Corrupción
Destituyen a todos los funcionarios de DDRR, tras escándalo
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La decisión fue tamada en medio de una serie de denuncias de corrupción en las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz y Sucre. El Consejo de la Magistratura tendrá al nuevo personal en cuatro meses y en los próximos días saldrá la convocatoria pública. Los consejeros serán los querellantes del proceso en Santa Cruz.
El Consejo de la Magistratura determinó destituir a todos los funcionarios de Derechos Reales del país, de todos los cargos, después del escándalo de corrupción que se reveló hace semanas.
“Frente a estos hechos de corrupción en Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura ha tomado la determinación de convocar a todos los cargos del personal auxiliar, registradores, operadores, técnicos de todo el país (…) para llevar adelante una convocatoria pública, para que estos cargos sean ocupados por otras personas con ciertas características”, declaró ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.
Los cambios también tocarán a los jueces registradores del país. Esta decisión fue asumida después de un día de que el juez registrador de Santa Cruz, Alfredo Echeverría, fuera detenido por estar involucrado en estas irregularidades, y de la intervención en Derechos Reales por parte del Gobierno y la Fiscalía.
Son más de 400 funcionarios en todo el país que serán removidos de sus cargos para dar paso a una convocatoria pública. Se estima que en unos cuatro meses se contará con el nuevo personal, según Alcón.
“Saludamos y valoramos esta determinación del Consejo de la Magistratura. Con meritocracia y transparencia es posible construir mejor talento humano para la administración de justicia, como se hizo con los notarios de Fe Pública”, escribió el ministro de Justicia, Héctor Arce, en su cuenta de Twitter.
Arce y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunciaron los delitos cometidos en las oficinas de Derechos Reales, desde hipotecas canceladas, ingreso de documentos falsos, hasta desvíos millonarios de dinero.
El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que se priorizarán los cambios en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y Chuquisaca, después de que se descubrieran hechos de corrupción en las distritales de ambos departamentos.
El personal que actualmente cumple funciones bajo ítem y a contrato podrá postularse, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.
Los tres consejeros de la Magistratura, Gonzalo Alcón (presidente), Omar Michel y Dolka Gómez decidieron también apersonarse como querellantes en los procesos que el Ministerio Público sigue contra funcionarios en Santa Cruz.
Registrador y Notaría cancelaban deudas de bienes a pedido
El domingo 31 de marzo Página Siete publicó un reportaje en el que reveló que en Derechos Reales (DDRR) de Santa Cruz se podía anular gravámenes (deudas) de inmuebles, obtener “certificados negativos” (borrar las propiedades a nombre del interesado), corregir errores y realizar otros trámites ilegales a pedido.
Las modificaciones ilegales se hacían por medio de tramitadores y funcionarios de DDRR que manejaban una tarifa para cada trámite.
Un “certificado negativo” podía ser obtenido en 24 horas a un costo de 1.400 bolivianos, por ejemplo.
Por la corrección de errores se cobraba entre 300 y 400 dólares, según el testimonio de uno de esos tramitadores.
Las denuncias señalaron como principal implicado al juez registrador de esa ciudad, Alfredo Echeverría, quien al ser entrevistado por este medio aseguró que los 10 procesos que se le iniciaron por este tipo de casos fueron rechazados.
Por otro lado, se estableció que la Notaría de Fe Pública 75 está involucrada en hechos irregulares, que registró la cancelación de deudas. Inicialmente en esa oficina se negaron a entregar información.
Convocatoria para renovar a 400 funcionarios de DDRR
EL presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón (centro), en rueda de prensa. Foto: Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura decidió lanzar convocatorias públicas para renovar con nuevas contrataciones o recontrataciones al personal que trabaja en las oficinas de Derechos Reales de Bolivia, como consecuencia de las denuncias de corrupción hechas en Santa Cruz y Sucre en los últimos días.
El presidente de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó que la convocatoria alcanzará a unos 400 cargos entre personal auxiliar, inscriptores, operadores, técnicos y otros de Derechos Reales, institución que precautela el derecho propietario de bienes inmuebles.
A diferencia del pasado, ahora la designación será por concurso de méritos. “Empezamos a trabajar con la reglamentación y los cargos que ocupen será por cuatro años y no será de libre remoción, el personal que ingresará tendrá la seguridad laboral en Derechos Reales”, añadió el magistrado.
La determinación se da en medio de una serie de denuncias de hechos de corrupción en oficinas de Santa Cruz y Sucre. El ministro de Justicia, Héctor Arce, fue uno de los críticos por la inacción de las máximas instancias de la Magistratura, pero ahora destacó la decisión asumida.
“Saludamos y valoramos esta determinación del Consejo de la Magistratura, con meritocracia y transparencia es posible construir mejor talento humano para la administración de justicia, como se hizo con los Notarios de Fe Publica en todo #Bolivia (sic)”, escribió en su cuenta en Twitter.
Mientras dure el proceso de convocatoria pública, el personal de Derechos Reales seguirá cumpliendo sus funciones con la posibilidad de postular, siempre y cuando, cumpla con los requisitos que se definirán posteriormente.
Los casos de corrupción empezaron a conocerse a fines de marzo cuando seis funcionarios de Derechos Reales en la capital cruceña fueran acusados por la desaparición de trámites, entre otras irregularidades.
Mientras que en Sucre, el exregistrador Hugo Yamil Sánchez –quien actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de San Roque– fue acusado de alterar anotaciones preventivas de bienes inmuebles para lograr beneficios.
Desde que se conocieron los casos, el Gobierno lanzó duras críticas a las labores de fiscalización de la Magistratura por no poner un freno a las irregularidades denunciadas.
En la víspera, el juez registrador de Derechos Reales de Santa Cruz Alfredo Echeverría fue aprehendido acusado de irregularidades en el trámite de la hipoteca de un bien que una entidad bancaria había ganado vía legal.
Alcón anunció que, junto a sus colegas Omar Michel y Dolka Gómez, serán parte querellante en los procesos penales que se iniciaron contra funcionarios de Derechos Reales de Santa Cruz, incluido el caso de Echeverría.
Luego de conocer las denuncias, Alcón había anunciado el inicio de una serie de auditorías jurídico-técnicas en todas las oficinas de Derechos Reales para detectar otros casos similares a los de Santa Cruz y Sucre. (9/04/2019)