Los dispositivos de la extorsión

Raúl Prada Alcoreza

Publicado el: 20 junio, 2018 15 min. + - Imprimir

Los dispositivos de la extorsión

Raúl Prada Alcoreza

 

Dedicado a Francisco, víctima de la extorsión judicial.

 

 

Se dice que la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Bueno, la extorsión se ha convertido en el modus operandi del sistema-mundo; por lo tanto, de los Estado-nación contenidos en este sistema global; pero, lo más grave, es que se ha convertido en un hábito perverso en las prácticas sociales. En ensayos anteriores expusimos análisis sobre la decadencia, hablamos del derrumbe moral y ético, de la diseminación de las instituciones, de su atravesamiento por las estructuras del lado oscuro del poder. Cuando se lo hizo no se pretendió que se lo hacía de manera abarcadora; hay tópicos que no fueron tocados en lo que podemos llamar la composición de la decadencia; uno de ellos es el relativo a la extorsión.

La extorsión se ha convertido en un hábito institucional o dentro del funcionamiento de las instituciones. Como usufructúo para el funcionamiento de las mismas se conforman grupos de extorsión; estos grupos se colocan en todo el mapa institucional; desde los ingresos a las mismas instituciones hasta sus salidas, pasando por toda la maquinaria burocrática, en plena ejecución. Los extorsionados son los usuarios del sistema institucional, ya entren como víctimas o como imputadas. La extorsionada es la sociedad misma, que se ve obligada a recurrir al sistema institucional, pues se encuentra atrapada en sus redes. El funcionamiento institucional se ha convertido en “normal”, pues “así funcionan las cosas”. No importa si se violan derechos humanos, civiles, políticos, sociales, colectivos, constitucionalizados. Lo que importa es que la máquina institucional funcione como funciona, mediante el ejercicio distribuido y proliferante de las extorsiones.
Es pues “normal” que se extorsione a las víctimas, también a los imputados. Tanto víctimas como imputados tienen que pagar; se trata del pago a la institución por haber ingresado a su “sistema”, donde debe seguir los pasos establecidos por los grupos de extorsión. Los grupos de extorsión están conformados por varios funcionarios implicados, que, aunque cumplen tareas distintas, de acuerdo a sus asignaciones, se coaligan cuando tienen que ejercer la extorsión. Por ejemplo, en el sistema judicial, cuando una víctima o, en su caso, un imputado, ingresa a la máquina de justicia, el fiscal acusador, el defensor, el juez, a pesar de, por prescripción normativa y de funciones, tienen que concurrir y competir desde las tareas que les competen, contrastantes, todos ya están coaligados y comprometidos en hacer funcionar la extorsión. No se trata de defender a la víctima o al imputado; tampoco se trata de hacer una imputación coherente y objetiva, que responda no solo a una investigación, sino también a una consideración de los hechos y las circunstancias; así como no se trata de dirimir como juez entre la argumentación acusadora y la argumentación defensora; sino se trata de que el ejercicio de la extorción funcione, opere, obtenga los resultados buscados, que están lejos de corresponder a la realización de la justicia, sino que corresponden a mantener y reproducir el funcionamiento de la maquinaria de la extorsión.

La justicia es lo que menos importa; lo que importa es que se la tema; es decir, que se tema al aparato que se inviste simbólicamente de “justicia”, que se unge de dispositivos y engranajes que se reclaman de ejercer justicia, cuando lo que hacen es descargar la violencia institucionalizada del sistema judicial en los cuerpos magullados de las víctimas, donde también ingresan los imputados.
No es justicia, es violencia la que se realiza. Se legitima la violencia de la institucionalidad corroída con el uso arbitrario de las leyes, con la administración abusiva de las leyes, mediante interpretaciones provisionales, apresuradas, grotescas e incongruentes. De lo que se trata es de usar las leyes como látigos para castigar; por eso es indispensable señalar claramente al culpable, al “enemigo de la sociedad”, al “enemigo público”, al peligro. La conclusión judicial: hay que encerrarlo, tiene que esperar encarcelado su juicio, y cuando termine, tiene que cumplir con la pena asignada. La premisa fundamental de la justicia moderna, la de que nadie es culpable en tanto no se lo demuestra, es descartada de inicio. Se retrocede, entonces, de una concepción liberal de la justicia a una concepción monárquica de la justicia, a la del castigo.

Lo que sorprende no solo es este anacronismo perverso de un sistema de justicia que ejerce extorsión, sino que a todos les parece “normal”, pues “así funcionan las cosas”. No solo a funcionarios de justicia, a abogados imputadores, a abogados defensores, a jueces, a policías, que custodian, sino también a las mismas víctimas e imputados, a las familias de éstos, a la sociedad misma involucrada y afectada por esta forma violenta de ejercer la justicia, que desconoce derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos colectivos, constitucionalizados.

