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Yungas asediado

Chapare, región casi sin ley

Hubo 10 intervenciones en los Yungas y ninguna en Chapare. Piden que se mida con la misma vara a los narcos del trópico cochabambino. Tres asesinatos con brutalidad, la detención de una banda colombiana y la reciente emboscada que sufrió la Policía son ejemplos de la vulnerabilidad de la zona (Foto El Deber. La fuerza antidroga  alerta que las avionetas que usan los narcos ya no usan pistas sino caminos)

Los Tiempos, Cochabamba – Desde 2017, el Gobierno realizó al menos 10 operativos de relevancia en la zona de los Yungas de La Paz y sostuvo un conflicto con los productores de coca de esa región por varios meses, dejando un saldo de más de 270 detenidos, según el recuento que realizó este medio. En cambio, revisando los antecedentes no se encontró ninguna intervención de relevancia en el trópico de Cochabamba, a pesar de que esta zona reportó un crecimiento de cultivos de coca de 16 por ciento entre 2016 y 2017 (de 7.200 a 8.400 hectáreas), y que el 90 por ciento de producción de coca de la zona no pasa por mercados legales, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

los tiempos / viernes, 8 de marzo de 2019,  0 comentarios

El dato cobra relevancia luego de las duras críticas que recibió el Gobierno por su posición débil ante la emboscada que sufrieron dos equipos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) el pasado 2 de marzo en la comunidad de San Rafael, en Villa Tunari, por presuntos narcotraficantes apoyados por comunarios. La oposición señaló que hay un trato diferenciado, pues los cocaleros de los Yungas de La Paz , que rompieron políticamente con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en mayo de 2018, sufren todo el rigor de la ley, mientras en el trópico no se mide con la misma vara.

Los antecedentes respaldan esta posición. La represión comenzó en marzo de 2017, con la promulgación de la Ley General de Coca, que aumentó a 22 mil las hectáreas legales de coca; 14.300 hectáreas del arbusto en La Paz y 7.700 hectáreas en el trópico de Cochabamba. La Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) rechazó la norma porque, a su criterio, favorece la producción ilegal del Chapare.

Entre marzo y septiembre, las intervenciones por erradicación e interdicción en Yungas dejaron más de 40 detenidos, según reportó ese entonces el dirigente Franclin Gutiérrez.

Sin embargo, la violencia estalló con fuerza el 20 de octubre de 2017. La Fuerza de tarea Conjunta intervino plantaciones de coca ilegal en Chamaca y la acción fue resistida por comunarios. La refriega dejó 11 productores detenidos y cinco policías heridos.

En febrero de 2018, los productores bloquearon Yolosita pidiendo la suspensión de la erradicación y que el Gobierno no intervenga en Adepcoca, la Policía desbloqueó dejando más de 20 detenidos y cinco heridos. En mayo, Gutiérrez anunció que Adepcoca tendría su propio partido y se alejaría del MAS.

El conflicto se extendió hasta agosto, cuando una emboscada en La Asunta dejó siete policías heridos y un efectivo fallecido. El Gobierno apuntó al principal dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, que fue acusado con pruebas difusas de planificar el ataque y actualmente está con detención preventiva. En los cinco meses, diferentes reyertas dejaron más de 100 cocaleros detenidos. Asimismo, en septiembre, el conflicto se reavivó y los bloqueos en Sud y Nor Yungas dejaron más de 30 detenidos y 10 heridos.

En octubre de 2018, la Policía capturó a cuatro personas en Coroico, donde estaba previsto que los cocaleros instalaran un bloqueo de caminos, exigiendo la suspensión de la erradicación.

El principal dirigente de Adepcoca está detenido, acusado de planificar una emboscada contra fuerzas erradicadoras

DATOS

Chapare subió cultivos. Según el informe de la Unodc, la provincia Chapare aumento 536 hectáreas de coca, puesto que en 2016 tenía 3.708 hectáreas y subió a 4.244 en 2017.

