Notas después de la movilización en defensa de la democracia

Raúl Prada Alcoreza

 

Nota aclaratoria

Las notas son apuntes sobre cuestiones que son sintomáticas o signos de eventos y sucesos cargados de señales. Se dice que es una marca, señal, palabra o escrito breve, que se pone en un texto para comentar, aclarar o completar algo que se menciona en él. También se dice que es un escrito breve en un papel u otro soporte con el que se avisa de algo o se recuerda algo. El concepto de nota posee múltiples usos y significados. El más usual es el que lo presenta como la seña o marca identificadora que se aplica sobre algo, con el objetivo de individualizarlo, permitir su reconocimiento o difundirlo. Una nota también es una observación que se realiza en un texto cualquiera o página de un libro, que suele ubicarse en alguno de los márgenes. Así como es un escrito que resume una exposición oral, realizado durante su desarrollo. No hablamos, por cierto, de un sonido determinado por una vibración, cuya frecuencia de mayor amplitud es constante. Tampoco de una figura musical, un signo que, colocado en un pentagrama con clave establecida, determina la altura y la duración de un sonido. Entonces estamos ante anotaciones sobre hechos, eventos y sucesos políticos, que llaman la atención por contener expresiones significativas de lo que acontece.

Las Notas después de la movilización en defensa de la democracia, son anotaciones sobre situaciones que se dan después de la movilización del 21 de febrero de 2018, en defensa del voto popular del 21 de febrero de 2016. Hemos hecho anotaciones sobre La destrucción de la COB, es decir, con el Congreso amañado, adelantado y manipulado por el gobierno, usando a sus clientelas afines, para consolidar lo que llamamos golpe crápula contra la COB. También hicimos apuntes sobre la Crisis de la máquina del chantaje; es decir, sobre la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, manifestada claramente en el caso de la manipulación de representación ejecutiva sindical de la provincia de Omasuyus. Así como dejamos anotaciones sobre El colmo de la desfachatez política, refiriéndonos a la pose del vicepresidente sobre la movilización nacional del 21 de febrero de 2018, que califica de “norma abstracta” al referéndum vinculante, correspondiente a la victoria del No respecto a la pregunta sobre la reforma constitucional, que habilitaría al presidente a la reelección indefinida. Por último, también apuntamos sobre el Tribunal Inconstitucional, que es así como calificamos al Tribunal impuesto inconstitucionalmente, a pesar de la anulación por segunda vez, de las elecciones de magistrados, con la victoria del voto nulo.

Como toda anotación que se hace, que se deja, espera su pronta retoma, con un mayor tratamiento, en detalle y en profundidad. Por la premura de las circunstancias del acontecer político, ventilamos estas notas, compartiéndolas, en aras de una reflexión colectiva.

 

La destrucción de la COB

El golpe crápula contra la COB tiene sus consecuencias, la expulsión de dirigentes no sumisos; solo quieren llunk’us. Asistimos a la destrucción de la COB, algo que no hicieron ni las dictaduras militares, ni los gobiernos neoliberales; lo más espantoso que le puede suceder a un pueblo es que unos impostores se suban a la cresta de la ola de las movilizaciones sociales, usurpen la victoria popular, se aposenten en el gobierno, para destruir a las organizaciones y al proceso iniciado por los movimientos sociales antisistémicos. El pueblo no puede contemplar desde el balcón la destrucción de las organizaciones sociales, menos de la COB, que se hace a nombre de un “proceso de cambio”, que de cambio tiene el nombre; a nombre de un “antiimperialismo” trasnochado, que, en la práctica, está al servicio del imperio, del orden mundial de las dominaciones, del sistema-mundo capitalista, sirviendo con la expansión intensiva del modelo colonial extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Este desenlace triste para una organización nacional histórica, la COB, que contiene la memoria de las luchas sociales y del proletariado boliviano, particularmente del proletariado minero, muestra la patente decadencia en la que se ha caído. Dirigentes sin consciencia de clase, inclinados al servilismo, sin tener la menor idea de valor simbólico de la COB, de los significados sociales que contiene esta organización nacional, se han atrevido a dar un golpe crápula a la COB, sirviendo al gobierno clientelar y corrupto, al servicio de empresas trasnacionales extractivistas, de carteles y mafias de toda índole del lado oscuro del poder. Estos sepultureros son dirigentes sin prestigio ni representación genuina, pues se ha roto la relación dinámica de la democracia sindical. Ingresamos a la penumbra, cuando se cierra el largo ciclo del Estado-nación, llevado a su crisis múltiple extrema por el “gobierno progresista”. Ahora se trata de liberar la potencia social, para que nuevamente el pueblo movilizado abra horizontes históricos-culturales-políticos, más allá de la civilización moderna.

