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El diputado  del MAS Edgar Montaño dijo que hay serias sospechas que “los demócratas montaron una red de corrupción para esquilmar”  a las empresas privadas desde la Gobernación  y la Alcaldía durante cinco años en Santa Cruz y los últimos dos años en Cochabamba.

MAS cree que Contrataciones es el nexo de la corrupción Rubén Costas-José María Leyes

(Erbol).- El Movimiento al Socialismo (MAS) cree haber encontrado el “nexo de la corrupción” de los líderes del opositor Movimiento Social Demócrata (MSD) Rubén Costas Aguilera y José María Leyes que conducen la Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de Cochabamba, quienes casualmente tenían en Carolina Ayala como la persona clave y de confianza para la Unidad de Contrataciones.

Costas es presidente del MSD y Leyes vicepresidente de ese partido que pretende ser una alternativa política para el 2019,  en base a la figura política del gobernador cruceño y del alcalde cochabambino que será suspendido en las próximas horas para que enfrente un proceso de corrupción en la compra de mochilas chinas a una empresa que mandó a fabricar ante que salga la licitación.

Victoria Carolina Ayala Domínguez fue responsable de Contrataciones de la Gobernación de Santa Cruz durante las gestiones 2010-2015, luego cuando los Demócratas ganaron la Alcaldía de Cochabamba, para las gestiones 2015-2020, la persona fue transferida a la alcaldía del entonces flamante alcalde José María Leyes.       

Ayala fue detenida y luego puesta en libertad este miércoles en Cochabamba por la compra de las mochilas, tras desvirtuar riesgos procesales y que no entorpecerá las investigaciones al proceso de compra y obtuvo una resolución más benévola con relación al alcalde Leyes que tiene detención domiciliaria y está suspendido de sus funciones.

El diputado  del MAS Edgar Montaño dijo que hay serias sospechas que “los demócratas montaron una red de corrupción para esquilmar”  a las empresas privadas desde la Gobernación  y la Alcaldía durante cinco años en Santa Cruz y los últimos dos años en Cochabamba.

Anunció un proceso de investigación desde la Asamblea Legislativa para saber qué empresas contrataron Costas y Leyes y sospecha que “los verdes-oscuros” instalaron una red de corrupción. Hizo votos para que el Gobernador Costas no desconozca la contratación de Ayala.

Sin embargo no solo abrió un caso en La Paz, sino también en Santa Cruz, donde el asambleísta  departamental del MAS, Edwin Muñoz, considera que la corrupción saltó a la gestión de Costas, porque no es casual que las empresas contratadas por Carolina Ayala  para las mochilas de Cochabamba, tenga como sede comercial la ciudad de Santa Cruz.

En declaraciones a Erbol dijo que el Secretario General de la Gobernación Roly Aguilera,  admitió que Ayala fue contratada, motivo por el cual presentó una petición de informe escrito al Gobernador Rubén Costas, para que haga conocer la relación de contratos por las gestiones  2008-2010 y 2010-2015.

Muñoz manifestó que es mucha casualidad que la misma persona sea encargada para el área de contrataciones en ambos gobiernos subnacionales.  Cree que ya hay un presupuesto para establecer un nexo de corrupción a través de  Carolina Ayala, debido a que su designación fue una decisión política.

“Llama la atención que la dirección y residencia de las empresas adjudicatarias de las mochilas chinas estén en la ciudad de Santa Cruz y que no solo sea proveedora de mochilas, sino de computadoras, equipos y  mantenimiento de equipos”, manifestó.

Espera que  los Demócratas cumplan el plazo de 15 días que establece el reglamento y hagan conocer la nómina de los contratos, lista de empresas, responsables del proceso de contratación para no despertar sospechas de una protección política.

Lamentó que  no exista otro mecanismo de fiscalización, porque los Demócrata al ser mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental anularon las peticiones de informe oral y solo se fiscaliza a través de escritos, que no siempre se cumplen en los tiempos indicados y se hacen burocráticos.

Por parte la asambleísta demócrata Katia Quiroga declaró a radio Alternativa de la red Erbol, que la Gobernación ha presentado todos los informes a la Contraloría General del Estado donde fueron auditados y hasta el año 2017 no ha tenido observación alguna.

