Correlatos de la crisis política y la crisis universitaria

Raúl Prada Alcoreza

 

Dedicado a los y las movilizadas en el conflicto de la UPEA.

 

 

Sorprende que se regatea desde el gobierno las reivindicaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), sobre todo en lo que respecta al presupuesto universitario. El asesor de la UPEA afirmó que el déficit de la universidad alcanza los 152 millones de bolivianos y que sólo modificando la ley 195 de coparticipación tributaria se podrá hablar de “una sostenibilidad financiera”. Sorprende porque la administración económica del gobierno ha despilfarrado miles de millones de dólares en elefantes blancos, en empresas fantasmas, en inversiones que se evaporan, en convenios que no se cumplen; en definitiva, ha malgastado los recursos de propiedad del pueblo boliviano, de acuerdo a la Constitución, que administra el Estado. Se ha encargado el aparato publicitario y de propaganda del gobierno clientelar de descalificar las demandas de la UPEA, de desinformar sobre las movilizaciones universitarias, además de acusar a la Universidad Pública de El Alto de despilfarrar los recursos que se le entregan. La Cámara de Senadores sancionó la ley corta que otorga una subvención de 70 millones de bolivianos al presupuesto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA); la misma que pasó al Ejecutivo para su respectiva sanción. Sin embargo, la norma es rechazada por la UPEA, que determinó iniciar una marcha desde Patacamaya hacia la sede de gobierno, demandando un mayor incremento a su presupuesto. Las movilizaciones continuaran en defensa de la universidad pública, por una educación y formación gratuita, además de exigir un presupuesto adecuado a los requerimientos de la academia. El asesor legal de la UPEA, Hugo Madeni, señaló que, el viernes 22 de junio, comienza la marcha desde Patacamaya. Se cuestiona la falta de consenso en la elaboración de la ley, que le otorga a la universidad 70 millones de bolivianos a su presupuesto. Se trata de “una ley no consensuada. Las leyes deben ser consensuadas, los 70 millones de bolivianos son insuficientes; este monto no permite tener un equilibrio financiero a la Universidad Pública de El Alto”.

Como se puede ver el conflicto universitario no ha concluido, a pesar de todas las maniobras del gobierno; desde las acciones represivas, que ya cuentan, en su haber, con un muerto, el estudiante Jonathan Quispe, hasta la norma sacada de la maga, que otorga a la UPEA 70 millones de bolivianos, pasando por la propaganda de descalificación de la movilización universitaria. En este contexto alborotado, es indispensable detenerse a reflexionar sobre este reciente conflicto, en el contexto y la coyuntura donde emergen, teniendo en cuenta la larga historia de conflictos sociales contra el “gobierno progresista”. Habría que partir de algunas descripciones someras de la situación, que ayuden a conmensurar el problema desatado; una de ellas tiene que ver con la crisis del sistema universitario; otra de ellas tiene que ver con la crisis múltiple del Estado-nación, concretamente de la forma de gubernamentalidad clientelar. Solo considerando, por el momento, estas dos crisis desplegadas, se puede entrever ciertas correspondencias entre ambas crisis.

Resumiendo, la crisis del sistema universitario tiene que ver con el rezago de las matrices curriculares academia respecto a las transformaciones de la civilización moderna, sobre todo a las llamadas revoluciones científicas y tecnológicas. Pero también tiene que ver con que el crecimiento de la población estudiantil no es atendido ni con la infraestructura adecuada, ni con el plantel docente requerido para atender la buena formación profesional. Esto tiene que ver con el presupuesto asignado, aunque también, ciertamente con la estructura de gastos en la académica, donde debería preponderar la inversión en investigación, en infraestructura y en logística académica requerida, además de garantizar la calidad de la docencia. Resumiendo, la crisis múltiple del Estado-nación y de la forma de gubernamentalidad clientelar tiene que ver con la obsolescencia y anacronismo de la forma de Estado, que se expresa, en la coyuntura, en los recorridos sinuosos de la forma de gubernamentalidad clientelar. A todas luces se observa que la crisis del sistema universitario no se resuelve con las asignaciones que le otorga el Estado en la estructura del presupuesto general; tampoco se resuelve la crisis de la UPEA con la asignación de 70 millones de bolivianos. Así mismo la crisis múltiple del Estado nación y de la forma de gubernamentalidad clientelar no se resuelve vadeando los problemas, como lo ha venido haciendo el “gobierno progresista”. Todas las acciones del gobierno, que se encaminan a vadear los problemas y no resolverlos, son manifestaciones de las mismas crisis; son síntomas de las crisis.

