Arce denuncia uso político de CIDH para sacar de la papeleta a Evo Morales

Medios reportan escasa respuesta a paro convocado por opositores a Morales

Publicado el: 6 diciembre, 2018 7 min. + - Imprimir

(ABI).- Diversos reportes de medios de comunicación mostraron el jueves una escasa respuesta ciudadana al paro nacional de 24 horas convocado por comités cívicos y dirigentes políticos que rechazan la habilitación del presidente Evo Morales como candidato para participar en las elecciones de 2019.

Los medios televisivos difundieron imágenes de pequeños grupos de manifestantes que usaron principalmente cuerdas, piedras, carteles y vehículos para bloquear las avenidas de las principales ciudades del país.

En La Paz los cortes de vías se registraron en su mayoría en la zona sur, afectando las operaciones del transporte público, pero en el resto de la ciudad y El Alto la gente pudo movilizarse casi sin problemas y las actividades comerciales, laborales y del sistema financiero fueron normales.

El paro tuvo mayor convocatoria en Santa Cruz, según los medios, aunque no logró paralizar las actividades productivas ni comerciales; en el resto del país el paro no se sentía en las primeras horas del miércoles.

“Rechazamos categóricamente este paro. Es un paro político que no representa las necesidades del ciudadano que vive del día a día”, manifestó un gremialista en Santa Cruz.

Dirigentes de la oposición y el oficialismo instaron a los manifestantes a evitar actos de violencia y confrontación con las organizaciones sociales que respaldan al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera y su reelección hasta 2025.

“Este paro no es para confrontar con nadie. Este paro se lo hace por principio, se lo hace porque el pueblo está cansado que se burlen de sus derechos”, dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, que calificó el paro como contundente.

El 21 de febrero del 2016 un referéndum rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para admitir una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente, entre otros.

Pero a finales del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor de la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales, en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la CPE.

Morales, que marcha primero en las encuestas de intención de voto, fue proclamado como candidato a la reelección por las principales organizaciones sociales del país y la Central Obrera Boliviana (COB).

El binomio Morales-García Linera se enfrentará a siete binomios de partidos políticos de la oposición que también fueron habilitados por el Tribunal Supremo Electoral.

OPOSITORES QUIEREN SACAR A EVO MORALES DE LA PAPELETA ELECTORAL

(CAMBIO).- Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, afirmó ayer que las dos fundaciones que acudieron a esa entidad de la OEA fueron a defender los derechos de los partidos políticos de oposición que no quieren competir contra el presidente Evo Morales y por eso buscan sacarlo de la papeleta electoral.

“Con todo el respeto que merecen los solicitantes, debo decir que el único derecho que pretenden defender esta tarde ante ustedes (la CIDH) es el derecho de los partidos opositores bolivianos a no competir democráticamente en las próximas elecciones con el Presidente indígena que ha cambiado para siempre y para bien la historia de una nación que hoy es un referente mundial”, afirmó el titular en su intervención en la audiencia pública informativa convocada por la CIDH sobre la reelección en Bolivia, la sentencia 84/17 y la Convención Americana.

Ese espacio fue solicitado por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF), que estuvieron representados por el exmagistrado del TCP José Antonio Rivera Santibáñez, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y el exasambleísta de Podemos Rubén Darío Cuéllar.

Precisamente fueron ellos los primeros en intervenir y poner en juicio la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que determinó la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por sobre algunas disposiciones de la Constitución que limitaban la repostulación de las autoridades nacionales y subnacionales.

Rivera Santibáñez, por ejemplo, señaló que la repostulación no es un derecho humano y que la nueva candidatura del presidente Morales viola los derechos de las personas que se opusieron en el referendo del 21 de febrero de 2016 a la reforma del artículo 168 de la CPE para incorporar las dos reelecciones de manera continua.

A ello, el Ministro de Justicia respondió que el TCP lo que hizo fue ejecutar lo que establece la propia Carta Magna, que en sus artículos 13. IV, 256 y 410 dispone que los tratados internacionales de derechos humanos deben aplicarse por sobre las disposiciones de la propia norma suprema.

En consecuencia, el TCP, “a través de la sentencia 084/2017, efectuó un control de constitucionalidad y de convencionalidad en apego estricto a sus legítimas competencias, aplicó el artículo 256 de la Constitución, cuya piedra angular es el principio de aplicación preferente de los tratados en materia de derechos humanos, incluso por sobre la ley fundamental”.

Basado en ello, Arce afirmó que el haber hecho prevalecer el artículo 23 de la Convención Americana —que posibilita que todas las autoridades nacionales y subnacionales vuelvan a postular en futuras elecciones— es “un acto legal, legítimo y en consecuencia con el orden interno y externo”.

En la audiencia, que se desarrolló en el salón B Padilha Vidal, en Washington, Estados Unidos, el exasambleísta de Podemos Rubén Darío Cuéllar, en nombre de la delegación, solicitó a la CIDH que a la brevedad posible pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva que determine si la reelección indefinida de una autoridad en funciones es compatible con la Convención Americana y si la alternancia en el poder constituye una restricción al derecho de elegir y ser elegido.

Además solicitó que se exhorte al Estado a “garantizar el derecho a la reunión y protesta pacífica de los ciudadanos bolivianos, de esta manera los órganos estatales deben deponer cualquier actitud, acciones de violencia que puedan afectar la integridad física, la salud y la vida de los bolivianos”.

Las peticiones no obtuvieron una respuesta inmediata de la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien llegó tarde a la apertura de la audiencia.

La comisionada señaló que el tema planteado “es de tal importancia fundamental para la democracia que no lo podemos decidir ahora ni podríamos indicar cuál sería nuestra decisión”.

“Yo, como no soy experta (…), yo necesito tiempo para evaluar, condensar y llegar a una conclusión”, dijo y agregó: “La Comisión se compromete a dar la debida consideración a los alegatos presentados de lado y lado”.

Casi al final, Margarette May Macaulay requirió a las delegaciones traducciones en inglés de los artículos aludidos de la Constitución para realizar la revisión.

El canciller del Estado, Diego Pary, indicó que con la audiencia concluyó el procedimiento solicitado por las fundaciones y que la CIDH no emitió ningún criterio sobre el tema de la repostulación.

“Al concluir la audiencia los comisionados no hicieron ningún pronunciamiento, no hubo ninguna recomendación para el Estado boliviano, ésta fue solamente una audiencia informativa, con lo que concluyó este procedimiento”, enfatizó.

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