Más coca confiscada en Yungas. El reporte indica que en 2017 las fuerzas antidroga secuestraron 73 toneladas de coca en Cochabamba y 249 en La Paz.

Más cocaína en el trópico. Los grupos antinarcóticos secuestraron en 2017 más cocaína en Cochabamba (4.208 kg) que en La Paz (2.045 kg).

Sólo 9% de coca legal proviene del trópico. El reporte señala que de las 22.967 toneladas de coca comercializadas legalmente, sólo el 9% son del trópico.

INTERPELARÁN A ROMERO POR ATAQUE A UMOPAR

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitará la interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por los hechos ocurridos en la región del Chapare, donde un comunario terminó muerto y dos militares resultaron heridos.

“El MAS ha asumido una posición política para establecer la verdad histórica de los hechos, lo que ha ocurrido en el Chapare, sin desvirtuar la realidad. Para tal efecto, la bancada del MAS está planeando una interpelación al Ministro de Gobierno por los últimos acontecimientos ocurridos en el Chapare”, señaló Borda.

Romero, por su parte, dijo que las investigaciones esclarecerán este ataque los próximos días y ratificó que su despacho se convertirá en parte querellante contra los presuntos autores de la emboscada.

Por otra parte, el Sindicato San Rafael, lugar de los hechos, decidió en un ampliado pedir una investigación profunda del ataque y anunció que expulsará a cualquier comunario que esté implicado.

El Gobierno señaló que ningún dirigente del trópico está bajo sospecha por el ataque y que no se iniciarán acciones contra los líderes.

Vulnerabilidad en El Chapare de hoy

lunes, 11 de marzo de 2019 · 00:09 Daniela Romero, Página Siete / La Paz

La escena en la que unos seis pobladores de San Rafael cercan, insultan y amenazan a los agentes antidroga que  pese a estar armados  se encuentran con miedo y tratan de dar explicaciones, con dos efectivos malheridos en el suelo, es la “muestra clara” de que el Chapare es una región sin ley.

Así lo consideran los oficiales de la Policía en servicio pasivo, quienes públicamente mostraron su preocupación y rabia por lo sucedido en esa zona del trópico de Cochabamba el sábado 2 de marzo, cuando una grupo de comunarios, ligados al narcotráfico, atacaron con armas de fuego a una patrulla antidroga.

“Va a pasar lo mismo que en otros países y en Bolivia no debemos permitir que exista territorios sin ley. Ese sindicato San Rafael no tiene conciencia de que son parte de un país y la institución llamada por ley a hacer cumplir la ley es la Policía y no  pueden coartar  ese trabajo”, manifestó el vicepresidente de la asociación de oficiales pasivos, René Calla.

Pero no sólo la emboscada suscitada hace días pone al Chapare como una zona sin control del Estado; desde el año pasado por lo menos cuatro hechos  dan cuenta de la extrema violencia que existe en robos de vehículos y también muertes por ajuste de cuentas.

En mayo del año pasado, una banda de colombianos fue desbaratada después de descubrirse que lavaban dinero del narcotráfico en préstamos que hacían a los comunarios;  prendieron fuego a un ladrón de motos, mataron con 21 puñaladas a una joven involucrada con droga y en febrero de este año asesinaron a un mototaxista.

Según la Policía de Cochabamba, los delitos que más se comenten en esta región son robos de vehículos y autopartes, y asesinatos por ajuste de cuentas que tienen que ver con tráfico de droga. “Llegan denuncias de robos de motocicletas, en su mayoría, y después de otro tipo de motorizados. Los casos de muertes por ajuste de cuentas son delicados, difíciles de investigar por el silencio de los habitantes o, en muchos casos, porque los autores escapan”, informó un jefe policial de la zona del trópico de Cochabamba, quien no quiso identificarse por temor a los pobladores.

El efectivo manifestó que el trabajo de la Policía se hace difícil porque los comunarios “tienen mucho poder” y siempre se hace lo que ellos deciden.