Las movilizaciones universitarias son manifestaciones de las crisis, hacen patente la crisis, que se encuentra no solamente latente, sino en el mismo funcionamiento de la estructura del sistema universitario; también en el mismo funcionamiento de un Estado anacrónico. De nada le sirve al gobierno descalificar las movilizaciones; pues una crisis no se resuelve buscando convencer a la opinión publica de la “verdad” gubernamental y de la “mentira” de los movilizados. Las movilizaciones son hechos desbordados, desencadenados; emiten el “lenguaje” corporal y la gramática de las multitudes. El gobierno no resuelve su propia crisis, que no la reconoce, ni ve, ocultándola con publicidades y propaganda, difundiendo interpretaciones insostenibles, cuando se contrastan con lo que ocurre. Solo calma, momentáneamente, su consciencia desdichada.
En las interpretaciones críticas de la crisis, se las concibe tanto como estallidos de movimientos tectónicos de estructuras anacrónicas, que se edificaron en otro tiempo, así como oportunidades para resolver los problemas inherentes a los anacronismos estructurales y sus obsolescencias. Lo que llama la atención en los comportamientos políticos son dos actitudes notorias; la primara, la que tiende a desconocer la crisis, por lo menos sus alcances, minimizándola como si fuera una contingencia momentánea. La segunda, que no se aprovecha la oportunidad para resolver los problemas inherentes. La crisis ilumina los espesores no visibles del presente, abre los horizontes plegados de las composiciones densas que hacen al presente. Al darse esta abertura, no solo es una oportunidad de comprender, entender y conocer mejor las dinámicas eco-sociales, sino también la oportunidad de transformar los esquemas de comportamientos y conductas sociales, construyendo instituciones adecuadas a las dinámicas eco-sociales, que no dejan de re-sincronizarse planetariamente.

La crisis de la UPEA y del sistema universitario es, entonces, una oportunidad; pero, ¿para quién? El gobierno no ve la crisis múltiple del Estado y de la forma de gubernamentalidad clientelar, por lo tanto, no ve la crisis de la UPEA como parte de la crisis del Estado y de la crisis gubernamental; en consecuencia, está lejos de acceder a la oportunidad. Otra pregunta, ¿los voceros de la movilización universitaria alcanzan a visualizar las dimensiones de la crisis o solo la reducen a un tema de incremento del presupuesto universitario? Tal parece que es la sociedad misma la que está convocada a abrir los ojos, a mirar en los horizontes plegados en los espesores del presente, abiertos por la crisis. ¿Qué se requiere para que la sociedad lo haga? Que asuma la problemática como suya, entender que las crisis forman parte de sus propias composiciones, estructuras e instituciones edificadas. Que no es una observadora neutral; o es cómplice de la decadencia o es actora en la resolución de los problemas. Por lo tanto, se trata de que asuma su responsabilidad.

Las movilizaciones universitarias, que tienen como epicentro la movilización de la UPEA, son las manifestaciones de las crisis desenvueltas de las mallas institucionales estatales y académicas. Que la crisis del sistema universitario adquiera en el discurso la forma de demanda de mayor presupuesto, no quiere decir que la crisis se restringe a este tema; la demanda es como el iceberg del problema; la problemática es más compleja, tiene que ver con el funcionamiento y el deterioro de las dinámicas académicas. Que la crisis del Estado-nación adquiera, en los discursos en concurrencia, la interpretación reiterada gubernamental, que niega la crisis y la sustituye por la “lucha antiimperialista” y por la conjetura machacona de la “conspiración de la derecha”, así como adquiera, en el otro discurso opuesto, la interpretación de la “conspiración comunista” y de la “lucha contra la corrupción”, también la “lucha contra la dictadura”, no quiere decir que la crisis se reduzca a estos supuestos políticos; la problemática de la crisis estructural y orgánica del Estado-nación y del orden mundial tiene que ver con la decadencia del sistema-mundo capitalista y el derrumbe ético moral de la civilización moderna. Estas problemáticas no son o no se realizan como lo expresan los enunciados críticos interpretativos; no son generalidades, las generalidades responden a proyecciones inductivas o a marcos teóricos deductivos. Las inducciones o las deducciones son procedimientos del análisis, útiles para construir interpretaciones; las interpretaciones son recursos del entendimiento y de la razón para representar en narrativas explicativas las capturas cognitivas de la realidad. No se pueden confundir estas interpretaciones, por más valiosas y útiles que sean, con la realidad efectiva, como lastimosamente se acostumbra. La realidad efectiva corresponde a la integralidad de las dinámicas complejas sociales y territoriales; las interpretaciones teóricas, por más elaboradas que sean, están lejos de abarcar las dinámicas de la realidad efectiva.

En consecuencia, la realidad efectiva, sinónimo de complejidad dinámica, se realiza en el devenir de múltiples y plurales singularidades, en constante mutación y metamorfosis, en permanente asociación, des-asociación y re-asociación. Por lo tanto, las crisis de las que hablamos tienen que ser comprendidas en sus singularidades; no como si fuesen generalidades. La crisis del sistema universitario boliviano es comprensible teniendo en cuenta las descripciones del acontecer específico de sus descomposiciones y des-equilibraciones. Como, ahora, no se trata de exponer detalladamente los recorridos de la crisis, sino, mas bien, de aproximaciones analíticas de las movilizaciones universitarias, en los espesores de la coyuntura, vamos a mencionar solamente algunos rasgos y características de la crisis, desenvuelta en su peculiaridad propia.