Siguiendo con el ejemplo, relacionado a la institucionalidad judicial, el ejercicio de la extorsión se hace elocuente en lo que respecta a la famosa ley 1008, impuesta por el imperio; ley suspendida por la Constitución; por lo tanto, ilegitima e ilegal, descartada por la Constitución. A pesar de esta situación jurídica, de la condición ilegal e inconstitucional de dicha ley, se la sigue aplicando, como si nada. No importa si es así, lo que importa es que el “sistema” de castigos y penas, el “sistema” de extorsión, siga funcionando. A nadie le conmueve que se lo haga, a pesar de cometer, teóricamente, delitos constitucionales. Este comportamiento de sometimiento al anacronismo institucional, que persiste, a pesar de la nueva Constitución, muestra fehacientemente que no ha importado nunca la Constitución ni su cumplimiento; lo que importa es que los diagramas de poder funcionen tal como la han ven ido haciendo hasta ahora. Puede cambiar la Constitución, pero lo que no puede cambiar es el régimen del poder. La Constitución está bien como discurso, empero, la Constitución no puede sustituir a las máquinas de poder, que ejercen las dominaciones polimorfas.

Sabemos que la demagogia política es la que campea; se habla de “transformar la justicia”, es decir, su ejercicio, plagado de corrupción; sin embargo, este es un enunciado fofo, que no tiene consecuencias prácticas, salvo el de seguir manteniendo lo mismo, la corrupción, aunque cambie de formas, perfiles, estilos.

El debate entre “oficialismo” y “oposición” se ha circunscrito al tema de la elección de los magistrados, que, por cierto, es donde ha perdido el “oficialismo”, aunque no haya ganado la “oposición”, sino el rechazo social a la farsa. El sistema judicial no solo está compuesto de magistrados, tribunales, jueces, sino, sobre todo, de subsistemas y estructuras, además de relaciones, que lo hacen funcionar. El “debate” entre “oficialismo” y “oposición” se ha perdido en el modo de elegir las jerarquías; está muy lejos de haber tocado el problema, menos el núcleo del problema. Ese debate, que tiene la pretensión de “defender la democracia”, solo ha tocado el problema en alguna superficie visible de sus manifestaciones; solo interesa denunciar las maniobras del gobierno o, en su caso, de lograr el control de los aparatos de justicia. Para nada se ventila la preocupación por la justicia misma, en las condiciones de posibilidad históricas-políticas-económicas-institucionales de un Estado-nación construido en genealogías de la violencia.

El gobierno ha impuesto dos veces sus magistrados afines, a pesar de haber perdido las elecciones consecutivas de magistrados – lo que anulaba taxativamente la elección misma -; la población votante le ha ganado al gobierno dos veces, en el intento de legitimar su maniobra; pero la problemática de un sistema de justicia extorsionador no ha sido abordado.

Ahora bien, el ejercicio de la extorsión no se sitúa solamente en la institucionalidad judicial, sino se extiende por toda la red institucional del Estado, incluso de la sociedad. Por ejemplo, se extorsiona en el sistema de salud; los pacientes se convierten en rehenes en manos de estructuras administrativas de la salud, que funcionan con flujos dinerarios. Lo que interesa no es la salud, ni curar la enfermedad, menos atender las emergencias para lograr la estabilización corporal, quitar el dolor e intervenir organizadamente para resolver el problema agudo contraído. Aunque estas sean las tareas asignadas, son como la excusa para extorsionar al paciente y a la familia del paciente. Lo peor no es esto, a pesar que ya es espantoso, sino la negligencia médica. Las equivocaciones de diagnóstico se suman, acarreando las muertes por negligencia. Por otra parte, las instalaciones hospitalarias y clínicas resultan inadecuadas o sobrepasadas por la magnitud de la demanda. La tecnología médica ya es anacrónica, salvo en la implementación escasa de alguna clínica privada, que cobra el ojo de la cara por su uso. Aunque se implemente con gran propaganda algún instrumental médico reciente en el sistema de salud publica, éste, en primer lugar, es insuficiente para la atención; en segundo lugar, la incorporación tecnológica requiere de insumos constantes, operarios especializados, además de la manutención y su uso por equipos coordinados y preparados. En consecuencia, la tecnología médica implementada resulta una muestra actualizada en un océano anacrónico de obsolescencias.