Crisis de la máquina del chantaje

El gobierno clientelar quiere seguir controlando a las organizaciones indígenas y campesinas; se desespera por hacerlo, bajo el mismo mecanismo de cooptación clientelar de la dirigencia; sin embargo, al haber tocado al señorío aymara de Achacachi ha tocado el avispero, así como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada cuando perpetró la masacre del Altiplano en el entorno de Warisata. Al hacerlo ha despertado a otro de los movimientos sociales antisistémicos de la movilización prolongada (2000-2005), que ahora se reactiva, retomando el proceso truncado por el “gobierno progresista”. La movilización de Achacachi contra el Gobierno Municipal corroído y contra su Alcalde corrupto se prolongó a lo largo de casi dos meses. Conformó un pacto con las comunidades indígenas amazónicas del TIPNIS; lo que convierte a la movilización social anti-sistémica contra el gobierno clientelar en una confederación andino-amazónica.

Ante la pérdida de control del MAS de lo que consideraba eran sus bases fundamentales en el Altiplano, intenta preservarlo; empero, de la manera menos aconsejable, mediante la maniobra, el montaje y la imposición de minorías clientelares. La reacción de los veintisiete cantones contra el montaje de un Congreso manipulado es la muestra patente de la resistencia aymara ante la escandalosa usurpación del sindicalismo campesino y de las organizaciones indígenas.

Más de 20 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre Ponchos Rojos durante un Congreso, que se efectuó en Huarina. Congreso donde se eligen a los máximos representantes de la provincia Omasuyos. En dicho Congreso se hicieron presente el canciller Fernando Huanacuni, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas y el alcalde de Achacachi, Édgar Ramos. La intentona gubernamental derivó en trifulca; petardos y piedras se lanzaron en la pelea, donde estaban involucrados los conocidos Ponchos Rojos de Warisata y Achacachi. Los veintisiete cantones se oponen a que se posesione a dirigentes afines al MAS en el cargo de Ejecutivo Provincial; máxima autoridad de la provincia Omasuyus. El periódico Página Siete informa que el ejecutivo cantonal de Achacachi, Freddy Tallacagua, relató a ANF, que el Congreso auspiciado por Huanacuni y Rojas se realizó de forma ilegal con solo 10 cantones, pretendiendo desconocer a los representantes de 27 cantones. “Este congreso ha sido encabezado por Eugenio Rojas y otros exdirigentes como Édgar Ramos Laura que pretenden separar a la provincia Omasuyus, eligiendo un ejecutivo provincial para 10 cantones, que es la minoría, y a los otros 27 cantones, que somos la mayoría, no quieren escucharnos. Nosotros somos los verdaderos Ponchos Rojos sindicalistas y no éstos que se han vendido por dinero para aliarse al MAS”. Tallacagua añadió que, tras las agresiones sufridas, la provincia Omasuyos se declaró en estado de emergencia y dijo que los campesinos heridos de gravedad fueron trasladados al hospital del Norte de la ciudad de El Alto. “En el sector Ancoraimes tenemos 10 heridos; en Tacamara, tres; Achacachi, tres; en el sector del lago Titicaca, dos; y en Franz Tamayo otros dos lesionados, aunque hay más. Mañana (hoy-domingo 27 de febrero-) nos vamos a reunir; ahora estamos en emergencia y ya se definirá si se toma acciones legales contra los agresores. El dirigente explicó que antes del enfrentamiento pidieron una reunión con el canciller Huanacuni, que participaba en el Congreso de los Ponchos Rojos, a quién le solicitaron que intervenga en el conflicto para que se elija a un solo representante a nivel provincial. “En ese momento estaba el hermano canciller Fernando Huanacuni y como es autoridad máxima, conversamos y le pedimos participar del evento y nos dijo que nos organizáramos por comisiones para instalar el diálogo y elegir una sola autoridad”. Explicó que una vez conformadas las comisiones, los representantes de los 27 cantones ingresaron al Congreso y el otro bando de Ponchos Rojos junto con las autoridades de Estado solicitaron un cuarto intermedio de 10 minutos, tiempo en el que Huanacuni “escapó” desatando el enojo de los comunarios1 .

