitimidad a este tipo de vigilancia genética”, dijo Mark Munsterhjelm, profesor adjunto en la Universidad de Windsor, en Ontario, quien ha seguido de cerca el uso de la tecnología estadounidense en Sinkiang.

Las muestras de millones

En Sinkiang, en el noroeste de China, el programa era conocido como “Exámenes médicos para todos”.

De 2016 a 2017, casi 36 millones de personas participaron en él, de acuerdo con Xinhua, la agencia noticiosa estatal. Los funcionarios recolectaron muestras de ADN, imágenes de los iris y otros datos personales, de acuerdo con los uigures y los grupos de derechos humanos. No está claro si algunos residentes participaron más de una vez; Sinkiang tiene una población de alrededor de 24,5 millones de habitantes.

En una declaración, el gobierno de Sinkiang negó haber recolectado muestras de ADN como parte de las revisiones médicas gratuitas. Señaló que las máquinas de ADN que fueron traídas por los funcionarios de Sinkiang se destinaron a “uso interno”.

Durante décadas China ha mantenido un control férreo en Sinkiang. En años recientes, ha culpado a los uigures de una serie de ataques terroristas en Sinkiang y en otras regiones de China, entre ellos un incidente de 2013 en el que un conductor golpeó a dos personas en la plaza Tiananmen en Pekín.

A finales de 2016, el Partido Comunista emprendió una campaña para convertir a los uigures y a otros grupos minoritarios de mayoría musulmana en simpatizantes leales. El gobierno encerró a cientos de miles de ellos en lo que llamó campamentos de capacitación laboral, promovidos como una alternativa para salir de la pobreza y  escapar el islam radical. También comenzó a tomar muestras de ADN.

En varios de los casos, la gente no dio sus muestras genéticas de manera voluntaria; para movilizar a los uigures a las revisiones médicas, la policía y grupos les enviaron mensajes de texto o los llamaron para decir que las revisiones eran un requisito, de acuerdo con personas entrevistadas por The New York Times.

“Hubo un elemento coercitivo considerable”, dijo Darren Byler, antropólogo de la Universidad de Washington que estudia la situación de los uigires. “No tuvieron opción”.

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