Podemos, conjeturando, proponer, a modo de formulación abstracta, una curva de la legitimidad contrastada con otra curva, la de la violencia. Desde los tiempos de Nicolás Maquiavelo, desde sus descripciones y análisis políticos o, si se quiere, desde el nacimiento de la política o la consciencia política, mejor dicho, el acontecimiento político, se ha formulado el arte de la política, vale decir, en este caso, la técnica del poder, como juego de composición variable entre conceso y fuerza, vale decir, a nuestro entender, violencia. Lo que Antonio Gramsci consideró, más tarde, como juego de composición variable entre legitimidad o, en sus palabras, hegemonía, y empleo de la fuerza, vale decir, violencia.

Sugiriendo parámetros matemáticos, mejor dicho, geométricos, podemos proponer la ecuación de la relación entre legitimidad y violencia, relación inversamente proporcional. De manera abstracta y esquemática, se puede suponer, por lo menos, teóricamente, la condición o situación de una legitimidad absoluta, que no requiere del empleo de la fuerza. Siguiendo con la axiomática o las consideraciones preliminares, la figura de una falta total de legitimidad, que requiere, entonces, del empleo absoluto de la violencia. Entonces, en el esquematismo abstracto, en la formulación teórica esquemática, la lógica de la curva es la siguiente: En la medida que se pierde legitimidad se emplea el recurso de la violencia.

En lo que respecta a la Ley Penal, aprobada en el Congreso, parece adecuado recurrir a estas coordenadas, las de la curva de legitimidad y violencia, como parámetro, vale decir, como medida, para ponderar la norma impuesta por el “gobierno progresista” y sus apéndices institucionales, los órganos de poder cooptados. La Ley Penal es, a todas luces, coercitiva; se trata de la criminalización de la protesta, del ejercicio profesional, de los oficios y de las ocupaciones, coartando, en sus detalles particulares, la libertad de expresión. Se implanta la amenaza constante y permanente instituida e institucionalizada; como dijimos, conformada como la espada de Damocles, pendiendo sobre las cabezas de los gobernados.

¿Por qué se impone esta Ley Penal? Siguiendo al parámetro propuesto, la pérdida de legitimidad habría llegado al punto crítico donde el gobierno populista ya requiere del empleo de la violencia en mayor escala. No puede gobernar, mejor dicho, no puede dominar o ejercer poder, si no incrementa el uso de la fuerza descarnada.

No nos detengamos en la calificación de la Ley Penal como inconstitucional, que lo es, a todas luces; tampoco en sus incoherencias jurídicas y en sus absurdos técnicos. De esto ya se ha hablado; ahora, trataremos de comprender la premura de un gobierno sin legitimidad, que busca compensar su pérdida de convocatoria con el incremento del empleo de la fuerza, legalizado por una ley inquisidora.

Los gobiernos, en sus distintas formas, en crisis de gobernabilidad, tienden a develar la figura de fondo, el arquetipo del Estado de sitio; la suspensión de los derechos y evidenciar el uso descarnado de la violencia, en defensa del Estado, por la seguridad del Estado. Entonces, la Ley Penal es claramente sintomática; es síntoma de la crisis de gubernamentalidad. Se la aprueba en la premura que la crisis política obliga. En pocas palabras, es la muestra patente del fracaso de la gubernamentalidad clientelar; por lo tanto, la evidencia palmaria de la necesidad del empleo desmesurado de la violencia. Estamos ante un gobierno en crisis, estamos ante un gobierno que no puede gobernar, salvo si emplea la violencia sistemáticamente. Lo que de por sí ya no es gobernar, en pleno sentido de la palabra, sino dominar a secas, sin la necesidad de la máscara del consenso o de la mayoría. Se ha llegado lejos en la crisis política, se ha llegado a la ruptura entre Estado y sociedad, cuando el Estado con toda su heurística maquínica de poder se enfrenta a la sociedad.

Los últimos conflictos tienen que ver con este enfrentamiento entre Estado y sociedad. El Estado se enfrenta a movilizaciones sociales, que lo interpelan, por lo menos, interpelan a su forma concreta, el gobierno vigente. El Estado se defiende con lo que tiene al alcance de la mano, la represión, la persecución, la criminalización de la protesta, el encarcelamiento de dirigentes, el amedrentamiento y, lo que no podía faltar, la reedituación de la guerra entre fieles e infieles, la descalificación del enemigo, su demonización.

En el conflicto reiterado del TIPNIS, el comportamiento del gobierno y de sus apéndices institucionales ha sido notorio. El empleo recurrente de la desgastada tesis de la conspiración, la muletilla de la conspiración, la descalificación de la dirigencia indígena, la represión sistemática, la movilización oficiosa y prebendal de sus fieles, de sus huestes afines, la movilización estatal de sus dispositivos de emergencia, la policía y el ejército.

En el conflicto de Achacachi, casi el mismo libreto, aunque variado el orden de los factores; apresamiento de la dirigencia, descalificación de la movilización anticorrupción, defensa del alcalde corrupto, difamación pública a través de los medios de comunicación que controla, oficiales y empresariales, amedrentamiento, criminalización de la protesta, de la movilización, de los bloqueos y de las marchas, intentos de división, inculpación a través del carcomido argumento de “terrorismo”, usado tanto por los gobiernos de “derecha” como de “izquierda” en el mundo.

En el conflicto médico, el gobierno y sus apéndices ya cuentan con una ley inquisidora, la Ley Penal. Entonces, ya cuentan con el dispositivo jurídico que legaliza el empleo de la fuerza y de la violencia descarnada. Uno de los argumentos del gobierno es esto de la “negligencia médica”. El debate público se ha detenido en esta discusión. Ciertamente es insostenible hablar de “negligencia médica” sin considerar el contexto donde proliferan las negligencias, sobre todo, manifiestamente evidentes en el ejercicio del poder, en el ejercicio de gobierno.  No se menciona lo que más hay, negligencias políticas. Sin embargo, esta no es la médula del problema. La médula del problema es un gobierno ilegitimo.

Es un gobierno ilegitimo porque no cumple con la Constitución; la ha vulnerado sistemáticamente; es más, se la ha desmantelado con su “desarrollo legislativo”, que se basa en el anterior esquema constitucional, dejando de lado la interpretación integral de la Constitución aprobada por el pueblo boliviano, dejando de lado su aplicación. Es un gobierno ilegitimo porque ha restaurado el Estado-nación, sin haber dado un solo paso en la transición hacia el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, que establece la Constitución. Es un gobierno ilegitimo porque ha desnacionalizado los recursos hidrocarburíferos, nacionalizados por el Decreto Ley “Héroes del Chaco”. Desnacionalizando la empresa pública con los Contratos de Operaciones. Es un gobierno ilegitimo que aplica políticas anti-indígenas y vulnera taxativamente los derechos de las naciones y pueblos indígenas, desconociendo sus territorios y avasallándolos. Es un gobierno ilegitimo porque atenta contra los derechos de los seres de la Madre Tierra, destruyendo los ecosistemas, contaminando y depredando las cuencas, los nichos ecológicos, los suelos, las aguas y los aires, al optar por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.