Advirtió que el MAS intenta manchar la gestión de Rubén Costas con un plan de complot a todas las autoridades públicas opositoras, ante la posibilidad que los Demócratas se constituyan como la única alternativa  política para el 2019.

PERCY A LEYES: “TE GUSTÓ LA PLATA, METISTE LA PATA, ANDATE, HERMANO”

(Cambio).- El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, cuestionó ayer la actitud de su colega de Cochabamba, José María Leyes, y le pidió que deje la municipalidad del valle.

“La peló el señor Leyes, buena gente hasta ese instante en que quiso clavar las uñas, qué error del hombre, la c…”, dijo el burgomaestre cruceño, al cuestionar la actitud de Leyes.

“Buena gente, pero la pelaste, hermano, andate, no queda explicaciones ni disculpas, te gustó la plata, metiste la pata, andate, hermano”, insistió la autoridad cruceña.

Se mostró claro al indicar que: “No vamos a hacer manifestaciones, por más que lo estimemos mucho, porque es insalvable la cosa”.

Leyes cumple detención domiciliaria que dictaminó el juez cautelar, mientras que sus abogados defensores anticiparon la presentación de recursos legales que le permitan retornar a la municipalidad para continuar con sus funciones, además de solicitar que sea otro juez quien revise los alegatos.

De forma separada, el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anticiparon que apelarán la decisión judicial y pedirán, basados en los propios argumentos esgrimidos por el juez, que se consolide la detención preventiva del burgomaestre.

Conflicto por suplencia

Dos de las medidas sustitutivas a la detención que dictaminó el juez son las prohibiciones para acercarse a la Alcaldía y tomar contacto con los funcionarios, por lo que no puede ejercer sus funciones a cabalidad.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que “el Concejo Municipal de Cercado tiene que hacer uso de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y elegir un alcalde sustituto” mientras dure la medida de detención domiciliaria.

Caso contrario, sostuvo la autoridad gubernamental, los concejales se arriesgan a un proceso por incumplimiento de deberes.

Para los demócratas, Cochabamba tiene un alcalde y se llama José María Leyes. El diputado Tomás Monasterios argumentó que la Constitución y los tratados internacionales señalan que la pérdida de los derechos políticos se da cuando existe una sentencia ejecutoriada y no así por una acusación.

Mientras tanto, el Concejo Municipal no sesionó por la licencia que presentaron tres concejales de la bancada oficialista. Carlos Coca, Rosmery Llusco y Beatriz Terán solicitaron permiso y no hubo quórum.

La bancada del Movimiento al Socialismo solicitará que el viernes —la próxima sesión— se elija a un alcalde temporal suplente, que recaerá en los demócratas.

El reglamento del legislativo edil indica que las sesiones plenarias deben realizarse los martes y viernes, además que obligatoriamente debe existir una a la semana, caso contrario corren los descuentos salariales.

Proveedor no tuvo problemas para disolver contrato

La empresa MSPC SRL, que forma parte de la Asociación Accidental 26 de Febrero, proveedora de más de 90.000 mochilas chinas a la Alcaldía de Cochabamba, aceptó que se disuelva el contrato y no puso reparos en firmar dicho documento, dijo Humberto Trigo, abogado defensor del alcalde de Cochabamba, José María  Leyes.

“La empresa pasó una carta y no tiene ningún inconveniente con la resolución del  contrato”, precisó el jurista en una entrevista con la televisora privada Red Uno.

René Juan de Dios Morales Espinoza, dueño  de la proveedora, no puso ningún reparo en disolver el acuerdo económico que tenía con la municipalidad de  Cercado y, por el contrario, ahora buscará una “conciliación de cuentas”, ya que se entregó una gran parte del lote de mochilas adquiridas en China.

Trigo argumentó que los delitos por los cuales Leyes fue llevado ante un juez “son de resultado”, ya que para que exista la acción delictiva debe consumarse el daño económico, extremo que no se registra por la disolución del contrato. Para los fiscales existen delitos porque hubo dolo, y la anulación del contrato no extingue el mismo.

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