Este recuento de los hechos muestra la gravedad del problema y del conflicto. Estamos ante no solo la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, sino de manera más específica, ante la crisis de la maquinaria del chantaje y de cooptación del Estado-nación subalterno y colonial. La maquinaria del chantaje ya no puede lograr sus objetivos, la cooptación, la captura mediante las redes clientelares; no solo rechina, sino que ya no funciona eficientemente. Se enfrenta a la resistencia del pueblo aymara. La gravedad tiene el alcance de la crisis múltiple del Estado-nación, investido demagógicamente como “Estado Plurinacional”; la gravedad adquiere los perfiles de enfrentamientos, a los que azuza el “gobierno progresista”. Esto se debe a que no quiere ceder, no quiere hacerlo, a pesar de que la correlación de fuerzas ya no está a su favor. Visto en perspectiva esto es un suicidio gubernamental. Ahora bien, la gravedad también tiene que ver con la proyección de la movilización anti-sistémica renovada y retomada. ¿Cómo retomar el proceso de transformaciones truncado por el gobierno clientelar? ¿Cómo diseñar la proyección nacional, incluso continental, de liberaciones y emancipaciones? ¿Cómo canalizar los descontentos generalizados contra la farsa populista? ¿Cómo articular e integrar las movilizaciones en una perspectiva política que salga del círculo vicioso del poder, que no se detenga en la decadencia populista, tampoco retroceda al ignominioso pasado neoliberal? Estos son los grandes desafíos de la coyuntura.

Han emergido colectivos ciudadanos, que articulan y motivan la movilización ciudadana urbana; colectivos ciudadanos que no tienen que ver, como ellos mismos lo han dicho, con los partidos de oposición, a pesar de la cantaleta trivial del gobierno de culparlos por su incumbencia con los partidos de la llamada “oposición”. Estos colectivos ciudadanos se han irradiado nacionalmente, en varias ciudades capitales del país. Haciendo un balance rápido de las movilizaciones del 21 de febrero de 2018, que defienden el voto popular del 2016, a pesar de su contundente manifestación ciudadana, que intenta negar la propaganda gubernamental, no se ha articulado con las movilizaciones sociales anti-sistémicas renovadas; por ejemplo, del TIPNIS, de Achacachi, de los Yungas. Para lograr lo que se persigue, la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución, además para que esta defensa se realice como victoria política, es indispensable que los colectivos ciudadanos se articulen e integren con los movimientos sociales anti-sistémicos. La perspectiva política de transiciones consensuadas se encuentra en esta articulación e integración. Ahora bien, para que ocurra esto, es condición indispensable reconocerse, además, claro está, de conocerse; de despertar empatías. Algunos comportamientos, no de los colectivos ciudadanos, sino de algunos ciudadanos movilizados, llaman la atención, pues demuestran el retorno a prejuicios raciales, haciendo lo mismo que los que interpelan, discriminar y descalificar. Obviamente este comportamiento no coadyuva a la integración potenciadora de las movilizaciones en curso. Hay que aprender, sobre todo, que el pueblo combativo no está dispuesto a volver al pasado oprobioso neoliberal, si bien está en contra de seguir manteniendo la esperanza en una ilusión montada por el montaje espectacular y del teatro político de la crueldad del gobierno clientelar, expresión del populismo desgarbado del siglo XXI.