“No puedo referirme directamente a todos los pobladores, los que siempre llegan y a veces hacen cerrar casos son los de los sindicatos (de coca)”, señaló.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se investigará hasta el final lo que ocurrió en San Rafael; además, aseguró que no se protegerá a gente que esté implicada en narcotráfico y que viva en el Chapare.

Banda extranjera ligada al narco

En mayo del año pasado, una banda de colombianos dedicada a la usura con la modalidad de préstamo “gota a gota” fue desbaratada en Villa Tunari, del trópico de Cochabamba. El grupo, conformado  por cuatro extranjeros, lavaba el dinero que obtenía del narcotráfico mediante préstamos que hacía a comerciantes y otros habitantes, para después cobrarles con violentas golpizas e incluso secuestros. Dos de los integrantes hasta pusieron sus negocios en esa región del Chapare para aparentar otros oficios.

Queman a ladrón de vehículos

Pobladores de Entre Ríos, en el Chapare, capturaron en septiembre de 2018 a tres presuntos ladrones que estaban dentro  de un vehículo robado. Dos de ellos lograron huir, pero el tercero fue capturado por los habitantes, quienes le propinaron una dura golpiza con piedras y palos para después quemarlo vivo hasta quitarle la vida. El cuerpo fue recogido por la Policía ante un ambiente de amenaza, debido a que la gente hizo un pacto de silencio para no dar información sobre lo ocurrido.

Matan a una mujer con 21 puñaladas

Un mototaxista fue el principal sospechoso de matar con 21 puñaladas a Ilda Mamani Vargas, una joven de 25 años, cuyo cuerpo fue arrojado de un puente. La Policía identificó al acusado días después de haber encontrado el cadáver, en octubre del año pasado. La investigación reveló que a la víctima no le robaron nada, por lo que -según la información que se obtuvo- el asesinato fue  por un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Hasta la fecha no se halló al asesino de la mujer.

Un mototaxista semienterrado

Después de cinco días de estar desaparecido, el cuerpo de Madan Tórrez Núñez, de 26 años, fue encontrado semienterrado en la población de Villa Bolívar, en el Chapare. Según la Policía, el cuerpo presentaba lesiones en la cabeza, en el rostro y adelantó que podía haber sido estrangulado. La víctima fue despojada de su motocicleta por un grupo de delincuentes, quienes le quitaron la vida de la forma más violenta. Los autores del crimen no fueron encontrados hasta la fecha.

Emboscada a policías antidroga

La mañana del sábado 2 de marzo, una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fue emboscada por comunarios de San Rafael, en el Chapare, quienes dispararon y dejaron dos policías gravemente heridos. Minutos antes, los pobladores ayudaron a una avioneta, presuntamente con droga, a despegar del lugar y fueron sorprendidos por los agentes antidroga. Uno de los uniformados está en  riesgo de perder un brazo, mientras que el otro se recupera satisfactoriamente.

Piden que se mida con la misma vara a los ‘narcos’ en el Chapare

Distintas voces exigen una intervención estatal en la zona donde supuestos narcos se enfrentaron a efectivos antidrogas. Cocaleros niegan participación y encubrimiento y piden investigar a fondo el hecho

Empezaron a saltar voces de la oposición tras los hechos suscitados en el Chapare, donde el sábado efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) sufrieron una emboscada en una pista clandestina en el Sindicato San Rafael, del municipio Villa Tunari. Piden que se mida con la misma vara que en Yungas a quienes operan en la zona y estén relacionados con el narcotráfico.

El sábado en la madrugada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) reportó que los supuestos traficantes fueron sorprendidos cometiendo un ilícito en dicha pista y que incluso fueron defendidos por un grupo de cocaleros que también portaba armas, según Isaac Limachi, unos de los dos policías que resultaron heridos en el operativo, donde también se dio de baja a Manfredo Herbas Rojas, un supuesto narcotraficante.

