(El Deber- Artículo de Héctor Arce Zaconeta).- En recientes días, una ofensiva mediática, hábilmente dirigida por el expresidente Carlos Mesa, viene tratando de posicionar una serie de falsedades sobre el caso Quiborax. Su finalidad no es otra que distraer al público y esconder las trastabilladas acciones de su Gobierno, responsable del resultado del caso. En esta acción, personas como Peñaranda, Zarati y Calla, entre otros acólitos del expresidente, han hecho afirmaciones inaceptables, seguramente motivadas por su forma de comprender y entender el manejo del Estado en tiempos pasados. Afirmaciones graves que deberán ser probadas y demostradas como en cualquier Estado de derecho.

En esa labor presentan errores como virtudes, datos secundarios e incompletos como medios de descargo e intenta endilgar al Gobierno nacional las consecuencias emergentes de las irresponsables acciones del gobierno de Mesa. Ante tal despropósito, corresponde restablecer los hechos.

Primero, se afirma erróneamente que el arbitraje de la empresa chilena fue posible gracias a la existencia de un acta societaria falsificada, agregando que la defensa boliviana no usó este hecho ante el tribunal arbitral como si se tratara de una incidencia menor. Al respecto, es evidente que el responsable de esa acta fue identificado, procesado y condenado por las acciones oportunas de nuestro gobierno, tarea que legalmente debió ser cumplida por Mesa. Asimismo, a pesar de que Bolivia invocó este hecho como una de sus pruebas en todas las fases del arbitraje, el tribunal claramente parcializado del Ciadi, orientado seguramente por la forma ilegal en que actuó Bolivia en 2004, no le dio valor jurídico para improbar la existencia de inversiones chilenas (pár. 182, 188 y 190 de la decisión de jurisdicción), apoyándose en otras pruebas sobre el control societario chileno en Non Metalic Minerals. Por ello, el verdadero origen y fundamento de la condena contra Bolivia está en el Decreto 27589 y el Memorándum Interministerial del 2004, citados como fundamento del Tribunal en el laudo, 83 veces el primero y 16 veces el segundo. ¿Tendrían los defensores del expresidente valor de comentar esta última prueba por la que el propio equipo interministerial del señor Mesa le advirtió que su decreto “adolecía de serios problemas jurídicos” y que iba a “convertirse en un problema internacional para Bolivia”? Parece que no.

Segundo, Se nos endosa la responsabilidad por el fracaso en los posibles cierres del caso a través de negociaciones directas en el 2008 (3 MM) y 2016 (27 MM), induciendo al lector a soslayar tres hechos evidentes. Primero, en la gestión del señor Mesa, Quiborax ofreció a Bolivia en seis ocasiones la solución amigable de la controversia a través de negociaciones directas, mismas que fueron desoídas por el expresidente.
Segundo, omite referirse a que en la gestión 2008 el cierre por 3 MM fracasó al descubrirse la irregularidad del acta falsificada, no correspondiendo pagar existiendo un ilícito. Finalmente, en el 2016, debido a problemas societarios exclusivamente entre los socios de Quiborax, tampoco se llegó a materializar el cierre por 27 MM. Es decir, ambos procesos fueron frustrados, como consta en los antecedentes documentales solo y exclusivamente por responsabilidad de la empresa.

Tercero. Sobre la filtración de documentos que generó el proceso y la destitución de la funcionaria llevada a error por los abogados chilenos, se pretende mostrar falsamente complicidades y encubrimientos que jamás existieron, en un hecho que fue tratado de acuerdo a la norma y que nada tuvo que ver con el desarrollo ni del proceso ni de la negociación. Esta es otra acusación falsa y temeraria.

Finalmente, se sataniza el cumplimiento de un laudo arbitral a través de un acuerdo que, en los hechos, ahorró al Estado cerca de 15 MM del monto final que debíamos pagar y que, de no haber sido honrado, hubiera significado la ejecución internacional del Estado. ¿Conocen
Peñaranda, Zaratti y Calla el caso de la Fragata Libertad de Argentina o la ejecución del Laudo Pey Casado contra Chile ante jueces españoles? Quizás sí, pero en su afán incendiario no tienen la honestidad intelectual de reconocer la complejidad de un tema que es muy diferente a lo que dicen.

Por ello, convencidos de los hechos fácticos, hemos invitado respetuosamente a Carlos de Mesa Gisbert a conversar estos temas en un set de televisión. Lamentablemente, quien ahora pretende eludir su responsabilidad oponiendo la prescripción de los delitos por los que se lo acusa, no quiso hacerlo con el pueril argumento de que ha presentado una denuncia en contra de nosotros.  https://www.eldeber.com.bo/opinion/Frente-a-la-mentira-la-verdad-20180702-0079.html                                                                                                                                                https://twitter.com/ArceZaconeta