 

El colmo de la desfachatez política

El colmo de la desfachatez política ocurre cuando un político se considera levitar sobre el resto de los mortales; por ejemplo, cuando un político considera que los resultados de un referéndum, por cierto, vinculante, corresponde a una “norma abstracta”; entonces, concretamente, se pueden desconocer estos resultados, a partir de las premuras de la vida política. Eso es colocarse por encima de todo, por encima de todos los mortales, que tienen el pecado de tener normas; colocarse por encima de la Constitución, del Estado y su malla institucional. Este desprecio a la democracia es característica de personajes paranoicos, que llevan al extremo del endiosamiento delirante a la imagen que tienen de sí mismos. Esta exaltación enfermiza de sí mismos se da, paradójicamente, en personas también extremadamente inseguras y acomplejadas. Entonces, el delirio de grandeza resulta una máscara para cubrir sus propias inseguridades y miedos.

Por otra parte, estos ilustres personajes inquietantes suelen hablar a voz en cuello del pueblo, de las víctimas, de los indígenas, de los y las discriminadas, como si fuesen sus inmaculados representantes. Confunden la representación circunstancial, que les otorgó el voto, con la representación vitalicia, de por vida, como si fuesen ungidos divinamente. Por lo tanto, confunden política con religión; hacen religión de la política y hacen religión en política. Pero, en tanto mezcla, deriva esta práctica embarullada y enrevesada en un barroquismo político-religioso insólito. Estos personajes extraviados terminan siendo los sacerdotes de algo que no es ni religión ni política, sino una mezcla densa, como una niebla espesa, donde ni ellos mismos, estos personajes, se reconocen, tampoco ven el mundo efectivo. En estas condiciones, sin ver la realidad efectiva ni verse a sí mismos, tal como son, desprenden imaginarios de las interpretaciones más delirantes; como por ejemplo, una “teoría”, sin pies ni cabeza, sobre las “clases medias”, inventándose una “clase media popular” distinta de una “clase media tradicional”, una clase media con rasgos “indígenas” diferente a una clase media “blancoide”. En fin, una “clase media en ascenso” en contraposición de una “clase media en descenso”. Olvidando que el fenómeno del crecimiento de las “clases medias” es generalizado en todas las sociedades del mundo contemporáneo; en esto no tiene nada que ver la forma de gobierno ni la forma de gubernamentalidad, si son neoliberales o si son “gobiernos progresistas”. ¿Todo esto para qué? Para justificar la impronta de sus extravíos, de sus descarnadas violencias o de sus violencias encubiertas contra el pueblo, contra la voluntad popular, contra la democracia, contra la Constitución, contra las naciones y pueblos indígenas; incluso contra el erario del Estado, al usufructuar de sus arcas de la manera más displicente, ilegal y no institucional. Con estas estrambóticas “teorías” quieren encubrir la descomunal corrosión institucional y la galopante corrupción gubernamental.

Estos sacerdotes de esta religión política populista se invisten de “revolucionarios”, pues este disfraz es un buen camuflaje para encubrir sus fechorías. Creen que con esta pose “revolucionaria” pueden ostentar de jueces, descalificar a los contrincantes, a la crítica, a las denuncias efectuadas. Si a estos sacerdotes de la política convertida en religión se les quita sus hábitos, es decir sus disfraces, entonces se puede ver lo que son; fuera de ser unos comediantes, de ejercer la impostura de manera desmesurada, son efectivamente la burguesía rentista, que se conformó apropiándose del excedente que deja el modelo económico colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es también la burguesía de la coca excedentaria, entonces, la burguesía correspondiente a los ciclos y circuitos de la economía política de la cocaína.