“El sector cocalero del Chapare tiene poder político que está vinculado con el nivel más alto de conducción del Estado y tiene sometidas a las fuerzas de seguridad, como se vio en la imágenes en redes sociales”, manifestó el candidato a la vicepresidencia de la alianza Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza.

El político opositor sostuvo que las imágenes muestran “que no hay ley ni institución estatal que controle ese territorio y que urge el restablecimiento de la autoridad pública”, que tiene que prevalecer “sobre intereses de quienes se creen dueños de este territorio y prohíben la entrada de otros ciudadanos”.

El candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, señaló que los hechos evidencian que existe una estrecha relación entre grupos que proveen coca al narcotráfico (nueve de cada diez hojas de coca producidas en el Chapara no pasan por el mercado legal, según el informe de la ONU). “Esperamos que el Gobierno actúe con la firmeza de la ley y que no haya diferencias con la dureza con que actuaron en Yungas”, dijo.

El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, tildó de ‘especulación’ que los cocaleros ‘defendido’ y ‘encubierto’ a los supuestos narcos. “Es un tema muy aislado porque no está implicado algún dirigente de los 911 sindicatos y de los más de 320 centrales. Hubo problemas de los compañeros que son del sindicato San Rafael, que se han molestado y han increpado a los umopares porque estaban caminando por todas partes y no por el camino”, justificó a ANF.

La diputada Eliane Capobianco dijo que llama la atención la diferencia de estrategias del Estado, siendo que estamos en el mismo país. Cree que si es necesaria una intervención hay que hacerla, ya que el narcotráfico es un problema grave en el país.

Evo no se pronunció

El presidente Evo Morales se manifestó vía Twitter al recordar que efectivos de Umopar realizaban represiones en el Chapare durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no se refirió a la emboscada que estos sufrieron a manos de supuestos narcos y a los 50 vecinos de San Rafael que los apoyaron y que evitaron que fueran apresados -según lo reportado por la dirección de la Felcn-, pese a que estuvo por esa zona durante los días de Carnaval.

En la misma red social, el senador Arturo Murillo recordó que Franclin Gutierrez, dirigente de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de Yungas, se encuentra en la cárcel desde hace varios meses, por sospecha de haber participado en ataque a efectivos de la Felcn.

En esta línea, el representante legal de Adepcoca, Sergio Pampa, observó la falta de un pronunciamiento ágil y eficaz del Ministerio de Gobierno y las autoridades sobre este tema. “Lamentamos que no se haga un trabajo de oficio como en otros lugares donde se erradica coca excedentaria”, sostuvo el ejecutivo, a tiempo de aludir que hasta la fecha no se probó culpa sobre Franclin Gutiérrez.

Hasta el cierre de esta edición no se reportó si hubo algún detenido por este suceso y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no contestó su celular.

LOZA PIDE INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DE LA EMBOSCADA A EFECTIVOS POLICIALES

Ningún sindicato, ningún dirigente, y ningún productor de la hoja de coca está involucrado”, estas fueron las palabras del titular de la Federación de Productores de Coca de Chimoré del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, que pidió una profunda investigación y dura sanción para los autores materiales e intelectuales de la emboscada a efectivos de Umopar.

“El cocalero pide una profunda aclaración, una profunda investigación, una profunda y dura sanción a este tipo de cosas”, señaló el dirigente durante una entrevista a la red Erbol.

El dirigente calificó de “hecho particular” lo ocurrido en el Chapare y reiteró que el narcotráfico debe ser duramente castigado: “Este hecho es muy particular. Seguramente bajo una investigación se aclarará. Es un hecho del narcotráfico, y recalco, eso tiene que ser total y duramente sancionado, con todo el peso de la ley”, agregó.

En 2016, Manfredo Herbas Rojas, el hombre abatido por Umopar, habría emboscado a una patrulla del puesto avanzado de la Umopar, en el sector de San Miguelito (Chapare), logrando rescatar un cargamento de droga y disparando contra la humanidad de los uniformados. Esta persona tendría ese modus operandi y antecedentes de realizar estos trabajos, según la Felcn.

El Deber

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