El reciente conflicto médico destapó la crisis del sistema de salud público y privado. En primer lugar, el sistema de salud no cubre a la población demandante y necesitada; solo una proporción privilegiada es atendida. Los y las aseguradas, los y las que tienen suficientes recursos para ser atendidos. En segundo lugar, el nombrado sistema de salud no funciona como sistema, sino de una manera bastante descuajeringada; lo que sí funciona es la administración económica de los recursos públicos y privados. Si no llegan los recursos del Estado, entonces se para el sistema de salud pública, solo con el cobro alto de la atención medica funciona el sistema de salud privada. El motor de este funcionamiento es netamente económico; la ciencia médica queda relegada, mucho más si se trata de investigación, así como actualización y formación permanente. La ética médica ha sido olvidada como si fuese un romanticismo de los viejos médicos de vocación. En pocas palabras, el sistema de salud es también un sistema de extorsión.
Otro ejemplo, el sistema educativo. Se sabe que la escuela es dispositivo fundamental del diagrama de poder del disciplinamiento escolar; emerge en los comienzos de la modernidad, junto al dispositivo del cuartel y al dispositivo de la cárcel. Ha sido el gran modulador de los esquemas de comportamientos modernos e individuales, así como constitutivo de las subjetividades modernas; también, indispensable, en la instauración de la ideología moderna. Sin embargo, formando a los ciudadanos en el paradigma humanista, después, acompañando con la formación técnica y científica, las especializaciones y en los requerimientos de la investigación. Empero, en la contemporaneidad, los paradigmas educativos se encuentran en crisis; tanto sobrepasados por la vertiginosa transformación de la civilización moderna, así como porque estos paradigmas han dejado de ser los referentes. Ahora el referente es el paradigma económico. La educación se ha convertido en un negocio; se enseña como parte de un costo de inversión para obtener beneficios y ganancias. La formación se ha banalizado a tal punto que de lo que se trata es de lograr el manejo de cierta información seleccionada en los estudiantes, encomendarles la lectura de manuales de disciplinas, reunidas por áreas, el manejo de determinados instrumentos de acceso a la información y de medida, inclinándolos al pragmatismo del cumplimiento de tareas a través de notas de evaluación y examinaciones periódicas. Con estos procedimientos educativos, el incentivo a la creatividad desaparece, así como la curiosidad es relegada a las predisposiciones individuales, que vienen a ser como una singularidad propia de los genios o de los excéntricos. Por lo tanto, no forman parte del sistema educativo mismo.

La extorsión en el sistema educativo es constante, desde que se ingresa al sistema hasta que se sale. En el subsistema público, a pesar de que constitucionalmente es gratuito, las familias tienen que cubrir los costos de los útiles, los libros y otros servicios, la alimentación y el transporte. Cuando los estudiantes reprueban o están por reprobar, las familias tienen que contratar a un profesor para recuperarse. Por otra parte, hay otros gastos, en ferias, en festividades, en festejos o actos culturales. Pero, lo más grave no es esto, sino la constante extorsión a las familias y a los estudiantes, en quienes pende la espada de Damocles sobre sus cabezas. Para salir bachiller hay que al final doblegarse a las prácticas establecidas y acostumbradas. O, como ocurre con la reforma educativa, se facilita el paso de los alumnos por los grados primarios y secundarios, de tal manera que, en la composición de las notas, resulta muy difícil aplazarse, a pesar de la dejadez. En este caso la extorsión se reduce a la complicidad entre estudiantes, familias, profesores, en el sistema educativo, para mantener un sistema de bajísima formación y bajísima exigencia, pero, que reproduce el funcionamiento de un sistema de extorsión de baja intensidad, empero que deja réditos.

Estos tres ejemplos del sistema de extorsión generalizado, no son, obviamente los únicos ni tampoco los principales y jerárquicamente referenciales; estamos ante la expansión desbordante del ejercicio de la extorción en distintos niveles y planos, en diferentes espacios de la institucionalidad, cobrando peculiaridades propias, dependiendo de donde se da lugar. Empero, se comparte en las distintas dependencias y dominios donde se da la característica destacada que hace a la extorsión; acto de expoliación que induce a las personas afectadas a acatar prácticas no institucionales ni normadas por la ley; sino que responden a lado oculto del poder, a las formas paralelas de las relaciones de donación, no visibles. La extorsión requiere de culpables, de imputados, de sancionados, de encarcelados; la extorsión requiere de enfermos, de pacientes, de dependientes y demandantes de atención; la extorsión requiere de pupilos, de alumnos, de demandantes de títulos académicos. En fin, la extorsión generalizada requiere de contenidos de las formas discursivas institucionalizadas; del señalado como víctima o como delincuente; del identificado como enfermo, contaminado o convaleciente; del objetivado o clasificado como aprendiz o en proceso de formación educativa. En fin, aunque parezca tautológico, el sistema de extorsión generalizado requiere del o la extorsionada.

Por eso, no puede sostenerse la tesis de que el sistema judicial, el sistema de salud, el sistema educativo o cualquier otro sistema de la malla institucional del Estado y de la malla de la sociedad institucionalizada están para resolver los problemas que ocasionaron su emergencia y su edificación. Paradójicamente, el sistema judicial está, más bien, para reproducirse como tal preservando la masa critica de las victimas y de los delincuentes; el sistema de salud está, mas bien, para reproducirse preservando la masa critica de enfermos y pacientes; el sistema educativo, está, mas bien, para reproducirse preservando la masa crítica de aprendices y pupilos, que requieren titularse. Y así sucesivamente, cualquier subsistema del sistema de extorsión generalizada está para reproducirse preservando la masa crítica de expuestos y vulnerables a la extorsión.

Lo que hay que anotar es que las composiciones del lado luminoso del poder, las institucionales, se complementan con las composiciones del lado oscuro del poder, no institucionales, pero que funcionan como “sistema”. El sistema judicial, que responde a la organización del Estado, que tiene como funciones las de ejercer justicia y garantizar el cumplimiento de los derechos, se complementa, sobre todo encubre, con el funcionamiento del ejercicio del poder del lado oscuro de las dominaciones.

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