Políticamente, de manera concreta, son usurpadores de la victoria popular contra el proyecto y la coalición neoliberal. Montándose en la cresta de la ola de las movilizaciones sociales anti-sistémicas, aposentándose en el gobierno, con la pretensión de nunca más salir, además, haciendo todo esto a nombre del pueblo, a quien lo han reducido a mudo y temeroso espectador, lo han convertido en víctima de sus extravagancias, en sombra de sus especulaciones, en la excusa para sus fechorías. En pocas palabras, no son más que unos vulgares déspotas o tiranos, investidos con los oropeles simbólicos de una revolución que no se dio, que fue truncada por ellos mismos, estos sacerdotes de la voluntad de nada, aplicada en política. Tampoco no dejan de ser unos vulgares delincuentes políticos, al cometer delitos contra la Constitución, contra la democracia y contra el Estado.

 

Tribunal Inconstitucional

El llamado Tribunal Constitucional del nombrado “Estado Plurinacional” es, en la práctica, un Tribunal Inconstitucional. La primordial tarea de un Tribunal Constitucional es defender el cumplimiento de la Constitución; en cambio, insólitamente, estamos ante un Tribunal que lo primero que hace es atentar contra la Constitución. Entonces, este Tribunal no cumple con sus funciones; por lo tanto, entra, de hecho, a la ilegalidad e ilegitimidad. Además, su conformación es también ilegal e ilegítima, pues son ungidos, dos veces, después de la victoria contundente del voto nulo, que anula taxativamente las elecciones de magistrados; sin embargo, los anteriores y los actuales “magistrados” son ungidos, a pesar de encontrarse anuladas las elecciones. Son pues “magistrados” ilegítimos e impuestos contra la Constitución.

El argumento estrafalario que uso el anterior Tribunal fue que, interpretando abstractamente el Convenio de San José, asumen que se defienden los “derechos humanos” del presidente a ser relegido, pese a lo que establece la Constitución, pese a que un referéndum anulo la posibilidad de una reforma de la Constitución que habilite al presidente a la reelección indefinida. Este estrambótico argumento, jalado de los cabellos, se desentiende sobre que ningún convenio puede estar encima de la Constitución; es la Constitución la que establece que asume los convenios internacionales comprometidos. Por otra parte, los derechos humanos de los que menciona la Convención de San José se refieren a los derechos humanos en sentido universal, de ninguna manera no hay algo parecido a los “derechos humanos” singulares de un presidente que quiere habilitarse a una reelección. Este argumento estrafalario no tiene ni pies ni cabeza; pero, a pesar de todo, contra viento y marea, el Tribunal Inconstitucional sigue adelante con su excéntrica postura; el gobierno, los aparatos de Estado, cooptados por el partido gobernante, los voceros oficialistas, la masa elocuente de llunk’us, siguen adelante con semejante tramoya.

Ya son tres vocales del Tribunal Electoral que se han pronunciado que el referéndum del 21 de febrero de 2016 es vinculante. No hay donde perderse. Los que se pierden en una enredada maraña de argumentos estrambóticos son los gobernantes, el ideólogo de la decadencia, los “magistrados” del susodicho Tribunal, los voceros de turno, y la masa elocuente de llunk’us. Esta desvergonzada desfachatez ha llegado al colmo cuando el vicepresidente expresa que no se van a dejar llevar por una “norma abstracta”, sugiriendo que ellos, los gobernantes, están en lo concreto. ¿En este caso, que es lo concreto? Lo concreto es que no quieren irse, no quieren dejar el poder, que no quieren respetar la Constitución, que no asumen la democracia, que se desentienden de los resultados del referéndum, que les vale un comino la voluntad del pueblo. Contra viento y marea quieren imponer su capricho, el de quedarse para siempre en el gobierno. Los enrevesados discursos que emiten para justificarse brillan por su falta de coherencia y de lógica. Estos discursos no están para convencer ni decir algo que tenga sentido, sino que acompañan como inercia discursiva al despropósito de ejercer su capricho del único modo que lo pueden hacer, la recurrencia a la violencia descarnada y encubierta.