Una característica notoria de la crisis es el desborde de la población universitaria sobre una infraestructura detenida en el tiempo, que responde a las proyecciones cortas de cuando fue construida. A pesar de los añadidos colaterales, la infraestructura se mantuvo en una cobertura de servicios que queda corta ante la demanda. Si tomamos en cuenta la logística académica, ésta también es restringida y se encuentra rebasada por la demanda de servicios y por los problemas que tiene que resolver. Considerando al plantel docente, éste no solamente ha quedado rebasado, sino que aparece como improvisado para atender las necesidades de formación profesional, además de no garantizar la calidad académica. Si bien hay excepciones, que confirman la regla, de puntales docencias, de algunas carreras y escasas facultades, el peso preponderante corrobora las características mencionadas. Hasta aquí, lo que describimos someramente, como ejemplos, parece mostrarnos, mas bien, generalidades compartidas por los sistemas universitarios en la región. Empero, la singularidad boliviana se encuentra en la extensidad del rebasamiento y en la intensidad de las dificultades no resueltas. Ocurre como que la improvisación generalizada adquiriera dimensiones demoledoras, a tal punto que la profesionalización se convierte en un bluf, encubierto apenas con la entrega de titulaciones.

Esta improvisación generalizada forja ambientes propicios a la corrosión institucional y académica, donde el co-gobierno, en vez de lograr lo que postularon las conquistas de la autonomía universitaria, refuerce, ahora, sobre estas condiciones de imposibilidad, la irradiación de redes y grupos de poder, que monopolizan la representación universitaria y la autoridad institucional. Un mundo al revés, en escala localizada. Sin pretender verificar esta hipótesis interpretativa, se pueden mencionar datos que conmueven y muestran, por lo menos uno de los desequilibrios de la administración universitaria; el peso de los gastos corresponde a los gastos corrientes, a los gastos en sueldos y salarios de docentes y administrativo; quedando proporciones reducidas de inversión destinadas a la investigación, a las bibliotecas, al instrumental requerido por los centros de investigación, de datos y de información. Esto es mucho más notorio, cuando se trata de invertir en infraestructura, que cubra la demanda de la población universitaria. Otro aspecto sobresaliente de la crisis es el que tiene que ver con el plantel docente; no solo que resulta escaso y se encuentra rebasado por la demanda, sino que se encuentra afectado por el deterioro irradiante de la improvisación; solo una proporción minoritaria corresponde a la docencia titular, la proporción aplastante de docentes corresponde a los profesores interinos. El deterioro también tiene que ver con la formación docente, que debe garantizar la cualidad, la calidad y la pertinencia de la formación profesional. El perfil docente es débil en lo que respecta a la actualización de la formación, a la investigación y a las publicaciones. Otro dato citable es el que muestra la condición de las tesis de graduación; solo un escaso número de ellas es aporte y responde a la investigación, además de a la elaboración escrupulosa.

Esta situación se agudiza cuando nos encontramos en un supuesto “proceso de cambio”, que se propone la “revolución industrial”, además de mencionar la revolución cibernética y las nuevas olas de las revoluciones científicas y tecnológicas; fuera de exigir la vinculación del conocimiento con las transformaciones estructurales e institucionales del Estado y la sociedad. Si fuese así, la atención a la formación universitaria debería ser mucho mayor que la que se requiere, sin considerar las condicionalidades del “proceso de cambio”; por lo tanto, muchísimo mayor a la mezquina atención del Estado al sistema universitario. Los argumentos del gobierno caen por su propio peso, peso de la levedad de una retórica política insostenible.

Ahora bien, la singularidad de la crisis múltiple del Estado en Bolivia y de su remate en la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, radica en la peculiaridad de un “proceso de cambio” que pretende la “descolonización” y el “socialismo comunitario”. Ambas finalidades planteadas en la Constitución, empero conculcadas por el ejercicio del poder del gobierno clientelar. La descolonización se ha convertido en un enunciado retórico, que ampara la re-colonización por el camino de las simulaciones y las usurpaciones, haciendo efectiva la continuidad colonial con rostro indígena. La finalidad social y comunitaria, como se expresa la Constitución, diferenciando el objetivo de la igualación social y el objetivo de la restauración y renovación comunitaria, se ha convertido no solo en un enunciado retórico, sino en una afrenta al pueblo combativo y a las comunidades, pues se banaliza los sentidos de socialismo y de comunitarismo, a tal punto que aparecen como estadísticas sociales del PNUD, que cuantifica el incremento proporcional de la “clase media”, y como presencia de rostros cobrizos en el congreso. Todo esto encubriendo las renovadas diferenciaciones sociales y los cambios de élite, ocultando la vulneración de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución.