Con el Conade,  las organizaciones y personas despojadas de sus derechos más elementales reivindican con su lucha en las calles y otros escenarios su democracia, en aras de restituirle al pueblo su soberanía. En la dicotomía gobierno autoritario  vs. democracia, esta  pretende ser reducida a su mínima expresión por quienes ostentan el poder, lo que  retrata un país conducido por la senda del autoritarismo para desembocar en un régimen de dictadura encubierta. (imagen: caricatura de Abecor en Página Siete)
-Waldo Albarracín Sánchez

 

La coyuntura actual que vive el país expone problemas de profunda preocupación ciudadana, entre ellos el referido a la situación política por el distanciamiento entre Estado y sociedad civil  cada vez más notorio, con serias características de confrontación.

  Cuando un gobierno pierde la legitimidad ciudadana y pretende solucionar los problemas que se presentan bajo la lógica de la guerra, asume que al otro frente está el enemigo y se lo debe exterminar. En esas circunstancias,  el régimen democrático que tiene como base fundamental la Constitución Política del Estado empieza a ser afectado y subordinado al objetivo político de los gobernantes, escenario en el cual se configura una dicotomía: gobierno autoritario  versus democracia, esta última que pretende ser reducida a su mínima expresión por quienes ostentan el poder. Breve diagnóstico que retrata un país conducido por la senda del autoritarismo para desembocar en un régimen de dictadura encubierta, razones por las que un conjunto de instituciones de defensa de los derechos humanos, académicas, sindicales, cívicas, culturales y religiosas  deciden aglutinarse para crear un instrumento que les permita luchar conjuntamente por la recuperación de espacios democráticos, extinguidos deliberadamente desde las instancias de poder.

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) nació en 1980, en circunstancias de permanentes aprestos de golpes militares que impedían el desarrollo de un régimen democrático estable. Sus objetivos eran precisamente defender la democracia,  conseguida por el pueblo con sacrificio, valor, convicción y que, por tanto, hoy  no puede ser rifada por la simple obsesión de quienes ya no aceptan otra forma de vida que no sea continuar en el poder para usufructuar del mismo, en desmedro de los derechos de todo un colectivo humano.

Consiguientemente, reconstituir en esta época el Conade es dotarse de ese espacio que permita concentrar esfuerzos bajo un objetivo común. Defender la democracia hoy es un imperativo categórico que nos conmina a dirigir nuestras actuaciones, interpelando la nefasta intención de un gobierno cuyos miembros no desean convivir con sus compatriotas en el marco de una relación horizontal, de respeto a las garantías constitucionales, libertades, seguridad jurídica, Estado de Derecho y, sobre todo, independencia plena de los cuatro órganos de poder.

Se advierte con claridad que se nos pretende llevar a un escenario donde las decisiones sobre el destino de un Estado estén concentrados en un solo órgano, en este caso el Ejecutivo, desde donde se imparten órdenes que se deben acatar disciplinadamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los magistrados y jueces, el Ministerio Público, el Órgano Electoral  y otras entidades públicas, incluyendo la actual Defensoría del Pueblo, que comprendió perfectamente la instrucción de defender exclusivamente al Gobierno, olvidándose de su misión fundamental de hacer prevalecer los derechos humanos de las personas particulares.

Uno de los primeros desafíos que afrontó el Conade se refiere al apoyo militante prestado a profesionales, docentes, estudiantes y trabajadores del sector salud en su lucha contra la Ley del Sistema Penal, norma que inicialmente fue observada en determinados artículos y que a medida que se prolongaba el conflicto, permitió una revisión más rigurosa por diferentes sectores, logrando que gran parte de la población cuestione todo el texto, materializándose las movilizaciones en las nueve capitales departamentales, incluso en otros países donde existe un número masivo de compatriotas bolivianos.

Se venció una primera batalla al lograr que la Asamblea Legislativa abrogue la norma en cuestión, ahora corresponde viabilizar un nuevo código, haciendo prevalecer los artículos positivos y desechando lo negativo del mismo. Pero el Gobierno tiene una deuda más grande con el pueblo, porque cerca a fin de año promovió la emisión de una sentencia que constituye un funesto antecedente para el sistema democrático.

Obligar al Tribunal Constitucional a dictar un fallo contrario a las propias atribuciones del mismo, disponiendo la no aplicación del Artículo 168, que prohíbe la  reelección por más de una vez a los gobernantes vigentes, es cometer un crimen de lesa democracia y, simultáneamente, ignorar o no respetar los resultados de un referendo en el cual el pueblo dijo No a esa pretendida  reelección. No obstante el efecto vinculante del mismo es incurrir en un crimen de lesa pueblo, es burlar la voluntad y decisión asumida por el verdadero soberano, sin tomar en cuenta que cuando la ciudadanía acudió a las urnas a emitir su voto en el referendo, por convocatoria del Estado, optó mayoritariamente para hacer respetar in extenso el texto absoluto de la  Constitución, por consiguiente, les asiste un derecho adquirido a que el Estado le garantice el cumplimiento de esa voluntad  expresada en las urnas.

La democracia subversiva  

No existe en el mundo  otra forma de convivencia colectiva más civilizada que no sea la democracia.

Primero porque, tal cual  reza el origen etimológico de la palabra (demos que quiere decir pueblo y kratos gobierno) implica que es el pueblo el que gobierna, por ende, es el verdadero soberano, potestad que se ejerce a través del voto, decidiendo quién será su mandatario, quien debe administrar la cosa pública en función de los derechos e intereses de quien lo  eligió. Eso se llama democracia representativa.

Nuestra Constitución profundizó el concepto a través del Artículo 11, estableciendo la democracia directa y participativa (que se materializa mediante el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mandato,  la consulta previa, la asamblea y el cabildo, estas dos últimas de carácter deliberativo y las otras vinculantes) y la democracia comunitaria, que permite a las naciones y pueblos indígenas elegir sus autoridades y representantes a través de sus normas y procedimientos propios.

La democracia consagra los derechos fundamentales de las personas, además de los derechos civiles, políticos y los económicos sociales. Define la vigencia de cuatro órganos de poder (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) y establece con claridad la plena independencia de cada uno, precisamente para garantizar el equilibrio de poderes y evitar que todas las decisiones del Estado se concentren en un solo órgano.

Lamentablemente los diferentes gobiernos en Bolivia, si bien llegaron al poder a través de las urnas, incurrieron en la anomalía de ejercer un control y dominio fáctico sobre todas las entidades estatales, ocasionando que el Parlamento no fiscalice al gobierno y, lo que es más grave, sus miembros, en los hechos, dejen de representar al pueblo, subordinando sus actos a la voluntad del jefe del partido o del primer mandatario.

En el caso de la magistratura judicial es peor, porque los fallos son emitidos al estilo sastrería; es decir, a la medida que quiere el Gobierno; por ejemplo, el Tribunal Constitucional con el tema de la reelección. El Órgano Electoral fue prácticamente invadido en todos los tribunales departamentales con militantes del partido de gobierno, incluida la instancia nacional, lo cual no permite emitir resoluciones imparciales, sino en función de los intereses de quien definió su nombramiento.

La Fiscalía no goza de independencia y no cumple la misión constitucional de representar los intereses de la sociedad; por tanto, nos desenvolvemos en un escenario de peligrosa indefensión ciudadana y ausencia de representación de las personas particulares en las instancias de poder.

Ello significa que hay una grosera distorsión del sistema democrático por acción deliberada del gobernante. Aconteció en el pasado con los regímenes de tendencia neoliberal y también con el actual, pero pese a esta cruda realidad, el pueblo no ha renunciado a vivir en democracia plena y exige se materialice ese derecho adquirido y consagrado en la Constitución.

Sin embargo, ante la circunstancia de que son los propios protagonistas de la política los que le negaron y le cierran el paso a la democracia, ésta se les está revelando cada día y se manifiesta en las calles, a través de la gente de a pie, de los más humildes, de los sin voz y sin representación. En ese contexto, estamos viviendo un momento histórico en el que la democracia se ha vuelto subversiva frente a los poderosos de la plaza Murillo.

Esas son las razones altruistas que justifican la existencia del Conade para que las organizaciones y personas despojadas de sus derechos más elementales reivindiquen con su lucha en las calles y otros escenarios su democracia, con todas las virtudes que la caracteriza, en aras de restituirle al pueblo su soberanía. * Miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia  y rector de la Universidad Mayor de San Andrés.