El “gobierno progresista” ha cruzado la línea varias veces; primero con el “gasolinazo”, al favorecer a las empresas trasnacionales con el incremento de los precios de los carburantes, contraviniendo a la Constitución, permitiéndoles, además exportar sin cubrir las necesidades nacionales. La segunda vez que cruzaron la línea, enfrentándose al pueblo, es cuando desataron el conflicto del TIPNIS, avasallando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, particularmente, en este caso, el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, siendo además territorio comunitario, reconocido no solo por la Constitución, sino con la entrega del título de propiedad comunitaria por el propio presidente Evo Morales Ayma en 2009. Favoreciendo la ampliación de la frontera agrícola de la coca excedentaria, entregando concesiones a empresas trasnacionales petroleras en el área intangible del bosque del TIPNIS, además de a los taladores madereros y demás depredadores de la Amazonia. La tercera vez, ocurre cuando aprueba un Código Penal, que no es otra cosa que la implantación de la inquisición política, en plena crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. Pues perdida la convocatoria, del primer periodo, deteriorado el clientelismo de los periodos subsiguientes, ahora busca perpetrarse el “gobierno progresista” mediante el recurso de la violencia desenvuelta, el Estado de excepción encubierto por una ley inquisidora. Las tres veces que cruzó la línea el gobierno clientelar ha sido derrotado, tuvo que retroceder en su intentona inconstitucional, entreguista, extractivista y depredadora, además de despótica.

Se puede ponderar el grado alcanzado en la crisis política; sobre todo, cuando las instituciones del Estado dejan de funcionar como corresponden. Cuando comienzan a funcionar de otra manera, movidos por otras estructuras no-institucionales, por las formas paralelas del poder. Es cuando la crisis política, que también podemos llamarla crisis múltiple del Estado, ha llegado lejos, ha cruzado umbrales y límites, es cuando vemos manifestarse el fenómeno generalizado de la diseminación. Bueno pues, eso parece pasar con el Estado-nación boliviano, en un contexto global donde los Estado-nación del mundo también han ingresado a la crisis múltiple, aunque lo hagan cada uno de manera singular. En resumidas cuentas, ninguna institución del Estado funciona como corresponde a la Constitución, incluso a la estructura institucional establecida, sino lo hacen de otra manera, respondiendo a lo que hemos denominado la máquina del chantaje. Estamos entonces ante el fenómeno de la diseminación del Estado. Este fenómeno no necesariamente se da de manera abrupta o, si se quiere, rápida, sino puede diferirse; lo evidente es que ya se está en otros agenciamientos, en consecuencia, en otra situación, que requiere tomarse en cuenta en el análisis político.

Volviendo al tema, para hacerlo fácil, el Tribunal Constitucional no funciona como tal, sino, como lo dijimos, como Tribunal Inconstitucional. Su tarea no es hacer cumplir la Constitución sino todo lo contrario, desmantelarla, evitar que se cumpla, aunque lo haga a nombre de la misma Constitución. El fallo que dio el anterior Tribunal, ratificado por Tribunal que le sigue, sobre la reelección del presidente, es una muestra patente de lo que sucede. Nos encontramos en una coyuntura y contexto político donde el Estado ya es una máquina del chantaje, usada por la forma de gubernamentalidad clientelar, llevando a cabo los procesos inherentes a la economía política del chantaje. ¿Cuál es la proyección de todo esto? Aunque la pretensión explicitada por parte del partido oficialista sea llegar a la reelección del presidente, ciertamente las consecuencias no se circunscriben en este objetivo particular. La proyección, aunque no sea consciente, por así decirlo, es la de la transferencia del control del poder a las formas paralelas del poder, a lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. La diseminación del Estado lleva a la conformación de otras estructuras de poder funcionales, donde el Estado queda a lo mucho como máscara de otra configuración del poder. Lo que se conforma es una forma de poder en el cual ya no tiene ningún control la sociedad; un poder completamente controlado por corporaciones de la economía política del chantaje. Este acontecimiento no solo pasa en Bolivia, como lo dijimos, sino corresponde a la transformación global de las estructuras de dominación en el mundo.

 

Notas

1.- Leer Enfrentamiento de Ponchos Rojos deja más de 20 heridoshttp://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/25/enfrentamiento-ponchos-rojos-deja-heridos-171046.html.